Acerca de Miguel Ángel Presno Linera

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Professor of Constitutional Law at the University of Oviedo. Acreditado como Catedrático. presno@uniovi.es; presnolinera@gmail.com http://www.facebook.com/groups/175417585871847/?ref=ts&fref=ts

Régimen electoral (“maquiavélico”) y sistema de partidos (con sesgo mayoritario).

En el número 104 (mayo-agosto de 2015, págs. 13 a 48) de la Revista Española de Derecho Constitucional se incluye el trabajo “Régimen electoral maquiavélico y sistema de partidos con sesgo mayoritario” (puede descargarse en formato pdf).

Mi conclusión es que parece difícilmente compatible con nuestra Constitución el mantenimiento de un régimen electoral que declara como objetivos explícitos «suavizar la demografía» y «corregir la representación parlamentaria» pero que, sobre todo, está pensado para facilitar que determinadas formaciones políticas puedan conseguir mayorías absolutas con porcentajes de votos de poco más del 40 por 100. Es ese régimen el que ha venido provocando que a lo largo de casi 40 años la competición electoral en España no haya tenido lugar en condiciones iguales en todas las circunscripciones y que los votos no valgan lo mismo. De esta manera, se han venido ocasionando menoscabos en la expresión de la representatividad, además de las distorsiones generadas en el sistema de partidos. Estamos, pues, ante un recurso institucional manejado estratégicamente por las élites partidistas para conseguir mayorías parlamentarias amplias, asegurar su acceso a la formación de gobiernos y facilitar la aprobación de sus políticas.

Las distorsiones maquiavélicas que el actual régimen electoral provoca en la vida política se evidencian también en todo lo que tiene que ver con su financiación y ello en aras al mantenimiento del statuo quo articulado desde los inicios de la transición de la dictadura a la democracia.

De acuerdo con el Consejo de Estado, una reforma de estas previsiones “podría comportar efectos beneficiosos para el fomento de la participación política de los ciudadanos y una mayor implicación de éstos en el funcionamiento democrático de las instituciones, en línea con lo ya dispuesto en la inmensa mayoría de los ordenamientos europeos».

REDC

Law and disagreement: “el caso de Cataluña en España”.

Aquí puede descargarse en formato pdf el texto Law and Disagreement el caso de Cataluña en España, que acaba de salir en la Revista Diritto Pubblico, nº, 1, 2015, págs. 63 a 84.

El punto de partida de este trabajo es el famoso libro de Jeremy Waldron Law and Disagreement (Oxford University Press, 1999), basado en la premisa de que en los Estados democráticos contemporáneos existen, de manera inevitable, una serie de amplios y generalizados desacuerdos sociales sobre la justicia, los derechos y los propios procedimientos e instituciones políticas. Aunque, obviamente, no es el caso, parece que dicho estudio está pensado para ser aplicado, entre otros, al importante problema político y constitucional que viene suponiendo desde hace, al menos, 10 años la integración de la Comunidad Autónoma de Cataluña en el Estado español.

En principio, la continuidad temporal de este problema no debería sorprendernos, pues, como ya dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 1819, en el caso McCulloch vs. Maryland, la cuestión respecto a la extensión de los poderes actualmente garantizados a los Estados y a la Federación está siempre abierta y probablemente seguirá estando así mientras exista nuestro sistema de gobierno. Sin embargo, la situación en Cataluña está, en el año 2015, en un punto en el que no se trata tanto de desacuerdos acerca de la extensión de los poderes garantizados por el sistema constitucional a esta Comunidad Autónoma –quizá esa fue una cuestión problemática en los años ochenta y noventa del siglo pasado-, sino que de lo que estamos hablando es del debate sobre su permanencia como parte de España y, lo que no es nada trivial en este debate, de la propia Unión Europea.

En este texto he tratado de analizar, de manera sucinta, esta coyuntura, atendiendo exclusivamente, en la medida de lo posible, a su dimensión jurídico-constitucional.

Diritto Pubblico

¿De qué hablamos cuando hablamos de regeneración democrática?

Del 13 al 17 de julio se celebra en Málaga, en el Museum Jorge Rando, el Curso de Verano “Otra configuración del espacio político“, dirigido por la profesora María Luisa Balaguer Callejón, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, y del que es secretaria Ruth Ainhoa de Frutos, investigadora de la Universidad de Málaga, a quienes agradezco la invitación para participar con la charla ¿De qué hablamos cuando hablamos de regeneración democrática? (puede descargarse en formato pdf). 

Málaga 1

Jurisprudencia de conveniencia sobre la píldora del día después.

En una sentencia conocida el 6 de julio de 2015 el Tribunal Constitucional ha admitido que la negativa de un farmacéutico a no disponer en su establecimiento de la píldora del día después está amparada por “su derecho a la objeción de conciencia, que forma parte del contenido del derecho a la libertad ideológica (art. 16.1 CE)”. Para llegar a esta conclusión, la mayoría de magistrados que avala esta sentencia se remonta a la STC 53/1985, sobre la ley de despenalización del aborto, que, en uno de sus fundamentos (el 14), dice, incidentalmente, que el derecho a la objeción de conciencia “forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa” y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no una regulación que lo reconozca. A continuación, esos magistrados aducen que, aunque dispensar la píldora del día después no es un lo mismo que practicar un aborto hay “falta de unanimidad científica respecto a los posibles efectos abortivos de la píldora del día después”. Esa supuesta falta de unanimidad –para la Agencia Española del Medicamento es un “medicamento anticonceptivo de emergencia”- les lleva a concluir que hay una “duda razonable” y, por tanto, presupuesto para que el farmacéutico pueda invocar la objeción de conciencia. No obstante, se animan a verificar si con ello no se estará menoscabando la prestación del servicio que al farmacéutico le incumbe pero se quedan tranquilos porque “amén de que la farmacia regentada por el demandante se ubica en el centro urbano de Sevilla, dato del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas, ninguna otra circunstancia permite colegir que el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente fuera puesto en peligro”. Por último, no les resulta ocioso recordar que el derecho a la objeción de conciencia está reconocido como “derecho básico” en el art. 8.5 de los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, al que pertenece el colegiado en cuestión.

Asistimos aquí a un curioso, y preocupante, fenómeno: la mayoría del Tribunal se mete en el túnel del tiempo, retrocede hasta 1985 y allí se queda, sin tener en cuenta que lo dicho en la STC 53/1985 –una sentencia deplorable en términos técnico-constitucionales- ha sido corregido por el propio TC en, al menos, 3 ocasiones posteriores donde lo que se discutía era, precisamente, si había un derecho fundamental a la objeción de conciencia: en la STC 160/1987 dice que “constituye una excepción al cumplimiento de un deber general, solamente permitida por el art. 30.2, en cuanto que sin ese reconocimiento constitucional no podría ejercerse el derecho, ni siquiera al amparo del de libertad ideológica o de conciencia, que, por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o «subconstitucionales» por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos”. En el mismo sentido se pronuncian la STC 161/1987 –“el derecho a la objeción de conciencia está configurado por el constituyente como un derecho constitucional autónomo, de naturaleza excepcional, pues supone una excepción al cumplimiento de un deber general (el de prestar el servicio militar obligatorio)”- y la 321/1994 –“el derecho a la libertad ideológica no resulta suficiente para eximir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento de deberes legalmente establecidos, con el riesgo aparejado de relativizar los mandatos legales”-.

En suma, la Constitución únicamente admite la objeción de conciencia al servicio militar y otras eventuales objeciones habrán de estar reconocidas en normas legales -como ya anticipó el propio TC en la STC 15/1982 y recuerda la magistrada Asua en su voto particular a la sentencia que ahora comentamos-: “la objeción de conciencia exige para su realización la delimitación de su contenido y la existencia de un procedimiento regulado por el legislador con las debidas garantías”. Dicho procedimiento sí está previsto en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que (art. 19.2) dispone: “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas…”

Mezclándolo todo, el TC pone en un plano similar a la píldora del día después y al aborto, a los profesionales sanitarios que practican la interrupción voluntaria del embarazo y  a los profesionales farmacéuticos, y lo previsto en los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla con la Ley Orgánica 2/2010.

Tampoco repara en que esos estatutos colegiales carecen de fuerza para oponerse a un mandato legal tan claro –y, como recuerda de nuevo la magistrada Asua, para el que no se prevé objeción de conciencia- como el previsto en el artículo 84.3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios: “las oficinas de farmacia vienen obligadas a dispensar los medicamentos que se les demanden tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de Salud en las condiciones reglamentarias establecidas”. Puestos a olvidarlo todo, tampoco la mayoría recuerda que el TC declaró (STC 137/2013) inconstitucional una norma legal navarra que dejaba la dispensación al arbitrio de la decisión de los propietarios-titulares de las oficinas de farmacia, en abierta contradicción con “el núcleo esencial del deber de dispensación, que es de naturaleza legal y de indiscutible naturaleza básica, por estar vinculado al interés público sanitario y a la garantía de acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva para todos los ciudadanos”.

A modo de colofón y, quizá, para tranquilidad de algunos, la mayoría concluye que “la renuencia del demandante a disponer de profilácticos en su oficina de farmacia no queda amparada por la dimensión constitucional de la objeción de conciencia… Ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional puede darse en este supuesto”.

Nos encontramos, en resumen, ante una sentencia en la que, entre otras cosas, se prescinde, sin mayor explicación, de la propia jurisprudencia sobre objeción de conciencia –algo que les reprocha a sus colegas en su voto concurrente el magistrado Ollero– y sobre el deber de dispensar medicamentos; donde se apela a la “falta de unanimidad científica” sin citar estudio alguno y obviando lo dicho por la Agencia Española del Medicamento; en la que se coloca a unos estatutos colegiales al nivel de las normas legales –los magistrados Valdés y Xiol aluden en su voto discrepante a la banalidad jurídica de tener que recordar tal cosa- y, lo que no deja de resultar paradójico, se parece condicionar el ejercicio de un supuesto derecho fundamental a la existencia de otras farmacias próximas: ¿desaparece si sus “titulares” regentan una farmacia rural aislada?

Queda por saber –veremos cuándo- si esta jurisprudencia de conveniencia no es sino un anticipo de otro viaje al pasado para declarar inconstitucional el vigente sistema de interrupción voluntaria del embarazo.

Texto publicado en el diario.es el 7 de julio de 2015.

Diez objeciones político-constitucionales a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.

Primera.- En la Exposición de Motivos de la Ley se afirma que “…los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo”. Sin embargo, no se especifica qué cambios sociales se han producido ni ante qué nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y tranquilidad ciudadanas nos encontramos. Y, lo que quizá resulta más relevante, no parece evidente la existencia de esas demandas sociales de tutela de nuevos contenidos. Tal vez lo que ocurra es una apuesta no por la tutela de nuevos bienes que han de ser protegidos sino por la vieja represión de ciertos   movimientos sociales.

Segunda.- En relación con lo anterior, se encuentran en la Ley rasgos típicos del derecho sancionador del enemigo: se castigan conductas antes de que exista una lesión de la seguridad ciudadana, se imponen sanciones económicas muy altas y se suprimen o relativizan garantías procesales. A continuación se analizarán algunos de estos rasgos.

Tercera.- Según el artículo 4.3 de esta Ley, “la actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o de un comportamiento objetivamente peligroso… susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas”. Con esta redacción, muy poco fundamentada, se avalan sanciones, y no triviales, por la posibilidad de provocar la mera vulneración de una norma del ordenamiento jurídico. El ataque a la libertad en nombre de la eficacia policial ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional (TC) que, en la STC 341/1993, avaló la primacía de la libertad sobre la eficacia.

Cuarta.- El artículo 19.2 prevé la aprehensión de los efectos procedentes de un delito o infracción administrativa. Si se conecta con el artículo 36.23 (uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) nos podemos encontrar ante el secuestro administrativo de imágenes informativas siendo así que, según la STC 187/1999, únicamente los jueces y tribunales, con la debida cobertura legal, pueden ordenar la incautación de ese material. Fuera de estos casos, el secuestro carece de cobertura constitucional porque únicamente cabe un sistema “represivo” de restricción de sus derechos fundamentales, no preventivo.

Quinta.- Conforme al artículo 35.1 “son infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo,…” Aquí se equiparan dos situaciones muy diferentes: las reuniones no notificadas con las prohibidas, lo que vulnera el principio de que la sanción debe ser proporcional a la gravedad de la infracción.

Sexta.- El artículo 36.1 considera falta grave “la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal”. Aquí tampoco hay graduación ni, por tanto, respeto al principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, de manera que cualquier perturbación de la seguridad ciudadana, sea o no grave, sería infracción grave.

Séptima.- El artículo 36.4 prevé, como infracción grave, “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”. Con esta tipificación se prevé la sanción de, entre otras, las actuaciones que han tratado de frenar o demorar los desahucios pero no queda claro qué tipo de actos se sancionarán. Hay que recordar al respecto que es doctrina reiterada del TC (SSTC 69/1989 y 137/1997) que las normas sancionadoras deben usar términos razonablemente claros y precisos con el propósito de impedir que jueces y Administración suplanten al legislador, invadiendo e infringiendo la reserva de ley sancionadora, creando infracciones donde el legislador no las estableció.

Octava.- El artículo 36.23 sanciona con carácter general e indiscriminado el uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Este precepto puede vulnerar el artículo 20.2 CE, al establecer una suerte de censura previa administrativa: la STC 72/2007 avaló la toma de imágenes a una agente de policía en el ejercicio de su función: “estamos ante un documento que reproduce la imagen de una persona en el ejercicio de un cargo público y la fotografía en cuestión fue captada con motivo de un acto público (un desalojo por orden judicial), en un lugar público (una calle de un barrio madrileño), por lo que en modo alguno resulta irrazonable concluir” que la reproducción está amparada por la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Novena.- Según el artículo 37 “son infracciones leves: 1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores. El pasado 14 de octubre de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos (TEDH) publicó su sentencia en el  caso Yılmaz Yıldız and Others v. Turkey, que trae causa, en pocas palabras, de una multa de 100 liras turcas (62 euros) impuesta a los demandantes por haber participado en diversas concentraciones pacíficas ante varios hospitales para protestar por un cambio en la gestión de los centros de salud. El TEDH recuerda varias cosas: 1.- el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y, con la libertad de expresión, uno de los pilares de ese tipo de sociedad; por ello, no debe interpretarse de forma restrictiva; 2.- como principio general, toda concentración o manifestación en un lugar público provoca ciertas molestias en la vida cotidiana y es importante que las Autoridades muestren cierto nivel de tolerancia ante esas reuniones si son pacíficas, pues de otro modo el artículo 11 se vería privado de sentido; 3.-la imposición de sanciones administrativas por participar en una manifestación pacífica resulta desproporcionada y no necesaria para mantener el orden público; 4.- la sanción de estas conductas puede tener un efecto desaliento y actuar como un desincentivo para participar en reuniones semejantes.

Décima.- Con esta Ley se adiciona una disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conforme a la cual “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España…” Formalmente se modifica una Ley Orgánica mediante una enmienda en otra Ley sin que haya conexión material entre ambas; según la STC 119/2011 no cabe aprobar enmiendas que pretendan introducir contenidos materialmente desconectados del objeto de la iniciativa legislativa porque tal cosa defrauda el proceso parlamentario y el ius ad officium de los parlamentarios garantizado en el artículo 23.2 CE.

En cuanto al contenido material de la disposición, hay que recordar que los convenios internacionales prohíben las deportaciones o expulsiones masivas, que es lo que en definitiva encubre la reforma; además, si la devolución ahí prevista lleva aparejada la prohibición de entrada durante tres años supondría una sanción sin la previa aplicación de los derechos de audiencia, motivación y asistencia legal y al recurso.

Texto publicado en el diario.es el 1 de julio de 2015.

Los costes de una democracia en el aire.

Grecia en el aire es el título, no casual, del último libro publicado en España por el helenista asturiano Pedro Olalla. En palabras del autor, esta obra pretende describir, desde las fuentes y desde su lugar de origen, lo que fue el proyecto y la realidad de la democracia ateniense; no se trata de una recomendación de las mismas fórmulas y conceptos y sí de una apuesta por seguir buscando lo que ellos, de forma meritoria, persiguieron y encontraron.

Uno de esos conceptos “clásicos” es el del coste económico de la democracia; recuerda Olalla que durante la época de Pericles nadie cobró un óbolo por ir a gobernar a la Asamblea; después se fijó una retribución de unos pocos óbolos para que los más pobres no se excluyeran de participar en el gobierno de la ciudad por tener que atender sus necesidades perentorias. Hoy la finalidad de sufragar con dinero público la actividad política no es muy distinta: nadie debe quedar excluido del acceso al desempeño de cargos públicos ni éstos deben estar reservados a los que dispongan de medios holgados de vida; tampoco se cuestiona que la democracia supone un coste para el erario público. Lo que sí conviene debatir, y no dar por zanjado, es el qué, el cómo y el cuánto de la financiación de la vida política. Aquí nos limitaremos a comentar dos cuestiones: el dinero de los partidos y la retribución de las actividades parlamentarias.

En lo que respecta a los partidos, el Legislador español ha optado, como en la mayor parte de las democracias, por permitir la financiación pública y privada aunque en la práctica la que predomina (suele ser más del 90%) es la primera; la razón originaria era no favorecer a determinadas opciones que, por su concreta ideología, podrían recibir más y mayores donaciones. Sin embargo, el resultado final ha sido muy negativo: por una parte, tenemos un sistema que promueve, pura y simplemente, el mantenimiento del statu quo político en la medida en que si, como prevén la ley electoral y la de financiación de los partidos, tienen más dinero las formaciones que consiguen mejores resultados electorales se están creando las condiciones para que dichos resultados se repitan; cuando los cambios se producen tal cosa ocurre a pesar del régimen vigente, no gracias a él. Por otro lado, ha abundado la insaciabilidad, la opacidad, la impunidad, el clientelismo y la hipocresía: los partidos españoles han venido recibiendo dinero del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las diputaciones, de los ayuntamientos, incluso del Parlamento Europeo…; hasta 2012 se aceptaron, de diversas formas, las donaciones anónimas; las infracciones apenas se han castigado porque el órgano supervisor –el Tribunal de Cuentas– hacía sus informes con tanta demora –unos cinco años- que aquéllas ya habían prescrito; han sido frecuentes las condonaciones de deudas por parte de los bancos -¿por qué lo hacían?-; finalmente, y a pesar de las promesas de regeneración que precedieron a la reciente reforma de 2015, las puertas que se han cerrado a la financiación de los partidos se han mantenido abiertas para las fundaciones y entidades de ellos dependientes. Frente a este entramado, que ha favorecido y amparado la corrupción, habría que garantizar la transparencia de las cuentas, la limitación de los gastos y combinar la financiación pública y la privada: la primera no para que sirva al statu quo sino para promover, en condiciones de cierta igualdad, el cumplimiento de las funciones que corresponden a los partidos; la segunda para fomentar, como reclamó ya en 1992 el Tribunal Constitucional alemán, la influencia de la ciudadanía en las formaciones políticas y las raíces sociales de los partidos.

Por lo que hace referencia a las actividades parlamentarias, es obvio que su desempeño adecuado requiere una retribución digna y disponer de los medios necesarios. La dignidad del estipendio habrá que medirla por las obligaciones del cargo –si se toma en serio, la vida política actual exige mucha dedicación, tiempo y esfuerzo- y las responsabilidades inherentes a la participación en la toma de decisiones relevantes para la comunidad. ¿Y eso cuánto importa? No es fácil, al menos para mí, traducirlo a euros pero dado que la decisión final corresponde, en virtud de la autonomía presupuestaria, a los Parlamentos respectivos, sería oportuno un debate público y plural donde se expongan las diferentes posturas y se explique qué se está retribuyendo, cuánto se paga y por qué. Esa discusión tendría que extenderse a los medios económicos y personales que se ponen a disposición del mejor ejercicio del cargo representativo. ¿Cómo se calcula el dinero que se asigna a cada grupo parlamentario? ¿Cómo y en qué se gasta? ¿Por qué el número de asesores es 48 y no 50 o 35? ¿Quiénes son? ¿Qué perfil profesional tienen y qué méritos acumulan? ¿Quién los selecciona y con arreglo a qué criterios?

El debate público sobre estos asuntos no es –no debe ser- una cuestión de demagogia sino de transparencia; es decir, de democracia y ésta, como Grecia, también está en el aire.

Texto publicado en La Nueva España el 25 de junio de 2015 y en Diari de Girona el 26 de junio de 2015.

Elecciones y modestia.

En un artículo titulado, no por casualidad, “Democracia y modestia” (Combat, 1947), escribía Albert Camus: “comienza un nuevo período. Se repetirán los arreglos, los regateos y los líos. Se abordarán los mismos problemas… para llevarlos a los mismos callejones sin salida… La democracia no puede separarse de la noción de partido, pero la noción de partido puede muy bien existir sin la democracia. Esto ocurre cuando un partido o un grupo de hombres creen poseer la verdad absoluta. Por eso, el Parlamento y los diputados necesitan hoy una cura de modestia”.

Esta apelación al diálogo y a la humildad parece más necesaria que nunca en España después de varias décadas en las que ciertos actores políticos se han ido cargando de soberbia, lo que no deja de ser paradójico si nuestra organización política se basa en el reconocimiento expreso del pluralismo y de la igualdad de todas las opciones que se defiendan de manera pacífica. Quizá el origen de esta deriva autoritaria se encuentre en la pretensión de fortalecer a toda costa a unos partidos políticos que o habían sido denostados y perseguidos con saña durante la dictadura o acababan de nacer al calor de la transición a la democracia. No deja de ser curioso que la aspiración democrática que se pretendía para la sociedad fuese algo prescindible o, incluso, contraproducente para los propios partidos, que se echaron en manos de líderes que confundían el carisma con el convencimiento de tener razón. Y, ante tal exhibición de certezas, no pocos militantes y simpatizantes se autocensuraron y callaron sus puntos de vista, quizá por lealtad mal entendida o por temor a los “guardianes de las esencias”, prestos a tapar cualquier discrepancia con, entre otros, el efectivo recurso de recordar quién decidía la composición de las listas electorales.

Si a lo anterior añadimos que el sistema electoral que se aplicó en las primeras elecciones democráticas –vigente en lo sustancial casi cuarenta años después- propició, como estaba previsto y diseñado, cómodas mayorías absolutas (en 1982 el PSOE consiguió 202 escaños -57,71%- con el 48,11% de los votos; en 1986 184 -52,57%- con el 44,06% de sufragios; en el año 2000 fue el PP el que con el 44,52% de votos llegó a  los 183 escaños -52,28% y en 2011 con el 44,63% a los 186 -53,14%-; en 1989 el PSOE obtuvo 175 diputados -50%- con el 39,6% de votos), fue sencillo –y parece seguir siéndolo- hacernos creer que la mayoría absoluta electoral, que no popular, es la certificación de la verdad absoluta del ganador.

La soberbia de los ganadores se ha ido generalizando a buena parte de los sucesivos competidores políticos, al margen incluso de los propios resultados, y se ha convertido en la norma de conducta que preside el devenir de los procesos electorales y el funcionamiento de las instituciones políticas resultantes. Solo así se explica, por citar dos ejemplos, que a estas alturas se mantengan fórmulas absolutamente autoritarias a la hora de decidir la composición de las candidaturas, disimuladas a veces con primarias pensadas para ratificar un resultado esperado, o que no se hayan generalizado los debates públicos entre la formaciones que concurren a una campaña electoral, de manera que alguno de los competidores todavía se permite decidir si dialoga o no, con quién lo hace y en qué formato.

Llama la atención que alguno de estos hábitos de la “vieja política” se mantengan cuando hace pocas semanas se han producido unos resultados electorales que impiden, en general, hablar de vencedores, pues en ausencia de mayorías absolutas en un sistema parlamentario –lo es el autonómico pero, en buena parte, también el municipal- el gobierno no se atribuye a la formación que más votos populares recibe sino a la que, sola o en compañía de otros, consigue mayor respaldo en la respectiva cámara o corporación local. Y es democrático que sea así puesto que en presencia de diferentes minorías –la que resulta más votada no deja de ser una minoría- deben prevalecer las que consiguen ponerse de acuerdo en un programa conjunto de gobierno.

Pero es que los pactos no tendrían que ser extraños también en escenarios de mayorías absolutas, pues, como recordaba Ulrich Beck, la política ha dejado de ser el lugar central, o por lo menos el único, en el que se decide la transformación del futuro social y hacen falta instituciones más ajustadas a unos ciudadanos conscientes de sus derechos y dispuestos a la participación.

Y si aceptamos la necesidad de alcanzar acuerdos lo primero es reconocer que aquellos con los que se dialoga están dotados de legitimidad democrática y son portadores de representatividad popular; en otro caso no tendría sentido hablar con ellos. En segundo lugar, la negociación debe estar al servicio de un programa compartido de gobierno, no de un gobierno compartido para que cada uno haga su programa. Finalmente, si se considera que la última palabra sobre los pactos debe corresponder a militantes, simpatizantes, ciudadanía en general o a los órganos de dirección de cada partido, la consulta tendría que ser transparente, con reglas claras y preguntas no tendenciosas o pensadas para tratar de legitimar una decisión ya tomada.

Parece que, ante un panorama local, autonómico, nacional e internacional en el que nadie tiene en sus manos dar respuesta a los problemas que a todos nos agobian y a muchos maltratan y excluyen, un poco de modestia no sería un mal punto de partida.

Texto publicado en La Nueva España el día 15 de junio de 2015.

Pitos al himno.

La misma noche de la Final de la Copa del Rey de fútbol en la que tuvo lugar la pitada al himno, la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia hizo público un comunicado en el que, entre otras cosas, señala que “cualquier muestra o manifestación de intolerancia es siempre reprochable; y lo es más todavía cuando busca la repercusión pública aprovechando un espectáculo deportivo, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar, sin la protesta y la perturbación que algunos quieran imponer. En todo caso, la intolerancia de algunos no debe poner en riesgo la convivencia de todos… En consecuencia, se ha convocado para este mismo lunes, 1 de junio, la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con el objetivo de proceder a denunciar las actuaciones inconvenientes y, en su caso, proponer las sanciones que fueran procedentes, en aplicación de la vigente legislación, cuyos principios deben ser preservados, tal y como se había indicado ya a los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol y de los clubes participantes en la final, en cartas remitidas el pasado 27 de mayo por el presidente del Consejo Superior de Deportes y el secretario de Estado de Seguridad”.

La cuestión relevante, al menos en el plano jurídico, es la de si cabe imponer algún tipo de sanción a las personas que participaron en la pitada, a los clubes que disputaron la Final o a la Federación Española de Fútbol como entidad organizadora. Para responder habrá que tener en cuenta la norma, en principio, aplicable: la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Dicha norma define lo que se entenderán por conductas violentas (art. 2.1) y por actos racistas, xenófobos o intolerantes (art. 2.2). Entre las primeras está la “entonación de cánticos que inciten a la violencia, al terrorismo o a la agresión en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquéllos que constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo; entre los segundos, “la realización de actos en que, públicamente o con intención de amplia difusión, y con ocasión del desarrollo de una prueba, competición o espectáculo deportivo, o próxima su celebración, una persona física o jurídica emita declaraciones o transmita informaciones en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual… Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, que supongan un trato manifiestamente vejatorio para cualquier persona por razón de su origen racial, étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, edad, sexo u orientación sexual así como los que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución; La entonación, en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos o consignas así como la exhibición de pancartas, banderas, símbolos u otras señales, que contengan mensajes vejatorios o intimidatorios, para cualquier persona por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, por la religión, las convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como los que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución”.

Pues bien, a mi juicio, la pitada al himno (español, catalán, vasco, asturiano, gallego…) no es susceptible de ser incluida en ninguna de estas conductas, que es lo que justificaría, en su caso, la imposición de una sanción al amparo de los artículos 22 y siguientes de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte: parece evidente que no supone incitación a la violencia, al terrorismo o a la agresión; tampoco es un acto de manifiesto desprecio a las personas que participan en el espectáculo deportivo; del mismo modo, no hay en esa conducta elementos que permitan entender que una persona o grupo de ellas es amenazada, insultada o vejada por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual, ni son declaraciones, gestos o insultos que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución.

Y en relación con los derechos, libertades y valores proclamados por la Constitución, hay que recordar que la Norma Fundamental establece como valores superiores del ordenamiento la libertad y el pluralismo político y que el artículo 20.1 tutela la libertad de expresión, que, como ha venido diciendo de manera reiterada el Tribunal Constitucional, “no otorga un derecho al insulto [pero] la Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas” (STC 232/2002, de 9 de diciembre, F.4); “…teniendo en cuenta la peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión y la necesidad de que ésta goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones. Se recuerda que la libertad de expresión es uno de los fundamentos indiscutibles del orden constitucional, colocada en una posición preferente, objeto de especial protección y necesitada de un amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor” (STC 9/2007, de 15 de enero, F. 4). Ha de tenerse presente, además, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyos criterios interpretativos nos vinculan a la hora de aplicar los derechos fundamentales; dicho Tribunal dijo de forma rotunda (asunto Handyside c Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976) que “la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad [democrática], una de las condiciones primordiales para su progreso… Al amparo del artículo 10.2 es válida no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una “sociedad democrática”; doctrina reiterada, por cierto, en el asunto Herri Batasuna y Batasuna contra España, de 30 junio 2009, donde el Tribunal consideró conforme a derecho la ilegalización de esas formaciones políticas.

Ese amplio reconocimiento de la libertad de expresión debe ponernos en guardia frente a eventuales intentos de convertir en sancionables conductas como la pitada al himno. Que a mucha gente tal cosa la parezca reprochable en tanto irrespetuosa no es motivo suficiente para sancionarla con arreglo a la legislación penal o administrativa. Si es cierto que a la mayoría le resulta ofensivo ese comportamiento, ya estaremos ante una forma de sanción social y, en su caso, ahí debe quedarse, como se quedan otros muchos actos que nos perturban o desagradan.

Que en otros países de nuestro entorno sí se castiguen comportamientos similares tampoco es argumento de peso pues hay que tener en cuenta la configuración de los derechos que hace cada texto constitucional y el nuestro permite un amplio margen para la crítica a las instituciones y los símbolos, sin contemplar como límite a los derechos la defensa de la propia Constitución o de las instituciones que reconoce. En este ámbito, la Norma Fundamental y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional están más próximas a ordenamientos como el norteamericano, donde el Tribunal Supremo ha venido defendiendo una  interpretación amplia de la libertad de expresión; así, en asunto Texas v. Johnson 491 US 397, de 21 de junio de 1989, recuerda el carácter expresivo no solo de las palabras sino de ciertas conductas: usar de forma satírica uniformes militares para protestar contra la guerra, negarse a saludar la bandera,… Insiste el Tribunal, por si no fuera conocido, en el enorme valor que tiene la bandera en un país como Estados Unidos: “simboliza esta nación tanto como las letras que componen la palabra América”. Pero, “si hay una idea o principio fundamental que cimienta la Primera Enmienda es que el Gobierno no puede válidamente prohibir la expresión o difusión de una idea sólo porque la sociedad la considera ofensiva o desagradable… Ni siquiera cuando la bandera nacional estaba en cuestión hemos admitido excepciones a este principio… el Gobierno no puede prohibir válidamente a una persona ejercer su derecho a la libre expresión únicamente porque no está de acuerdo con su contenido y ello no depende de la manera concreta que se ha elegido para manifestar o transmitir el mensaje”.

Creo que quien habla de la bandera habla también del himno. Por este motivo me parece de muy dudosa constitucionalidad un artículo como el 543 del Código Penal, según el cual “Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses”. Cabe recordar que las instituciones públicas no son titulares de derechos como el honor y que están sujetas a la crítica, por desagradable que pueda parecer.

Como también dijo en su día el Tribunal Supremo de Estados Unidos, “el hecho de que la sociedad pueda considerar ofensiva una expresión… puede ser motivo para que esté constitucionalmente protegida” (asunto Hustler Magazine vs. Falwell, de 1988); incluso si las expresiones están motivadas por el odio “las manifestaciones o ideas en las que honestamente se cree contribuyen al libre intercambio de ideas” (caso Garrison vs. Luisiana, 1964).

Puestos a parecernos a otros, me parece más sano, democráticamente hablando, fijarnos en estos criterios  liberales y, como dijo el juez Holmes hace más de 90 años, estar vigilantes para poner freno a quienes pretendan reprimir las manifestaciones de ideas y opiniones que detestemos salvo que sea necesario controlarlas para así salvar a la nación, lo que no parece que sea el caso de las pitadas al himno.

Una versión más reducida se publicó en La Nueva España el 2 de junio de 2015.

Elecciones líquidas.

Desde hace un tiempo se ha venido hablando, especialmente a partir de la obra del sociólogo Zygmunt Bauman, de “sociedad líquida”, entendida como un entramado volátil y en constante transformación. Como es sabido, a diferencia de la persistencia que caracteriza a los estados sólidos, los líquidos se adaptan a las diferentes formas que los contienen y fluyen de manera constante. Pues bien, nuestros procesos electorales son, en mi opinión, cada vez más líquidos, dicho eso en el sentido de menos previsibles, por lo que no es extraño que las encuestas no encuentren luego el correlato estimado en los resultados de los comicios.

Esa liquidez se evidencia en que cada vez duran menos las lealtades electorales y resulta más frecuente que los llamados a participar declinen, de manera consciente, la invitación –abstención activa, podríamos decir- o que discriminen en los diferentes y, en ocasiones, simultáneos procesos de selección de representantes políticos. De esta manera, y al igual que se han ido debilitando las, en apariencia, sólidas relaciones familiares, los vínculos políticos son cada vez menos estables, lo que no es óbice para que se recompongan cada cierto tiempo.

Esta “promiscuidad electoral” se ha evidenciado en los recientes comicios municipales y autonómicos asturianos y, en algunos casos, de manera muy relevante; así, por ejemplo, la candidatura de Foro Asturias para el Ayuntamiento de Gijón obtuvo 36.183 votos (el 25,56%) el pasado 24 de mayo; la candidatura promovida por esa misma formación para la Junta General del Principado consiguió, en el municipio gijonés, 19.051 sufragios (el 13.52%); es verdad que en las elecciones locales pueden votar los extranjeros residentes, lo que supone un censo algo mayor en ese caso, pero también lo es que no pueden hacerlo los españoles que vivan en el extranjero, por lo algo deben querer decir, en términos de composición de las respectivas candidaturas, grado de conocimiento de sus integrantes, valoración, en su caso, de las respectivas gestiones políticas,…- esos 17.132 votos de diferencia; no muy distinto, en estos términos, fue lo que sucedió, por mencionar un municipio de muchos habitantes, en Vegadeo, donde la candidatura más votada en ambos procesos fue la misma (PSOE) pero mientras que la lista local alcanzó 1.405 votos (el 53,87%) la autonómica se quedó en 1.121 (el 43,43%); en ese mismo concejo, Podemos, que no presentó candidatura municipal, llegó a los 250 votos en las elecciones autonómicas.

Es evidente que esta discordancia no se produjo en todas las circunscripciones o no alcanzó, en su caso, la misma dimensión pero no ha sido, desde luego, un fenómeno “asturiano” –por citar otro caso bien conocido, en el municipio de Madrid la candidatura del PSOE al Parlamento autonómico consiguió 416.078 votos; la candidatura de ese partido al Ayuntamiento madrileño no pasó de 249.152- y parece que es algo que se mantendrá y, quizá, se incrementará en el futuro, por lo que las opciones políticas tendrían que tenerla en cuenta a efectos de flexibilizar ciertas rigideces organizativas y de funcionamiento. En ese sentido, podrían ser adecuadas medidas la generalización de procesos abiertos de selección de las candidaturas, la elaboración de programas electorales ajustados a las peculiaridades y necesidades de los respectivos ámbitos de poder político, el contacto continuado con la ciudadanía para conocer sus preocupaciones y demandas,…

Y es que, como diría Pierre Rosanvallon, no se trata de “despolitizar la democracia” sino, por el contrario de “repolitizarla”, de darle más centralidad a lo político y eso implica, como señala el autor francés, que progresen, al mismo tiempo, la calidad de la regulación democrática y la atención a la construcción democrática.

Por cierto, y hablando de la regulación democrática, llama la atención que mantengamos un régimen electoral analógico en una sociedad cada vez más digital, donde parecen anacrónicas regulaciones como las que prohíben la difusión de mensajes electorales en la jornada de reflexión y el día de las votaciones; también que no se hayan consolidado los debates electorales, que se siga gastando una cantidad ingente de dinero en carteles y propaganda impresa o que no se haya desarrollado un sistema de voto electrónico a distancia que sustituya o, al menos, complemente, el voto por correo y que evite los constantes problemas que padecen los electores que residen en el extranjero. No estaría de más que los nuevos Parlamentos salidos de estas elecciones hagan algo sobre estas cuestiones en sus respectivas y rígidas leyes electorales.

Texto publicado en Asturias24 el 27 de mayo de 2015.

Libertades y ley electoral.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de 1985, define la campaña electoral como el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Dispone, además, que durará 15 días y que terminará “a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación”. Este formato se mantiene desde las elecciones de junio de 1977, pues ya el Decreto-Ley 20/1977, sobre normas electorales, contemplaba una definición idéntica aunque con una duración de 21 días; la reducción a 15 se hizo en 1994.

El Legislador ha considerado necesario imponer una serie de límites al ejercicio, durante la campaña electoral, de derechos fundamentales como las libertades de expresión y comunicación y el derecho de reunión. A continuación analizaremos si tienen sentido democrático.

Atendiendo al orden cronológico de la campaña, la primera restricción –la última en incorporarse a la LOREG, en 2011- es la que prevé (art. 66.2) que “las televisiones privadas deberán respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente”.

¿Cuál es el fundamento para presumir que una televisión privada es neutral si opera en los debates y entrevistas electorales de acuerdo con los resultados de los comicios precedentes? De actuar así, más que la igualdad y el pluralismo estará favoreciendo la repetición de los resultados anteriores, a lo que ya “contribuyen” por mandato legal los medios públicos y el sistema de financiación electoral, previsiones, por cierto, que exigirían un comentario crítico monográfico. Pero la cuestión principal es ¿por qué deben ser neutrales los informativos de una televisión privada? La neutralidad y el pluralismo son deberes constitucionales de los medios públicos pero las televisiones privadas actúan en ejercicio del derecho constitucional a informar, no al servicio de la “proporcionalidad y neutralidad” políticas. Cuando, como ahora, existen numerosas televisiones privadas su disciplina debe ser similar a la de la prensa -¿alguien se plantea imponer a un periódico que informe “de manera proporcional” en campaña electoral?- y si el pluralismo televisivo no es el constitucionalmente deseado la causa estará en la política de concesiones.

En segundo lugar, la LOREG establece (art. 69.7) que “durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción (lo de la reproducción se añadió en 2011) de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”. Tampoco parece que esta limitación a la libertad de información –muchas de las encuestas son encargadas por medios de comunicación- tenga fundamento democrático ni constitucional alguno: si esos estudios no contienen elementos suficientes para anticipar o condicionar el resultado su conocimiento sería inocuo y si de verdad pueden ser relevantes a la hora de decidir el sentido del voto cómo se puede justificar que no se puedan divulgar en la fase final del proceso de formación de la voluntad del electorado. Añádase que las formaciones políticas que presentan candidaturas siguen encargando durante los últimos días de campaña estos estudios, usándolos para fines propios aunque se paguen, habitualmente, con dinero procedente del erario público. Finalmente, esta prohibición, que no existe en Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Holanda, Bélgica,…, puede ser eludida a través de la publicación de las encuestas en medios de comunicación extranjeros, que a veces forman parte del mismo grupo editorial que uno español que, legítimamente, nos remite a ellos. El propio Consejo de Estado español abogó, en su Informe sobre la reforma electoral, de 2009, por suprimir esta prohibición, con la cautela de añadir unas exigencias de calidad mínima a estos estudios.

En tercer lugar, que la campaña electoral acabe a las cero horas del día anterior a la elección implica que durante la llamada “jornada de reflexión” y en el día de las elecciones no se puede pedir el voto ni cabe difundir propaganda (art. 53). Nos encontramos aquí ante un límite a las libertades de expresión –entre otros, de quienes integran las candidaturas- y de información –no cabría publicar entrevistas- inexistente en muchos países avanzados (Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo) y que, en nuestra opinión, carece de sentido. El que se le atribuye –garantizar la libertad del electorado- parece un ejercicio de paternalismo, como si las millones de personas que integran ese colectivo no pudieran, si quieren, sustraerse a esa petición del último momento, que, por otra parte, puede tener especial relevancia si en esas 48 horas finales ocurre algún suceso relevante. Llevada al extremo esta prohibición, habría que obligar a que a las cero horas del día anterior a la votación se hubieran retirado todas las vallas publicitarias para que su presencia no perturbe la reflexión ni la votación. También aquí se evidencia que tenemos una Ley electoral analógica, de eficacia más que dudosa en unas redes sociales electrónicas donde la publicidad electoral es constante, en tiempo real y en modo alguno se detiene a las cero horas del día anterior a las votaciones.

Por último, es conocido que la Junta Electoral Central y algunas Juntas Electorales Provinciales han venido considerando que la prohibición de hacer campaña electoral durante la jornada de reflexión y el día de las elecciones afecta a cualquier manifestación política –ejercicio colectivo de la libertad de expresión- que se pretenda celebrar en esas fechas. Esta aplicación restrictiva e inconstitucional de la LOREG se evidenció en 2011 cuando prohibieron los actos convocados por el 15M alegando que podían influir en el voto o dificultar su ejercicio. Parece que este “derecho electoral preventivo” operará de nuevo este fin de semana salvo que las Juntas reparen en que, como viene reiterando el Tribunal Constitucional al anular sucesivas prohibiciones (por ejemplo, SSTC 37 y 38/2009, y 96/2010), por esta vía llegamos al absurdo de admitir la prohibición de toda reunión por el hecho de serlo y coincidir con las elecciones. La libertad de expresión política, individual y colectiva, no se suspende por coincidir con las elecciones ni está reservada a los actores electorales. Lo que la LOREG prohíbe es pedir el voto, no hablar de política, y como todo límite debe interpretarse de manera restrictiva

Y es que las libertades de expresión e información políticas pertenecen, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Lingens c. Austria) “al corazón mismo del concepto de sociedad democrática” y toda interferencia en su ejercicio estará prohibida “salvo que estemos ante una necesidad social especialmente imperiosa”, lo que no parece que ocurra con los límites a la información en las televisiones privadas, la divulgación de encuestas, la petición de voto o la celebración de reuniones los días finales del proceso electoral.

Una versión más reducida de este texto se publicó en El Periódico el 23 de mayo de 2015.