Acerca de Miguel Ángel Presno Linera

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Professor of Constitutional Law at the University of Oviedo. Acreditado como Catedrático. presno@uniovi.es; presnolinera@gmail.com http://www.facebook.com/groups/175417585871847/?ref=ts&fref=ts

Los grupos vulnerables en el cine (Jelo en verano 2016, IV): mujeres víctimas de violencia de género.

El cuarto programa sobre cine y derecho en Jelo en verano (no está disponible todavía el audio) se ocupó de las mujeres víctimas de violencia de género. De acuerdo con Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género se trata de actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Pues bien, desde la aprobación de esta Ley Orgánica -y ya con anterioridad- en España anualmente son asesinadas por sus parejas o exparejas entre 65 y 75 mujeres. Ante esta situación, el profesor Javier Fernández Teruelo se pregunta ¿por qué no disminuye este número? (Agenda Pública, 1 de abril de 2016). Y, aunque hay alguna más, destaca cuatro razones: en primer lugar, el sistema de protección a las mujeres en situación de riesgo se basa en un presupuesto que se ha demostrado falso según el cual todos los maltratadores, incluidos los que están dispuestos a matar (e incluso a veces a morir) cambiarán su comportamiento y omitirán el delito, si la pena con la que se les amenaza es lo suficientemente grave e intimidatoria; en segundo lugar, el sistema de protección no identifica bien ni los factores ni las situaciones de riesgo; se sustenta en inercias y procedimientos que se han demostrado escasamente eficaces y, pese a ello, apenas han evolucionado; en tercer lugar, la protección de la integridad física de la mujer en riesgo se hace depender, de manera inflexible, de la previa presentación de una denuncia de maltrato. Finalmente, en cuarto lugar, el sistema no analiza convenientemente cada feminicidio, no procesa sus errores y por lo tanto no aprende de ellos.

Lo preocupante es que la respuesta de los poderes públicos no es otra, en palabras de Laura Nuño (Agenda Pública, 24 de noviembre de 2015), que el silencio, ignorando, como analiza Concepción Torres (Agenda Pública, 6 de noviembre de 2015), el riesgo objetivo que hay en estos casos.

En Jelo en verano 2016 incluimos una película paradigmática en este ámbito: Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín (2003) y otra que refleja bien las situaciones de violencia estructural contra la mujer, La piedra de la paciencia, de Atiq Rahimi  (2012). Y como complementos bibliográficos hay que reseñar, entre otros muchos, dos libros: Mi marido me pega lo normal, de Miguel Lorente (2001), y Feminismo para principiantes, de Nuria Varela (2005). El profesor Fernández Teruelo es autor del libro Análisis de feminicidios de género en España en el período 2000-2015.

Agradezco a mis colegas Mar Esquembre, Octavio Salazar y Concepción Torres las recomendaciones cinematográficas y bibliográficas.

Algunas preguntas jurídico-constitucionales sobre las seis condiciones de Ciudadanos para negociar la investidura de Rajoy.

A través de una comparecencia pública en el Congreso de los Diputados, Albert Rivera ha anunciado seis exigencias ineludibles para que su partido, Ciudadanos, negocie con el Partido Popular la investidura como presidente del Gobierno de Mariano Rajoy. Siendo consciente de que las propuestas políticas no suelen ser un modelo de concreción, las presentadas por Ciudadanos aluden a cuestiones bastante precisas, por lo que sí parece especialmente importante conocer los detalles, donde, como es bien sabido, “está el diablo”. Y, al menos a mí, hay muchos detalles que se me escapan. Aquí van algunos.

1.- “Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. ¿Es una separación o, más bien, una suspensión temporal? ¿Quién acuerda esa separación inmediata? ¿Lo decreta el mismo órgano judicial que está investigando el delito? ¿De cualquier cargo público o debe tratarse de un cargo político? ¿Qué son delitos de corrupción política? ¿Se refiere a los delitos contra la Administración pública? ¿Un cargo público investigado por homicidio, lesiones o estafa no sería separado? ¿Qué pasa con la función que venía desempeñando la persona “separada”? ¿Habría lugar, en el caso de los cargos políticos representativos, a su sustitución temporal por otra persona que formara parte de la misma candidatura electoral? ¿Qué es la resolución completa del procedimiento judicial?

2.- “Eliminación de los aforamientos ligados a cargos públicos y representantes políticos”. ¿A qué se refieren con cargos públicos? ¿Se incluye así a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, y que son la inmensa mayoría, o se está pensando exclusivamente en parlamentarios y miembros del Gobierno? En todo caso, esa eliminación para miembros de las Cortes y el Gobierno exige, como es bien sabido, una reforma constitucional. ¿Con qué respaldo esperan contar para llegar a las mayorías cualificadas que exige el artículo 167 de la Constitución y que van más allá de la suma de votos de Ciudadanos y Partido Popular?

3.- “Nueva Ley electoral en la que se deberán integrar los siguientes principios: incremento de la proporcionalidad, listas desbloqueadas, reforma el sistema de voto desde el exterior”. ¿Cómo se alcanzaría la mayor proporcionalidad? ¿Aumentando el número de escaños a elegir? ¿Con otra fórmula electoral (Sainte-Laguë, por ejemplo)? ¿Reduciendo a uno el mínimo de diputados por provincia? ¿Se defiende un sistema similar al alemán? ¿Bastaría una reforma legal o habría que cambiar la Constitución?

En el caso de las listas desbloqueadas ¿sería un desbloqueo total o parcial en circunscripciones grandes como Madrid o Barcelona? ¿Cómo se combinaría con la previsión legal de equilibro de género en cada tramo de cinco puestos?

En cuanto al voto desde el exterior ¿se mantendría dicho voto con independencia del tiempo que lleve la persona fuera de España o si nunca ha vivido aquí?

4.- “Eliminar la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción política”. Igual que en la propuesta 1, ¿qué son delitos de corrupción política? ¿Se mantendría el indulto para cualquier otro delito (contra la vida, integridad física, libertad sexual, patrimonio, salud pública,…)? ¿Por qué no exigir que el indulto esté siempre motivado? ¿Por qué no se atribuye su concesión a un órgano judicial (Tribunal Supremo, por ejemplo) y se desvincula del Gobierno?

5.- “Limitación del mandato del Presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o 2 mandatos”. ¿Por qué no se extiende, por ejemplo, a los miembros de las Cortes Generales, a los Ministros,…?

6.- “Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular” ¿Por qué no se pacta esta medida con las demás formaciones políticas, dado que sin el Partido Popular se puede conseguir mayoría suficiente para crearla? Una vez creada la Comisión, ¿hay alguna otra condición o medida que pueda derivarse de las conclusiones?

Texto publicado en La Nueva España el 12 de agosto de 2016; La Opinión de Murcia el 13 de agosto y Diari de Girona el 15 de agosto.

Los grupos vulnerables en el cine (Jelo en verano 2016, III): las personas con discapacidad o en situación de dependencia.

En la tercera entrega del programa Jelo en verano 2016 nos ocupamos de la vulnerabilidad que puede afectar a las personas con alguna discapacidad física o psíquica o que se encuentran en situación de dependencia. 

Cabe recordar que la Convención de las Naciones Unidas de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad –ratificada por España el 3 de diciembre de 2007– las define como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Ese concepto ha sido incorporado al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en cuya Exposición de Motivos se dice que las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión” con restricción de sus derechos básicos y libertades obstaculizando su desarrollo personal y el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades  al progreso de la sociedad. El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy mujeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos. Existe, pues, un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos.

Por su parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, comienza su Exposición de Motivos diciendo que “la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”.

Es sabido que la aprobación de una norma no implica de manera necesaria que suponga una transformación de la realidad social que regula, máxime si no cuenta con la necesaria y continuada dotación económica, y buena prueba de ello la encontramos en la situación actual en España de las personas o en situación de dependencia, pues el Sistema de Atención a la Dependencia acumuló un recorte de 2.000 millones de euros entre 2011 y 2015, y unas 400.000 personas con derecho reconocido permanecen en lista de espera, lo que supone un incremento de 156.761 personas desde julio de 2012. Sobre la incidencia de la crisis en la atención a las personas y grupos vulnerables puede leerse el libro colectivo, que tuve la fortuna de coordinar, Crisis económica y atención a las personas y grupos vulnerables, Oviedo, 2012.

Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman (1975), y El hijo de la novia, de Juan José Campanella (2001), son dos ejemplos cinematográficos en los que se nos presenta la situación de personas  con una discapacidad mental o en situación de dependencia.

Un libro reciente que se ocupa, entre otras cosas, de la vida de dos personas con una discapacidad física es De vidas ajenas, de Emmanuel Carrère (puede verse esta entrada previa).

Sobre la cuestión del copago, véase el comentario de Julia Montserrat Codorniu: Efectos perversos del copago en las prestaciones de dependencia (Agenda pública, 16 de julio de 2016).

Los grupos vulnerables en el cine (Jelo en verano 2016, II): las personas menores de edad.

En el segundo programa de Jelo en verano (no está disponible todavía el enlace) sobre los grupos vulnerables en el cine nos ocupamos de las personas menores de edad, que están sometidas a potenciales condiciones de vulnerabilidad por la necesidad, especialmente durante los primeros años de vida, de recibir ayuda de personas mayores y también por las consecuencias que puede tener en su futura vida adulta una situación de exclusión padecida durante la infancia. Por este motivo existe una legislación interna (la “Ley del menor“) e internacional basada en la garantía del interés superior del menor; es decir, en que su interés sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado.

Conforme a la ley española, a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto: a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas. b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior. c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia. d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

Para ejemplificar en qué medida los derechos de las personas menores son vulnerados en todo tipo de sociedades de nuestros días hemos elegido dos películas: La vendedora de rosas y Mystic River.

La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria (1998), fue protagonizada por Leidy Tabares, hija de una madre con problemas graves de alcoholismo y con siete hijos de siete padres distintos. Leidy vivió en las calles de Medellín vendiendo rosas y su vida, junto a la de otros menores víctimas de abandono familiar e institucional, de abusos sexuales y laborales, de marginación y exclusión, se cuenta en esta durísima película. 

Mystic River, de Clint Eastwood (2003), muestra las terribles consecuencias de los abusos sexuales a menores a través de los padecidos por uno de ellos en la ciudad de Boston, cuya archidiócesis tuvo que pagar compensaciones millonarias por los reiterados casos de pederastia cometidos por varios sacerdotes. Por cierto, la película Spotlight, de Thomas McCarthy (2015), narra la investigación llevada a cabo por periodistas del diario The Boston Globe sobre el escándalo de abusos sexuales a menores en Massachusetts, encubiertos por el cardenal Law.

Un libro reciente que aborda otros temas vinculados a la vulnerabilidad de los menores y la necesidad de atender a su interés es la novela de Ian McEwan La ley del menor (Anagrama, 2015), a la que me he referido en esta entrada previa.

¿Puede ser Rajoy el gato político de Schrödinger?

El jueves 28 de julio, Mariano Rajoy aceptó ser candidato a la Presidencia del Gobierno de acuerdo con lo previsto en el artículo 99.1 de la Constitución. Sin embargo, fuentes del Gobierno y, por tanto, cuando menos, próximas a Mariano Rajoy, han declarado que tal cosa no le obliga a presentarse al debate de investidura si carece de los votos necesarios –mayoría absoluta en primera vuelta (176 votos) o simple en la segunda –más votos a favor que en contra-. Como argumento, abstruso donde los haya, han alegado que el artículo 99.2 –el que prevé que el candidato “expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”- se enmarca en un momento procesal que afecta a la dinámica parlamentaria (sic). En otras palabras, Rajoy sería una suerte de gato político de Schrödinger: podría ser candidato -estaría vivo- o no -estaría muerto- a la vez y no tendríamos respuesta mientras no se convoque la sesión de investidura

Pero a diferencia del felino de Schrödinger, a Rajoy nadie le metió en la caja de la investidura, pues el líder del partido más votado en las elecciones del pasado 26 de junio no estaba obligado ni política ni jurídicamente a asumir ese compromiso, como tampoco lo estaba tras los comicios del 20 de diciembre, momento en el que se descartó de manera expresa. Ahora bien, si en el momento presente ha aceptado meterse en la caja, un mínimo de lealtad constitucional le obliga a presentar un programa de gobierno y pedir la confianza del Congreso de los Diputados, pues la aceptación presupone que ya ha valorado previamente las posibilidades que tiene de ser investido y ha asumido el riesgo de no serlo. No se trata, pues, de aceptar el encargo y valorar luego si se presenta, sino de analizar y negociar los posibles apoyos y luego asumir el compromiso de intentarlo. Y se supone que algo le habrá contado al Rey al respecto para que éste le haya propuesto para el cargo a través de la Presidenta del Congreso. Es decir, y por seguir con la analogía del gato de Schrödinger, aquí no nos movemos en el mundo de las leyes cuánticas, donde cabe concebir un gato vivo y muerto al mismo tiempo, sino en el de las normas constitucionales, que “contaminan” los experimentos políticos.

Por estos motivos, me parece disparatado, en términos constitucionales, que se pueda demorar algunas semanas la sesión de investidura o que, llegado el caso, Mariano Rajoy decline presentarse ante el Congreso de los Diputados para pedir su confianza, incumpliendo así el mandato expreso del artículo 99.2. No obstante, si tal cosa ocurriera y Mariano Rajoy huyera de las responsabilidades que ha asumido no cabría “sanción” jurídica alguna, debiendo iniciarse un nuevo proceso de consultas del Rey con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, no empezando a contar el plazo de dos meses para la celebración de nuevas elecciones hasta que hubiera una primera votación de investidura fracasada.

Todo ello evidencia que, entre las numerosas y profundas reformas que precisa la Constitución de 1978, habría que modificar el artículo 99 de la Constitución, evitando, en la medida de lo posible, situaciones como la actual; una posible solución sería que el plazo de dos meses para convocar elecciones se contara desde la fecha de constitución del Congreso de los Diputados, lo que agilizaría el proceso y haría innecesaria una primera tentativa fracasada de investidura. Pero mientras tanto convendría que Rajoy, tan proclive a la perogrullada, ejerciera algo de decoherencia y pasara del mundo político cuántico al mundo político real, aclarando si está vivo o muerto políticamente.

Texto publicado en La Nueva España el 1 de agosto de 2016 y en Diari de Girona el 8 de agosto.

Los grupos vulnerables en el cine (Jelo en verano 2016, I): las personas solicitantes de asilo y refugio.

Como en años anteriores, el periodista Arturo Téllez, que dirige Julia en la Onda en verano, me ha invitado a participar en el programa con una sección sobre cine y derecho. Este año hablaremos de las personas y los grupos vulnerables y cómo aparecen reflejados en el cine, ocupándonos de los demandantes de asilo y refugio, los menores, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad y las que están en situación de pobreza.

En el primer programa hemos comentado qué es lo que define a un grupo vulnerable: se trata de un concepto relacional (depende de factores sociales, económicos, políticos, culturales,…); particular (las personas que pertenecen a ciertos grupos son más vulnerables que la ciudadanía en general), e implica un daño o estigmatización, que suele traducirse en una posición de desigualdad de derechos. Como ejemplos de grupos y personas vulnerables reconocidos como tales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pueden citar las personas con enfermedades mentales, los demandantes de asilo, enfermos de VIH, menores abandonados, personas con discapacidad física, mujeres que sufren violencia de género,…

Las causas de la vulnerabilidad son: a) fluctuantes (dependen de cambios sociales, legales, políticos, económicos,…); b) no son deterministas (dentro de un grupo vulnerable puede haber personas que no lo sean); c) hay causas físicas (enfermedades, por ejemplo), ideológicas, socioculturales (en materia de género u orientación sexual), económicas (pobreza,…).

Comenzando con las personas que piden asilo y refugio, hay que recordar que ese no es un derecho absoluto, como tampoco lo son la mayoría, pero está previsto en la Constitución española, en la legislación interna e internacional.

De acuerdo con la Ley española, el derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967. La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él. El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate.

Para mostrar la situación por la que pasan las personas que solicitan asilo hemos acudido a varias fuentes cinematográficas; una de las que creo que lo hace mejor es In this world, de Michael Winterbotton (2002), que narra el terrible viaje de dos afganos desde un campo de refugiados en Pakistán hasta Londres. Para hablar de los trámites que se deben cumplir por los demandantes de asilo parece muy adecuada La fortaresse, de Fernand Melgar (2008), que nos sitúa en Suiza. Finalmente, en 14 kilómetros (cuyos fragmentos son los que se reproducen en el programa de radio), de Gerardo Olivares (2007), vemos el viaje desde África hasta Europa de varias personas, entre ellas una joven que huye de un matrimonio forzado.

Como colofón a cada programa mencionaremos un libro que refleje bien el tema tratado; en el primer programa es Mediterráneo: el naufragio de Europa, del profesor Javier de Lucas, Tirant, 2016 (segunda edición).

Sobre cine y literatura en este ámbito véase esta entrada del blog del profesor Javier de Lucas; más información en https://refugiadosenelcine.wordpress.com/ 

Son también de sumo interés, entre otros, los siguientes artículos de análisis y divulgación: 

¿Tiene España un plan para la integración laboral de los refugiados y solicitantes de asilo?, de Albert Arcarons (Agenda Pública, 3 de mayo de 2016).

¿Deportación o expulsión de refugiados de la UE a Turquía?, de Eduard Segarra Trías (Agenda Pública, 3 de abril de 2016).

Crisis de refugiados en la UE: diez cuestiones sobre las que reflexionar, de Gemma Pinyol (Agenda Pública, 1 de marzo de 2016).

El derecho de asilo desde la perspectiva de género, de Patricia Bárcena (Agenda Pública, 10 de noviembre de 2015).

Los derechos de participación política en el cine (charla en el Curso de Verano que la Uned organiza en el Centro Penitenciario de Villabona).

Como una de las charlas que integran el Curso de Verano de la Uned Los derechos fundamentales a través del cine, dirigido por los profesores Fernando Reviriego y Juan Carlos Menéndez y que se desarrolla en el Centro Penitenciario de Villabona entre el 18 y el 20 de julio de 2016, he sido invitado a hablar de los derechos de participación política a través del cine. En las líneas siguientes resumiré el contenido de la charla e incluiré enlaces a los fragmentos cinematográficos empleados, que, como es obvio, son limitados en número y duración.

En primer lugar, hay que aclarar que la participación de la que se habla no es todo tipo de incidencia en asuntos públicos, sino que ha de tratarse de una intervención “política”, vinculada al ejercicio del poder soberano; por lo que quedan fuera participaciones como la sindical, la propia del ámbito educativo,… En ese ámbito, y como reconoce el artículo 23 de la Constitución española, la intervención puede ser directa o por medio de representantes elegidos en comicios periódicos y por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.

Una premisa ineludible para que la participación sea democrática es que se lleve a cabo dentro de un sistema que asegure una información adecuada y suficiente para saber lo que se está decidiendo y qué consecuencias cabe esperar, racionalmente, de esa decisión. Al respecto, y a propósito del papel que deben jugar los medios de comunicación, es muy recomendable -entre otras muchas- la película Buenas noches y buena suerte; en particular el conocido discurso de Edward R. Murrow.

En segundo lugar, es necesario que las distintas opciones políticas tengan ocasión de expresarse, además de en elecciones y referendos, en el discurrir cotidiano de la sociedad, donde cobra un valor especial el derecho fundamental de manifestación, que sirve al intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son una agrupación de personas, su duración transitoria, la licitud de su finalidad y el lugar público de su celebración. Y esta forma de ejercicio del derecho a discrepar con el orden establecido incluye, como ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la expresión pública de las propias ideas, “incluyendo naturalmente las opiniones provocadoras o despreciativas”. Y según ese mismo Tribunal, con palabras que ha reproducido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el hecho de que la sociedad pueda considerar ofensiva una expresión no es suficiente para suprimirla. Al contrario, ello puede ser un motivo para que esté constitucionalmente protegida. Sobre este derecho, véase aquí la manifestación que aparece en Tiempos modernos.

Otro derecho vinculado a la participación política es el de creación de partidos, que en España está amparado por los artículos 6 y 22 de la Constitución; el primero de ellos exige que la estructura y el funcionamiento de los partidos sean democráticos. Y es que, tratándose de entidades privadas, cumplen funciones públicas y reciben cuantiosas ayudas de los poderes públicos. La exigencia constitucional ha sido desarrollada en la Ley de Partidos (2002), que atribuye importantes funciones a la Asamblea General, exige elecciones internas por sufragio libre y secreto, control democrático de los dirigentes y una serie de derechos de los afiliados. En mi opinión, esta normativa es claramente insuficiente para garantizar esa democracia interna que impone la Constitución, por lo que me parece que serían convenientes nuevas previsiones; entre ellas, las siguientes: 1ª) la periodicidad de los congresos, que podría fijarse, como ha  previsto el legislador alemán, en dos años entre un congreso y el siguiente; 2ª) un procedimiento para que los afiliados o las organizaciones menores del partido puedan demandar ante los órganos jurisdiccionales ordinarios la convocatoria de los congresos cuando los órganos dirigentes se muestren renuentes a cumplir las previsiones estatutarias o legales; 3ª) la convocatoria de los congresos extraordinarios, asegurando al tiempo que pudiera instarse por parte de los militantes en un número que garantizase un apoyo relevante a la propuesta en el seno de la organización, pero no de una entidad tal que en la práctica hiciese imposible esa eventualidad; 4ª) el establecimiento de fórmulas, internas al partido y externas a él, dirigidas a hacer valer la voluntad manifestada por los afiliados y que no ha sido respetada por los compromisarios; 5ª) el fomento del derecho de presentación de propuestas y enmiendas como instrumento de expresión del pluralismo interno de la formación política y del necesario debate que ha de producirse en sus órganos supremos acerca de lo que constituyen las directrices generales de actuación política del partido; 6ª) la previsión de la fórmula de mayoría de votos como sistema ordinario de adopción de decisiones; 7ª) el carácter público del sufragio emitido por los compromisarios, y 8ª) la elección directa de los órganos del partido por parte de la asamblea general. Sobre la pluralidad de formaciones que pueden organizarse en torno a ideas similares y con denominaciones semejantes, véase este fragmento de La vida de Brian.

Entrando en materia electoral, una de las cuestiones claves para la articulación democrática de un sistema de elección de representantes es la de quién tiene derecho de voto. Superada la barrera de la discriminación de género, queda pendiente, al menos en mi opinión, la de la nacionalidad, pues los residentes permanentes en un país deben tener derecho de sufragio en las elecciones generales, sean o no nacionales. También está abierto el debate sobre la fijación de la mayoría de edad, pues hay un recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que aconseja estudiar su reducción a los 16 años. Un debate que ya tendría que estar cerrado -aunque tal cosa no es así en numerosos países (Gran Bretaña, Estados Unidos,…)- es del del derecho de voto de las personas internas en centros penitenciarios, que no debe ser menoscabado por esa circunstancia. Sobre la intolerable exclusión que supuso la negativa al sufragio de las mujeres versa la película Clara Campoamor, la mujer olvidada.

Otro aspecto relevante de un proceso electoral es la fase de explicación de programas (al menos, en teoría) y petición de voto, bien a través de mitines, encuentros informales con los electores, anuncios de publicidad en medios de comunicación, carteles y vallas en las calles… Una prohibición típicamente española que me parece carente de sentido es la prohibición de pedir el voto la jornada de reflexión y el día de las elecciones. Otro disparate habitual es la prohibición, por parte de las Juntas Electorales, de celebrar manifestaciones en esos días, olvidando que la política va más allá de las elecciones y que el derecho de manifestación no queda en suspenso durante esas jornadas. Sobre varias cuestiones vinculadas a las campañas electorales tratan estos fragmentos de El disputado voto del señor Cayo, Amanece que no es poco y un episodio de Los Simpsons.

Una tercera cuestión tiene que ver con la forma de ejercicio del voto, presencialmente, a distancia o por medios electrónicos. Sea cual sea la forma, debe asegurarse el carácter secreto y, en principio, libre del sufragio, que se corresponde con las voluntades de los electores y que no hay posibilidad de fraude electoral; sobre esta última cuestión vinculada al voto electrónico va este fragmento de un conocido capítulo de Los Simpsons.

Una forma diferente de participación es la que se lleva a cabo en consultas como los referendos y plebiscitos; en principio, y en teoría, en un referéndum está en juego la aprobación de una norma y el resultado es vinculante, mientras que en un plebiscito se vota una cuestión política y el resultado no es jurídicamente vinculante. No obstante, en España se ha venido llamando referendos a todas estas consultas, que, por otra parte, aquí han sido reguladas de manera muy restrictiva, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Italia, Estados Unidos, Suiza, Irlanda, Canadá, Gran Bretaña…

Una reciente, y polémica, consulta ha sido la que ha decidido la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, a cuyo objetivo se consagró el documental Brexit. The movie. Sobre lo que se puede decidir en un referéndum y, también, qué cargos cabe elegir en unas elecciones versa este fragmento de Amanece que no es poco.

Y, de momento, eso es todo amigos.

 pro_forma_uned_550x570

Los mandarines y la democracia.

Desde el momento en que se conocieron los resultados del referéndum celebrado en Gran Bretaña el pasado 26 de junio sobre la salida o permanencia del país en la Unión Europea no han cesado de publicarse opiniones muy críticas con la celebración de esta consulta e, incluso, con la convocatoria de casi cualquier referéndum, pues, por citar las palabras del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, “los referendos trasladan a la ciudadanía problemas que tienen que solucionar los políticos”.

Es obvio que se puede criticar la celebración de esa consulta, el modo en el que se desarrolló o su resultado; también, faltaría más, la de cualquier referéndum; de la misma manera, se puede censurar un concreto proceso electoral o la existencia misma de las elecciones. Pero lo que resulta casi imposible es justificar una crítica absoluta a los referendos o a las elecciones desde una perspectiva democrática. 

Los referendos son instrumentos de intervención política directa de los ciudadanos en la toma de decisiones relevantes para la sociedad y la Constitución española los incluye (artículo 23) en el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos aunque la configuración que realiza de los mismos el artículo 92 es extraordinariamente pacata: se les atribuye carácter consultivo y la convocatoria queda reservada al Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. No caben, aunque sí estaban previstos en el Anteproyecto de Constitución, los referendos por iniciativa popular y con capacidad para derogar leyes en vigor, pero, a pesar de que Pedro Sánchez no parezca saberlo, sí están previstos para “decisiones políticas de especial trascendencia”. 

Un referéndum en sí no es necesariamente democrático, como tampoco lo es un proceso electoral per se; para serlo uno y otro habrán de cumplir una serie de requisitos sobradamente conocidos: sufragio universal, información clara sobre lo que se vota y sobre las previsibles consecuencias, igualdad de oportunidades para las opciones en presencia, un sistema de garantías que evite el fraude, escrutinio público e independiente… Insisto en que, a pesar de todo, uno puede estar en contra de los referendos y de las elecciones pero si presume de demócrata parece poco coherente que descalifique genéricamente una y otra forma de participar en los asuntos públicos. Y si lo que se pone en duda es una concreta elección o un proceso consultivo, entonces una mínima dosis de coherencia exige que las objeciones se formulen en el momento adecuado pero no exclusivamente cuando se constata que los resultados no han sido los que uno esperaba.

Sin embargo, muchos de los que ahora consideran abominable una consulta como la celebrada en Gran Bretaña el 23 de junio nada dijeron hasta bien entrado el día 24; tampoco consideraron demagógica, estúpida o irresponsable la convocatoria del referéndum sobre la posible independencia de Escocia del 18 de septiembre de 2014. Es más, como sostiene Javier Marías en El País Semanal del 10 de julio de 2016, se llega a decir que hay “cuestiones –poquísimas-para las que sí conviene un referéndum, como la independencia de Escocia o la del Quebec, dada la trascendencia de la decisión”, pero la consulta del Brexit es, según este escritor, un ejemplo de “demagogia directa”; por cierto, no se pronuncia si un hipotético referéndum en Cataluña sería algo democrático o demagógico. En suma, que consultar a la gente es algo que hay que hacer con mucho cuidado porque el personal es irreflexivo, de una vanidad ilimitada, y proliferan incautos y narcisistas que quieren hacer notar su peso en cualquier imbecilidad (Marías dixit).

Se ignora así que los referendos existen, y funcionan razonablemente bien, no en reinos imaginarios, sino en Estados democráticos consolidados; por mencionar algunos, además del tópico ejemplo de Suiza, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Chile, Irlanda, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca, la propia Gran Bretaña, Austria,…

No pongo en duda que las consecuencias finales de una consulta popular pueden ser desastrosas incluso para los propios que sostuvieron con su voto el resultado final de la misma, pero ni las mismas son necesariamente irreversibles ni invalidan de manera absoluta ese tipo de procesos. ¿O es que las elecciones presidenciales norteamericanas del próximo 8 de noviembre no pueden generar un resultado calamitoso? O, puestos a buscar un precedente bien conocido, ¿no fueron abominables los votos que convirtieron al Partido Nazi en el más votado en los comicios parlamentarios de 5 de marzo de 1933? Yo diría que sí, pero no concluiría que, dado que unas elecciones permiten que alguien como Hitler llegue al poder, lo que hay que hacer es acabar con todos los procesos electorales. Habrá que garantizar que se desarrollan en las condiciones adecuadas, evitando, por citar un ejemplo bien reciente, irregularidades como las que obligarán a repetir las elecciones presidenciales austríacas.

Sin embargo, manteniendo el mismo paternalismo insoportable que durante el proceso constituyente de 1978 cercenó los mecanismos de participación política directa, hay no pocos mandarines en España empeñados en defender que el “imbécil, incauto y narcisista” que vota en un referendo es, sin embargo, un tipo sensato, inteligente y con criterio cuando elige a quienes van a ser sus representantes y/o gobernantes.

El disputado voto del señor Nebot.

Cuenta E. Vélez en la sección Oviedo de LA NUEVA ESPAÑA del pasado 28 de junio que “José Manuel Nebot acudió el domingo por la mañana a votar y solo pudo meter las papeletas cuando nada más que faltaba un cuarto de hora para el cierre, a las ocho de la tarde. No es que hubiese una cola enorme ante su mesa o que se parase a saludar a conocidos y viejos camaradas en los pasillos del colegio Pablo Miaja, en la calle General Elorza. Es que a este reconocido fotógrafo y simpatizante del PCE le negaron el derecho al sufragio al creer que no estaba en plenas facultades mentales. Lo logró gracias a un informe favorable del psiquiatra Guillermo Rendueles tras el empeño de su hija, Ana Nebot, “en luchar por lo que es justo”. Resulta que una vocal y el presidente de la Mesa electoral decidieron que ese “señor no está apto para votar”.

El manido adjetivo de kafkiano tiene aquí pleno sentido pues, a pesar de la convicción de los miembros de la Mesa electoral de que la ley les otorga la “atribución de conceder o denegar el voto”, tal cosa es del todo falsa y no podría ser de otro modo, pues el ejercicio de un derecho fundamental como el sufragio no puede depender de la decisión discrecional de ese órgano de la Administración electoral, máxime cuando se trata de un acto que por la perentoriedad de la jornada electoral no podría gozar de la tutela judicial necesaria.

Resulta sorprendente y, sobre todo, preocupante que después de haberse desarrollado decenas de procesos electorales generales, autonómicos, municipales y europeos, todavía no se conozca por parte de quienes forman las mesas electorales cuál es el alcance de su función. Y ello pese a que, para el caso que nos ocupa, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es clara en su artículo 3: “Carecen de derecho de sufragio:… b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. c) Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento, siempre que en la autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 2. A los efectos previstos en este artículo, los Jueces o Tribunales que entiendan de los procedimientos de incapacitación o internamiento deberán pronunciarse expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio de sufragio. En el supuesto de que ésta sea apreciada, lo comunicarán al Registro Civil para que se proceda a la anotación correspondiente.”

La regla es que toda persona mayor de 18 años y nacionalidad española tiene derecho de voto en las elecciones generales, quedando impedidos para ejercerlo quienes se encuentren en alguna de las concretas circunstancias descritas que, de forma meridiana, requieren una intervención judicial previa, bien para declaración expresa de incapacidad bien para el internamiento en un hospital psiquiátrico. Y tal cosa ha sido reiterada por la Junta Electoral Central, que ha resuelto que el artículo 3.1. apartados b) y C), de la Ley Electoral priva del derecho de sufragio a los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio, y a los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento y siempre que en la autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el derecho de sufragio, por lo que, en todo caso, no cabe privar del derecho de sufragio ni excluir de las listas del censo electoral sin la previa resolución judicial prevista en el citado precepto, procediendo instar la citada resolución solamente a quienes, conforme al Código Civil y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, estén legitimados para ello. 

En precepto alguno de la LOREG se habilita a los miembros de la mesa para constituirse en una suerte de tribunal médico autorizado para valorar la capacidad psíquica de los electores. Lo que deben hacer es (art. 86 LOREG) comprobar, por el examen de las listas del censo electoral o de las certificaciones aportadas, el derecho a votar del elector, así como su identidad. Únicamente cuando existan dudas sobre la identidad, la Mesa, a la vista de los documentos acreditativos y del testimonio que puedan presentar los electores presentes, decide por mayoría (art. 85); es decir, la Mesa puede “votar” si se acredita la identidad del elector pero, en ningún caso, puede someter a decisión su idoneidad para votar. Si está en las listas del censo y acredita la identidad deben facilitarle el ejercicio, pues de otro modo pueden llegar a cometer un delito electoral.

El señor Nebot pudo finalmente votar porque el psiquiatra Rendueles certificó su plena capacidad. No habría que haber requerido al psiquiatra ni el señor Nebot ni su familia tendrían que haber, literalmente, disputado el ejercicio de su derecho fundamental. Bastaba con que los miembros de la mesa tuvieran a mano la LOREG y, como exige la propia ley electoral, supieran leer.

Texto publicado en La Nueva España el 30 de junio de 2016.

voto-peleado

Foto de Ana Nebot.

Sobre las reglas del juego del “Brexit”.

1.- El resultado de una consulta popular no la hace más o menos democrática; la decisión de salir de la Unión Europea es tan democrática como lo sería la de permanecer. Lo relevante es el procedimiento y éste exige que la pregunta sea clara y que las personas con derecho de voto cuenten con la información suficiente para saber qué se está decidiendo y qué consecuencias cabe esperar de una u otra. Es probable que en este caso no toda la información estuviera sobre “la mesa” o que en el debate público se colaran mentiras y manipulaciones pero en una sociedad plural existen medios de información diferentes y los propios poderes públicos son los primeros que deben garantizar la existencia de un mínimo conocimiento informado de los intereses en presencia. En consecuencia, parece de “mal perdedor” criticar la consulta si el resultado es distinto al esperado y/o querido.

2.- Entre las reglas del juego que presiden una consulta popular puede establecerse, dada la relevancia de la decisión y su no fácil revocabilidad, un quórum mínimo de participación e, incluso, una mayoría cualificada para que la decisión final sea vinculante; por ejemplo, que participe al menos la mitad del electorado y que la tesis mayoritaria lo sea, como mínimo, con la mitad más uno de los votos. Podría, puestos a ser muy exigentes, requerirse una mayoría superior para la salida –alteración del statu quo- que para la permanencia, pero, sin entrar ahora en esa minoración de la regla de la equivalencia de las opciones, tal cosa ha de saberse antes de la consulta, no siendo argumento para deslegitimarla que el 51,9 se imponga al 48,1.

3.- En relación con el cuestionamiento de la propia institución del referéndum para tomar decisiones de esta índole, la conclusión coherente sería sostener que esos ciudadanos que votan “así” en estas consultas no están tampoco capacitados para elegir “de manera inteligente” en un proceso electoral; postulen, pues, el sufragio “capacitario”.

4.- Decía Thomas Jefferson que el Estado es un asunto moral para el labrador y para el profesor. El primero lo decidirá tan bien como el segundo. La pertenencia a la Unión Europea no es de mayor calado moral, por lo que la decisión del labrador de Gales es tan buena como la del banquero de la City.

5.- Pero admitiendo el argumento de que en una consulta popular se pueden tomar “decisiones equivocadas”, el riesgo de que tal cosa ocurra no desaparece con la eliminación de los mecanismos de participación ciudadana, pues si en una sociedad ha calado hasta ese punto una determinada idea no es descartable que esa misma medida sea tomada en sede representativa por los que dicen expresar la voluntad del pueblo.

6.- Que en la “cuna del parlamentarismo” se hayan celebrado en menos de dos años dos consultas populares extraordinariamente importantes (sobre la independencia de Escocia y sobre la salida de la Unión Europea) evidencia que la “fatiga del parlamentarismo” de la que hablaba Hans Kelsen hace casi 100 años puede combatirse fortaleciendo el elemento democrático al hacer “partícipe [al pueblo] en la legislación en mayor medida de lo que es común en el sistema del parlamentarismo donde el pueblo queda limitado al acto de la elección” (Esencia y valor de la democracia).

7.- Resulta impensable, en términos democráticos, que el Parlamento pueda “desoír” lo que ha decidido el electorado británico.

8.- También resulta impensable, en términos democráticos británicos, que un Primer Ministro que “pierde” una consulta de este tipo permanezca en su cargo pocos minutos después de conocerse los resultados oficiales. Sería saludable que en nuestro país se tomara nota de esa parte de la “lección” y no exclusivamente por quien desempeña cargos institucionales; también por el que encabeza una opción política o electoral derrotada claramente en las urnas. Estaremos atentos a lo que ocurre la noche del 26 de junio.

9.- Si un grupo no despreciable de ciudadanos de un país (17.410.742 británicos) prefiere no seguir perteneciendo a un club que, como diría Groucho Marx, admite a gente como ellos, quizá los demás miembros del club deberían preguntarse si no tienen una idea demasiado elevada de lo que esa pertenencia supone.

10.- Cualquier proceso de construcción política –habría que asegurarse de que la Unión Europea lo es- está jalonado de avances y retrocesos, de inclusiones y exclusiones. Por ello, la salida del Reino Unido no es el fin de la Unión Europea; pero sí puede ser una muestra de que la Unión Europea todavía no ha conseguido ser esa “patria mayor” que reclamaba Albert Camus.

Texto publicado en La Nueva España el 26 de junio de 2016.