Acerca de Miguel Ángel Presno Linera

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Professor of Constitutional Law at the University of Oviedo. Acreditado como Catedrático. presno@uniovi.es; presnolinera@gmail.com http://www.facebook.com/groups/175417585871847/?ref=ts&fref=ts

Cuatro quinces de mayo después.

Han pasado cuatro años desde que comenzaron las movilizaciones ciudadanas de mayo de 2011, tiempo suficiente como para que podamos preguntarnos si entonces se gestó un movimiento social y si sirvió de algo.

Aceptando como válidas las consideraciones de Charles Tilly, uno de los principales estudiosos de los movimientos sociales (véase, por ejemplo, el libro, escrito con Lesley Wood, Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook, Crítica, 2009), para saber si estamos ante un movimiento social hay que verificar la concurrencia de tres elementos: un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas (campaña); el uso combinado de reuniones públicas, manifestaciones, peticiones,… (repertorio), y, finalmente, manifestaciones públicas y concertadas de valor, unidad, número y compromiso (demostraciones de WUNC).

Pues bien, y por resumirlo en muy pocas palabras, ya en febrero de 2011 el colectivo Estado de malestar anunciaba la celebración de reuniones “en diferentes ciudades españolas todos los viernes de forma pacífica para exigir una actuación transparente de todos los actores sociales, basada en los derechos y las libertades fundamentales”; en los primeros días de marzo empezó a organizarse Juventud sin Futuro y convocó una manifestación para el 7 de abril contra los recortes sociales. De manera simultánea se sistematizaron una serie de propuestas, que cuajaron en 8 apartados (eliminación de los privilegios de la clase política, lucha contra el desempleo, efectividad del derecho a la vivienda, servicios públicos de calidad, control real de las entidades bancarias, articulación de una fiscalidad más justa socialmente, desarrollo de las libertades ciudadanas y la democracia participativa, y reducción del gasto militar) y se convocaron las manifestaciones para el 15 de mayo de 2011 con el lema “Democracia real ¡Ya!” y la proclama “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Es decir, en el 15M hubo una campaña.

En segundo término, y a propósito de su repertorio, son bien conocidas las manifestaciones y reuniones celebradas el 15 de mayo y en los días posteriores, que continuaron el resto de la campaña electoral, la jornada de reflexión y el día de la elecciones y se mantuvieron semanas después en forma de acampadas. Este proceso se prolongó con movilizaciones masivas el 15 de octubre y el 15 de diciembre de 2011, el 12 de mayo de 2012,… A lo anterior hay que añadir, como elemento fundamental del 15M, la enorme incidencia de herramientas electrónicas como los blogs, facebook y twitter, que no solo sirvieron como vía de comunicación global y de debate, dentro del movimiento, y de éste con la sociedad, sino como un potente mecanismo para llevar a cabo actuaciones concretas.

En tercer lugar, hay que recordar que el valor se evidenció con la presencia en las manifestaciones y concentraciones de miles de personas de diferente edad y condición, de familias, grupos de amigos,…; la unidad se articuló a través de la asunción de reivindicaciones que se compartían –los 8 puntos mencionados- y consignas comunes –la más famosa, ¡No nos representan!-; el número quedó patente en la extraordinaria afluencia ciudadana a las manifestaciones y concentraciones y, durante cierto tiempo, a las acampadas; finalmente, el compromiso se puso a prueba en la reiteración de convocatorias y la persistencia de las demandas, algunas de las cuales han dado, a su vez, lugar a movimientos más “especializados”, como, por citar dos ejemplos bien conocidos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios.

Por todo ello se puede concluir, al margen del concreto juicio que ello suponga, que el 15M fue un movimiento social y que responde a las causas que, históricamente, han venido explicando el surgimiento de estos fenómenos: un Gobierno en teoría muy reforzado, un conjunto de ciudadanos que se organiza para reclamar a ese Gobierno una serie de medidas concretas, la percepción social de que existe una élite política propensa a afirmar que gobierna en nombre del pueblo, mientras que los descontentos sienten que no les representan.

¿Y sirvió de algo? Cabe tratar de responder a esta cuestión desde las reivindicaciones concretas del movimiento y desde el plano más general de lo que ha podido aportar en términos sociales y políticos.

En cuanto a las demandas, en no pocas ocasiones se tachó a este movimiento de antisistema y le exigió que hiciera propuestas y no protestas, pero es que las propuestas estaban en el origen mismo de la protesta; eran esos ocho puntos, nada revolucionarios, a los que se ha aludido y que, en algún caso, ya habían sido reclamados por varias formaciones políticas integradas en el sistema (reforma del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, modificación de la Ley Electoral para alcanzar un sistema auténticamente representativo y proporcional, reducción de los cargos de libre designación,…) y por instituciones del sistema como el Consejo de Estado (modificación de la Ley Electoral) o el Consejo General del Poder Judicial.

Como poco o nada se ha conseguido de esos ocho puntos, habrá quien sentencie que lo que ocurrió hace cuatro años fue inútil, pero si se quiere hablar de fracaso habría que responsabilizar, más que al 15M, a la sociedad en la que se desarrolló y, en especial, a las instituciones a las que se dirigieron esas demandas, que han sido incapaces de eliminar ciertos privilegios de la clase política, reducir de manera relevante el desempleo, evitar los desahucios cotidianos de decenas de familias, domesticar a las entidades bancarias o potenciar una democracia más transparente y participativa.

En el plano organizativo se apremió para que el 15M se transformara en partido, y al margen de si tal cosa ocurrió, al menos en parte, tal exigencia parece asumir que la única manera de incidir en la política es adoptar esa forma organizativa, como si los partidos y las propias instituciones no hubieran dejado de ser, como diagnosticó Ulrich Beck, los únicos ámbitos donde se decide la transformación del futuro social. Los movimientos sociales pueden ser valiosos en sí mismos; primero, como resultado del ejercicio de derechos fundamentales propios de un sistema democrático –libertad de expresión, derecho de reunión y manifestación, derecho de petición,…-; segundo, como actores al servicio de la mejora de la calidad democrática de los sistemas políticos si son capaces de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, aproximar las relaciones entre gobernantes y gobernados, aportar nuevos puntos de vista a los debates políticos, dentro y fuera de las instituciones, y actuar como instrumentos de vigilancia y contrapoder en defensa del interés general.

El 15M fue una de las expresiones del renacimiento de los movimientos sociales y, con toda su heterogeneidad, contradicciones y problemas internos, ha sido un ejemplo del afán de centenares de miles de personas por independizarse del corsé que suponen unas instituciones de gobierno y unas organizaciones políticas anquilosadas y con discursos caducos, y del deseo de interactuar por medio del discurso con otras personas, experimentando así también la dificultad inherente a la toma de decisiones que nos afectan a todos. Sirvió, en suma, para recuperar la promesa de la política

Texto publicado en Agenda Pública el 15 de mayo de 2015.

Algunos anacronismos electorales.

Ha comenzado la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo. Hablamos, claro, no de la petición, más o menos explícita, de voto que viene produciéndose desde hace meses –años quizá-, sino de la prevista como tal por la Ley Electoral (LOREG), de 1985, y que se define como el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Esa misma Ley dice que durará 15 días y terminará “en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación”.

Este formato se mantiene, en esencia, desde las elecciones de junio de 1977, pues ya el Decreto-Ley 20/1977, sobre normas electorales, contemplaba una definición idéntica de campaña electoral, aunque le otorgaba 21 días. El único cambio se produjo, ya con la vigente LOREG en 1994, reduciendo la campaña a 15 días; esta misma norma también prevé que “durante los 5 días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción (lo de la reproducción se añadió en 2011) de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”.

Pues bien, algunas de las previsiones que podrían tener algún sentido en las últimas décadas del siglo pasado carecen del mismo, al menos en mi opinión, ya bien entrados en el siglo presente.

Que la campaña electoral acabe a las cero horas del día anterior a la elección es lo que da lugar a la llamada “jornada de reflexión”, en la que no puede pedirse el voto ni cabe difundir propaganda; eso, claro, es la teoría porque ese mismo día, el de la votación y las semanas y meses siguientes siguen visibles, aunque progresivamente deteriorados, incontables carteles fijados en vallas y otros soportes físicos. Es verdad que en una sociedad con cierta perspectiva histórica y democrática esta publicidad caduca podría servirnos de recordatorio de aquellas promesas electorales que el viento o fenómenos no metereológicos como la incoherencia o la deslealtad se llevaron. En todo caso, lo que me interesa es llamar la atención sobre una prohibición –pedir el voto el día antes de las elecciones y el mismo día de los comicios- que no existe un muchos países avanzados, donde se entiende que la persona que va a votar puede soportar 48 horas más los miles de mensajes recibidos en los meses anteriores y si una petición de voto consigue convencerle en el momento mismo de entrar en el colegio electoral bienvenida sea, pues se presume que hablamos de personas con capacidad de autodeterminación política y madurez suficiente para aceptar o rechazar lo que estimen conveniente. En esa línea, si el día antes de las elecciones o el mismo día ocurre algo de especial importancia para la vida política del país ¿cómo se puede pretender que los actores políticos no se pronuncien al respecto?

Por otro lado, desde hace ya tiempo contamos con soportes mucho más potentes y dinámicos que las trasnochadas vallas publicitarias: unas redes sociales donde el debate, más o menos acalorado, y la comunicación política es constante, en tiempo real y en modo alguno se detiene a las cero horas del día anterior a las votaciones. ¿No sería mejor, pues, suprimir esa jornada de reflexión y a cambio exigir a los actores electorales que nos dieran todas las jornadas argumentos para reflexionar?

La eliminación tendría que extenderse a la prohibición de publicar encuestas electorales los 5 días anteriores al de las elecciones. Si esos estudios no contienen elementos suficientes para anticipar o condicionar el resultado su conocimiento sería inocuo y si de verdad los incluyen cómo se puede justificar que no se puedan conocer en la fase final del proceso de formación de la voluntad del electorado. También aquí la prohibición –y correspondiente sanción- puede ser eludida vía electrónica, pues es posible publicar las encuestas en medios de comunicación extranjeros (incluso en algunos que formen parte del mismo grupo editorial que uno español) y el acceso a sus ediciones digitales podría hacerse sin problema desde España.

Finalmente, cabe recordar que las anteriores elecciones autonómicas y locales se celebraron en el contexto de las movilizaciones del 15 de mayo de 2011 y con numerosas manifestaciones y reuniones en las principales plazas de nuestro país. Como es conocido, varias Juntas Electorales Provinciales (la de Asturias entre ellas) y la Junta Electoral Central prohibieron dichas concentraciones alegando que podían influir en el voto o dificultar su ejercicio. Además de poner en marcha un “derecho electoral preventivo” se perpetró un nuevo acto de anacronismo democrático, repetido en comicios posteriores y que ya había sido rechazado, aunque algunas Juntas parecen ignorarlo, por el Tribunal Constitucional. Este órgano ha reiterado que por esta vía llegaríamos al absurdo de admitir la prohibición de toda reunión por el hecho de serlo y coincidir con las elecciones; me permito añadir que en una sociedad democrática el debate político no se limita al debate electoral ni los únicos legitimados para pronunciarse son quienes concurren a unas elecciones. ¿Cabe mayor disparate que pretender la suspensión de la democracia -una manifestación pacífica es un acto democrático- invocando el desarrollo de una jornada de votación?

Texto publicado en La Nueva España el 11 de mayo de 2015.

Los derechos humanos en España: un balance crítico.

Acaba de ser publicado el libro “Los derechos humanos en España: un balance crítico“, que ha sido coordinado por el profesor Fernando Rey, prologado por Javier de Lucas y en cuya elaboración hemos participado 25 personas de universidades y entidades vinculadas a la tutela de los derechos humanos.

Es este libro-informe se plantean, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cumple España. en la actualidad. los estándares internacionales de derechos humanos? ¿Cuáles son las luces y las sombras de la protección de los derechos en nuestro ordenamiento? ¿Qué aspectos son mejorables y cómo?

Se trata de una obra original por diversos motivos. Primero, porque su examen pretende abarcar todos los derechos. los civiles. los políticos y también los sociales. aunque. obviamente. no de modo exhaustivo. Segundo, aunque sus autores son 25 profesores y expertos de 7 Universidades y el formato aspira al máximo rigor académico, es un libro dirigido a proporcionar ideas para mejorar el sistema español de derechos humanos. Los autores tienen diversas sensibilidades ideológicas. Y sus eventuales destinatarios no son sólo los profesionales del Derecho. sino todos los que trabajan o les interesa la materia derechos humanos, además de, como se ha dicho, los actores políticos.

En este articulo, publicado el 28 de abril en Agenda Pública, el coordinador del libro explica con más detalle el texto y el contexto del trabajo realizado.

A la memoria de Félix Menéndez, bibliotecario de Vegadeo.

Acaba de morir Félix Menéndez González; en su esquela se puede leer “Bibliotecario de Vegadeo”. Quien no haya tenido la inmensa fortuna de conocerle es posible que no sepa el grado de implicación, compromiso, entrega y amor por su trabajo que tuvo Félix y lo que le debe la vida cultural –valga la redundancia- de una y otra orilla del río Eo.

Las últimas décadas de la Casa de Cultura de Vegadeo y de su trepidante actividad en forma de recitales poéticos, conferencias, debates, exposiciones, actuaciones musicales, ciclos cinematográficos, clubes de lectura, presentaciones,…, serían algo quimérico de no haber estado ahí Félix, una persona siempre disponible para implicarse en todo lo que de una u otra manera generara reflexión, conocimiento, divulgación; en definitiva,  diversión, lo que, de forma inevitable, implicaba para él mucho más tiempo y dedicación que los propios de sus obligaciones laborales.

Cualquiera que se acercase a la Casa de Cultura de Vegadeo encontraba allí un interlocutor y un amigo, que dedicaba el mismo tiempo y atención a niños y niñas que se iniciaban en la lectura y a personas que acudían desde siempre a leer los periódicos a última hora de la tarde, a buscar una recomendación bibliográfica, a utilizar el servicio de Internet o, lo más importante, a conversar con un hombre lúcido y generoso. Félix era una persona tan activa y entusiasta como extraordinariamente discreta y humilde, una persona que con su manera de ser y su trabajo ha marcado una época y una forma de hacer las cosas, una persona cuya ausencia genera un enorme desamparo.

En su Prólogo a  “Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas”, María Moliner decía, hablando para los bibliotecarios, “en vuestro pueblo la gente no es más cerril que en otros pueblos de España ni que en otros pueblos del mundo. Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento, y cómo invariablemente responden: ¡Eso, eso es lo que nos hace falta: cultura”.

Cuando Félix, natural de Alava (Salas), llegó a Vegadeo lo hizo sabiendo que el éxito de una biblioteca depende en gran medida de la persona que está al frente y con la convicción, también reclamada por María Moliner, de que “el bibliotecario, para poner entusiasmo en su tarea, necesita creer en estas dos cosas: en la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a quien va a servir, y en la eficacia de su propia misión para contribuir a este mejoramiento”. Félix, que era uno de la larga lista de bibliotecarios y bibliotecarias entusiastas a los que tantas veces ignoramos cuando no despreciamos, estaba convencido de lo primero y dedicó su vida a lo segundo.

Para el martes 14 de abril estaba anunciada una actividad más de los clubes de lectura que Félix Menéndez promovió hace 13 años: el coloquio sobre la obra de Javier Marías “Así empieza lo malo”. Nada hubiera querido menos Félix que con su repentina y dolorosa marcha empezara lo malo. Y una prueba, por si hiciera falta, son las palabras que me permito tomar de su perfil en Facebook y que fueron escritas el 31 de diciembre de 2014: “Neste día gustaríame pedirlle al 2015 qu’empuxase un pouquin el sol pra poder velo aquí, nel camín de Miou. Como sei que nun é posible, pedireille algo de máis xeito: que se deixe aproveitar. Aproveitádelo entòncias”.

Texto también publicado en La Nueva España el 14 de abril de 2015.

 Félix

Pensamiento de grupo.

Irving L. Janis fue un relevante psicólogo norteamericano, profesor de la Universidad de Yale y, ya emérito, de la Universidad de Berkeley, que publicó varios estudios sobre los problemas sociales y políticos que genera el “pensamiento grupal” –Victims of Groupthink (1972), Decision Making (1977), Groupthink (1982),…-, continuando así una línea de investigación iniciada con los trabajos de autores como Bion, Lewin, Kelley…

Janis empleó las palabras “pensamiento de grupo” en un sentido similar a términos como “doblepensar” o “crimenpensar”, acuñados por George Orwell en 1984: con una connotación negativa; en particular, para referirse al deterioro de la eficacia mental, de la capacidad de contrastación de la realidad y del juicio moral que se producen en organizaciones colectivas como resultado de las presiones endogrupales.

Viendo cómo funcionan algunas organizaciones políticas de nuestro país no parece exagerado afirmar que el pensamiento de grupo goza, por desgracia, de muy buena salud, lo que no quiere decir que todo grupo cohesionado esté aquejado de esta patología, que, por otra parte, afecta también a personas bienintencionadas y que buscan lo mejor para la sociedad. Pero, ¿cuáles son los síntomas del pensamiento grupal y qué trastornos provocan en esa organización y en el entorno social y político?

En primer lugar, una cierta sensación de invulnerabilidad: si el líder y los integrantes del grupo toman una decisión o diseñan un plan, éste tendrá éxito sin duda, incluso aunque se trate de una decisión arriesgada, pues en ese caso “la suerte estará de nuestro lado”. Y es que los integrantes del grupo suelen ser reacios a evaluar críticamente los límites de su poder y las pérdidas que podría suponer un análisis erróneo. Además, tienden a considerar a las personas ajenas al grupo como débiles y estúpidas.

En segundo lugar, existe una ilusión compartida de unanimidad: quien lidera el grupo y los integrantes del mismo se respaldan exagerando las áreas de convergencia, al tiempo que se evitan divergencias que pudieran afectar a la unidad grupal. En palabras de Janis, es evidente que resulta mucho más agradable sentirse en una atmósfera balsámica que estar inmerso en una tormenta.

En tercer lugar, se procede de manera sistemática a la supresión de dudas personales: la unidad del grupo quedará preservada si sus miembros se autocensuran y callan sus reticencias por temor a ser considerados débiles o cobardes por los demás.

Es frecuente, en cuarto lugar, que florezcan los “guardianes de la mente”, los aplicados miembros que se esfuerzan en suprimir cualquier punto de vista alternativo, ejerciendo presión sobre los disidentes para que, cuando menos, éstos silencien sus opiniones críticas o escépticas.

Otro síntoma es la presencia de liderazgos presuntamente amables que manipulan la agenda del grupo o el orden del día de las reuniones para que no se presente la oportunidad de cuestionar las presuntas ventajas de un plan trazado de antemano e, inevitablemente, ganador.

Finalmente, pero no en último lugar, suele florecer, entre la mayoría del grupo, el tabú a enfrentarse a los miembros de la organización que son considerados valiosos, cuyas opiniones y puntos de vista gozan de presunción de veracidad.

Si todos o la mayoría de estos síntomas se presentan en una organización política el resultado es fácilmente predecible: tendremos una entidad dócil, adocenada, inoperante y proclive a tomar decisiones estúpidas, que, como tales, perjudicarán a la sociedad y al propio grupo que las promueve.

Con todo ello no pretendo decir que una organización política tenga que estar en efervescencia constante, sino que conviene adoptar métodos de organización y funcionamiento que hagan realidad lo de que, parafraseando el título de un famoso libro de James Surowiecki, cien son mejor que uno; por ejemplo: contando con una pluralidad de opiniones y puntos de vista; promoviendo la independencia de criterios, de manera que a priori la opinión de una persona no valga más que la de los otros miembros del grupo; asumiendo cierta modestia que evite la sobrestimación de las propias capacidades y conocimientos y la minusvaloración de las otras organizaciones,…, y todo ello al servicio de una serie de criterios y propuestas que permitan hacer de la suma de opiniones individuales una opinión común.

Quizá sea mucho pedir que, como reclamaba Albert Camus, exista un partido que integre a las personas que no están seguras de tener razón, pero, al menos, exijamos que se forme en cada uno de ellos una corriente de opinión de ese tipo.

Texto publicado en La Nueva España el 11 de abril de 2015.

Hablemos de regeneración democrática… y hagámosla.

En los últimos tiempos hablar de regeneración democrática se ha convertido en un lugar común en diferentes ámbitos: político, institucional, informativo, académico… Eso sí, difiere la valoración de hasta qué punto la democracia ha languidecido y cómo se puede revitalizar. En mi opinión, las causas de esa decadencia tienen que ver tanto con las normas como con las formas: en cuanto a las primeras, cabe recordar, a título de meros ejemplos y sin ánimo exhaustivo, que la Constitución y la legislación que la desarrolla han optado por un sistema que fomenta la desigualdad del valor del voto, que provoca mayorías parlamentarias que no se corresponden con la pluralidad social (un partido con el 44% de los votantes tiene el 53% de los escaños) y que atribuye escasa presencia a los ciudadanos en la selección de las candidaturas; además, se han postergado al máximo los instrumentos de participación directa de la ciudadanía, se ha propiciado la ocupación partidista de instituciones no políticas y se han tapiado las vías para que exista un cierto control del Gobierno, dejando en manos de la mayoría que lo apoya la decisión de exigirle responsabilidad y poniendo todo tipo de medios para que la ciudadanía permanezca ignorante de lo que ocurre en instituciones que, teóricamente, la representan.

La regresión normativa se ha extendido al ámbito del Estado social, como se comprueba cada día con los recortes en la sanidad, las prestaciones sociales, la protección por desempleo y la atención a las personas y grupos más vulnerables, e, incluso, al propio Estado de derecho, cobijando desde amnistías fiscales hasta indultos sonrojantes.

En materia de formas la degradación no ha sido menor: no hace falta una Ley de transparencia para que las Administraciones faciliten a los ciudadanos una información que, en tanto pública, ya les pertenece; tampoco es preciso cambiar norma alguna para que los partidos funcionen democráticamente, para que no se sirva de manera espuria a intereses privados o para que quienes ocupan cargos políticos rindan cuentas de manera periódica de su gestión o dimitan si han cometido no ya un delito sino un error grave. Claro que no todo ha sido culpa de los “políticos”; los ciudadanos, en general, hemos asistido a este proceso con actitud silenciosa o, en el peor de los casos, cómplice.

Si se acepta que las anteriores son algunas de las causas que explican la situación actual, habrá que actuar tanto sobre unas como sobre otras y convendría ponerse manos a la obra de inmediato tanto para reformar las normas como para mudar las formas.

En el plano normativo me parece claro que habría que articular un sistema electoral que genere unos resultados más representativos (introduciendo mayor proporcionalidad, desbloqueando las listas electorales,…) e inclusivos (reconocimiento del sufragio a personas extranjeras con residencia permanente, rebaja de la edad electoral a 16 años); modificar instrumentos  que se han venido usando para evitar el debate plural y público en sede parlamentaria (si atendemos al número de Decretos-leyes aprobados hay que concluir que vivimos en una situación de “excepcionalidad permanente”); habría que reformar unas prerrogativas parlamentarias que han devenido en privilegios (inmunidad y fuero jurisdiccional) e introducir mecanismos que hagan posible el efectivo control parlamentario del Gobierno (creación de comisiones de investigación a petición del 25% de la Cámara; comparecencia obligada de los miembros del Gobierno a solicitud de ese mismo porcentaje de parlamentarios,…), intensificar la actividad parlamentaria (agosto como único mes sin actividad ordinaria) y evitar la opacidad institucional (¿cómo se explica democráticamente que pueda haber en las Cámaras sesiones o votaciones secretas o que no se conozca en qué se emplea el dinero que reciben los Grupos Parlamentarios?) y la que ha venido amparando la financiación ilegal de los partidos.

La dignificación del ejercicio de los cargos representativos pasa también por asegurar la dedicación exclusiva a un cargo electo, introduciendo incompatibilidades estrictas entre los cargos de concejal o alcalde y parlamentario e, incluso, entre la de diputado y miembro del Gobierno respectivo, incorporando la figura de la sustitución temporal de los diputados nombrados consejeros o ministros. La sustitución temporal habría que aplicarla también, y de forma obligatoria, en casos de apertura de juicio penal contra parlamentarios y, opcionalmente, en supuestos de maternidad, enfermedad prolongada… Conviene debatir también la incorporación de la limitación del número de mandatos públicos que se pueden ejercer y acabar con las puertas giratorias entre las instituciones públicas (de los Gobiernos o Parlamentos al Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, los Tribunales de Cuentas y las Defensorías del Pueblo estatales y autonómicas) y entre éstas y las empresas privadas.

En este mismo plano no hay que olvidar que una democracia de calidad presupone la obviedad de que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones –Estado de derecho-y que exista una ciudadanía con una vida digna –Estado social-, premisas que hoy están lejos de ser una realidad. En el segundo caso, asegurar en términos constitucionales el disfrute de derechos como la sanidad, la vivienda y las prestaciones sociales es también exigencia inherente a la regeneración democrática.

Finalmente, aunque no en último lugar, es indispensable que tanto responsables políticos como ciudadanos nos dotemos de auténtica cultura democrática, lo que pasa por formas cívicas tan elementales en teoría como muchas veces ignoradas en la práctica: respeto a la pluralidad social, cultural y política, lealtad con el adversario, sinceridad en el diálogo, honestidad profesional, compromiso con la palabra dada, transparencia, rendición de cuentas, asunción de los errores,… Aunque fueron dichas en otro contexto, siguen siendo válidas las palabras de Camus: saber decir no, esforzarse cada uno desde su puesto en crear los valores vitales de los que ninguna renovación podrá prescindir, mantener lo que vale, preparar lo que merece vivirse… son motivos de renovación y esperanza.

Texto publicado en La Nueva España el 22 de marzo de 2015.

Estudios para una propuesta de Proyecto de Ley reguladora del derecho a una vivienda digna.

En el año 2009 tuve la oportunidad de realizar, con mis compañeros Francisco Bastida Freijedo y Benito Aláez Corral, un informe titulado Estudios para una propuesta de Proyecto de Ley reguladora del derecho a una vivienda digna (puede descargarse en formato pdf), a solicitud de la Administración del Principado de Asturias.

No se llegó a aprobar un Proyecto de Ley en esta materia; tampoco este informe se publicó hasta ahora. Como es obvio, algunas cosas han quedado obsoletas pero puede tener algún interés la parte relativa a los modelos comparados de regulación constitucional y legal del derecho a una vivienda digna, así como el marco constitucional y legal español.

Los índices de impacto de las revistas jurídicas. Fraude y negocio.

Incluyo en esta entrada el trabajo “Los índices de impacto de las revistas jurídicas. Fraude y negocio” (puede descargarse en formato pdf) publicado en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº  50, 2015, págs. 58 a 67, por Ignacio Fernández Sarasola, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Director de la Biblioteca Virtual de Historia Constitucional “Francisco Martínez Marina”, Director Científico del portal “La Constitución española de 1812”, en la Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes” y Secretario de “Historia Constitucional”.

El referéndum consultivo en España: reflexiones críticas y algunas propuestas de futuro (texto de la profesora Paloma Requejo).

Hace pocas fechas se publicó en Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto (vol. 62, nº 1, 2014) un trabajo de Paloma Requejo, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que me parece de especial interés; se titula “El referéndum consultivo en España: reflexiones críticas y algunas propuestas de futuro” (puede descargarse en formato pdf). 

En este estudio, además de analizar las propuestas de reforma presentadas por el Grupo parlamentario mixto y por el Grupo parlamentario «La Izquierda Plural» y por la Junta General del Principado de Asturias, se explica que la actual regulación del referéndum consultivo en el artículo 92 de la Constitución y en la Ley orgánica que lo desarrolla presenta algunas carencias merecedoras de reflexión. Más allá de la mejora de concretas cuestiones procedimentales, en términos de calidad democrática parece conveniente su potenciación, incorporando junto a estas consultas sobre decisiones políticas de especial trascendencia referendos estatales de tipo legislativo y permitiendo a la ciudadanía poner en marcha estos instrumentos de participación directa. 

¿Derechos sociales fundamentales? Charla en la Fundación Adsis Asturias.

El 3 de marzo tuve ocasión de participar con una charla en una actividad organizada por la Fundación Adsis Asturias; el título de la charla fue ¿Derechos sociales fundamentales? (puede descargarse la presentación en formato pdf).

A modo de resumen cabria decir que

1.- La reforma de la Constitución española es posible pero el procedimiento actual es demasiado rígido y dificulta su adaptación a las necesidades vigentes. 

2.- Los derechos sociales no son esencialmente distintos a los derechos civiles (libertad, seguridad) y políticos (derecho de voto, creación de partidos,…). 

3.- Los derechos sociales pueden ser derechos fundamentales (la educación ya lo es).

4.- Transformar en derechos fundamentales a derechos sociales como la salud, la vivienda, las prestaciones sociales, la atención a las personas en situación de dependencia,… nos proporcionaría una sociedad más justa e igual, dotada de más dignidad humana.

5.- Convertir un derecho en fundamental implica la exigibilidad inmediata por los titulares de los derechos y la obligatoriedad de su prestación por parte de los poderes públicos.

6.- Su coste no es una objeción insalvable: todos los derechos cuestan (acceder a la justicia, organizar elecciones, proteger la libertad,…).

7.- El derecho a la salud tendría que incluir información y prestaciones, incluidos los cuidados paliativos y la opción por una muerte digna.

8.- En el derecho a la seguridad social estarían prestaciones para los casos de enfermedad e incapacidad laboral, desempleo, jubilación, viudedad y orfandad.

9.- El derecho a la vivienda incluiría condiciones mínimas de habitabilidad, prestaciones económicas y materiales fijadas anualmente, y la tutela judicial y social frente a los desalojos forzosos.

10.- El derecho a las prestaciones sociales garantizaría condiciones mínimas de existencia a través de recursos materiales y económicos

Aquí se puede leer la información al respecto que ofreció el diario El comercio.

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