En los últimos tiempos hablar de regeneración democrática se ha convertido en un lugar común en diferentes ámbitos: político, institucional, informativo, académico… Eso sí, difiere la valoración de hasta qué punto la democracia ha languidecido y cómo se puede revitalizar. En mi opinión, las causas de esa decadencia tienen que ver tanto con las normas como con las formas: en cuanto a las primeras, cabe recordar, a título de meros ejemplos y sin ánimo exhaustivo, que la Constitución y la legislación que la desarrolla han optado por un sistema que fomenta la desigualdad del valor del voto, que provoca mayorías parlamentarias que no se corresponden con la pluralidad social (un partido con el 44% de los votantes tiene el 53% de los escaños) y que atribuye escasa presencia a los ciudadanos en la selección de las candidaturas; además, se han postergado al máximo los instrumentos de participación directa de la ciudadanía, se ha propiciado la ocupación partidista de instituciones no políticas y se han tapiado las vías para que exista un cierto control del Gobierno, dejando en manos de la mayoría que lo apoya la decisión de exigirle responsabilidad y poniendo todo tipo de medios para que la ciudadanía permanezca ignorante de lo que ocurre en instituciones que, teóricamente, la representan.
La regresión normativa se ha extendido al ámbito del Estado social, como se comprueba cada día con los recortes en la sanidad, las prestaciones sociales, la protección por desempleo y la atención a las personas y grupos más vulnerables, e, incluso, al propio Estado de derecho, cobijando desde amnistías fiscales hasta indultos sonrojantes.
En materia de formas la degradación no ha sido menor: no hace falta una Ley de transparencia para que las Administraciones faciliten a los ciudadanos una información que, en tanto pública, ya les pertenece; tampoco es preciso cambiar norma alguna para que los partidos funcionen democráticamente, para que no se sirva de manera espuria a intereses privados o para que quienes ocupan cargos políticos rindan cuentas de manera periódica de su gestión o dimitan si han cometido no ya un delito sino un error grave. Claro que no todo ha sido culpa de los “políticos”; los ciudadanos, en general, hemos asistido a este proceso con actitud silenciosa o, en el peor de los casos, cómplice.
Si se acepta que las anteriores son algunas de las causas que explican la situación actual, habrá que actuar tanto sobre unas como sobre otras y convendría ponerse manos a la obra de inmediato tanto para reformar las normas como para mudar las formas.
En el plano normativo me parece claro que habría que articular un sistema electoral que genere unos resultados más representativos (introduciendo mayor proporcionalidad, desbloqueando las listas electorales,…) e inclusivos (reconocimiento del sufragio a personas extranjeras con residencia permanente, rebaja de la edad electoral a 16 años); modificar instrumentos que se han venido usando para evitar el debate plural y público en sede parlamentaria (si atendemos al número de Decretos-leyes aprobados hay que concluir que vivimos en una situación de “excepcionalidad permanente”); habría que reformar unas prerrogativas parlamentarias que han devenido en privilegios (inmunidad y fuero jurisdiccional) e introducir mecanismos que hagan posible el efectivo control parlamentario del Gobierno (creación de comisiones de investigación a petición del 25% de la Cámara; comparecencia obligada de los miembros del Gobierno a solicitud de ese mismo porcentaje de parlamentarios,…), intensificar la actividad parlamentaria (agosto como único mes sin actividad ordinaria) y evitar la opacidad institucional (¿cómo se explica democráticamente que pueda haber en las Cámaras sesiones o votaciones secretas o que no se conozca en qué se emplea el dinero que reciben los Grupos Parlamentarios?) y la que ha venido amparando la financiación ilegal de los partidos.
La dignificación del ejercicio de los cargos representativos pasa también por asegurar la dedicación exclusiva a un cargo electo, introduciendo incompatibilidades estrictas entre los cargos de concejal o alcalde y parlamentario e, incluso, entre la de diputado y miembro del Gobierno respectivo, incorporando la figura de la sustitución temporal de los diputados nombrados consejeros o ministros. La sustitución temporal habría que aplicarla también, y de forma obligatoria, en casos de apertura de juicio penal contra parlamentarios y, opcionalmente, en supuestos de maternidad, enfermedad prolongada… Conviene debatir también la incorporación de la limitación del número de mandatos públicos que se pueden ejercer y acabar con las puertas giratorias entre las instituciones públicas (de los Gobiernos o Parlamentos al Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, los Tribunales de Cuentas y las Defensorías del Pueblo estatales y autonómicas) y entre éstas y las empresas privadas.
En este mismo plano no hay que olvidar que una democracia de calidad presupone la obviedad de que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones –Estado de derecho-y que exista una ciudadanía con una vida digna –Estado social-, premisas que hoy están lejos de ser una realidad. En el segundo caso, asegurar en términos constitucionales el disfrute de derechos como la sanidad, la vivienda y las prestaciones sociales es también exigencia inherente a la regeneración democrática.
Finalmente, aunque no en último lugar, es indispensable que tanto responsables políticos como ciudadanos nos dotemos de auténtica cultura democrática, lo que pasa por formas cívicas tan elementales en teoría como muchas veces ignoradas en la práctica: respeto a la pluralidad social, cultural y política, lealtad con el adversario, sinceridad en el diálogo, honestidad profesional, compromiso con la palabra dada, transparencia, rendición de cuentas, asunción de los errores,… Aunque fueron dichas en otro contexto, siguen siendo válidas las palabras de Camus: saber decir no, esforzarse cada uno desde su puesto en crear los valores vitales de los que ninguna renovación podrá prescindir, mantener lo que vale, preparar lo que merece vivirse… son motivos de renovación y esperanza.
Texto publicado en La Nueva España el 22 de marzo de 2015.
El derecho y el revés 