Acerca de Miguel Ángel Presno Linera

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Professor of Constitutional Law at the University of Oviedo. Acreditado como Catedrático. presno@uniovi.es; presnolinera@gmail.com http://www.facebook.com/groups/175417585871847/?ref=ts&fref=ts

Prohibición de esteladas en la final de la Copa del Rey.

De acuerdo con lo recogido por los medios de comunicación (la información aquí se toma de la página de El País), “la Delegación del Gobierno en Madrid impedirá la exhibición de esteladas en la final de la Copa del Rey que el Barça y el Sevilla disputarán el próximo domingo en el Calderón. Así se informó ayer en la reunión preparativa del dispositivo de seguridad del encuentro, que contempla el despliegue de unos 2.500 policías, vigilantes y sanitarios en el estadio del Atlético. Los asistentes deberán pasar por dos “exhaustivos” anillos de seguridad en los que serán cacheados, para evitar la entrada de objetos prohibidos, según detalló la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.” Sigue la información diciendo, que “fuentes de la Delegación especificaron que símbolos como las banderas independentistas, exhibidos regularmente en las finales disputadas por el Barça, están prohibidos por la ley contra la violencia en el deporte”.

No hace falta tener conocimientos jurídicos, simplemente basta con saber leer, para comprobar que es falso que la Ley -Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte– diga tal cosa; textualmente, su artículo 2 dispone: “La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo”.

La Ley contra la violencia en el deporte no excluye -si lo hiciera sería inconstitucional- el uso de banderas u otros símbolos, sino su exhibición orientada a unos fines concretos, para lo que habrá que justificar la idoneidad para provocarlos. Nada de eso se argumenta de manera seria en la comunicación de la Delegación del Gobierno. Y es que las esteladas, por su contenido, no fomentan ni ayudan a la realización de comportamientos violentos o terroristas; tampoco el hecho de que se exhiban en un campo de fútbol supone incitación, fomento a ayuda a dichos comportamientos ni, por sí mismas, suponen un acto de desprecio a las personas participantes en el partido. 

Si se lleva adelante la citada prohibición, a mi juicio, se incurrirá en una inconstitucionalidad flagrante y propia del Derecho administrativo del enemigo, entendido como traslación al derecho administrativo sancionador de los elementos propios del Derecho penal del enemigo, una de cuyas líneas, en palabras del profesor Cancio Meliá, es la “simbólica”, que hace “referencia a que determinados agentes políticos tan sólo persiguen el objetivo de dar la impresión tranquilizadora de un legislador atento y decidido”. Y es en esa línea simbólica es donde se insertaría una prohibición administrativa que ignorase que nuestro sistema constitucional ha optado por colocar a la libertad de expresión “en una posición preferente y objeto de especial protección” (STC 101/2003, de 2 de junio), y necesitada de un “amplio espacio” (SSTC 110/2000, de 5 de mayo; 297/2000, de 11 de diciembre; 127/2004, de 19 de julio), es decir, “un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor” (STC 9/2007, de 15 de enero).

Sobre una hipotética pitada al himno, me parece que el razonamiento es similar y así lo expuse en su día en Pitos al himno.

Pd. Resolución judicial que anula la prohibición de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Estudiantes extranjeros paganos.

La reducción del número de estudiantes universitarios de grado en los centros públicos ha sido continuada en los últimos años y este fenómeno resulta especialmente acusado en Asturias: desde el curso 2003-2004 al curso 2013-2014 la disminución ha sido del 34,7%, la más alta de España, según datos del Ministerio de Educación. A ello han contribuido, entre otros factores, una menor demografía, que los nuevos grados tengan menos cursos, la irrupción de las universidades privadas,… Por ello, hace falta un debate social más intenso sobre esta situación y, también, sobre qué parte del coste de la enseñanza superior debe ser sufragado con fondos públicos. Pero ambas cuestiones salen con cierta frecuencia en los medios de comunicación; por este motivo, aquí nos referiremos a algo que pasa bastante más desapercibido pero que podría incidir en ese panorama: el coste de la enseñanza universitaria española para los estudiantes extranjeros que no proceden del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); en particular el de los títulos de Máster.

Y es que se supone que cuando las autoridades académicas y políticas apelan a la “excelencia internacional” de nuestras Universidades, tal cosa incluye la pretensión de atraer el talento que hay en otros países y no, primordialmente, la de captar estudiantes con grandes disponibilidades económicas, que es probable prefieran emplearlas en Universidades norteamericanas, británicas, alemanas o francesas, más reconocidas internacionalmente, en general, que las españolas.

Pues bien, de acuerdo con el artículo 81.3 de la Ley Orgánica de Universidades,  se permite, aunque no se impone, que los Gobiernos autonómicos y las respectivas universidades decidan si los estudiantes iberoamericanos, africanos, asiáticos,…, que vienen a cursar un Grado o un Máster a las universidades españolas deben pagar lo que se estima es el 100% de los costes de la respectiva titulación, salvo que exista un convenio que abarate dicho importe.

Y los diferentes Gobiernos autonómicos y las propias Universidades no han tenido muchos reparos en hacer uso de esa habilitación legal: así, por ejemplo, el Decreto 41/2015, de 10 de junio, de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias por el que se fijan los precios públicos en la Universidad de Oviedo durante el curso 2015-2016, a propuesta de los Vicerrectorados de Estudiantes y de Internacionalización y Postgrado, acuerda que el importe de los créditos en los estudios de máster será el correspondiente a: a) La cuarta matrícula para los másteres que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas… b) La tercera matrícula, para los másteres no comprendidos en el apartado anterior. En otras palabras, que el estudiante extranjero no comunitario recibe el mismo tratamiento que el nacional que se matricula por cuarta o tercera vez, respectivamente.

Por citar un ejemplo próximo: una persona española o del EEES que se haya matriculado por vez primera este año en el Máster en protección jurídica de las personas y los grupos vulnerables, que tengo el honor de codirigir con el profesor Ángel Espiniella, ha tenido que pagar 1.839 euros (30,65 euros por crédito x 60 créditos). Pero si se tratara de una persona brasileña, argentina, marroquí, china…, que provenga de una Universidad con la que la de Oviedo no tiene Convenio, debe pagar 4.809 euros (80,15 euros por crédito x 60 créditos); es decir, casi tres veces más. Eso en las titulaciones más baratas; en una más cara el importe de un curso superaría los 8.000 euros. Por cierto, no deja de ser significativo que el citado Decreto del Principado de Asturias aluda a la “falta de implantación en la Universidad de Oviedo de un sistema de contabilidad analítica que permita conocer de forma pormenorizada el coste de cada titulación”.  Si no sabemos cuánto cuesta cada título, ¿cómo fijamos el importe del precio público?

Y lo que ocurre en Asturias no es muy diferente a lo que sucede en Cataluña, Madrid, Andalucía,…, comunidades con Gobiernos de diferente color político pero similar orientación recaudatoria.

Habrá quien piense que si esas personas quieren estudiar aquí deben pagar el importe íntegro de su plaza. Pero, obviando que las Universidades españolas no suelen saber lo que cuesta cada plaza y que no depende de los estudiantes extranjeros que su Universidad tenga un convenio con las nuestras, resulta que hemos hablado solo de la matrícula; además, tendrán que sufragar el viaje, alojamiento en España, manutención, material de estudio,…, desembolsos en conjunto de miles de euros que redundan en beneficio de nuestra economía, impuestos indirectos incluidos, pero que la inmensa mayoría de estudiantes iberoamericanos, africanos, asiáticos o europeos no comunitarios no pueden asumir porque no tienen recursos propios ni hay becas suficientes.

No creo que se esté haciendo una política malvada pero sí, como diría Carlo Cipolla, estúpida: se está causando un perjuicio a personas que podrían beneficiarse de nuestro sistema universitario si los precios fueran más razonables y nos estamos causando un perjuicio a nosotros mismos privándonos de su talento, creatividad y experiencia, a lo que cabe añadir lo enriquecedor que es trabajar en un entorno plurinacional, sin olvidar que seríamos algo mejores en términos de equidad y cooperación internacional. Por si fuera poco, están quedando plazas vacantes en el cupo reservado a dichos estudiantes, con lo que los costes fijos de las titulaciones, que no dependen del número de matriculados y que son la mayoría, no se compensan. Finalmente, los estudiantes que acuden a través de un convenio de movilidad no son tenidos en cuenta a efectos del número mínimo que se exige para impartir el Máster, con lo que puede ocurrir que dicha titulación o alguna de sus asignaturas no lleguen a impartirse.

En las próximas semanas, se aprobarán los precios públicos de las Universidades para el curso 2016-2017; ¿es mucho pedir que se tengan en cuenta algunos de estos criterios?

Texto publicado en La Nueva España el 18 de mayo de 2016.

reducción estudiantes

Impeachment.

En los últimos días ha cobrado especial vigencia la figura del impeachment como consecuencia del proceso abierto en Brasil y que puede desembocar en la destitución de la Presidenta electa Dilma Rousseff. Se trata de una institución que surgió en Inglaterra en el siglo XV con el objeto de enjuiciar a altos cargos de la Corona: la Cámara de los Comunes impulsaba la acusación y el juicio se dirimía en la Cámara de los Lores. No obstante, en la actualidad el impeachment es más propio de sistemas presidenciales, como Estados Unidos o Brasil, que parlamentarios, como Gran Bretaña o España. En nuestro país queda una reminiscencia en el artículo 102 de la Constitución, como una forma de colaboración del Congreso de los Diputados en el ejercicio de la función jurisdiccional: “La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”.

En Estados Unidos, la regulación constitucional confiere al Congreso la potestad de acusar, juzgar y, en su caso, destituir “al Presidente, al Vicepresidente y a todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos, por traición, soborno y otros delitos o faltas graves” (sección 4ª del artículo II de la Constitución). El proceso es presidido por el Chief Justice o presidente del Tribunal Supremo, que, en realidad, lo es del conjunto del Poder Judicial norteamericano (Chief Justice of the United States); así lo hicieron Samuel P. Chase con Andrew Johnson en 1868 y William H. Rehnquist con Bill Cinton en 1999. Johnson fue el primer presidente en la historia constitucional norteamericana que se enfrentó a un juicio del Congreso, aunque, en última instancia, no fue condenado. El último procedimiento abierto en Estados Unidos contra un Presidente fue el que tuvo lugar durante la segunda presidencia de Bill Clinton: el 19 de diciembre de 1998 la Cámara de Representantes, con el apoyo del 98% de los republicanos (223 de 228) y del 2% de los demócratas (5 de 206), le acusó de los cargos de falso testimonio y de obstrucción a la justicia; el juicio en el Senado comenzó después de la renovación de la Cámara, donde el Partido Republicano contaba con 55 senadores, debiendo recordarse que el número requerido para la remoción es de 67 (dos tercios de la Cámara). En la votación final, 51 senadores –todos republicanos- consideraron que cabía la remoción por el cargo de obstrucción a la justicia y 45 por el de falso testimonio; ningún senador demócrata se pronunció a favor de la destitución.

El impeachment contra Clinton resultó instructivo por varias razones: en primer lugar, y respecto a los motivos que se pueden reprochar, se reitera que es un instrumento constitucional frente a menoscabos graves al sistema de gobierno pero no es imprescindible que se haya cometido un delito; por ese motivo, en el “caso Clinton” varios senadores declararon que lo consideraban culpable de los cargos de falso testimonio y obstrucción a la justicia pero que la naturaleza de las infracciones no justificaba su remoción; en segundo lugar, en estos procedimientos se utilizan argumentos que poco tienen que ver con lo que se está juzgando: en el mismo caso, varios senadores demócratas cuestionaron a Kenneth Starr, autor del informe que recomendó el enjuiciamiento de Clinton; en tercer lugar, que la adopción de resoluciones de censura no es una alternativa a la decisión que corresponde tomar en los casos de impeachment.

Algunas de estas conclusiones también podrían aplicarse al caso de Dilma Rousseff, pues el procedimiento en Brasil guarda semejanzas con el norteamericano aunque la regulación constitucional brasileña es más exhaustiva: si la acusación es por “crímenes” o delitos comunes, el juicio lo llevará a cabo el Supremo Tribunal Federal; si lo es por un “crimen de responsabilidad” –infracciones político-administrativas previstas en artículo 85 de la Constitución y desarrolladas legalmente-, el enjuiciamiento lo realizará el Senado presidido por el Presidente del Supremo Tribunal Federal.

Lo que aprobó el Senado brasileño el 12 de mayo, tras ser admitida la acusación por una mayoría superior a los dos tercios de la Cámara de Diputados, es el inicio del procesamiento de la Presidenta acusada de falta de probidad administrativa y de vulnerar la ley presupuestaria al maquillar el estado de las cuentas públicas, lo que implica, no su inmediata destitución, sino que quede suspendida de sus funciones durante un máximo de 180 días, ocupando mientras tanto la Presidencia el Vicepresidente Michel Temer. Si en aquel plazo no hubiera resolución, Rousseff volvería a la Presidencia y el proceso seguiría su curso.

Una diferencia con el sistema norteamericano es que en Brasil la renuncia al cargo no pone fin al proceso: así, mientras que Richard Nixon lo evitó con su dimisión, la de Collor de Melo en 1992 no impidió su condena a 8 años de inhabilitación. Por cierto, Collor de Melo, una vez “rehabilitado”, ha vuelto a la vida política y fue uno de los senadores que votó a favor del impeachment contra Rousseff.

Quizá lo que más llama la atención del caso brasileño es el amplio elenco de motivos que, constitucionalmente, pueden justificar un impeachment y, en el concreto caso de Rousseff, que su probable destitución pueda deberse al presunto “maquillaje” de las cuentas públicas, pero, conforme a la Constitución, el incumplimiento de la ley de presupuestos y la falta de probidad en el ejercicio del cargo son dos de las causas previstas. También en su caso vemos que se utilizan argumentos que poco tienen que ver con lo que se está juzgando, quizá porque lo que está en juego no es tanto la búsqueda de justicia como el desenlace a un escenario político propio de una tragedia shakesperiana.

Aquí puede leerse la solicitud de impeachment y los motivos en los que se basa.

Clínica del Máster en protección jurídica de personas y grupos vulnerables (II): actividades de sensibilización sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género.

Dentro de las actividades que la Clínica del Máster en protección jurídica de las personas y grupos vulnerables ha programado para el Curso 2015-2016 están varias sesiones de información, debate y sensibilización sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género.

Las sesiones se han desarrollado en los IES Fernández Vallín, de Gijón, el 25 de abril, y Pando, de Oviedo, el 12 de mayo, y han sido coordinadas por la profesora María Valvidares por parte de la Clínica y por los profesores Xandru Fernández y Susana Rancaño por parte de los Institutos. Las sesiones fueron organizadas e impartidas por José Antonio Alonso, egresado del Máster el curso pasado, y Luisa María González Peón, que ha hecho las prácticas en el Instituto de la Mujer, y Myriam Ojeda Cuesta, que las ha realizado en Cruz Roja-Oviedo, estudiantes de este curso.

En el IES Fernández Vallín participaron 14 estudiantes de 4º de E.S.O y en el IES Pando 11 del Ciclo Formativo de Artes Gráficas.

Luisa María, Myriam y José Antonio elaboraron esta cuidada e informativa presentación y diseñaron el siguiente guión:

1.- ¿Qué es la violencia de género?

2.- Tipos de violencia de género y acciones.

3.- ¿Qué es el ciclo de la violencia?

4.- Saber identificar la violencia de género.

5.- Conocer qué derechos daña o vulnera la violencia de género.

6.- Desmontar mitos sobre la violencia de género.

7.- Dar a conocer los recursos que existen para hacer frente a la violencia de género.

Fotos tomadas con autorización en los IES Fernández Vallín y Pando .

 Fernández Vallín 2

Fernández Vallín 1

IES Pando 1 violencia

IES Pando 2 violencia

Clínica del Máster en protección jurídica de personas y grupos vulnerables (I): actividades de sensibilización sobre la situación de los refugiados.

Dentro de las actividades que la Clínica del Máster en protección jurídica de las personas y grupos vulnerables ha programado para el Curso 2015-2016 están varias sesiones de información, debate y sensibilización sobre la situación de los refugiados que pretenden asilo en Europa, la de los menores que sufren acoso escolar y la de las mujeres víctimas de violencia de género.

Las sesiones sobre asilo y refugio se han desarrollado en los IES Fernández Vallín, de Gijón, y Rey Pelayo, de Cangas de Onís y han sido coordinadas por el profesor Ángel Espiniella por parte de la Clínica y por los profesores Xandru Fernández y Carlos Pérez Lera por parte de los Institutos. Las sesiones fueron organizadas e impartidas por Patricia García Majado, doctoranda en Derecho Constitucional y egresada del Máster, y Sandra Raimúndez López, estudiante de este curso y que ha realizado las prácticas en Accem-Asturias

En el IES Fernández Vallín participaron 16 estudiantes de Segundo de Bachiller de la asignatura Justicia, participación, sostenibilidad, impartida por Xandru Fernández; en el Rey Pelayo, 35 estudiantes de 1º de Bachillerato Científico (Profesora: Carmen Pardo, Departamento de Lengua Castellana); 21 estudiantes de 4º de E.S.O. (Grupo B, Profesora Beatriz Foncueva, Departamento de Inglés) y 12 de Ciclo Formativo de Administrativo. Curso 1º (Profesora: Manuela García, Departamento de Inglés).

Patricia García y Sandra Raimúndez elaboraron un cuidado y exhaustivo Dossier y diseñaron el siguiente guión: 

1.- ¿Qué es ser un refugiado? Para introducir la sesión, se abre un diálogo con los alumnos acerca de lo que es un refugiado, utilizando como apoyo imágenes. 

2.- Concepto jurídico de refugiado. A partir de las aportaciones hechas por los alumnos, se elabora y explica el concepto jurídico de refugiado, a partir los requisitos exigidos por la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley de Asilo española.

3.- División de los alumnos. Se divide al alumnado, aleatoriamente en solicitantes de asilo extracomunitarios, a su vez procedentes de diferentes países (por ejemplo, Siria, Yemen, Sudán del Sur y Guinea Conakry).

4.- Éxodo. Se le pide a los solicitantes de asilo que, en unos minutos, escriban en un papel todas aquellas pertenencias que quieran llevarse consigo ante el estallido inminente de un conflicto que les impide quedarse más tiempo en su país, forzando inevitablemente su partida. 

5.- Contextualización. Una vez hecha la mochila, se relata brevemente a cada grupo
de solicitantes de refugio el contexto político-social de su país de procedencia.

6.- Quiz. Habiendo sido asimiladas esas nociones básicas, se les hace un cuestionario a los alumnos sobre las mismas, al que deben contestar como nacionales del país que se les ha atribuido. Una vez finalizado el cuestionario,cada grupo relata en alto, para el resto de compañeros, cuál es la situación de su país y las respuestas que han dado a las preguntas formuladas, justificando en todo caso su elección. El propósito de esta parte es analizar las particularidades de cada Estado estudiado, reflexionar sobre ellas y tratar de ponerse en la piel de los nacionales en cuestión.

7.- Juristas. Tras haber realizado el cuestionario, los alumnos deben, a la luz de la previa explicación sobre el régimen jurídico del refugio, reflexionar sobre si tendrían derecho o no a solicitar el asilo en vista de las circunstancias propias de
cada país. En esta parte de la dinámica se trata de comprobar que, efectivamente, el alumnado ha asimilado los requisitos legales para ser solicitante de asilo. 

8.- Europa: ¿qué sucede en la práctica? Después de haber visto los requisitos para solicitar el asilo y el contexto político-social de diferentes países, que efectivamente justifica las solicitudes de refugio, trata de explicárseles a los alumnos cómo Europa, a pesar de haber asumido importantes obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, las incumple (véase el acuerdo UE-Turquía o las famosas devoluciones en caliente). En otras palabras: cómo a pesar de concurrir las causas que la ley contempla para ser solicitante de refugio, Europa las desatiende practicando devoluciones masivas e impidiendo a los inmigrantes irregulares potenciales solicitantes de asilo acceder al correspondiente procedimiento administrativo que les permita ver salvaguardados sus derechos.

Fotos tomadas con autorización en el IES Fernández Vallín y en el IES Rey Pelayo los días 9 y 10 de mayo de 2016.

 Fernández Vallín asilo 1

Fernández Vallín asilo 2

 Cangas de Onís 2

cangas de onís 1

Elecciones en Estados Unidos (III): Una presidencia, hasta la fecha, masculina.

Como es bien sabido, la presidencia de los Estados Unidos –coloquialmente, POTUS (President of the United States)- ha sido desempeñada hasta la fecha exclusivamente por hombres; la propia “carrera” electoral hacia el Despacho Oval de la Casa Blanca también ha sido algo sin apenas participación de las mujeres, con muy pocas  excepciones, que se dieron, sobre todo, en las filas de formaciones minoritarias, como Gracie Allen, por el Surprise Party, en 1940; Linda Jenness, por el Socialist Workers Party, en 1972; Margaret Wright, por el People’s Party, en 1976; Cynthia McKinney y Jill Stein, por el Green Party, en 2008 y 2012, respectivamente,… En el caso de los partidos mayoritarios, cabe recordar en fechas recientes a Shirley Chisholm, que compitió con George McGovern por la candidatura demócrata, en 1972; en momentos más cercanos están Sarah Palin, que lo intentó en las filas republicanas en los comicios de 2008 –luego formó parte,como aspirante a la Vicepresidencia de la candidatura de John McCain, derrotada por el tándem Obama-Biden-, y Hillary Clinton, presente en las primarias de 2008 y 2016, por el Partido Demócrata; en las primarias de 2016 también se presentó Carly Fiorina por el Partido Republicano aunque abandonó la “carrera” el 10 de febrero tras las primarias de Iowa y New Hampshire. En el momento de escribir estas líneas, y a la vista de la ventaja clara que lleva sobre Bernie Sanders por la nominación del Partido Demócrata, parece evidente que en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 Hillary Clinton tendrá, por vez primera en la Historia, opciones reales de convertirse en la primera Presidenta de Estados Unidos. 

Como es también conocido, esta postergación política de las mujeres no es algo privativo de la política norteamericana y ello se evidencia en el hecho de que en muy pocos países del mundo ha habido una mujer que haya desempeñado la presidencia de la república o la jefatura de un gobierno parlamentario: el Mapa 2014 de las Mujeres en Política, realizado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres muestra que, si bien los avances en la participación política de las mujeres son positivos en todo el mundo, los techos de cristal continúan firmes para las mujeres en los niveles más altos: así, mientras que ha aumentado el número de mujeres que forman parte de los Gobiernos y de los Parlamentos ha habido un descenso o estancamiento de las cifras de mujeres Jefas de Estado/Jefas de Gobierno y de las mujeres Presidentas de Parlamento. Y no deja de ser significativo que la Unión Interparlamentaria destaque que el porcentaje de mujeres parlamentarias se encuentra ahora en un nivel récord de 21,8 por ciento a nivel mundial.

Sin ir más lejos, en España el “techo de cristal” en la política estatal se ha situado en las Vicepresidencias del Gobierno y en las Presidencias del Congreso y el Senado pero ni en las pasadas elecciones del 20 de diciembre ni en las próximas del 26 de junio ninguna de las formaciones políticas, “emergidas” o “emergentes”, con más respaldo electoral tiene una candidata a la Presidencia del Gobierno. Sin olvidar que nuestra Constitución otorga preferencia al hombre sobre la mujer a la hora de la sucesión en la Jefatura del Estado.

Volviendo al caso estadounidense, en el desarrollo de la “Presidencia Imperial”, en la acertada terminología de Arthur Schlesinger, las mujeres se han visto relegadas al papel de “Primera Dama” o, coloquialmente, FLOTUS (First Lady of the United States), figura ausente en la política europea. Como es bien conocido, no es un “cargo oficial” ni tiene, por tanto, asignadas concretas funciones si bien la “Oficina de la Primera Dama” tiene entidad propia dentro de la Oficina Ejecutiva presidencial (Executive Office of the President), con gabinete y página web.

La importancia que en Estados Unidos se atribuye a este rol de la mujer se evidencia en el hecho de que cuando el Presidente no ha estado casado o ha quedado viudo ese papel lo asumieron mujeres de su familia, como Martha Jefferson Randolph, hija del presidente Thomas Jefferson; Emily Donelson y Sarah Yorke Jackson, sobrina e hijastra, respectivamente, del presidente Andrew Jackson, o Harriet Rebecca Lane Johnston, sobrina del presidente James Buchanan. Habrá que ver si, en el supuesto nada improbable de que Hillary Clinton sea elegida Presidenta en noviembre de 2016, su marido, y expresidente, Bill Clinton, asume el papel, permítaseme la expresión, en términos más coloquiales todavía, de FHOTUS (First Husband of the United States).

Texto publicado en La Nueva España el 7 de mayo de 2016.

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La situación de los refugiados en Europa: ¿vergüenza o culpa?

Como es bien sabido, durante la Guerra Civil española y tras el comienzo de la dictadura franquista, miles de españoles marcharon al exilio, especialmente, aunque no en exclusiva, a Iberoamérica, donde fueron acogidos sin reparos. Al exilio también se marcharon portugueses para zafarse de la dictadura salazarista, griegos que trataban de huir de la “dictadura de los coroneles” y, décadas antes, alemanes que huyeron del nazismo, italianos del fascismo, rusos del estalinismo, judíos de diferentes nacionalidades europeas,… En suma, el exilio ha sido el camino al que se han visto abocados cientos de miles de europeos en los últimos 90 años.

Ahora no hay dictaduras ni guerras civiles en Europa Occidental sino un conjunto de Estados con un nivel económico y una estabilidad política que resultan quiméricos en, por citar algunos países, Somalia, Siria, Afganistán o Irak. Y esos países europeos están inmersos en un proceso de integración que pretende trascender el ámbito económico y comercial y adquirir una dimensión política y ciudadana: la Unión Europea, cuya Carta de Derechos Fundamentales proclama en su Preámbulo que esa Unión está “fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho”. Como colofón, y por lo que respecta a lo que aquí nos ocupa, en el artículo 18 se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en el artículo 19 se prohíben las expulsiones colectivas de personas extracomunitarias. Pues bien, a la vista del acuerdo firmado por el Consejo Europeo con Turquía, que permite devolver a este país a todos las personas que entren sin permiso en las islas griegas, la Carta de Derechos Fundamentales, la Convención de Ginebra sobre los refugiados y las Constituciones de los Estados miembros, singularmente la española, parecen simple papel mojado.

Pero lo que resulta de todo punto insoportable son las condiciones en las que llegan a Grecia, en plena Unión Europea, las personas que quieren solicitar asilo: según el informe “Lesbos, zona cero del derecho de asilo”, elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), pagan a las mafias unos 2.000 euros por el trayecto entre Ayvalik (Turquía) y la isla griega de Lesbos; los chalecos salvavidas se consideran un ‘extra’ y por tanto tienen un precio aparte. Si ese mismo viaje se hace en un ferry oficial cuesta 5 euros. Los que sobreviven a la travesía son recibidos por grupos de voluntarios, quienes organizan un pequeño campamento provisional, con mantas para la atención de emergencia pues es frecuente que aparezcan cuadros de hipotermia debido a las bajas temperaturas del trayecto. Una vez en territorio griego, no hay constancia de que se ofrezca la debida asistencia legal a las personas, ya sea para solicitar asilo, para acogerse al programa de reubicación, para pedir una reagrupación familiar o, más grave aún, en los procesos de expulsión, de manera que las expulsiones se llevan a cabo sin ninguna garantía legal para los refugiados, contraviniendo la Carta de Derechos Fundamentales, los Convenios Internacionales y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que incluye varias condenas al Estado griego por no respetar la prohibición de expulsiones colectivas incluida también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Pero Grecia no es desde luego el único Estado que tendría que ser culpabilizado de esta situación: España, por ejemplo, se comprometió hace seis meses a acoger a 16.000 de las personas que siguen acampadas en Grecia e Italia; pues bien, según datos oficiales del Gobierno hemos acogido 18; es decir, el 0,1%.

Y esta situación se debe, según las organizaciones no gubernamentales que colaboran en el programa gubernamental de acogida –ACCEM, CEAR y Cruz Roja-, no a la carencia de recursos económicos y materiales ni a la ausencia de cooperación de las administraciones autonómicas y municipales, sino a que falta verdadera voluntad política por parte del Ejecutivo, algo común a la mayoría de los gobiernos europeos, pues en toda la Unión Europea el grado de cumplimiento global es del 0,5%.

Ante todo ello la palabra que nos viene a la boca es vergüenza –de hecho, el pacto entre la Unión Europea y Turquía ha sido calificado como “Acuerdo de la vergüenza”- pero convendría ir algo más allá: la vergüenza está relacionada con algo que nos disgusta de nosotros porque se percibe socialmente como reprobable pero no implica, en todo caso, un daño a los demás; por eso se habla de “tapar la vergüenza”. La situación de los refugiados en Grecia tendría que generarnos culpabilidad, que es un sentimiento de dolor por el daño causado a otros, y su remedio no consiste en ocultar el mal ocasionado sino en repararlo. De eso se trata, de poner fin de una vez a un estado de cosas intolerable en el plano moral, social, político y jurídico.

El Derecho en la Literatura (II): “De vidas ajenas”, de Emmanuel Carrère

                                                                                         A Gil Carlos Rodríguez Iglesias

Entre los escritores europeos más relevantes de los últimos años se ha situado, sin duda, Emmanuel Carrère y lo ha hecho a través de libros como, por citar algunos, “Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos”, “El adversario”, “Limonov”, “De vidas ajenas” y, muy recientemente, “El Reino”. Carrère sostiene que ya no escribe novelas sino historias porque lo que hace no es ficción, aunque sus libros estén escritos como tales, con sus trucos, pero sin inventiva.

De vidas ajenas (Anagrama, 2011) recuerda, por una parte, el  tsunami que devastó en 2004 las costas de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia, y que Carrère y su familia vivieron de cerca; por otra, la vida de su cuñada Juliette a partir de la información que le aporta su esposo y, sobre todo, Étienne, un colega de profesión.

 Y lo que cuenta Carrère a partir de lo dicho por Étienne es otro buen ejemplo de cómo el Derecho puede ser parte importante de una trama literaria; también aquí, al igual que en La ley del menor, de Ian McEwan, opera como una serie de categorías elaboradas en el mundo jurídico y que el autor de la obra incorpora como un elemento más del discurso narrativo.  Y en De vidas ajenas tal recurso es inevitable si, como pretende Carrère, uno de los objetivos que se marca es contar la vida de una magistrada francesa que, al tiempo que lucha contra un cáncer con mal pronóstico, pelea también contra los excesos de una legislación contractual que en muchos de los países jurídicamente más desarrollados, como Francia o España, ha venido amparando abusos de los poderosos –entidades financieras en este caso- sobre los consumidores y ello ante la pasividad, cuando no connivencia, de los Legisladores nacionales. Y este desafío judicial lo plantea Juliette, junto con un reducido grupo de colegas, desde los tribunales de la ciudad de Vienne (Francia) y lo hace porque está convencida de que la suma de los tipos de interés del dinero prestado y las penalizaciones aplicadas por algunos bancos sobrepasa el índice de la usura, siendo, como dice Carrère, “una manera de sangrar a la gente no sólo inmoral, sino ilegal”.

Carrère pone voz literaria a personas como los jueces Étienne, Flòres y Juliette, que fueron capaces, después de horas de estudio, de encontrar en el Derecho Europeo y, en particular, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la respuesta jurídica a sus “problemas”, que eran en realidad los problemas de miles de personas que acudieron, muchas veces sin la información ni preparación adecuadas, a los créditos al consumo para hacer frente a unas necesidades puntuales, ignorando que una demora en la devolución del préstamo, al margen de que fuera ajena a su voluntad, implicaría a la larga una losa económica que aplastaría sus vidas y las de sus familias.

Los jueces de Vienne se inspiraron en una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona a la que el TJUE, presidido a la sazón por el magistrado asturiano Gil Carlos Rodríguez Iglesias, respondió en el año 2000 (asuntos Océano Grupo Editorial y Salvat Editores) que el juez nacional puede apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula del contrato que le haya sido sometido. Con este precedente, el juez Étienne, como le recuerda el propio magistrado a Carrère, construyó, con sus colegas Juliette y Flòres, y la ayuda de la profesora de Derecho Comunitario de la Universidad de Lyon Bernadette Le Baut Ferrarese, otra cuestión prejudicial a partir de un litigio derivado del contrato “A su gusto” que ofrecía la sociedad Cofidis y que se anunciaba en grandes caracteres como “una petición gratuita de reserva de dinero” y, en letra muy pequeña y en el reverso, añadía que el tipo de interés era del 17,92%, lo que sumado a las penalizaciones implicaba una cantidad superior a la considerada usuraria. Pues bien, en la sentencia del caso Cofidis SA contra Jean-Louis Fredout, de 21 de noviembre de 2002, el TJUE consideró contrario al Derecho comunitario la normativa francesa que prohibía al juez nacional, al expirar un plazo de preclusión, declarar, de oficio o a raíz de una excepción propuesta por el consumidor, el carácter abusivo de una cláusula inserta en dicho contrato.

En suma, a partir de esta sentencia del TJUE –a la que se podría encontrarle continuidad, entre otras, en la del caso Aziz c. Catalunyacaixa, de 14 de marzo de 2013, derivada también de una cuestión prejudicial planteada por un juez de Barcelona y relativa a las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios- se ampliaron las potestades de los órganos judiciales y, en palabras de Carrère, se aliviaron “las deudas de decenas de miles de pobres gentes”, si bien a Juliette no le habría gustado que se dijera tal cosa porque eso sería demasiado romántico y ella se obstinaba en ser jurista, lo que en absoluto implica considerar ajenas las consecuencias “reales” de la aplicación de las leyes. Y es que, quizás, más que “de vidas ajenas” el libro, cuyo título original es “D’autres vies que la mienne”, trata de la vida de personas que no se sienten distintas ni distantes de la vida de otras personas.

Pd. La lectura del libro y este comentario posterior son deudores del texto de Daniel Sarmiento Carrère and the great judges from Vienne – a tribute.

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¿Una ley electoral “asturiana”?

Hace pocos días se ha conocido un informe del Ministerio del Interior que cuestiona la proposición de reforma de la Ley electoral asturiana presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, de Izquierda Unida y Ciudadanos. No resulta fácil analizar en pocas palabras un texto de 8 páginas pero sí cabe comentar varias de las críticas. 

Lo primero que se dice es que el marco normativo sobre el que debe asentarse la proposición lo forman la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el Estatuto de Autonomía de Asturias. Olvida, sorprendentemente, a la Constitución, de donde deriva la potestad normativa de las Comunidades Autónomas, que es de carácter político, no meramente administrativa, y que incluye la elección de una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional. Y es que, de acuerdo con la Constitución, existe un margen no despreciable de actuación autonómica para regular aspectos como la estructuración de las listas electorales, la forma de ejercicio del voto, la concreta fórmula de tipo proporcional, las inelegibilidades e incompatibilidades… Y el espacio normativo para concretar estas cuestiones es la ley electoral autonómica, que no es una mera excepción al régimen electoral general. Otra cosa es que, hasta la fecha, los Legisladores autonómicos hayan hecho gala de una extraordinaria indolencia, limitándose a copiar lo que dice la LOREG. Y ha sido la mencionada proposición de ley asturiana el primer, y único, ejemplo de cierto desperezamiento electoral autonómico.

El Ministerio del Interior rechaza, entre otras cosas, que la persona que encabece la candidatura sea elegida mediante un proceso democrático y considera que tal cosa lesiona la libertad de los partidos. Olvida, por una parte, que la propia Constitución exige a los partidos un funcionamiento democrático pero, sobre todo, que lo que se prevé no es algo que afecte a los partidos en su organización interna sino como promotores de candidaturas –algo que son libres de hacer- y que el Legislador puede configurar el ejercicio de ese derecho, como se ha hecho, por ejemplo, al establecer una composición equilibrada por sexos de las listas electorales. No se trata, pues, de algo que deba ser regulado en la Ley de partidos sino en las leyes electorales, estatal o autonómicas; además, no se dice qué tipo de mecanismo democrático concreto debe utilizar cada formación política, con lo que se respeta su capacidad de decisión al respecto.

No me extenderé sobre la crítica que se hace al nuevo sistema de asignación de escaños: para el Ministerio del Interior resulta poco claro –quizá se leyó con poca atención- pero eso, en su caso, requerirá una campaña explicativa previa, no siendo en sí mismo argumento para cuestionar su constitucionalidad.

En tercer lugar, se rechaza la sustitución temporal de parlamentarios en casos de permisos de maternidad o paternidad, enfermedad prolongada o investigación penal contra un diputado. Se hace, como en otras partes del informe, cometiendo un error básico: diciendo que el art. 160 de la LOREG nada más prevé la sustitución en casos de fallecimiento, incapacidad o renuncia. No es cierto; ese artículo regula las declaraciones sobre actividades y bienes de diputados y senadores: el artículo correcto es el 164 pero, en todo caso, este precepto no es de los que la LOREG considera que deben aplicarse a las elecciones autonómicas, argumento que el informe sí usa en la mayoría de sus consideraciones. Además, parece ignorarse que no se trata de una sustitución definitiva sino temporal, que será voluntaria en la mayoría de los casos y que, por citar un ejemplo similar, el Reglamento del Senado admite la suspensión temporal de los senadores si se concede un suplicatorio y se decreta un auto de procesamiento penal. Lo que habría que hacer en Asturias es regular también en el Reglamento de la Junta General esta figura pero es adecuado que ya se prevea en la Ley electoral.

El informe también rechaza que se puedan regular el voto anticipado y el electrónico (para el caso de los asturianos residentes fuera). Se podrá  censurar la necesidad de  tales figuras –especialmente la primera-, pero en ambos casos se trata de formas de ejercicio del voto, no de los aspectos esenciales del derecho, y sobre ello la competencia de las Comunidades es clara. Por cierto, el voto electrónico presencial ya está previsto en la Ley electoral vasca y nadie lo cuestionó.

El resto de las consideraciones del informe (sobre la Junta Electoral asturiana, el procedimiento de votación para las personas ciegas…) no son especialmente críticas; tampoco se censura el desbloqueo de las listas electorales ni la obligatoriedad de que los medios de comunicación públicos deban organizar debates durante la campaña electoral. Por todo ello, no parece que el informe del Ministerio del Interior sea un obstáculo insalvable para seguir adelante con esta propuesta. Otra cosa es que hagan falta voluntad y valentía políticas para aprobar una ley electoral “asturiana”. ¿Las tienen los grupos parlamentarios de la Junta General?

Texto publicado en La Nueva España el 9 de abril de 2016.