Acerca de Miguel Ángel Presno Linera

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Professor of Constitutional Law at the University of Oviedo. Acreditado como Catedrático. presno@uniovi.es; presnolinera@gmail.com http://www.facebook.com/groups/175417585871847/?ref=ts&fref=ts

¿Titiriteros a la cárcel?

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decretado el encarcelamiento sin fianza de los titiriteros que representaron en Madrid y, previamente, en Granada la obra La bruja y Don Cristobal. Me parece que es un evidente error programar esa obra para un público infantil como hizo el Ayuntamiento de Madrid, que la consideró recomendable para todos los públicos.

1454695514_093587_1454701891_sumario_grande

Ahora bien, tal proceder debe dar lugar, en su caso, a la exigencia de responsabilidades políticas a la persona que, en el seno de la Corporación, lo contrató sin conocer el contenido (si lo conocía, peor), pero me parece, en términos teatrales, una sobreactuación judicial decretar el ingreso en prisión de los titiriteros argumentando que hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva. Respecto de lo primero se podrían adoptar medidas cautelares de carácter económico, como se hace habitualmente por otra parte; sobre lo segundo, parece que la policía se incautó ya todo el material y hay abundantes testimonios de los asistentes; a propósito de lo tercero, después de lo ocurrido no parece probable que vuelvan a ser contratados o, de serlo, que su actuación vaya a pasar desapercibida. Si hay medidas menos restrictivas que la privación de la libertad, y parece que las hay, se debe optar por ellas.

Y todo lo anterior sin entrar a valorar lo realmente importante: si estamos ante un hecho presuntamente delictivo o ante el ejercicio, por muy desagradable u ofensivo que resulte para algunos o muchos, de la libertad de expresión, pues éste no puede supeditarse a su conformidad con las ideas y opiniones mayoritarias o socialmente aceptadas sino que debe amparar, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Handyside c Reino Unido, de 1976, y mucho más recientemente, caso Otegui c. España, de 2011) “aquéllas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población”. Y ello porque la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales del progreso y esa es la exigencia del pluralismo y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática.

Si nos ponemos como se ha puesto el juez Ismael Moreno, la Fiscalía y varios de los partidos presentes en el Ayuntamiento de Madrid lo extraño es que no estén en prisión directores, productores, guionistas… de, por ejemplo, Ocho apellidos vascos o autores de películas, libros,…, donde hay violencia explícita o se utiliza la violencia de modo satírico. Parafraseando a Orwell, la libertad de expresión significa, sobre todo, la representación de cosas que no nos gusta ver; cosa distinta es si, además, deben ser costeadas con dinero público pero eso, creo, es otro asunto.

orwell

Elecciones en Estados Unidos (I): su financiación o take the money and run.

Como es bien conocido, este año se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos y ya ha comenzado el proceso de selección de los candidatos a las mismas. Por este motivo publicaré a lo largo de las próximas semanas una serie de comentarios sobre distintos aspectos de estos comicios, empezando con la financiación de las elecciones.

El sistema electoral de Estados Unidos incentiva la existencia de pocos y muy importantes partidos políticos, con una base social extensa y muy plural, asentados en todo el país y con la capacidad necesaria para recaudar ingentes cantidades de dinero destinadas a unas campañas electorales cada vez más dilatadas y costosas, y en las que los anuncios en los medios de comunicación tienen un papel estelar
En el plano democrático, un sistema de esta índole expulsa de la participación como candidatos a la inmensa mayoría de ciudadanos que, a diferencia de Mitt Romney en la campaña electoral de 2012, no disponen de la fortuna personal necesaria para gastar decenas de millones de dólares, o que, como Barack Obama en las campañas de 2008 y 2012, no cuentan con una potente organización capaz de recaudar enormes cantidades de dinero de las donaciones privadas. La tendencia ha llevado a que los principales candidatos prescindan de las ayudas públicas a cambio de poder financiarse de manera casi ilimitada a través de fondos privados. En este devenir el Tribunal Supremo ha tenido un papel protagonista a través de varias sentencias, entre las que cabe destacar el caso Buckley v. Valeo, de 1976, y el caso Citizens United v. Federal Election Commission, de 2010.
Hay que recordar, utilizando las palabras de la profesora Ana Valero Heredia (Citizens United y la financiación de las campañas electorales en el derecho norteamericano), que la era moderna de la regulación de las campañas electorales en Estados Unidos comenzó a nivel federal después del escándalo Watergate con la aprobación de la Federal Election Campaign Act Amendments (Ley de Campañas Electorales Federales), de 1971, FECA, que define las bases de la reglamentación de la financiación de las campañas electorales y que fija las reglas en materia de: divulgación de los recursos de los candidatos, topes máximos de las contribuciones electorales y limitaciones de los gastos de campaña. El 15 de octubre de 1974, el Congreso reformó la FECA, regulando la financiación pública de las diferentes etapas de la elección presidencial —primarias, convenciones de los partidos políticos y elección general— con el sistema de matching funds —en virtud del cual se le otorga al candidato el doble de la suma que recibió de donantes privados a condición de que cumpla determinados requisitos—.
Esta ley también creó la Federal Election Commission (FEC), cuya misión es controlar la financiación de las campañas electorales. Asimismo, estableció los límites a las contribuciones en favor de los candidatos y un tope máximo a los gastos para las elecciones legislativas y presidenciales.
Pues bien, en el asunto Buckley v. Valeo el Tribunal Supremo consideró inconstitucionales, por contrarios a la Primera Enmienda, los límites a los gastos de los fondos personales de los candidatos previstos en la Federal Election Campaing Act, y, entre otras cosas que ahora no son relevantes, los preceptos que limitaban los llamados gastos independientes; es decir, los llevados a cabo por personas ajenas a los candidatos. En pocas palabras, el Tribunal Supremo artículo ahí la doctrina speech and money, conforme a la cual la imposición de cualquier restricción de gasto de capital destinado a la comunicación política por parte de una persona o grupo reduce su libertad de expresión.

En el mucho más reciente asunto Citizens United v. Federal Election Commission se enjuició la constitucionalidad de la Bipartisan Campaign Reform Act, reforma legal aprobada en el año 2002 para prohibir la emisión de mensajes televisivos sufragados por empresas y sindicatos si identifican a un concreto candidato y se pretende su visualización 30 días antes de la celebración de las elecciones primarias o 60 días antes de las elecciones al cargo de que se trate. La controversia se suscitó a propósito de un video –Hillary: The Movie– muy crítico con la candidata a la nominación demócrata en 2008 Hillary Clinton. Pues bien, y en muy pocas palabras, en este caso la mayoría del Tribunal concluyó que no se puede restringir, en ningún caso, lo que los particulares o las asociaciones puedan gastar en publicidad política “independiente”. Las aportaciones, incluidas las realizadas por empresas, no pueden prohibirse puesto que no cabe tacharlas de generadoras o sospechosas de corrupción. No es relevante, según el Tribunal, que los directivos de esas entidades mantengan relaciones con cargos electos, ni dichas relaciones perjudican la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático estadounidense .
Volviendo a los gastos electorales de la última campaña presidencial celebrada en el momento de escribir estas líneas, en el caso de Obama, en las primeras 24 horas tras el anuncio de su candidatura a la reelección, el 4 de abril de 2011, consiguió más de 23.000 contribuciones de 200 dolores o menos. Entre abril de 2011 y junio de 2012, cuando todavía quedaban varios meses para las elecciones de noviembre, la campaña de Obama y sus seguidores había gastado unos 400 millones de dólares según la Federal Election Commission. El importe final de los gastos de la campaña de Obama fue de más de 985 millones de dólares; Romney gastó más de 992 millones .
Lo cierto es que la ingente inserción de anuncios políticos en las televisiones privadas es uno de los factores más determinantes del encarecimiento desmesurado que han experimentado los procesos electorales en Estados Unidos, pero está tan asentada en la práctica política de este país que no se cuestiona su uso sino, en el mejor de los casos, su contenido, especialmente cuando se emplean no para mostrar las virtudes del propio programa o candidato sino para denigrar al rival. Son precisamente esos anuncios negativos los más beneficiados por la doctrina Citizens United, pues son el tipo de publicidad característico de los llamados “Supercomités de acción política” o “Super PACs”.
Otros capítulos importantes dentro de los gastos electorales los representan la contratación de personal para las campañas, a pesar de la existencia de muchas personas voluntarias, y la constante realización de encuestas sobre las expectativas y posibilidades de cada candidato, las medidas potencialmente más populares,…

En suma, que o se tiene una ingente capacidad para coger el dinero y correr a gastarlo en publicidad electoral o a poco se puede aspirar en el panorama electoral norteamericano y, poco a poco y de manera no tan evidente, en cualquier panorama electoral.

Una versión reducida de este texto se publicó en La Nueva España el 12 de febrero de 2016.

america-elections-illustration-representing-united-states-presidential-to-be-held-donkey-represents-democrat-party-53448116

A la memoria de Francisco Rubio Llorente.

Cuando apenas ha pasado un més desde que murió Alessandro Pizzorusso, ayer falleció el profesor Francisco Rubio Llorente. A la manera del jurista italiano, en el caso del profesor Rubio también nos encontramos con el que, probablemente, haya sido el constitucionalista más relevante de los últimos cuarenta años en España y de los más conocidos fuera de nuestro país. Fue el profesor Rubio el que hizo la Laudatio de Pizzorusso cuando éste fue investido Doctor honoris causa por la Universidad Complutense.

La relevancia de Francisco Rubio ha sido manifesta en los ámbitos académico, institucional y social: en el primero, porque, entre otras cosas, creó una “escuela de constitucionalistas”, de la que forman parte numerosos profesores de varias universidades españolas, publicó trabajos de extraordinaria calidad (es de obligada lectura su libro La forma del poder) e impulsó el Derecho Constitucional desde la dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de la Colección Estudios Constitucionales y de la Revista Española de Derecho Constitucional.

En el ámbito institucional, el profesor Rubio prestó sus servicios para el mejor ejercicio de las funciones legislativa, ejecutiva y jurisdiccional: fue Letrado de las Cortes y Secretario General del Congreso de los Diputados, presidente del Consejo de Estado -máximo órgano consultivo del Gobierno- y magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional. Creo que merece la pena destacarse que durante su presidencia del Consejo de Estado se llevaron a cabo dos trabajos de especial trascendencia que, lamentablemente, no tuvieron -al menos hasta la fecha- la acogida que merecen en el ámbito político e institucional: el Informe sobre la reforma de la Constitución y el Informe sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general. De su trabajo en el Tribunal Constitucional quedan la gran calidad de las sentencias de las que fue ponente y la no menos importancia de los votos particulares que consideró oportuno emitir; sobre unas y otras insistió el profesor Francisco Bastida con ocasión de la Laudatio al doctorado honoris causa que recibió de la Universidad de Oviedo. Era también Doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid.

Finalmente, el profesor Rubio ejerció hasta el último momento su faceta de ciudadano interesado en los problemas políticos y constitucionales de nuestra sociedad (la crisis económica, la integración europea, la organización territorial del Estado, el funcionamiento de las instituciones democráticas,…) y se pronunció sobre los mismos con agudeza y determinación en conferencias e intervenciones en los medios de comunicación. En uno de sus textos de prensa, de 1998, insistía en la necesidad de “discutir sin arrear“. Ojalá se le hiciera algún caso.

Puede leerse aquí la necrológica que publica hoy en El País el profesor y discípulo suyo Manuel Aragón Reyes.

 1345910539_112684_1345911212_noticia_grandeFotografía de Luis Sevillano publicada en El País.

Investidura= sumar y/o restar

Por mandato constitucional (art. 99), cada vez que se produce una renovación electoral del Congreso de los Diputados debe procederse al procedimiento “ordinario” de nombramiento de Presidente del Gobierno (el mecanismo “extraordinario” es el propio de la moción de censura). A este instrumento “ordinario”, que se aplicaría también en los supuestos de dimisión, fallecimiento o pérdida de una cuestión de confianza de un Presidente en ejercicio, se le denomina en España “investidura” y evidencia, como es propio de un sistema parlamentario, la relación que existe entre la Cámara que expresa la representatividad política –en nuestro país, el Congreso de los Diputados- y quien, de acuerdo con la Constitución (art. 98) y la Ley 50/1997, del Gobierno, representa al Ejecutivo, establece su programa político, imparte instrucciones a sus integrantes, resuelve los conflictos de atribuciones que surjan entre los Ministerios, dirige la política de defensa, propone la disolución de las Cámaras, refrenda los actos del Rey y somete a su sanción las leyes y normas con rango de ley, propone la convocatoria de referéndum, plantea la cuestión de confianza o interpone un recurso de inconstitucionalidad. Nuestro sistema de “frenos y contrapesos” consiste en que el Congreso nombra y puede cesar al Presidente del Gobierno y el Jefe del Ejecutivo puede provocar la disolución del Congreso y, aunque no venga mucho a cuento, del Senado.
El procedimiento de investidura comienza con las conversaciones o consultas entre el Rey y la persona que designe cada uno de los grupos políticos –expresión que en la práctica se ha confundido con las formaciones políticas- que cuente con algún representante en el Congreso de los Diputados. A resultas de estos diálogos, el Rey puede conocer a qué persona estaría dispuesto a respaldar cada grupo y también, en una circunstancia como la actual, a quien no le otorgarían su apoyo. En términos constitucionales, aquí nos encontramos con una excepción a la regla de que los actos del Rey son debidos y no tiene margen de discrecionalidad –por ejemplo, no puede negarse a sancionar y firmar una Ley-, pues en el procedimiento de investidura el Jefe del Estado dispone, en teoría, de un cierto margen de maniobra, si bien, tal “libertad” desaparece en la práctica cuando ha habido un resultado electoral muy claro y es evidente qué persona tiene el respaldo para ser investida, incluso en primera vuelta, como ha ocurrido en los supuestos en los que una candidatura ha conseguido la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados o, al menos, tiene una mayoría holgada y no se vislumbran alternativas. Ante un hipotético empeño del Rey en conseguir el nombramiento como Presidente de alguien que no goza de la confianza del Congreso, esta Cámara, para evitar su disolución en el caso de que no se consiga la investidura en el plazo de dos meses, podría “aceptar” un candidato no deseado e, inmediatamente después, cesarlo a través de una moción de censura, procedimiento “extraordinario” en el que el Rey nada puede hacer.
Esa situación de “investidura fácil” es la que se ha venido presentando desde el año 1978 pero hoy nos encontramos con un escenario más complejo. ¿Sería conveniente que el Rey presentase un candidato sabiendo que no va a tener ni mayoría absoluta en primera votación ni mayoría simple en la segunda? En mi opinión no. Nuestro sistema constitucional ha optado, como recordó el Tribunal Constitucional en su STC 16/1984, de 6 de febrero, por un principio de racionalización de la forma de gobierno, que, entre otros objetivos, trata de impedir las crisis gubernamentales prolongadas. A este fin prevé el artículo 99 de la CE la disolución automática de las Cámaras cuando se evidencia la imposibilidad de designar un Presidente del Gobierno dentro del plazo de dos meses” (FJ6).
Es esa necesidad de evitar gobiernos interinos o provisionales la que justifica que las propuestas del Rey vayan encaminadas desde el principio a la consecución del nombramiento de Presidente, por lo que carece de sentido institucional y democrático escenificar intentos de investidura que se saben destinados al fracaso, por mucho que ese escenario sirviera para mostrar de manera muy evidente la carencia de respaldo parlamentario a un concreto candidato, liberando así, en cierta medida, al Jefe del Estado de la presión que podría sentir de proponer un candidato que no es el líder del partido que ha ganado las elecciones. No se trata de buscar presuntas “soluciones naturales”, sino de aplicar los instrumentos propios de la forma parlamentaria de gobierno en la que la presidencia del Ejecutivo debe corresponder a la persona que concita el respaldo mayoritario (absoluto o simple) del Congreso, derive dicho apoyo de una única formación política –como ha venido ocurriendo en general- o de la suma de los votos de diversas formaciones, que se otorgan, tal y como prevé la Constitución, a un “programa político”.
Dado que el Rey sabe sumar y restar, son estas sencillas operaciones matemáticas las que deben guiar su propuesta de candidato a Presidente del Gobierno.

Texto publicado en La Nueva España el 23 de enero de 2016.

¿Hacienda ya no somos todos?

Cuando todavía siguen vivos rescoldos de indignación en no pocas familias luego de que algunas cabalgatas algo chapuceras permitieran conocer a niños y niñas la verdadera naturaleza de los “Reyes Magos”, la abogada del Estado (sic) que participa en el juicio iniciado el lunes 11 de enero por el llamado “caso Nóos”, Dolores Ripoll, nos ha revelado que “Hacienda somos todos” no es más que una expresión que fue creada en su día para el ámbito publicitario y, por tanto, no puede ser aplicada en el ámbito jurídico; por este motivo, los delitos de fraude fiscal, como el que se imputa a Cristina de Borbón, no nos perjudican a todos sino exclusivamente al Erario Público. Conclusión: si no hay un perjuicio a la ciudadanía no está justificada la presencia en dicho proceso de la acusación popular ejercida por el sindicato “Manos Limpias” (sic). A buenas horas mangas verdes, diría el difunto Al Capone.
Que “Hacienda somos todos” es un extraordinario mensaje publicitario no ofrece duda alguna: forma parte de la memoria histórica y tributaria de este país y ha venido siendo empleado desde finales de los años setenta. Dicho mensaje, u otros similares, son parte esencial de las campañas anuales de publicidad institucional que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que son, a su vez, de las que más dinero invierten (9 millones de euros en 2015 y misma cantidad prevista para 2016), con el objetivo declarado, según el Plan anual de publicidad institucional, de “sensibilizar a los ciudadanos sobre los efectos del fraude fiscal, facilitarles el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y el pago de los impuestos, así como concienciarlos de que para poder financiar los servicios públicos es necesario obtener ingresos públicos, fundamentalmente a través de los impuestos”.
Es, pues, cierto que no viene a cuento utilizar dicha campaña como herramienta jurídica por, al menos, dos motivos: primero, porque no se trata, como se explica en el primer curso de Derecho, de un supuesto de “publicidad formal” de las normas (inserción de las mismas en un boletín oficial) sino de “publicidad reforzada”: una herramienta para recordarnos que existen ciertas obligaciones a las que el Estado otorga especial importancia y por ello está interesado en que todos las conozcamos. Y sobre todo porque, segundo, la repercusión colectiva del pago de los impuestos está expresamente prevista en la Constitución y ha sido desarrollada por las leyes tributarias; de acuerdo con el artículo 31.1 de la Norma Fundamental: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”; el apartado segundo añade que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”.
Así, pues, que “Hacienda somos todos” es, además de un eslogan publicitario, un mandato constitucional: todas las personas (incluida Cristina de Borbón) debemos tributar en la medida en que tengamos capacidad económica y de acuerdo con dicha capacidad (principio de progresividad fiscal) y ello porque, como ha recordado reiteradamente el Tribunal Constitucional, sirve “para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE) que la Constitución española propugna y que dotan de contenido al Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) (entre otras, SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4; y 182/1997, de 28 de octubre, FJ 9).)
En suma, el incumplimiento de la obligación de tributar no sólo afecta al erario al minorar la recaudación fiscal, sino que dificulta que los poderes públicos cumplan con el mandato constitucional (art. 9.2) de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Por decirlo con las palabras que emplea para los alumnos de Primaria la propia Agencia Tributaria en su “Portal de educación cívico-tributaria”: “Todas las personas que viven en la gran casa que es el Estado tienen que pagar entre todos los gastos comunes de esa casa, es decir: todos los ciudadanos, tienen que pagar los impuestos. Pero hay personas que no se comportan como buenos ciudadanos. Hay personas que no pagan los impuestos que les corresponden. Se les llama “defraudadores”…. Como estas personas no han pagado su parte, el Estado tiene menos dinero para los servicios públicos y, entonces, sólo le quedan dos caminos. O bien proporciona menos servicios públicos de los que se necesitan, con lo que todos salimos perjudicados. O bien, si quiere proporcionar los servicios públicos que se necesitan, tiene que pedir más dinero a los ciudadanos, con lo cual los que pagan correctamente sus impuestos tienen que ingresar más dinero por lo que otros usan y no pagan”.
Menos mal que Cristina de Borbón no está siendo juzgada por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas pues, en tal caso, quizá hubiéramos escuchado que ¡Si bebes no conduzcas! no es más que un exitoso mensaje publicitario protagonizado por Stevie Wonder. Ojalá todos los integrantes de la Abogacía del Estado y otros servidores públicos, como el que escribe estas líneas, pudiéramos estar a la altura de los creadores de mensajes publicitarios institucionales.

Texto publicado en La Nueva España el 13 de enero de 2016.

Préstamos, cesiones y otros “negocios” parlamentarios.

Una de las cláusulas del acuerdo entre la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP) y Junts pel Sí (JpS), que ha permitido el nombramiento como President de la Generalitat de Carles Puigdemont, estipula que “dos diputados/as la CUP-CC se incorporarán a la dinámica del grupo parlamentario de Junts pel Sí, de manera estable. Participarán en todas las deliberaciones y actuarán conjuntamente en las tomas de posición del grupo…” Esta “incorporación” será funcional, no orgánica: los dos parlamentarios seguirán integrando el Grupo de la CUP y no ingresarán en el de JpS porque tal cosa está prohibida por el Reglamento del Parlament, que prevé que la salida, voluntaria o forzada, de un Grupo implica que los afectados pasarán a tener la condición de miembros no adscritos.

Enseguida volveremos sobre las implicaciones democráticas de tal operación pero antes conviene recordar que en este punto el Parlament catalán –y otros parlamentos autonómicos- han sido más pulcros que las Cortes Generales, donde ha venido practicándose sin pudor el “préstamo de parlamentarios”: uno o varios representantes elegidos en una candidatura son “prestados” temporalmente para que los electos en otra candidatura puedan constituir su propio Grupo Parlamentario, con las importantes consecuencias políticas y económicas que tal cosa comporta; una vez formado ese Grupo los prestados lo dejan y se integran en el Grupo que es expresión de su candidatura electoral. Este “tráfico de representantes” distorsiona la expresión de la representatividad política y menoscaba el ejercicio de los cargos parlamentarios en condiciones de igualad pero, fuera del ámbito académico, poca crítica han suscitado unas prácticas en las que han participado casi todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes, incluidos los que hoy se indignan al modo del capitán Renault en Casablanca (“¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega”): así, por ejemplo, en la VI Legislatura el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Congreso se formó merced al préstamo de 2 diputados de UPN, partido coaligado con el PP; en el Senado, el PNV tuvo grupo propio sumando 4 senadores del PSOE; en la VII Legislatura Coalición Canaria se apoyó en 3 diputados de UPN;… finalmente (de momento) en la IX Legislatura, el Grupo de UPyD en el Congreso se creó gracias a la adscripción temporal del Diputado de Foro Asturias Ciudadano.

Volviendo al acuerdo CUP-JpS, la pulcritud reglamentaria de la incorporación de dos parlamentarios “a la dinámica del grupo parlamentario de Junts pel Sí…” no esconde, junto con otras cláusulas del pacto – “no votar en ningún caso en el mismo sentido que los grupos parlamentarios contrarios al proceso y / o el derecho a decidir”… “el compromiso de renovar, tanto como sea necesario, el propio grupo parlamentario con el objetivo de visualizar un cambio de etapa y asumir implícitamente la parte de autocrítica que le corresponde en la gestión del proceso negociador”- una concepción poco democrática de la prohibición del mandato imperativo (artículo 67.2 de la Constitución), que no consiste, como se entendía en la época liberal, en una suerte de patrimonialización del escaño por el representante –hago lo que quiero-, sino en sustraerse a cualquier indicación que no sea  servir a la representatividad que porta y que se configura en las urnas, en la voluntad política de sus electores. Y es que en democracia la prohibición de mandato imperativo se reconoce para que el parlamentario otorgue efectividad al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes.

La obligación democrática de los parlamentarios de la CUP –como, obviamente, la de los demás diputados- es dar cumplimiento a las promesas contraídas en la campaña electoral previa a la elección del Parlament. Lo que singulariza la actuación política de la CUP es que se trata de una organización que apela a la consulta cotidiana con sus bases para legitimar de manera continuada su actuación parlamentaria y eso es lo que ha venido haciendo en las últimas semanas. Es evidente que tal proceder no les impedirá compartir objetivos políticos con parlamentarios de otras candidaturas, apoyar iniciativas ajenas y votar en el mismo sentido que diputados de otros grupos pero eso es algo cuantitativa y, sobre todo, cualitativamente distinto a decidir que dos de sus integrantes se pasen a la dinámica de otro grupo, algo que se parece mucho a una suerte de transfuguismo virtual: siguen siendo diputados de la CUP y, en consecuencia, forman parte de su Grupo Parlamentario pero actuarán y, se supone, votarán en los términos que se acuerden en el seno del Grupo Parlamentario de JpS, en el que serán una “amplia” minoría.

Quizá este concreto episodio tenga una relevancia muy pequeña en relación con el proceso en el que se inserta pero la recuperación de la credibilidad de las instituciones representativas, estatales y autonómicas, pasa, entre otras cosas, por erradicar prácticas que no son más que la expresión de una concepción patrimonial de la democracia.

Texto publicado en Agenda Pública el 11 de enero de 2016.

Sobre la práctica de los “préstamos de parlamentarios” en las Cortes me ocupé en “¿El fin del préstamo de parlamentarios?”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 1, 2002.

Los números de este blog en 2015

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2015 de este blog.

Aquí hay un extracto:

Madison Square Garden puede albergar 20.000 personas por concierto. Este blog fue visto cerca de 62.000 veces en 2015 .Si fuese un concierto en el Madison Square Garden, se precisarían alrededor de 3 actuaciones para que toda la gente lo viera.

Haz click para ver el reporte completo.

Algunas obviedades e inconstitucionalidades en las elecciones del 20 de diciembre de 2015.

Primera.- Tal y como ha venido “funcionando” el voto de las personas residentes en el extranjero no me parece exagerado afirmar que se ha vulnerado el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 de la Constitución), de muchas de ellas, pues no han podido ejercer su derecho a resultas de unos plazos y requisitos que ya en anteriores ocasiones se ha venido comprobando que resultan muy difíciles de cumplir por mucho que la persona interesada ponga toda la diligencia debida. Esta situación ha sido denunciada, entre otros, por la plataforma dosmillonesdevotos. Por si fuera poco, habría que recordar que el artículo 68.5 de la Constitución dispone, de manera taxativa, que “el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio de los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”. El 20 de diciembre el Estado no ha facilitado, todo lo que debiera, el ejercicio del derecho de sufragio de los “residentes-ausentes”. Más información aquí.

Segunda.- Los diferentes porcentajes de votos y de escaños obtenidos por las principales candidaturas evidencian, una vez más, que el sistema electoral español está diseñado para “premiar” a las dos primeras formaciones y “castigar” a las siguientes: el Partido Popular consiguió el 28,72% de los votos y eso se tradujo en 123 escaños, que son el 35,14% del Congreso de los Diputados (un premio de 6,42 puntos); el PSOE alcanzó el 22,01% de los votos y 90 escaños, que suponen el 25,71% (un premio de 3,70 puntos); Podemos llegó al 20,65% de votos y a los 69 escaños (el 19,71%, casi 1 punto menos); Ciudadanos, con el 13,93% de sufragios, sacó 40 escaños, el 11,42 (2,51 puntos menos) e Unidad-Popular/Izquierda Unida llegó al 3,67% de votos y a los 2 escanos, que son el 0,57% (3,10 puntos menos). Con un sistema realmente proporcional, como manda nuestra Constitución en el artículo 68.3, el Partido Popular habría obtenido unos 100 escaños (23 menos), el PSOE unos 77 (13 menos), Podemos unos 72 (3 más), Ciudadanos unos 48 (8 más) y UP/IU unos 12 (10 más).

Por cierto, y en contra de lo que se suele pensar, las candidaturas nacionalistas no tienen un trato especialmente favorable: el pasado domingo ERC consiguió el 2,39% de los votos y 9 escaños, que son el 2,57% del Congreso (0,18 más); Democràcia i Llibertat llegó al 2,25% de votos y 8 escaños (el 2,28%, 0,3 más) y el PNV obtuvo el 1,20% de votos y 6 escaños (el 1,71%, 0,51 más).

Sobre estas perversidades, a mi juicio inconstitucionales, me extendí, entre otros, en el trabajo Régimen electoral (“maquiavélico”) y sistema de partidos (con sesgo mayoritario), Revista Española de Derecho Constitucional, nº 104, 2015.

Sobre las prohibiciones de divulgar encuestas electorales y pedir el voto la jornada de reflexión (texto remasterizado).

Entramos en los últimos días de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Hablamos, claro, no de la petición, más o menos explícita, de voto que viene produciéndose desde hace meses –años quizá-, sino de la prevista como tal por la Ley Electoral (LOREG), de 1985, y que se define como el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Esa misma Ley dice que durará 15 días y terminará “en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación”.
Este formato se mantiene, en esencia, desde las elecciones de junio de 1977, pues ya el Decreto-Ley 20/1977, sobre normas electorales, contemplaba una definición idéntica de campaña electoral, aunque le otorgaba 21 días. El único cambio se produjo, ya con la vigente LOREG en 1994, reduciendo la campaña a 15 días; esta misma norma también prevé que “durante los 5 días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción (lo de la reproducción se añadió en 2011) de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”.
Escribí (ahora simplemente actualizo el texto) antes de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo que dos de estas previsiones carecen de sentido democrático:

Primera: la LOREG establece (art. 69.7) que “durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción (lo de la reproducción se añadió en 2011) de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”. No parece que esta limitación a la libertad de información –muchas de las encuestas son encargadas por medios de comunicación- tenga fundamento democrático ni constitucional alguno: si esos estudios no contienen elementos suficientes para anticipar o condicionar el resultado su conocimiento sería inocuo y si de verdad pueden ser relevantes a la hora de decidir el sentido del voto cómo se puede justificar que no se puedan divulgar en la fase final del proceso de formación de la voluntad del electorado. Añádase que las formaciones políticas que presentan candidaturas siguen encargando durante los últimos días de campaña estos estudios, usándolos para fines propios aunque se paguen, habitualmente, con dinero procedente del erario público. Finalmente, esta prohibición, que no existe en Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Holanda, Bélgica,…, puede ser eludida a través de la publicación de las encuestas en medios de comunicación extranjeros, que a veces forman parte del mismo grupo editorial que uno español que, legítimamente, nos remite a ellos. El propio Consejo de Estado español abogó, en su Informe sobre la reforma electoral, de 2009, por suprimir esta prohibición, con la cautela de añadir unas exigencias de calidad mínima a estos estudios.

Segunda: la prohibición de pedir el voto durante la “jornada de reflexión” y el día de las elecciones. Esta limitación no existe en muchos países de más larga tradición democrática que la nuestra (Estados Unidos o Gran Bretaña, por poner dos ejemplos), donde entienden que la persona que va a votar puede soportar 48 horas más los miles de mensajes recibidos en los meses anteriores y si una petición de voto consigue convencerle en el momento mismo de entrar en el colegio electoral bienvenida sea, pues se presume que hablamos de personas con capacidad de autodeterminación política y madurez suficiente para aceptar o rechazar lo que estimen conveniente. En esa línea, si el día antes de las elecciones o el mismo día ocurre algo de especial importancia para la vida política del país ¿cómo se puede pretender que los actores políticos no se pronuncien al respecto?
Por otro lado, desde hace ya tiempo contamos con soportes mucho más potentes y dinámicos que las trasnochadas vallas publicitarias: unas redes sociales donde el debate, más o menos acalorado, y la comunicación política es constante, en tiempo real y en modo alguno se detiene a las cero horas del día anterior a las votaciones. ¿No sería mejor, pues, suprimir esa jornada de reflexión y a cambio exigir a los actores electorales que nos dieran todas las jornadas argumentos para reflexionar?

imagennoticiassobreelecciones20dic2015

A la memoria del profesor Alessandro Pizzorusso.

Ayer, 14 de diciembre de 2015, murió el profesor Alessandro Pizzorusso, uno de los iuspublicistas italianos más importantes de los últimos cincuenta años y cuyos trabajos tienen una dimensión que sobrepasa las fronteras de su país, como bien sabemos en España, donde se publicó, en 1984 y por parte del Centro de Estudios Constitucionales, la traducción de sus Lezioni di diritto costituzionale. También están traducidas al español otras obras, como su Curso de derecho comparado.
Pizzorusso era, en el momento de su muerte, profesor emérito de la Universidad de Pisa, institución a la que se había incorporado ya en 1972 y a la que aportó su saber, magisterio y extraordinaria generosidad personal. Entre 1981 y 1989 desempeñó la cátedra de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Florencia. Se dedicó, entre otras cosas, al estudio de los derechos fundamentales, el estado democrático, la justicia constitucional, el sistema de fuentes, la organización del Estado, los derechos lingüísticos y el Derecho comparado.

Además, Pizzorusso ejerció como juez y, en esa condición, planteó una cuestión de inconstitucionalidad, a la que tuvo respuesta con la sentencia 26/1961, que, en opinión de Alessandro Pace, es la primera sentencia interpretativa estimativa. Otra cuestión planteada por Pizzorusso fue la que originó la sentencia constitucional 94/1963. Entre 1965 y 1971 fue asistente del magistrado Costantino Mortati en la Corte Costituzionale.
Pizzorusso formó parte, entre 1990 y 1994, del Consiglio Superiore de la Magistratura y fue uno de los expertos que redactó, por cuenta de la Comisión Europea el informe “Affirming fundamental rights in the European Union”, publicado en febrero de 1999.

Tuve la suerte de conocer al profesor Pizzorusso en una estancia en la Universidad de Pisa y cuando el profesor Roger Campione y yo abordamos la redacción del libro Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional italiano. Estudio de una jurisdicción de la libertad (CEPC/BOE, 2010), nos guió con paciencia y generosidad en la selección de las decisiones más relevantes y tuvo a bien redactar esta Presentación (puede descargarse en formato pdf).

Pizzorusso ha sido un extraordinario jurista pero, y eso es lo que creo era para él más importante, fue una persona cariñosa, modesta, generosa y comprometida socialmente.

Alessandro-Pizzorusso