Acerca de Miguel Ángel Presno Linera

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Professor of Constitutional Law at the University of Oviedo. Acreditado como Catedrático. presno@uniovi.es; presnolinera@gmail.com http://www.facebook.com/groups/175417585871847/?ref=ts&fref=ts

Los derechos humanos en España: un balance crítico.

Acaba de ser publicado el libro “Los derechos humanos en España: un balance crítico“, que ha sido coordinado por el profesor Fernando Rey, prologado por Javier de Lucas y en cuya elaboración hemos participado 25 personas de universidades y entidades vinculadas a la tutela de los derechos humanos.

Es este libro-informe se plantean, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cumple España. en la actualidad. los estándares internacionales de derechos humanos? ¿Cuáles son las luces y las sombras de la protección de los derechos en nuestro ordenamiento? ¿Qué aspectos son mejorables y cómo?

Se trata de una obra original por diversos motivos. Primero, porque su examen pretende abarcar todos los derechos. los civiles. los políticos y también los sociales. aunque. obviamente. no de modo exhaustivo. Segundo, aunque sus autores son 25 profesores y expertos de 7 Universidades y el formato aspira al máximo rigor académico, es un libro dirigido a proporcionar ideas para mejorar el sistema español de derechos humanos. Los autores tienen diversas sensibilidades ideológicas. Y sus eventuales destinatarios no son sólo los profesionales del Derecho. sino todos los que trabajan o les interesa la materia derechos humanos, además de, como se ha dicho, los actores políticos.

En este articulo, publicado el 28 de abril en Agenda Pública, el coordinador del libro explica con más detalle el texto y el contexto del trabajo realizado.

A la memoria de Félix Menéndez, bibliotecario de Vegadeo.

Acaba de morir Félix Menéndez González; en su esquela se puede leer “Bibliotecario de Vegadeo”. Quien no haya tenido la inmensa fortuna de conocerle es posible que no sepa el grado de implicación, compromiso, entrega y amor por su trabajo que tuvo Félix y lo que le debe la vida cultural –valga la redundancia- de una y otra orilla del río Eo.

Las últimas décadas de la Casa de Cultura de Vegadeo y de su trepidante actividad en forma de recitales poéticos, conferencias, debates, exposiciones, actuaciones musicales, ciclos cinematográficos, clubes de lectura, presentaciones,…, serían algo quimérico de no haber estado ahí Félix, una persona siempre disponible para implicarse en todo lo que de una u otra manera generara reflexión, conocimiento, divulgación; en definitiva,  diversión, lo que, de forma inevitable, implicaba para él mucho más tiempo y dedicación que los propios de sus obligaciones laborales.

Cualquiera que se acercase a la Casa de Cultura de Vegadeo encontraba allí un interlocutor y un amigo, que dedicaba el mismo tiempo y atención a niños y niñas que se iniciaban en la lectura y a personas que acudían desde siempre a leer los periódicos a última hora de la tarde, a buscar una recomendación bibliográfica, a utilizar el servicio de Internet o, lo más importante, a conversar con un hombre lúcido y generoso. Félix era una persona tan activa y entusiasta como extraordinariamente discreta y humilde, una persona que con su manera de ser y su trabajo ha marcado una época y una forma de hacer las cosas, una persona cuya ausencia genera un enorme desamparo.

En su Prólogo a  “Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas”, María Moliner decía, hablando para los bibliotecarios, “en vuestro pueblo la gente no es más cerril que en otros pueblos de España ni que en otros pueblos del mundo. Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento, y cómo invariablemente responden: ¡Eso, eso es lo que nos hace falta: cultura”.

Cuando Félix, natural de Alava (Salas), llegó a Vegadeo lo hizo sabiendo que el éxito de una biblioteca depende en gran medida de la persona que está al frente y con la convicción, también reclamada por María Moliner, de que “el bibliotecario, para poner entusiasmo en su tarea, necesita creer en estas dos cosas: en la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a quien va a servir, y en la eficacia de su propia misión para contribuir a este mejoramiento”. Félix, que era uno de la larga lista de bibliotecarios y bibliotecarias entusiastas a los que tantas veces ignoramos cuando no despreciamos, estaba convencido de lo primero y dedicó su vida a lo segundo.

Para el martes 14 de abril estaba anunciada una actividad más de los clubes de lectura que Félix Menéndez promovió hace 13 años: el coloquio sobre la obra de Javier Marías “Así empieza lo malo”. Nada hubiera querido menos Félix que con su repentina y dolorosa marcha empezara lo malo. Y una prueba, por si hiciera falta, son las palabras que me permito tomar de su perfil en Facebook y que fueron escritas el 31 de diciembre de 2014: “Neste día gustaríame pedirlle al 2015 qu’empuxase un pouquin el sol pra poder velo aquí, nel camín de Miou. Como sei que nun é posible, pedireille algo de máis xeito: que se deixe aproveitar. Aproveitádelo entòncias”.

Texto también publicado en La Nueva España el 14 de abril de 2015.

 Félix

Pensamiento de grupo.

Irving L. Janis fue un relevante psicólogo norteamericano, profesor de la Universidad de Yale y, ya emérito, de la Universidad de Berkeley, que publicó varios estudios sobre los problemas sociales y políticos que genera el “pensamiento grupal” –Victims of Groupthink (1972), Decision Making (1977), Groupthink (1982),…-, continuando así una línea de investigación iniciada con los trabajos de autores como Bion, Lewin, Kelley…

Janis empleó las palabras “pensamiento de grupo” en un sentido similar a términos como “doblepensar” o “crimenpensar”, acuñados por George Orwell en 1984: con una connotación negativa; en particular, para referirse al deterioro de la eficacia mental, de la capacidad de contrastación de la realidad y del juicio moral que se producen en organizaciones colectivas como resultado de las presiones endogrupales.

Viendo cómo funcionan algunas organizaciones políticas de nuestro país no parece exagerado afirmar que el pensamiento de grupo goza, por desgracia, de muy buena salud, lo que no quiere decir que todo grupo cohesionado esté aquejado de esta patología, que, por otra parte, afecta también a personas bienintencionadas y que buscan lo mejor para la sociedad. Pero, ¿cuáles son los síntomas del pensamiento grupal y qué trastornos provocan en esa organización y en el entorno social y político?

En primer lugar, una cierta sensación de invulnerabilidad: si el líder y los integrantes del grupo toman una decisión o diseñan un plan, éste tendrá éxito sin duda, incluso aunque se trate de una decisión arriesgada, pues en ese caso “la suerte estará de nuestro lado”. Y es que los integrantes del grupo suelen ser reacios a evaluar críticamente los límites de su poder y las pérdidas que podría suponer un análisis erróneo. Además, tienden a considerar a las personas ajenas al grupo como débiles y estúpidas.

En segundo lugar, existe una ilusión compartida de unanimidad: quien lidera el grupo y los integrantes del mismo se respaldan exagerando las áreas de convergencia, al tiempo que se evitan divergencias que pudieran afectar a la unidad grupal. En palabras de Janis, es evidente que resulta mucho más agradable sentirse en una atmósfera balsámica que estar inmerso en una tormenta.

En tercer lugar, se procede de manera sistemática a la supresión de dudas personales: la unidad del grupo quedará preservada si sus miembros se autocensuran y callan sus reticencias por temor a ser considerados débiles o cobardes por los demás.

Es frecuente, en cuarto lugar, que florezcan los “guardianes de la mente”, los aplicados miembros que se esfuerzan en suprimir cualquier punto de vista alternativo, ejerciendo presión sobre los disidentes para que, cuando menos, éstos silencien sus opiniones críticas o escépticas.

Otro síntoma es la presencia de liderazgos presuntamente amables que manipulan la agenda del grupo o el orden del día de las reuniones para que no se presente la oportunidad de cuestionar las presuntas ventajas de un plan trazado de antemano e, inevitablemente, ganador.

Finalmente, pero no en último lugar, suele florecer, entre la mayoría del grupo, el tabú a enfrentarse a los miembros de la organización que son considerados valiosos, cuyas opiniones y puntos de vista gozan de presunción de veracidad.

Si todos o la mayoría de estos síntomas se presentan en una organización política el resultado es fácilmente predecible: tendremos una entidad dócil, adocenada, inoperante y proclive a tomar decisiones estúpidas, que, como tales, perjudicarán a la sociedad y al propio grupo que las promueve.

Con todo ello no pretendo decir que una organización política tenga que estar en efervescencia constante, sino que conviene adoptar métodos de organización y funcionamiento que hagan realidad lo de que, parafraseando el título de un famoso libro de James Surowiecki, cien son mejor que uno; por ejemplo: contando con una pluralidad de opiniones y puntos de vista; promoviendo la independencia de criterios, de manera que a priori la opinión de una persona no valga más que la de los otros miembros del grupo; asumiendo cierta modestia que evite la sobrestimación de las propias capacidades y conocimientos y la minusvaloración de las otras organizaciones,…, y todo ello al servicio de una serie de criterios y propuestas que permitan hacer de la suma de opiniones individuales una opinión común.

Quizá sea mucho pedir que, como reclamaba Albert Camus, exista un partido que integre a las personas que no están seguras de tener razón, pero, al menos, exijamos que se forme en cada uno de ellos una corriente de opinión de ese tipo.

Texto publicado en La Nueva España el 11 de abril de 2015.

Hablemos de regeneración democrática… y hagámosla.

En los últimos tiempos hablar de regeneración democrática se ha convertido en un lugar común en diferentes ámbitos: político, institucional, informativo, académico… Eso sí, difiere la valoración de hasta qué punto la democracia ha languidecido y cómo se puede revitalizar. En mi opinión, las causas de esa decadencia tienen que ver tanto con las normas como con las formas: en cuanto a las primeras, cabe recordar, a título de meros ejemplos y sin ánimo exhaustivo, que la Constitución y la legislación que la desarrolla han optado por un sistema que fomenta la desigualdad del valor del voto, que provoca mayorías parlamentarias que no se corresponden con la pluralidad social (un partido con el 44% de los votantes tiene el 53% de los escaños) y que atribuye escasa presencia a los ciudadanos en la selección de las candidaturas; además, se han postergado al máximo los instrumentos de participación directa de la ciudadanía, se ha propiciado la ocupación partidista de instituciones no políticas y se han tapiado las vías para que exista un cierto control del Gobierno, dejando en manos de la mayoría que lo apoya la decisión de exigirle responsabilidad y poniendo todo tipo de medios para que la ciudadanía permanezca ignorante de lo que ocurre en instituciones que, teóricamente, la representan.

La regresión normativa se ha extendido al ámbito del Estado social, como se comprueba cada día con los recortes en la sanidad, las prestaciones sociales, la protección por desempleo y la atención a las personas y grupos más vulnerables, e, incluso, al propio Estado de derecho, cobijando desde amnistías fiscales hasta indultos sonrojantes.

En materia de formas la degradación no ha sido menor: no hace falta una Ley de transparencia para que las Administraciones faciliten a los ciudadanos una información que, en tanto pública, ya les pertenece; tampoco es preciso cambiar norma alguna para que los partidos funcionen democráticamente, para que no se sirva de manera espuria a intereses privados o para que quienes ocupan cargos políticos rindan cuentas de manera periódica de su gestión o dimitan si han cometido no ya un delito sino un error grave. Claro que no todo ha sido culpa de los “políticos”; los ciudadanos, en general, hemos asistido a este proceso con actitud silenciosa o, en el peor de los casos, cómplice.

Si se acepta que las anteriores son algunas de las causas que explican la situación actual, habrá que actuar tanto sobre unas como sobre otras y convendría ponerse manos a la obra de inmediato tanto para reformar las normas como para mudar las formas.

En el plano normativo me parece claro que habría que articular un sistema electoral que genere unos resultados más representativos (introduciendo mayor proporcionalidad, desbloqueando las listas electorales,…) e inclusivos (reconocimiento del sufragio a personas extranjeras con residencia permanente, rebaja de la edad electoral a 16 años); modificar instrumentos  que se han venido usando para evitar el debate plural y público en sede parlamentaria (si atendemos al número de Decretos-leyes aprobados hay que concluir que vivimos en una situación de “excepcionalidad permanente”); habría que reformar unas prerrogativas parlamentarias que han devenido en privilegios (inmunidad y fuero jurisdiccional) e introducir mecanismos que hagan posible el efectivo control parlamentario del Gobierno (creación de comisiones de investigación a petición del 25% de la Cámara; comparecencia obligada de los miembros del Gobierno a solicitud de ese mismo porcentaje de parlamentarios,…), intensificar la actividad parlamentaria (agosto como único mes sin actividad ordinaria) y evitar la opacidad institucional (¿cómo se explica democráticamente que pueda haber en las Cámaras sesiones o votaciones secretas o que no se conozca en qué se emplea el dinero que reciben los Grupos Parlamentarios?) y la que ha venido amparando la financiación ilegal de los partidos.

La dignificación del ejercicio de los cargos representativos pasa también por asegurar la dedicación exclusiva a un cargo electo, introduciendo incompatibilidades estrictas entre los cargos de concejal o alcalde y parlamentario e, incluso, entre la de diputado y miembro del Gobierno respectivo, incorporando la figura de la sustitución temporal de los diputados nombrados consejeros o ministros. La sustitución temporal habría que aplicarla también, y de forma obligatoria, en casos de apertura de juicio penal contra parlamentarios y, opcionalmente, en supuestos de maternidad, enfermedad prolongada… Conviene debatir también la incorporación de la limitación del número de mandatos públicos que se pueden ejercer y acabar con las puertas giratorias entre las instituciones públicas (de los Gobiernos o Parlamentos al Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, los Tribunales de Cuentas y las Defensorías del Pueblo estatales y autonómicas) y entre éstas y las empresas privadas.

En este mismo plano no hay que olvidar que una democracia de calidad presupone la obviedad de que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones –Estado de derecho-y que exista una ciudadanía con una vida digna –Estado social-, premisas que hoy están lejos de ser una realidad. En el segundo caso, asegurar en términos constitucionales el disfrute de derechos como la sanidad, la vivienda y las prestaciones sociales es también exigencia inherente a la regeneración democrática.

Finalmente, aunque no en último lugar, es indispensable que tanto responsables políticos como ciudadanos nos dotemos de auténtica cultura democrática, lo que pasa por formas cívicas tan elementales en teoría como muchas veces ignoradas en la práctica: respeto a la pluralidad social, cultural y política, lealtad con el adversario, sinceridad en el diálogo, honestidad profesional, compromiso con la palabra dada, transparencia, rendición de cuentas, asunción de los errores,… Aunque fueron dichas en otro contexto, siguen siendo válidas las palabras de Camus: saber decir no, esforzarse cada uno desde su puesto en crear los valores vitales de los que ninguna renovación podrá prescindir, mantener lo que vale, preparar lo que merece vivirse… son motivos de renovación y esperanza.

Texto publicado en La Nueva España el 22 de marzo de 2015.

Estudios para una propuesta de Proyecto de Ley reguladora del derecho a una vivienda digna.

En el año 2009 tuve la oportunidad de realizar, con mis compañeros Francisco Bastida Freijedo y Benito Aláez Corral, un informe titulado Estudios para una propuesta de Proyecto de Ley reguladora del derecho a una vivienda digna (puede descargarse en formato pdf), a solicitud de la Administración del Principado de Asturias.

No se llegó a aprobar un Proyecto de Ley en esta materia; tampoco este informe se publicó hasta ahora. Como es obvio, algunas cosas han quedado obsoletas pero puede tener algún interés la parte relativa a los modelos comparados de regulación constitucional y legal del derecho a una vivienda digna, así como el marco constitucional y legal español.

Los índices de impacto de las revistas jurídicas. Fraude y negocio.

Incluyo en esta entrada el trabajo “Los índices de impacto de las revistas jurídicas. Fraude y negocio” (puede descargarse en formato pdf) publicado en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº  50, 2015, págs. 58 a 67, por Ignacio Fernández Sarasola, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Director de la Biblioteca Virtual de Historia Constitucional “Francisco Martínez Marina”, Director Científico del portal “La Constitución española de 1812”, en la Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes” y Secretario de “Historia Constitucional”.

El referéndum consultivo en España: reflexiones críticas y algunas propuestas de futuro (texto de la profesora Paloma Requejo).

Hace pocas fechas se publicó en Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto (vol. 62, nº 1, 2014) un trabajo de Paloma Requejo, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que me parece de especial interés; se titula “El referéndum consultivo en España: reflexiones críticas y algunas propuestas de futuro” (puede descargarse en formato pdf). 

En este estudio, además de analizar las propuestas de reforma presentadas por el Grupo parlamentario mixto y por el Grupo parlamentario «La Izquierda Plural» y por la Junta General del Principado de Asturias, se explica que la actual regulación del referéndum consultivo en el artículo 92 de la Constitución y en la Ley orgánica que lo desarrolla presenta algunas carencias merecedoras de reflexión. Más allá de la mejora de concretas cuestiones procedimentales, en términos de calidad democrática parece conveniente su potenciación, incorporando junto a estas consultas sobre decisiones políticas de especial trascendencia referendos estatales de tipo legislativo y permitiendo a la ciudadanía poner en marcha estos instrumentos de participación directa. 

¿Derechos sociales fundamentales? Charla en la Fundación Adsis Asturias.

El 3 de marzo tuve ocasión de participar con una charla en una actividad organizada por la Fundación Adsis Asturias; el título de la charla fue ¿Derechos sociales fundamentales? (puede descargarse la presentación en formato pdf).

A modo de resumen cabria decir que

1.- La reforma de la Constitución española es posible pero el procedimiento actual es demasiado rígido y dificulta su adaptación a las necesidades vigentes. 

2.- Los derechos sociales no son esencialmente distintos a los derechos civiles (libertad, seguridad) y políticos (derecho de voto, creación de partidos,…). 

3.- Los derechos sociales pueden ser derechos fundamentales (la educación ya lo es).

4.- Transformar en derechos fundamentales a derechos sociales como la salud, la vivienda, las prestaciones sociales, la atención a las personas en situación de dependencia,… nos proporcionaría una sociedad más justa e igual, dotada de más dignidad humana.

5.- Convertir un derecho en fundamental implica la exigibilidad inmediata por los titulares de los derechos y la obligatoriedad de su prestación por parte de los poderes públicos.

6.- Su coste no es una objeción insalvable: todos los derechos cuestan (acceder a la justicia, organizar elecciones, proteger la libertad,…).

7.- El derecho a la salud tendría que incluir información y prestaciones, incluidos los cuidados paliativos y la opción por una muerte digna.

8.- En el derecho a la seguridad social estarían prestaciones para los casos de enfermedad e incapacidad laboral, desempleo, jubilación, viudedad y orfandad.

9.- El derecho a la vivienda incluiría condiciones mínimas de habitabilidad, prestaciones económicas y materiales fijadas anualmente, y la tutela judicial y social frente a los desalojos forzosos.

10.- El derecho a las prestaciones sociales garantizaría condiciones mínimas de existencia a través de recursos materiales y económicos

Aquí se puede leer la información al respecto que ofreció el diario El comercio.

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Derecho de voto y discapacidad mental.

Como es bien conocido, estamos en el año electoralmente más relevante desde 1977: a lo largo de 2015 habrá elecciones en 15 parlamentos autonómicos, en todos los municipios y se renovarán el Congreso de los Diputados y el Senado. En estos procesos podrán participar, con carácter general, las personas españolas mayores de edad con capacidad de autodeterminación política, lo que implica la exclusión de los extranjeros, los menores de edad y los mayores incapacitados. Sobre el no reconocimiento del sufragio en elecciones autonómicas y generales a los extranjeros residentes, injustificable en términos democráticos en mi opinión, y a propósito de la conveniencia de rebajar la edad electoral como instrumento para fomentar la participación política hemos hablado en otras ocasiones; hoy nos referiremos al sufragio de las personas con una discapacidad mental, que en no pocas ocasiones se encuentran con dificultades a la hora de votar.

Para empezar, hay que decir que el caso Alajos Kiss contra Hungría, de 20 de mayo de 2010, que trae causa de la aplicación al demandante del artículo 70.5 de la Constitución de Hungría –las personas bajo tutela total o parcial no tienen derecho a votar-, es uno de los que ha servido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para empezar a construir el concepto de grupo vulnerable: “… si se aplica una restricción de derechos fundamentales a un colectivo especialmente vulnerable de la sociedad como el de los discapacitados mentales, que ya ha sido objeto de una considerable discriminación en el pasado, el margen de apreciación del Estado es sustancialmente más estrecho y deberá contar con razones de peso para las restricciones en cuestión…”

Este concepto emergente de grupo vulnerable se comenzó a construir  por la jurisprudencia europea a principios de este siglo a propósito de la minoría gitana y se ha ido consolidando con relación a las personas con discapacidad mental, los demandantes de asilo y las personas portadoras del virus VIH. La vulnerabilidad se va definiendo así como un concepto relacional -depende de factores históricos, sociales e institucionales-; particular -las personas que pertenecen a estos grupos son más vulnerables que otras- y que implica un daño o estigmatización, especialmente en un contexto de discriminación.

La razón de este enfoque, que cuestiona ciertas clasificaciones en sí mismas, reside en que colectivos como los formados por personas con una discapacidad mental, los demandantes de asilo, los enfermos de VIH,…  han sido objeto de prejuicios con consecuencias a largo plazo, que han provocado su exclusión social.

Pues bien, en lo que las personas con una discapacidad mental se refiere, hay que recordar que una vez se ha alcanzado la edad mínima para votar, únicamente se las puede excluir de esa forma de participación política si carecen de las condiciones intelectivas necesarias para que su intervención sea libre; es decir, para que sea expresión de una voluntad con capacidad reflexiva y de discernimiento; por este motivo no es contraria al principio democrático la exclusión de las personas declaradas incapaces de la toma de las decisiones políticas.

Pero esta   exclusión no debe ser automática, sino que ha de realizarse a través de un procedimiento en el que se constate de manera expresa la incapacidad específica de esa persona para el ejercicio del sufragio. Y ha sido precisamente la ausencia de un procedimiento garantista e individualizado sobre la efectiva capacidad de autodeterminación política lo que ha censurado el TEDH por considerar tal cosa contraria al derecho a participar en unas elecciones libres, derecho, recuerda, que “no es un privilegio”. En palabras de ese Tribunal, que nos vinculan como Estado miembro del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una eliminación indiscriminada del derecho a voto, sin una evaluación judicial individualizada y expresa, no es compatible con las bases legítimas para restringir el derecho a voto.

Y es que privar del sufragio a una persona por razón de una enfermedad mental, y sin atender a si esa circunstancia merma su capacidad de autodeterminación política, lesiona la dignidad y libre determinación de ese individuo y lo coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Se menoscaba su dignidad porque se sitúa a estas personas en una posición de desigualdad e injusticia respecto de otras personas; se vulnera su libre desarrollo personal porque se les impide actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros, sean éstos poderes públicos u otros particulares.

Texto publicado en La Nueva España el 1 de marzo de 2015.

La exclusión antidemocrática del derecho de voto de las personas reclusas.

Hace pocos días, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -caso McHugh y Otros contra Reino Unido, de 10 de febrero de 2015,- ha vuelto a condenar al Reino Unido por mantener una legislación que priva del sufragio, con carácter general, a las personas reclusas: “The Court noted that it had found the statutory ban on prisoners voting in elections to be, by reason of its blanket character, incompatible with Article 3 of Protocol No. 1. It remarked that in Greens and M.T. v. the United Kingdom it had indicated that some legislative amendment would be required to make the electoral law compatible with the Convention. Given, however, that the legislation remained unamended, the Court concluded that, as in Hirst (No. 2) v. the United Kingdom, Greens and M.T. v. the United Kingdom and Firth and Others v. the United Kingdom, there had been a violation of Article 3 of Protocol Nº 1″.

El caso McHugh y Otros contra Reino Unido tiene especial relevancia pues reitera una jurisprudencia que data ya de 2005 -el caso Hirst (nº 2), sentencia de la Gran Sala de 6 de octubre- y porque afectó a un gran número de personas (1.015) que no pudieron votar en una o más de las elecciones celebradas en 2009, 2010 y 2011. La contumacia del Reino Unido en el incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha merecido la censura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Greens y M. T., de 23 de noviembre de 2010, y Firth y otros, de 12 de agosto de 2014. Aunque no ha sido el Reino Unido el único Estado condenado por vulnerar el derecho de sufragio de los presos; también lo fueron Austria: caso Frodl, de 8 de abril de 2010; Rusia: caso Anchugov y Gladkov, de 4 de julio de 2013, y Turquía: casos Söyler, de 17 de septiembre de 2013, y Murat Vural, de 21 de octubre de 2014.

La razón que esgrime el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que se impone una “restricción global a todos los reclusos condenados que cumplen su pena y se les aplica automáticamente cualquiera que sea la duración de su pena e independientemente de la naturaleza o gravedad del delito que hayan cometido y de su situación personal. Es necesario considerar que dicha restricción general, automática e indiferenciada a un derecho consagrado por el Convenio y de una importancia crucial, sobrepasa el margen de apreciación aceptable, por muy amplio que sea, y es incompatible con el artículo 3 del Protocolo número 1”.

Compartiendo la conclusión me parece mucho más acertada, en términos democráticos, la argumentación que han dado los Tribunales Supremos de Canadá y Sudáfrica: el primero concluyó (asunto Sauvé v. Canada (Chief Electoral Officer), de 31 de octubre de 2002, que el artículo 51(e) de la Ley Electoral de Canadá de 1985, que negaba el derecho a voto de toda persona internada en una institución correccional cumpliendo una sentencia de dos o más años, era inconstitucional porque negar a los reclusos el derecho al voto es perder un medio transmitirles valores democráticos y responsabilidad social, es contrario a los principios de no exclusión, igualdad y participación del ciudadano e incompatible con el respeto de la dignidad humana, núcleo de la democracia canadiense y de la Carta de Derechos y Libertades; por su parte, y ya en 1999, el Tribunal Supremo de Sudáfrica, estimó –August and another v Electoral Commission and othersque en la Constitución sudafricana el derecho de todo ciudadano adulto a participar en las elecciones legislativas se enunciaba de manera absoluta, subrayando la importancia de este derecho: “La universalidad del derecho de voto es importante no sólo para la nación y la democracia. El hecho de que todos los ciudadanos sin excepción gocen del derecho de voto es un signo de reconocimiento de la dignidad y de la importancia de la persona. En un sentido literal significa que toda persona es importante”.

Me extiendo sobre estas cuestiones en El derecho de voto: un derecho político fundamental (puede descargarse en formato pdf).