Aprobado el Proyecto de reforma del Código Penal.

En el Consejo de Ministros de hoy, 20 de septiembre de 2013, se ha aprobado el Proyecto de reforma del Código Penal (puede descargarse en formato pdf pinchando en el título).

Yo también estuve en «La Madreña».

Aunque es probable que muchas personas ya lo sepan, conviene recordar que «La Madreña» es un centro social autogestionado que funciona en el edificio donde estuvieron alojadas dependencias de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en la calle General Elorza de Oviedo. Ese inmueble, que estaba en condiciones de absoluta precariedad y abandono en 2011, es hoy un centro en el que en los dos últimos años se han celebrado de manera pacífica, abierta y pública más de 300 actividades políticas, culturales, sociales, formativas, de entretenimiento, de debate, mercados solidarios, cuentacuentos…, muchas de las cuales han sido objeto de referencia y comentario en La Nueva España y en otros medios de comunicación, asturianos y de ámbito nacional, lo que evidencia el interés informativo de las mismas y su implantación social, de la que han dado buena prueba en numerosas ocasiones los propios residentes de la zona y la Asociación de Vecinos Fuente Pando, de Pumarín.

Todo ello es lo que ha permitido que por “La Madreña” pasáramos en estos años miles de personas, entre ellas profesores de varias universidades españolas (Oviedo, Complutense de Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha,…), profesionales de la medicina, la economía, la arquitectura, la enseñanza, la psicología, la música, la escultura, la pintura, el cine,…incluso algún concejal del Ayuntamiento de Oviedo. Por poner un ejemplo significativo, el 20 de marzo de este año asistieron más de 400 personas a la charla informativa sobre la deuda subordinada en la que, entre otros, participaron representantes de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros.

Lo preocupante es que en los últimos días “La Madreña” ha sido noticia no por las actividades que allí se siguen desarrollando sino porque cinco personas que han colaborado en las mismas han sido llamadas a declarar en un Juzgado de Instrucción de Oviedo en relación con un supuesto delito de usurpación, atribuido por la entidad propietaria del inmueble, y cuya denuncia fue archivada provisionalmente en dicho Juzgado pero ha sido reabierta tras recurrir la entidad denunciante a la Audiencia Provincial.

Al respecto, es necesario tener presente que la jurisprudencia española ha venido entendiendo que el Código Penal excluye del delito de usurpación (artículo 245.2) la “ocupación” pacífica de fincas urbanas abandonadas, como era el caso evidente del edificio que ahora alberga a “La Madreña”, si la propiedad no realiza “actos posesorios manifiestos” (Sentencias de la Audiencia Provincial de Girona de 24 de febrero y 14 de abril de 1998), si no hay voluntad de apropiación permanente, si no hay ánimo de ocupación en concepto de dueño (Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 28 de octubre de 998), si no hay coacciones, violencia ni intimidación… La primera de las sentencias citadas recuerda que no hay delito si el inmueble no reúne condiciones mínimas de habitabilidad, por su deterioro, desuso, abandono, y por ello no se encuentra habitado (ni habitable). En esta línea, la Audiencia Provincial  de Barcelona (sentencias de 16 de enero de 2003 y de 20 de junio de 2005) concluyó que el Derecho Penal no debe proteger la posesión que no se ejercita obteniendo una utilidad individual, lo que no impide que la entidad propietaria, si lo estima pertinente, acuda a una reclamación civil mediante el ejercicio de las correspondientes acciones posesorias y reivindicatorias. Ya el propio Tribunal Supremo (sentencia de 25 de noviembre de 2003) recordó que el delito de usurpación no se dirige tan solo contra la ocupación de un inmueble, sino que para considerarlo aplicable al caso particular deben valorarse las condiciones en que se hallaba el mismo en el momento en el que la ocupación se produjo.

Todo ello ha conducido a la reiterada absolución de las personas imputadas por casos similares al que ahora nos estamos refiriendo y es que, como ha señalado el profesor Joan Queralt, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, “vista esta protección civil, no se entiende el recurso al Derecho Penal; se vulnera, una vez más, su carácter fragmentario y de ultima ratio”. Pero dicha apelación al Derecho Penal quizá se deba a que, como explica el también penalista José Ángel Brandariz, las dinámicas de contracción de la asistencia social y de los beneficios y prestaciones orientadas al combate de las situaciones de riesgo de marginación han “impuesto un renovado protagonismo del sistema penal en la gestión de la exclusión”.

A la vista de lo anteriormente expuesto, parece más oportuno dedicar las investigaciones correspondientes no tanto a indagar lo que ocurre hoy en “La Madreña” como lo que aconteció en su día para que se encontrara en el estado de abandono anterior.

Texto publicado en La Nueva España el 17 de septiembre de 2013.

Globalización, ciudadanía y democracia.

Se acaba de publicar el libro Constitución y globalización. Transformaciones del Estado constitucional (Fundación Manuel Giménez Abad), coordinado por el profesor Fernando Reviriego Picón y con prólogo de Luis María Díez-Picazo. En dicho libro se incluye mi colaboración Globalización, ciudadanía y democracia (se puede descargar pinchando en el título).

Mi conclusión es que la comunidad política no puede seguir organizándose a partir de la reconducción del demos ciudadano al ethnos nacional, a esa “patria común e indivisible de todos los nacionales” entendida, natural e históricamente como un destino, sino desde el reconocimiento de los derechos democráticos de participación y comunicación políticas a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad, que residan de manera permanente en un determinado Estado.

Protección jurídica de las personas y grupos vulnerables (y los otros dos títulos de la Colección Procura)

Tras la publicación de Autonomía personal, cuidados paliativos y derecho a la vida (2011) y Crisis económica y atención a las personas y grupos vulnerables (2012), la Colección Procura presenta ahora, en versión papel y electrónica, el libro Protección jurídica de las personas y grupos vulnerables (2013). Se pueden descargar gratuitamente los libros en formato pdf pinchando en el título respectivo.

Pueden verse también los vídeos de la presentación de Crisis económica y atención a las personas y grupos vulnerables y de Protección jurídica de las personas y grupos vulnerables.

Estos tres títulos tienen en común, entre otras cosas, la pretensión de ofrecer una panorámica exhaustiva e interdisciplinar (jurídica, sociológica, económica, socio-sanitaria,…) de cuestiones que afectan de manera inmediata a los derechos de las personas, en especial de las que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Y es que, no en vano, la Colección Procura es una de las realizaciones de la Cátedra de Amparo de Derechos y Libertades, dirigida por la profesora Paloma Requejo Rodríguez, y que fue el resultado del Convenio firmado en 2008 entre la Universidad de Oviedo y la Procuradora General del Principado de Asturias para “formar, promover y divulgar desde un punto de vista práctico y profesional la protección y garantía de derechos fundamentales en general,… con especial incidencia… de los que corresponden a las personas y grupos vulnerables, colectivos éstos, muy diversos que se extienden desde los menores, a los mayores y dependientes, pasando por todos aquellos que presentan un riesgo de desprotección social, sea cual sea la causa que la genera, estimando por ello sumamente importante que a través de la Cátedra se contribuya a formar mejor a quienes de manera más inmediata pueden activar o asumir su protección legal y social”.

La supresión, por Ley del Parlamento asturiano, de la Procuradora General del Principado es probable que provoque, entre otras cosas mucho más importantes, que ésta sea la última entrega de libros de la colección Procura.

A lo largo de este periplo editorial se ha tenido bien presente que, como dice Boaventura de Sousa Santos (El milenio huérfano), “por vez primera en la Historia, la igualdad, la libertad y la ciudadanía son reconocidas como principios emancipatorios de la vida social. La desigualdad y la exclusión social tienen que ser justificadas entonces como excepciones o incidentes de un proceso social que, en principio, no les reconoce legitimidad alguna. Y frente a ellas, la única política social legítima es aquélla que define los medios para minimizar una y otra”. En todo caso, sean unas u otras las instituciones y las personas que se impliquen en la erradicación de la desigualdad y la exclusión sociales, las páginas que aquí se presentan dicen, en palabras de Albert Camus, que aunque la lucha sea difícil, las razones para luchar continúan estando claras. 

La democracia indignada. Tensiones entre voluntad popular y representación política.

El Departamento de Derecho Político de la UNED organiza, coordinado por el profesor Ignacio Gutiérrez, el Seminario La democracia indignada. Tensiones entre voluntad popular y representación política los próximos 21 y 22 de noviembre. 

La premisa de esta actividad es que a crisis económica ha convertido en insoportables las deficiencias del sistema institucional, contemplado con relativa indiferencia en tiempos de bonanza, pero rechazado de forma amplia cuando no ofrece respuesta alguna a los graves problemas cotidianos. Se reclaman entonces no sólo otros resultados (bienestar) u otras políticas, sino también otras formas políticas: una democracia real que supere los límites, ya inocultables, de la democracia representativa de partidos. 

La primera respuesta ha consistido en reactivar la participación a través del ejercicio de los derechos fundamentales orientados a la articulación social (reunión, manifestación, petición) y en conjurar las adormecidas posibilidades de la democracia directa (iniciativa legislativa popular, referéndum). Pero esa sociedad activa, para ejercer poder real, a su vez ha de organizarse (asambleas, redes, medios de comunicación) y definir el contenido del poder al que aspira (control, resistencia, hegemonía). Y, finalmente, para adoptar decisiones con eficacia pública necesitará una cierta institucionalización: la representación, en cursiva si se quiere, de los nuevos actores. 

Dos años y medio después de las primeras movilizaciones (15-M de 2011) quizá se pueda ya reflexionar sobre estos procesos con alguna perspectiva.