Acerca de Miguel Ángel Presno Linera

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Professor of Constitutional Law at the University of Oviedo. Acreditado como Catedrático. presno@uniovi.es; presnolinera@gmail.com http://www.facebook.com/groups/175417585871847/?ref=ts&fref=ts

Bromas y veras en el cine jurídico (V): Plácido.

La quinta -y última- entrega de Bromas y veras en el cine jurídico en 2017 se emitió en Jelo en verano el 21 de agosto (puede escucharse a partir del minuto 7) y versó sobre la película Plácido, dirigida en 1961 por Luis García Berlanga y protagonizada, entre otros, por Cassen, José Luis López Vázquez, Amelia de la Torre, Mari Carmen Yepes, José María Caffarel y Manuel Alexandre. Fue la primera película española nominada en los Óscar al premio a las producciones de habla no inglesa. El título del guion era, al principio, “Siente un pobre a su mesa”, pero, por problemas con los censores, se adoptó el del principal personaje masculino.

Plácido Alonso es un obrero que financia la compra de un motocarro con letras de cambio y que debe pagar la primera el día de Nochebuena. En el plano jurídico, esta película muestra de manera muy gráfica qué es una letra de cambio como título valor que facilita la concesión de un crédito. Así, Francisco González, profesor titular de Derecho mercantil de la Universidad de Valencia a quien seguimos en esta entrada, acude a Plácido para explicar en su blog el funcionamiento de la letra de cambio.

Igualmente, la profesora María Isabel Álvarez Vega se sirve de esa película para su “Evocación de un humilde transportista ante un mundo globalizado” en el libro Una introducción cinematográfica al Derecho (Tirant lo Blanch, 2006, Colección Cine y derecho dirigida por Javier de Lucas), resultado de un Curso de verano de la Universidad de Oviedo celebrado en Vegadeo y que tuve la oportunidad de codirigir -curso y libro- con el profesor Benjamín Rivaya.

Volviendo a las cuestiones jurídicas, Plácido es el librado; es decir, la persona que debe pagar la letra y ha de hacerlo en el banco porque la entidad financiera anticipó el importe del motocarro al vendedor, que endosó las letras a cambio de un descuento.

Si Plácido no abona el importe de la letra el banco puede llevarla ante un notario para que levante “protesto”, que sirve como prueba de que se ha presentado la letra al cobro, no se ha pagado y permite al tenedor ejercitar la acción cambiaria de regreso contra el librador o los endosantes. 

En un plano más general, y como recuerda Francisco González, Plácido nos muestra:

a) La evolución en nuestra sociedad de los contratos bancarios y de las propias relaciones entre los sujetos del mercado de crédito (el papel de la venta a plazos, las diferencias entre aquellos Bancos y los actuales vendedores de servicios financieros, etc.).

b) La importancia en el tráfico mercantil de la letra de cambio y otros títulos-valores como documentos de crédito abstractos y la evolución en su uso.

c) El significado social o puramente privado del Derecho de propiedad en un determinado ordenamiento, comparando aquella Españay la del siglo XXI.

Bromas y veras en el cine jurídico (IV): En bandeja de plata.

La cuarta entrega de Bromas y veras en el cine jurídico se emitió en Jelo en verano el lunes 14 de agosto. La película comentada fue En bandeja de plata (The Fortune Cookie), dirigida en 1966 por Billy Wilder y protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthau.

Harry Hinkle es un cámara de la cadena CBS que resulta arrollado por uno de los jugadores durante la retransmisión de un partido de fútbol americano celebrado en el Cleveland Stadium. A partir de ese incidente, y como se puede ver en esta escena, su cuñado, el abogado William H. “Whiplash Willie” Gingrich, le plantea la presentación de una demanda reclamando una cuantiosa compensación económica.

En el plano jurídico, esta escena nos sirve, en primer lugar, para comentar lo cuantiosas que pueden ser en Estados Unidos las demandas por daños personales. En España, y en otros países, las indemnizaciones derivadas de estas situaciones se resuelven a partir de un baremo oficial.

En segundo lugar, se puede recordar que una demanda sin fundamento y con la pretensión de engañar a quien tendría que pagar la indemnización, sea el causante de la supuesta lesión o una compañía aseguradora, puede constituir una estafa y estos delitos han experimentado en España un aumento considerable en los últimos años, especialmente los llevados a cabo a través de una trama organizada. No dejan de sorprender, al menos a mi, las manifestaciones más llamativas de estos fraudes.

Finalmente, y también al hilo de la escena reproducida, cabe comentar que la figura jurídica del abogado “picapleitos” ha sido, y sigue siendo, motivo de sátira en la sociedad norteamericana; para muestra el libro Lawyers and other reptiles

 

 

 

Bromas y veras en el cine jurídico (III): La vida de Brian.

La tercera entrega de Bromas y veras en el cine jurídico se emitió en Jelo en verano el lunes 7 de agosto. La película comentada fue La vida de Brian, que algunos han considerado la mejor comedia de todos los tiempos.

Como es bien conocido, se trata del tercer largometraje del grupo Monty Python y data de 1979. La película fue dirigida por Terry Jones y escrita por los Monty Python; un dato que pocas veces se menciona es que fue financiada por George Harrison.

La vida de Brian estuvo prohibida en Irlanda y Noruega, lo que motivó que cuando se estrenó en Suecia se colocaron carteles en los que se decía: “Esta película es tan divertida que la han prohibido en Noruega”. También generó polémica su estreno en Estados Unidos, recibido con manifestaciones de protesta, incluida una de una asociación de rabinos de Nueva York.

En el poco tiempo disponible nos centramos en una escena especialmente divertida y que permite realizar algunos comentarios desde una perspectiva jurídica: así, cabe referirse a los derechos “inalienables de todo hombre o mujer”, incluido el derecho “a ser hombre o mujer”; al “derecho a tener hijos”; a la limitaciones del Derecho para cambiar la realidad.

En un plano más general, también cabe hablar del “derecho a la autodeterminación” (en este caso, frente a los romanos) y a la complejidad derivada de la organización y funcionamiento interno de las formaciones políticas, sin olvidar las frecuentes escisiones y disidencias.

Y para acabar con un mensaje optimista, nada mejor que escuchar Always Look on the Bright Side of Life.

La Ley y la ignorancia.

El artículo 6.1 del Código civil español, acogiendo un principio clásico del Derecho, dispone que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Como es obvio, no se trata de que todo el mundo conozca las normas sino de que, primero, “pueda conocerlas”, para lo que se publican en un diario oficial que hoy está disponible de manera gratuita en Internet (Boletín Oficial del Estado, Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas,…); en segundo lugar, con tal principio se pretende asegurar la eficacia del conjunto del ordenamiento, algo que sería imposible si pudiéramos invocar nuestra ignorancia para no pagar impuestos, no respetar la Ley de seguridad vial,…

No obstante, es frecuente que, de buena o mala fe, se invoque el desconocimiento de una norma para excluir sus consecuencias o que se apele a un error. El propio Derecho admite la posibilidad del error: el mismo artículo 6.1 del Código civil añade que “el error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen”. Y, en un ámbito jurídico de tanta relevancia como el Derecho penal, se prevé (art. 14 del Código penal) que “1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. 3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados”.

Es verdad que leyendo o escuchando comentarios en el mundo “real” y, sobre todo, en el mundo “virtual”, se podría pensar que tales previsiones están de más, pues en nuestro país una persona “media” no solo no desconoce las normas ni se equivoca con ellas sino que opina como una auténtica autoridad en la materia y si durante la Segunda República se decía que cada español llevaba una constitución en el bolsillo, hoy ese español “medio” tiene todo el ordenamiento metido en su teléfono inteligente y lo esgrime, sin recato ni contención, a las primeras de cambio.

Lo cierto es que, todólogos al margen, el Derecho no debe serle ajeno a esa persona “media”, pues convive con él desde que nace y “hasta el infinito y más allá”, y no pocas de las normas jurídicas responden a un sentir social “medio”. Pero que, por citar un ejemplo, algunas previsiones del Código civil -texto antiguo en algunas de sus partes y que regula múltiples aspectos de la vida cotidiana- puedan resultarnos próximas no quiere decir que todos sus preceptos sean asequibles para personas legas en Derecho; no digamos ya la ingente cantidad de normas muy especializadas que hoy tenemos en el Derecho administrativo, el tributario, el mercantil,… y que están sujetas a cambios constantes. Resulta, pues, imprescindible, y lo viene siendo desde hace siglos, que existan personas peritas en leyes capaces de asesorarnos y, en su caso, defender nuestros derechos e intereses ante unos órganos que, en general, tienen también un perfil técnico: los juzgados y tribunales, la propia Administración…

Y a quienes son “profesionales de las leyes” sí que no se les puede excusar la ignorancia de las herramientas con las que trabajan, como no se la debemos excusar a quien, por ejemplo, se dedica a la medicina, a la ingeniería o a la seguridad ciudadana. Pues bien, y al hilo del caso de la señora Juana Rivas y sus hijos, nos enteramos que el despacho de abogados (Montero/Estevez) que representa a Juana Rivas presentó el día 31 de julio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo la suspensión de la orden judicial que decretó la vuelta de los hijos con el progenitor. Pedía además el letrado que entregó el recurso una solución rápida. Y rápida y contundente fue la respuesta del Tribunal Constitucional: ese mismo día hizo pública su resolución en la que acordó “no admitirlo a trámite… por no haber concluido el proceso abierto en la vía judicial”. Es decir, se presentó un recurso que, como debe saber cualquier estudiante de segundo curso de Derecho, estaba condenado a no ser admitido a trámite, porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es absolutamente clara al respecto y resulta inconcebible que un “jurisperito” o un despacho de ellos lo desconozca. Las preguntas que surge son: ¿por qué se presentó ese recurso? ¿Qué se esperaba conseguir con la presentación? Sería bueno para los intereses de Juana Rivas y sus hijos que sus abogados contestaran a estas preguntas; incluso que lo hicieran con el mismo grado de publicidad que utilizaron al presentar el recurso.

En segundo lugar, y a propósito de este mismo asunto, el Tribunal Constitucional, el “sospechoso habitual” cuando algo no sale bien en términos jurídico-constitucionales, aprovechó la resolución de inadmisión del recurso de amparo para, en una  nota de prensa explicativa, recordar que “en 2016, la falta de agotamiento de la vía judicial previa fue la causa de la inadmisión a trámite en el 9,39% del total de recursos de amparo inadmitidos”. En suma, más de 600 recursos de amparo no llegaron a ser resueltos en 2016 porque, en palabras coloquiales, “no venían a cuento”.  Y a propósito de “cuento”, sería interesante conocer qué les contaron a sus clientes esos “jurisperitos” que, en el mejor de los casos, actuaron con “ignorancia de la Ley”. Ya puestos, también sería oportuno que los medios de comunicación informarán, al menos la mayoría, con más conocimiento jurídico de casos con tanta repercusión social; pedir que lo hagan respetando la vida privada de las personas afectadas y de manera no morbosa parece una batalla perdida. Finalmente, y respecto a los profesionales del mundo legal -la inmensa mayoría de los cuales desempeña con absoluta profesionalidad su complicado trabajo-, parece necesario que en las Facultades de Derecho y en los Colegios de Abogados se tome nota de lo que se sabe pero, sobre todo, de lo que algunos “ignoran”.

Bromas y veras en el cine jurídico (II): Stico.

En el segundo programa de Bromas y veras en el cine jurídico (31 de julio, a partir del minuto 28.50 de la grabación) comentamos Stico, una película española de 1985 dirigida por Jaime de Armiñán y protagonizada por Fernando Fernán Gómez, Agustín González y Carmen Elías. Stico concursó en la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín y Fernando Fernán Gómez ganó el Oso de Plata al mejor actor.

Como se cuenta en esta escena, Leopoldo Contreras, catedrático emérito de Derecho Romano, tiene graves problemas económicos. Las traducciones que hace de autores clásicos no le dan suficiente dinero para vivir, por lo que decide ofrecerse como esclavo a un antiguo alumno a cambio de casa y comida.

En el ámbito del Derecho, esta historia sirve para acercarnos a una cuestión fundamental: ¿qué es la libertad en términos jurídicos?, ¿somos realmente libres las personas que vivimos en un sistema democrático?, ¿somos libres para, en ejercicio de esa libertad, dejar de ser libres

La Constitución española establece que la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político son los valores superiores de nuestro ordenamiento (art. 1.1); también que la dignidad de la persona y el libre desarrollo personal son fundamento del orden político y la paz social (art.  10.1). Si esos valores del artículo 1.1 lo son de todo el ordenamiento constitucional, la dignidad y el libre desarrollo parecen proyectarse de manera especialmente intensa en el sistema de derechos fundamentales, pues abren el Título a ellos reservado. Ni una ni otro son, como se sabe, derechos fundamentales en sí mismos; son instrumentos incluidos en la Constitución para enjuiciar la labor de concreción de los derechos fundamentales que llevan a cabo los tribunales y, especialmente, el Legislador.

En mi opinión, la dignidad constitucionalmente garantizada sirve para enjuiciar si en las actuaciones u omisiones de los poderes públicos y, en determinadas circunstancias -por ejemplo, en las relaciones laborales-, de los particulares, se sitúa, a personas concretas o grupos de personas, en una posición de desigualdad e injusticia respecto de otras personas, bien sea en su condición individual o en cuanto integrante de un determinado grupo social. Si tal cosa ocurre, esa actuación u omisión sería inconstitucional, como sucedía, a mi entender, con el impedimento del matrimonio entre personas del mismo sexo, vigente en España hasta la Ley 13/2005.

Pero hay que tener en cuenta que tampoco se puede menoscabar, ni por los poderes públicos ni por los particulares, la facultad que tenemos, en tanto personas con capacidad de discernimiento, para actuar con arreglo a nuestras convicciones. A título de ejemplo, se ha admitido que forman parte del libre desarrollo personal la libertad de procreación y la decisión de continuar o no una relación afectiva o de convivencia (SSTC 215/1994, de 14 de julio, FJ 4, y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 8.b). Igualmente, el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona forma parte de su facultad de autodeterminación y le legitima para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, incluido el rechazo de tratamientos que podrían salvar su vida.

No es este el momento para desarrollar estos problemas pero, a modo de invitación a la reflexión y el debate, me permito apuntar algunas cuestiones de especial relevancia en las que podrían entrar en juego tanto la dignidad como el libre desarrollo personal, a veces de manera acumulativa y en ocasiones de forma dialéctica: la eutanasia; la disposición, altruista u onerosa, sobre partes de nuestro cuerpo; el consumo de todo tipo de drogas; el desempeño, con finalidades laborales o profesionales , de actividades consideradas socialmente indignas,…

 

 

¿Para qué habla el PSOE de Estado plurinacional?

En su 39 Congreso Federal, celebrado en junio de este año, el PSOE acordó que es necesaria “una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español” y el partido se comprometió a “perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado”. Por lo que ha trascendido, tal pretensión ha suscitado no poca polémica interna, alarma incluso, pero lo cierto es que en el Congreso Federal fue aprobada por amplia mayoría. 

Lo que llama la atención desde fuera, al menos me la llama a mí, es la poca concreción que se ha dado a esa propuesta. En otras palabras, y para empezar, ¿de qué habla el PSOE cuando habla de Estado plurinacional? 

Comencemos por lo que sí se ha dicho de forma nítida: es necesaria una reforma constitucional. No ofrece dudas que la introducción de la plurinacionalidad exigiría la modificación del artículo 2 de la Norma Fundamental: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Tal reforma, como es bien sabido, implicaría una gran complejidad, pues para modificar cualquier precepto del Título Preliminar hace falta (artículo 168 CE) “la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes”, que las Cámaras nuevamente elegidas ratifiquen la decisión y procedan “al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras”. Finalmente, “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación”.

Primera y obvia conclusión que seguro los promotores de la propuesta de Estado plurinacional no ignoran: el PSOE carece por sí solo de fuerza parlamentaria para que se introduzca esa declaración en la Constitución y tampoco parece que, al menos a corto plazo, tenga aliados suficientes en ambas Cámaras. Ello no es óbice para que una formación política proclame su legítima aspiración a que se cambie en ese concreto sentido la Constitución de acuerdo con el procedimiento que la misma prevé, a lo que debe añadirse que nuestra Norma Fundamental, a diferencia, por ejemplo, de la alemana, no excluye del cambio ninguna parte, incluida la organización territorial del Estado.

Admitida la posibilidad “constitucional” de una reforma del artículo 2, ¿podría consistir en reconocer la “plurinacionalidad del Estado español”? La respuesta jurídica es evidente: por supuesto; podría incluso, en términos teóricos, garantizar el derecho a la autodeterminación de una Comunidad Autónoma o como quiera que se llamase a cada una de las partes del Estado español. Avanzando un paso más: ¿sería conveniente el reconocimiento de la plurinacionalidad en términos de mayor integración política de los diferentes territorios? Siguiendo en términos teóricos, sí. Como ha explicado con rigor el profesor Solozabal Echavarría (“España: nación de naciones”, El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, nº 68, 2017), “la conceptualización de España como nación de naciones es una realidad desde Gracián, que comparaba la homogeneidad francesa tan fácil de gobernar, y España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, la inclinaciones opuestas y los climas encontrados, y donde, decía, por tanto se necesitaba gran capacidad para unir”.

Hasta aquí nada que objetar, por tanto, a la incorporación de la plurinacionalidad al articulado de la Constitución.

No obstante, la pregunta clave en términos político-institucionales es la siguiente: ¿sería suficiente, en el momento actual y, previsiblemente, en los próximos años, reconocer la pluralidad nacional de España para apaciguar las pretensiones independentistas en Cataluña? La respuesta me parece tan obvia como la dada a las preguntas anteriores: no. La proclamación de la plurinacionalidad y, por supuesto, mayores dosis de autogobierno y de recursos financieros para ejercerlo podrían haber servido como elemento de integración de los menos proclives diez  o quince años atrás. Hoy parece obvio que una parte importante del nacionalismo catalán es claramente independentista y no encontraría mayor consuelo en que se reconociese explícitamente en la Constitución algo que les resulta obvio y, desde luego, insuficiente: el carácter nacional de Cataluña. Me parece que, en el mejor de los casos, la única reforma de la Constitución española que estaría dispuesto a aceptar el independentismo catalán sería la que garantizase el derecho a la autodeterminación y, además, lo hiciera de una manera que resultase “factible” en términos procedimentales, lo que significaría, creo, que la decisión final tendría que dejarse en manos del “pueblo catalán” y no del “pueblo español”.

Si todo parecido entre reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña y el carácter plurinacional de España es pura coincidencia, es dudoso que lo acordado en el 39 Congreso Federal del PSOE justifique el optimismo de quienes lo promovieron o el alarmismo de los que lo rechazaron. La pregunta para concluir no sería entonces ¿de qué se habla cuando se habla de Estado plurinacional? sino ¿para qué se habla cuando se habla de Estado plurinacional?

Texto publicado en La Nueva España el 30 de julio de 2017.

Bromas y veras en el cine jurídico (I): Relatos salvajes.

 Como en años anteriores, el periodista Arturo Téllez, que conduce el programa Julia en la Onda los últimos días de julio y el mes de agosto (Jelo en verano), me ha invitado a colaborar con una breve sección semanal sobre cine y derecho. Este año se emite los lunes sobre las 16.30 y se titula Bromas y veras en el cine jurídico, parafraseando la obra del jurista Rudolf von Ihering “Bromas y veras en la ciencia jurídica“. A lo largo de cinco semanas comentaremos una película de tono humorístico que incluya algún fragmento con un contenido jurídico, no necesariamente premeditado. 

La primera escena que comentamos en el primer programa (puede escucharse a partir del minuto 32) forma parte de Relatos salvajes, película argentina de 2014 escrita y dirigida por Damián Szifron y que consta de seis historias protagonizadas por Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Darío Grandinetti… La película fue seleccionada para la Palma de Oro de Cannes, estuvo nominada en la categoría de Mejor película de habla no inglesa en la 87.ª edición de los Óscar y a 9 Premios Goya. 

En palabras del director, la conexión temática de los relatos se refiere a la difusa frontera que separa a la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los estribos y del innegable placer de perder el control;​ una serie de relatos que “toma situaciones conflictivas de la cotidianeidad, esas a las que yo mismo he estado expuesto y que como ciudadanos comunes reprimimos tras medir el costo-beneficio de una acción, optando por ser menos impulsivos y no responder a las agresiones externas”. 

En el plano jurídico, esta escena nos sirve para comentar, al menos, tres cosas: 

Primera: las dificultades con las que se encuentran los ciudadanos para comunicarse o para acceder a la Administración, que, además de una cuestión jurídica -trámites no siempre sencillos, lenguaje abstruso a veces,…-, incluye en no pocas ocasiones una sucesión de barreras u obstáculos físicos. Todo ello puede desalentar el ejercicio de los derechos que tenemos constitucional o legalmente reconocidos; entre ellos, el de recurrir los actos administrativos sancionadores. 

Segunda: que la ignorancia de las normas no exime de su cumplimiento. En este ámbito cabe recordar que las normas no obligan mientras no hayan sido objeto de publicación oficial (Boletín Oficial del Estado, Boletín de la Comunidad Autónoma,…); es lo que se denomina la “publicidad formal”. Pero, una vez publicadas, se presume que cualquiera puede conocer la disposición de que se trate, máxime desde que los boletines oficiales se publican en formato electrónico y son de acceso gratuito. No obstante, en algunas ocasiones (declaración anual del Impuesto sobre la Renta, normas de seguridad vial, campañas electorales,…) los poderes públicos nos recuerdan, mediante anuncios publicitarios, la existencia de concretos deberes que se consideran de especial trascendencia social e institucional. Pero lo relevante a efectos jurídicos es la publicidad formal.

Tercera: en el procedimiento administrativo sancionador opera la presunción de veracidad de lo afirmado por los agentes de la autoridad. A modo de ejemplo, el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de seguridad vial, dispone que “las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado”. 

Una previsión similar está contenida en el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: “en los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta Ley, las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”. 

Esta presunción de veracidad puede constituir para el ciudadano una suerte de “probatio diabólica”, que,  como es bien sabido, no opera en el Derecho penal, donde la acusación es la que debe probar la comisión de la infracción, sin que la persona acusada tenga que demostrar algo para impedir la imposición de una sanción. 

A lo anterior debemos sumar que las sanciones que impone la Administración (estatal, autonómica o local) pueden ser de una cuantía muy alta (en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana hasta de 600.00 euros), superior incluso a las multas previstas en el Código Penal. En estos casos, decir que se acude al Derecho administrativo porque es menos expeditivo que el Derecho penal constituye un auténtico “fraude de etiquetas” y puede acabar desembocando, como me temo que está ocurriendo con algunas leyes sancionadoras (del Estado y de las Comunidades Autónomas), en un inadmisible “Derecho sancionador del enemigo“. 

A importancia da educación infantil.

                   A Isabel Oliveros, a mía primeira maestra; a mía                      prima Rocío y a todas as maestras y maestros

A educación infantil é, polo menos según el Real Decreto que regula as enseñanzas mínimas del sou segundo ciclo, a etapa qu’atende a nenas y nenos dende el nacemento hasta os seis anos coa finalidá d’axudar al sou desarrollo físico, afectivo, social y intelectual. Como é sabido, ordénase en dous ciclos: el primeiro chega hasta os tres anos; el segundo, qu’é de baldre, vai dende os tres a os seis anos d’edá. Nos dous ciclos atenderáse progresivamente al desarrollo afectivo, al movemento y  a os avezos de control corporal, ás manifestacióis da comunicación y del linguaxe, ás pautas elementales de convivencia y relación social, y tamén al descubrimento das características físicas y sociales del medio. Ademáis facilitaráse que nenas y nenos elaboren unha imaxen de sí mesmos búa y equilibrada y consigan autonomía personal.

Os dous ciclos tein carácter voluntario pro el segundo xeneralizóuse en toda España, de xeito que na actualidá, según el Ministerio d’Educación, casi el 100% dos nenos y nenas de 3 a 6 anos van á escola de baldre.

Pro si temos en conta que, como nos recorda Unicef, nos primeiros meses y anos de vida cada contacto, cada movemento y cada emoción redundan nunha esplosiva actividá eléctrica y química nel cerebro, pois miles de millóis de células tánse organizando en redes qu’establecen entre elas billóis de sinapsis, parece qu’unha escolarización cedo y axeitada entre os primeros meses y os tres anos incidirá de xeito mui positivo na miyora del rendemento escolar futuro pro, sobre todo, na vida d’esos nenos y nenas, que, nese período, empezan a conocer el sou propio corpo y el de os outros; aprenden a respetar as diferencias observando y esplorando el sou entorno familiar, natural y social; adquiren progresivamente autonomía nas súas actividades máis avezadas; desarrollan as súas capacidades afectivas; relaciónanse cos demáis y adquiren pouco y a pouco pautas elementales de convivencia y relación social; desarrollan habilidades comunicativas en diferentes linguaxes y formas d’espresión,…, y é que, en palabras de John Dewey,  a educación nun é preparación prá vida; a educación é a vida en sí mesma.

Por todo esto parece que favorecer a educación infantil nel primeiro ciclo de 0 a 3 anos tería que ser ún dos obxetivos prioritarios pras autoridades educativas, de xeito que nun houbera nenos nin nenas que se quedasen fora das escolas infantiles por falta d’abondas prazas, lo que ta pasando na actualidá; outra cousa é qu’haxa familias, que polas razóis que señan, consideren prematura a escolarización a esas edades y decidan que son miyores outras opcióis.

Como é obvio, nun se trata únicamente de qu’haxa abondas prazas  pr’atender as demandas familiares, senón de qu’os medios materiales señan os axeitados y qu’as personas que van asumir a enorme responsabilidá d’acoyer, cuidar, estimular, enseñar, arroupar, limpar, alimentar,… a estos nenos y nenas teñan unha estabilidá laboral razonable y señan pagadas como merecen. É éste ún dos ámbitos nos qu’as autoridades locales y autonómicas tein a ocasión de singularizarse y de levar a cabo políticas públicas de fomento da educación, quizáis, como dixo el Tribunal Supremo d’Estados Unidos na súa famosa sentencia Brown v. Board of Education of Topeka, a función máis importante das administracióis, pois é el fundamento básico d’unha auténtica ciudadanía al representar el principal instrumento pra despertar os valores culturales nos nenos, pra preparalos pral aprendizaxe y pr’axudaryes a adaptarse con normalidá al sou medio.

É sabido que, pouco despóis de recibir el premio Nobel, Albert Camus escribíu unha carta al señor Germain, el sou maestro de pequeno, na que ye dicía: “sin usté, sin a mao afectuosa que tendéu al neno probe qu’era eu, sin a súa enseñanza nun houbese pasado nada d’esto. Nun é que día muita importancia a un honra d’este tipo. Pro ofrece polo menos a oportunidá de decirye lo qu’usté foi y sigue sendo pra min, y de corroborarye qu’os sous esforzos, el sou trabayo y el sou corazón xeneroso qu’usté puxo nelo siguen sempre vivos nún dos sous pequenos escolares, que, inda pasando os anos, nun deixóu de ser un alumno agradecido.”

Todos temos na nosa memoria a un señor ou señora Germain; eu tuven mui bus maestros, pro agora quero recordar á mía  primeira maestra, Isabel Oliveros, qu’al largo da súa carreira acoyéu, cuidóu y enseñóu a centos de nenos y nenas entre 4 y 6 anos. Nel meu caso, ademáis, tranquilizóu y orientóu a mía madre, preocupada polas mías importantes dificultades coa lectura. Por todo elo, y xunto col noso recordo agradecido como escolares que fomos, fai falta que  todas esas personas qu’acoyen, cuidan y enseñan a os nenos y nenas de hoi, señan tratadas coa dignidá social, laboral y económica que sin duda merecen.

 

El lenguaje (jurídico) de las estatuas.

El 15 de diciembre de 1989 Arturo Di Modica, en un ejercicio -según sus palabras- de “arte de guerilla”, instaló, muy cerca de la Bolsa de Nueva York, su hoy famosa escultura Charging bull. Lo hizo de madrugada (con la imprescindible colaboración de un camión-grua) y sin contar con autorización administrativa alguna; otra cosa no sería, obviamente, “arte de guerrilla”.

La obra había sido creada por Di Modica en 1987 y pretendía reflejar la embestida del pueblo americano a los poderes financieros que habían provocado, y se habían beneficiado, de la enésima crisis económica. Tras unos amagos del Ayuntamiento para retirar la estatua de bronce, de 3.500 kilos, la presión ciudadana hizo que tal cosa no ocurriera y, simplemente, se trasladara al cercano parque Bowling Green con un permiso temporal de un año, que nadie tuvo intención de hacer cumplir. Con el paso del tiempo, parece que el significado que ha ido cobrando la estatua es el de expresar la pujanza de esos mismos poderes económicos a los que, según su autor, pretendía enfrentarse.

El 8 de marzo de 2017, también sin permiso administrativo previo, se instaló, frente al toro de Di Modica, la estatua Fearless Girl, obra en bronce de Kristen Visbal y que forma parte de una campaña publicitaria de State Street Global Advisors, un emporio económico que gestiona 2,5 billones de dólares. Según esa compañía, La chica sin miedo simboliza el Gender Diversity Index, un fondo de inversión que agrupa a las grandes compañías estadounidenses con mayor nivel de igualdad de género en sus puestos directivos. Eso fondo viene también siendo conocido por las siglas SHE y, no por casualidad, a los pies de la escultura se puede leer «SHE makes the difference».

Siguiendo los pasos de la obra de Di Modica, la presión ciudadana, hoy ampliamente reforzada por unas redes sociales electrónicas inexistentes en 1989, ha conseguido que el Ayuntamiento conceda un permiso temporal de un año para la estatua de Kristen Visbal. Y ello ha contrariado al propio Di Modica, que considera se ha alterado el mensaje “anti-sistema” que transmitía su estatua, al menos originariamente.

Todo lo anterior viene a cuento, no por razones estéticas, económicas o sociológicas, sino por unos, seguramente más intrascendentes, motivos jurídicos, a los que me he acercado gracias a un muy sugestivo trabajo (“La neutralidad del Estado y el problema del government speech”) del profesor Víctor Vázquez Alonso, que se publicará en breve: en este estudio se recuerda que en Estados Unidos existe una tradición de abrir ciertos espacios públicos a la colocación de estatuas donadas por los ciudadanos, pero siempre con un previo proceso de selección por parte de la autoridad correspondiente, al entenderse que los ciudadanos, cuando ven un determinado monumento en un espacio público, consideran que, aun proviniendo de manos privadas, este monumento está ahí porque las autoridades públicas lo han querido. Y eso es así, según declaró el Tribunal Supremo en el asunto Pleasant Grove City v. Summum, de 25 de febrero de 2009, porque los poderes públicos deben tener en todo momento el control de lo que se dice a través de un espacio que está bajo su dominio, de tal forma que los ciudadanos van a interpretar que es el propio Estado quién en último término habla (doctrina del government speech, sobre la que también puede leerse, entre otros, el trabajo Public Forum 2.0 de la profesora Lyrissa Lidsky). 

No obstante esta doctrina, parece que en la ciudad de Nueva York, al menos en la peculiar batalla entre el toro que embiste y la chica sin miedo, el Ayuntamiento, más que hablar por sí mismo, va a permitir, con la inestimable “colaboración ciudadana”, que sean las estatuas las que nos trasmitan su propio y cambiante discurso, más allá, incluso, de las pretensiones, artísticas o de otro tipo, de Di Monica, Kristen Visbal y State Street Global Advisors.

                                 Fotografía de Reuters.

 

Abogacía del Estado versus Iglesia Pastafari.

Como recordarán los más fieles y sufridos lectores de esta humilde bitácora, con fecha de registro de salida de 29 de noviembre de 2016 la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia remitió una “resolución de denegación de la iglesia denominada Iglesia Pastafari”. A comentar, en términos jurídicos, dicha resolución dedicamos la entrada Pastafarismo y libertad religiosa (la más leída, por cierto, de las 499 publicadas; otro por cierto: con la presente alcanzamos ya las 500 entradas).

Acabamos de conocer ahora la respuesta que ha ofrecido la Abogacía del Estado al recurso contencioso-administrativo (donde podemos decir, con orgullo y satisfacción, que se nos cita como fuente doctrinal) presentado ante la Audiencia Nacional. Y la lectura del escrito de la Abogacía del Estado no puede más que provocarnos una profunda decepción, tanto por razones de fondo como por motivos formales.

En cuanto a los “argumentos” de fondo, que muestran una constante circularidad, nada nuevo a lo ya dicho en su día por la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones: se dice que los fines de la Iglesia Pastafari son ajenos a los de una entidad religiosa y se trata de argumentar esta afirmación acudiendo al origen del pastafarismo añadiendo, además, que tal inicio es “de dominio público” y que los documentos fundadores están al alcance de todos en internet (con minúscula en el original). Si, se dice, el origen de esta Iglesia no es religioso entonces no puede serlo con posterioridad. Pero, querida Abogacía del Estado, ¿es que esa pretensión inicial no religiosa no puede derivar luego en un fenómeno religioso? ¿Es que las religiones ya inscritas surgieron siempre con pretensiones religiosas?

En segundo lugar, se sostiene que la finalidad del movimiento, pese a sus evidentes rasgos humorísticos, resulta totalmente respetable pero no puede pretenderse que se trate de una finalidad “verdaderamente religiosa”. No haremos sangre en la afirmación de que, pese a los rasgos humorísticos, el pastafarismo resulta totalmente respetable pero no nos resistimos a preguntar: ¿qué motivo habría para no respetar una creencia por ser humorística? Y tampoco nos resistimos a recordar que no hay exigencia constitucional alguna de que la religión sea un fenómeno exento de alegría, no jocoso.

Desde luego, no tiene desperdicio el párrafo en el que la Abogacía del Estado dice “no pretendemos realizar ningún juicio de valor sobre las afirmaciones contenidas en dichos estatutos… Sin embargo, sí podemos afirmar, con todos los respetos, que de una lectura de dichos estatutos puede deducirse, sin género de dudas, que no nos encontramos con una verdadera entidad religiosa. Sus fines son ajenos a los de una entidad religiosa”. No queriendo hacer juicios de valor, la Abogacía incurre de lleno en uno de ellos sin aportar mayor justificación y olvidando -o ignorando- que en el Registro de Entidades Religiosas están ya inscritas confesiones -y no cuestionamos en modo alguno su inscripción- como las siguientes (tomo las referencias de este documentado texto de Javier Casares): la Iglesia Umbanda, A Uniao do Vegetal, la Comunidad Odinista de España (Asatru), la Asamblea de Cultos de la Naturaleza, la Asociación Religiosa Druida Fintan, A Irmandade Druídica Galaica o la Hermandad de la Diosa de los 10.000 Nombres.

Concluye la Abogacía del Estado que como la Iglesia Pastafari no tiene finalidad religiosa no puede vulnerarse la libertad que ampara ese derecho fundamental. Discrepamos: lo que tendría que valorarse es si las  actividades o conductas que el pastafarismo practica atentan al derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales o son contrarias a la seguridad, salud o moralidad públicas. En mi opinión no parece que los mandamientos pastafaristas lo sean y, ya puestos, convendría entonces preguntarse si están correctamente inscritas religiones que excluyen a las mujeres de parte importante de sus actividades o que han cuestionado e, incluso, perseguido la libertad de orientación sexual.

En esta línea de apertura cabe mencionar que tanto en Austria como en la República Checa existen casos de ciudadanos que lograron obtener documentos oficiales, tales como el permiso de conducir o el carné de identidad, con fotografías en las que se mostraban con un colador de pasta en la cabeza. Ambos países permiten llevar la cabeza cubierta por motivos religiosos e identifican el colador como una prenda religiosa pastafari. En el caso austriaco, al solicitante se le exigió contar con la autorización de un médico para que se lo declarara psicológicamente apto para conducir, que obtuvo sin problemas.  Y parece que tanto Holanda como Nueva Zelanda reconocen las bodas pastafaris.

Las peculiaridades del pastafarismo son, precisamente, las que permiten avalar, y no rechazar, su inscripción como entidad religiosa pues, como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “la autonomía de las comunidades religiosas es indispensable para el pluralismo en una sociedad democrática y se encuentra por tanto en el centro mismo de la protección que ofrece el artículo 9 (asunto Hassan y Tchaouch c. Bulgaria, de 26 octubre de 2000).

Finalmente, y por lo que respecta a las formas del escrito de la Abogacía, sorprende que se reproche a los demandantes que describan, con citas legales y jurisprudenciales, el contenido de la libertad religiosa. ¿De qué hablamos entonces?

Por cierto, la propia Abogacía del Estado no incluye en sus 14 páginas cita jurisprudencial alguna y mientras uno esperaba un texto que permitiera, parafraseando al gran Willian Brennan, mítico juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un debate “desinhibido, robusto y abierto”, nos encontramos con un escrito cohibido, flácido y cerrado.

Veremos qué resuelve la Audiencia Nacional. En todo caso, seguiremos siempre vigilantes.