El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho pública su sentencia en el caso National Federation of Indepent Business et al. v. Sebelius, Secretary of Health and Human Services, et al. En ella avala la capacidad del Congreso no para obligar a los ciudadanos a adquirir un seguro de salud sobre la base de la cláusula de comercio sino para regular impuestos y tasas.
Los días 27 y 28 de junio organizamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Planta 4ª, Sala 436) un Seminario de debate sobre la crisis económica, el recorte de derechos y el estado democrático. El programa es el siguiente:
DÍA 27 DE JUNIO
16:00-16:30 hs. Presentación de la Jornada
16:30-17:45 hs. Mesa 1. La participación ciudadana en la Unión Europea de la crisis
El déficit democrático en la UE
Dr. RICARDO ALONSO GARCÍA, Catedrático de Derecho Administrativo y de la UE (U. Complutense)
Los sindicatos y la participación en tiempos de crisis
Dr. ANTONIO BAYLOS GRAU, Catedrático de Derecho del Trabajo (U. Castilla-La Mancha)
Modera: PABLO GONZÁLEZ SAQUERO, profesor del Dpto. de Derecho Administrativo (U. Complutense)
18:15-19:30 hs. Mesa 2. La apertura de los instrumentos de democracia representativa
Participación política y límites del modelo de democracia representativa español
Dr. ANDRÉS BOIX PALOP, profesor Titular de Derecho Administrativo (U. Valencia)
La educación para la ciudadanía como instrumento de formación de ciudadanos
Dra. ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ, profesora de Derecho Constitucional (U. de Barcelona)
Modera: PABLO GONZÁLEZ SAQUERO, profesor del Dpto. de Derecho Administrativo (U. Complutense)
DÍA 28 DE JUNIO
10:00-11:15 hs. Mesa 3. Visiones de la participación política en la sociedad actual
Propuestas, institucionales o no, del 15M,
Dr. MIGUEL ÁNGEL PRESNO LINERA, profesor Titular de Derecho Constitucional (U. de Oviedo)
Respuestas institucionales al 15M: la reforma de la LOREG de enero de 2011
Dr. MIGUEL PÉREZ-MONEO, profesor de Derecho Constitucional (U. de Barcelona)
Modera: Dra. ROSA GALÁN SÁNCHEZ, profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario (U. Complutense)
11:30-12:45 hs. Mesa 4. La garantía del principio democrático ¿a través del derecho sancionador?
Policía y ejercicio de derechos de reunión y manifestación Dr. JULIO GONZÁLEZ GARCÍA, Catedrático de Derecho Administrativo (U. Complutense)
La deriva autoritaria del Derecho penal
Dr. JOAN QUERALT JIMÉNEZ, Catedrático de Derecho Penal (U. de Barcelona)
Modera: Dra. ROSA GALÁN SÁNCHEZ, profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario (U. Complutense)
Se ha hecho pública, en un formato provisional, la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Sortu; puede descargarse aquí. Hay tres votos particulares que, de momento, se pueden consultar en la página del Tribunal Constitucional.
Como se recoge en la edición del 18 de junio de El País, una juez del Tribunal Supremo de la provincia canadiense de la Columbia Británica ha declarado inconstitucional la ley nacional que prohíbe el suicidio asistido por discriminar a los enfermos físicamente discapacitados. La resolución, sin embargo, no entrará en vigor hasta dentro de un año, el tiempo que la magistrada Lynn Smith ha concedido al Parlamento de Canadá para que modifique la legislación. En su sentencia, de casi 400 páginas, Smith señala que el suicidio no es ilegal en Canadá, por lo que la ley de 1892 que penaliza el suicidio asistido “contraviene el artículo 15 de la Carta Magna que garantiza la igualdad de derechos. […] Con la normativa actual, las personas válidas tienen más derechos que las inválidas o las minusválidas para acabar con su propia vida”, concluye la juez. La resolución del Supremo da la razón a las cinco personas que interpusieron la demanda, entre las que se encuentra Gloria Taylor, una mujer de 64 años que desde 2009 padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cuyo frágil estado de salud -está en silla de ruedas y tiene que ser alimentada a través de un tubo- provocó que se acelerara el proceso durante el pasado mes de agosto. “La distinción que hace la ley es mucho más palpable en personas como la señora Taylor, que padecen una grave enfermedad degenerativa, impedidas físicamente pero mentalmente lúcidas y a las que se les impide disponer de sus propias vidas, a diferencia de las sanas”, indica la sentencia. “Esta diferencia de trato es discriminatoria porque perpetúa las desventajas y desigualdades”, se indica. Taylor, no obstante, ha quedado excluida de la suspensión de los efectos de la resolución judicial y podrá solicitar la asistencia médica para acabar con su vida en los próximos 12 meses, siempre que lo haga por escrito y un doctor atestigüe que no tiene esperanza de recuperación. “Esta decisión me permite comportarme en el momento de mi muerte del mismo modo que he tratado de hacerlo a lo largo de mi vida: con dignidad, independencia y elegancia”, escribió Taylor en una nota que leyó a la prensa su abogado al conocerse la sentencia y que fue recogida por la cadena CBS.
Rob Nicholson, el ministro de Justicia canadiense, indicó el viernes que esperará a leer la sentencia para decidir si la recurre. Los analistas dan por seguro que finalmente será el Tribunal Supremo de Canadá el que resuelva definitivamente sobre la constitucionalidad de la ley. El suicidio asistido solo podrá ponerse en práctica sobre “adultos lúcidos, plenamente informados, que no tengan dudas, libres de toda forma de presión psicológica y que lo hayan solicitado personalmente»
En el país norteamericano, aconsejar, asistir o instigar al suicidio está penado con un máximo de 14 años de prisión. La sentencia de la magistrada Smith precisa que el suicidio asistido solo podrá ponerse en práctica sobre “adultos lúcidos, plenamente informados, que no tengan dudas, libres de toda forma de presión psicológica, no diagnosticados como depresivos y que lo hayan solicitado personalmente, nunca a través de un tercero”. Si el Parlamento accede a modificar la legislación, Canadá se uniría a Suiza, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, los únicos países donde el suicidio asistido es legal. En Estados Unidos, solo Montana, Washington y Oregon lo admiten. En España, Ley de Autonomía del Paciente permite rechazar cualquier tipo de tratamiento pero la práctica del suicidio asistido no está autorizada.
La última vez que el Tribunal Supremo de Canadá abordó el debate sobre el derecho a la muerte digna fue en 1993. Entonces, los magistrados resolvieron en contra de la petición de Sue Rodríguez, también enferma de ELA, para que un médico le ayudara a poner fin a su vida. El Parlamento del país ha rechazado todos los proyectos de ley que pretendían legalizar la eutanasia. El último, que incluía la aprobación del suicidio asistido, se presentó en abril de 2010 y fue desestimado por 228 votos en contra y 59 a favor.
Sobre estas cuestiones puede descargarse el reciente libro colectivo Autonomía personal, cuidados paliativos y derecho a la vida, que he tenido la oportunidad de coordinar y que ha sido editado por la Procuradora General del Principado de Asturias. En el derecho español, el artículo 143 del Código Penal dispone que: 1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. 2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.
El 17 de junio se aprobó en referéndun en el Cantón suizo de Vaud regular el suicidio asistido en establecimientos médico-sociales y hospitales con las siguientes condiciones: a) la persona que solicita el suicidio asistido debe sufrir una enfermedad grave e incurable y b) debe tener capacidad de discernimiento. El médico responsable del establecimiento médico-social o el jefe de la clínica será el responsable de asegurar que ambos criterios se cumplan, teniendo en cuenta lo dicho por el equipo médico, el médico que haya cuidado a la persona y los parientes designados por esta última. Además, y previamente, se le deben haber ofrecidos al paciente cuidados paliativos.
Mucha de la gente que vio mi documental Inside Job se dio cuenta de que la parte más perturbadora de la película consistía en la revelación de los extendidos conflictos de intereses en las universidades, en centros de estudios y entre expertos académicos. Los espectadores que vieron mis entrevistas con eminentes profesores quedaron asombrados por lo que salía de su boca. Sin embargo, no deberíamos sorprendernos. En las últimas dos décadas, los profesionales de la medicina han demostrado ampliamente la influencia que puede ejercer el dinero en un campo supuestamente objetivo, científico. En general, las escuelas y revistas médicas han respondido bien, adaptándose a los requerimientos de transparencia. La disciplina de la economía, las escuelas de negocios, las facultades de derecho y de ciencias políticas han reaccionado de manera muy diferente.
En los últimos treinta años, partes notables del mundo académico norteamericano se han degradado en actividades de «paga por jugar». En nuestros días, si vemos a un célebre profesor de economía prestar testimonio ante el Congreso, o escribir un artículo, hay muchas probabilidades de que le pague alguien con grandes intereses en lo que se está debatiendo. La mayor parte de las veces estos profesores no revelan estos conflictos de interés y la mayor parte de las veces las universidades miran hacia otro lado.
Media docena de firmas de consultoría, varias agencias de conferenciantes y diversos grupos de presión económicos mantienen extensas redes de especialistas académicos de alquiler con el propósito de abogar en favor de intereses económicos en los debates de política y regulación. Los principales sectores implicados son la energía, las telecomunicaciones, la atención sanitaria, el agribusiness y, de manera que no deja resquicio de duda, los servicios financieros.
Algunos ejemplos. Glenn Hubbard se convirtió en decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en 2004, poco después de abandonar el gobierno de George W. Bush. Buena parte de su labor académica se ha centrado en la política fiscal. Un buen resumen sería decir que no ha visto nunca un impuesto que le gustase. En noviembre de 2004, Hubbard escribió conjuntamente con William C. Dudley, entonces economista jefe de Goldman Sachs, un artículo asombroso. El artículo, “Cómo los mercados de capital aumentan el rendimiento económico y facilitan la creación de empleo” merece citarse. Recordemos que hablamos de noviembre de 2004, con la burbuja ya bien en movimiento: «Los mercados de capital han ayudado a hacer menos volátil el mercado de la vivienda… Las ‘restricciones crediticias’ del género de aquellas que periódicamente cerraban la oferta de financiación a los compradores de vivienda… son cosa del pasado».
Hubbard se negó a revelar si le habían pagado por escribir ese artículo. También se negó a proporcionarme su última declaración oficial de transparencia financiera, que no pudimos obtener de ningún otro modo, pues la Casa Blanca la había destruido. A Hubbard le pagaron 100.000 dólares (63.000 libras) por declarar como testigo de la defensa de dos gestores de un hedge fund de Bear Stearns procesados en relación con la burbuja, que salieron absueltos. El año pasado, se convirtió en consejero asesor económico de la campaña presidencial de Mitt Romney.
Larry Summers ha desempeñado casi todos los puestos de importancia en la gestión económica gubernamental. Secretario del Tesoro con Clinton, en 2009 se convirtió en director del Consejo Económico Nacional de la administración de Obama. Aunque sensato en muchas cuestiones, Summers ha cometido una serie de errores y arreglos bien documentados. Y sus opiniones sobre el sector financiero serían difíciles de distinguir de las de Lloyd Blankfein [jefe de Goldman Sachs], por ejemplo, o Jamie Dimon [jefe de J.P. Morgan]. La mayor parte de nuestra información sobre Summers proviene de declaración oficial de transparencia. La declaración de transparencia de 2009 establecía que sus ingresos totales estaban entre 17 y 39 millones de dólares. Sus ganancias totales del año anterior a incorporarse al gobierno fueron de casi 8 millones de dólares. Goldman Sachs le pagó 135.000 dólares por una sola conferencia. Summers es un hombre de compromisos que debe la mayor parte de su fortuna y buena parte de su éxito político al sector de servicios financieros, y que estuvo implicado en algunas de las decisiones políticas más desastrosas del pasado medio siglo. En el gobierno de Obama, Summers se opuso a medidas contundentes para sancionar a los banqueros o recortar sus ingresos. Harvard no le exige todavía a Summers transparencia en sus compromisos con el sector financiero. Tanto Harvard como Summers declinaron atender mis peticiones de información.
El problema de la corrupción académica está hoy tan profundamente arraigado que estas disciplinas, así como universidades destacadas, se ven gravemente comprometidas, y cualquiera que considere resistirse a la tendencia se sentiría racionalmente muy asustado. Pongamos por caso una situación como ésta: eres estudiante de doctorado o un miembro joven del profesorado, que está ponderando si llevar a cabo alguna investigación sobre, digamos, estructuras de compensación a la hora de tomar riesgos en servicios financieros, o las repercusiones potenciales de los requisitos de transparencia pública en el mercado de CDS (credit default swaps). El presidente de tu universidad es… Larry Summers.
El presidente de tu departamento es… Glenn Hubbard. O estás en el MIT [Massachussets Institute of Technology], y quieres examinar la caída en el pago del impuesto de sociedades. La presidenta del MIT es Susan Hockfield, que está en la junta de GE [General Electric], una empresa que ha evitado pagar prácticamente cualquier tipo de impuesto de sociedades durante varios años.
¿En qué medida afectan estas fuerzas a la investigación y política académicas? La evidencia de la que disponemos sugiere que el efecto es considerable.
Los comentarios académicos sobre la crisis financiera han sido notablemente débiles. Existen, a buen seguro, notables excepciones. Pero en su mayor parte, el silencio ha sido ensordecedor. ¿Cómo se puede estructurar un sector entero de tal modo que a los empleados se les anime a saquear y destruir sus propias empresas? ¿Por qué fracasaron la desregulación y la teoría económica de modo tan espectacular?
La difusión de la película Inside Job tocó claramente una fibra con respecto a estas cuestiones. Se puso en contacto conmigo un gran número de estudiantes y profesores, y ha habido mucho debate. Hay departamentos, entre los que se cuentan los de la Escuela de Negocios de Columbia que han adoptado por vez primera requisitos de transparencia. Pero la mayoría de las universidades carecen todavía de esos requisitos, y pocas tienen limitaciones sobre la existencia de conflictos de interés. Lo mismo vale para la mayoría de las publicaciones académicas. Los periodistas tienen estrictamente prohibido aceptar dinero de cualquier sector u organización sobre la que escriban. No es este el caso en el mundo académico.
Se ha producido un cambio positivo significativo. Este mismo año, la Asociación Norteamericana de Economía adoptó un requerimiento de transparencia para las siete revistas que publica. Pero la mayoría de las instituciones siguen oponiéndose a una mayor transparencia y, durante la realización de la película, se negaron siquiera a debatir la cuestión. (Texto publicado en Sin permiso, 18 de junio de 2012, tomado de The Guardian, de 21 de mayo de 2012).
En el blog de la Editorial Trotta se pueden leer las reflexiones de Jürgen Habermas sobre la crisis política de la Unión Europea y los dilemas de la democracia actual, entre ellos el de más o menos Europa. Coinciden estos comentarios con la publicación de su obra La constitución de Europa, Trotta, 2012.
Entre otras cosas, dice Habermas que los gestores políticos ocupan una posición especial en el sistema político, aparte de las posiciones de otros actores diversos. Pero solo en contadas ocasiones pueden actuar en el papel diferente y más inclusivo de exponentes del sistema político como un todo, por ejemplo, cuando buscan extender el alcance del poder político dentro de la sociedad más amplia. Un caso relevante son los fallidos intentos por regular los mercados globales financieros con el fin de volver a poner bajo control las operaciones destructivas del sistema bancario (por ejemplo, la introducción de un impuesto europeo sobre las transacciones financieras). El mayor obstáculo para tales intentos es la fragmentación política, esto es, la competición entre los Estados nacionales. Los Estados, que guardan celosamente sus prerrogativas, se resisten a construir nuevas competencias supranacionales para la acción política a costa de una transferencia de derechos soberanos.
Este hecho tiene un impacto inmediato en los dilemas de la democracia, puesto que solo el poder político, y no los mercados, puede ser sometido al control democrático. Sin embargo, no cualquier acumulación de poder en los niveles superiores de un sistema político sirve a la democracia. En la primera parte de este texto quisiera recordar los pasos dados recientemente por el Consejo Europeo hacia una cooperación más estrecha entre los Estados miembros, pasos que conducen a un aumento del poder ejecutivo europeo al servicio de un régimen de la Unión Europea conformador de los mercados y a expensas de la autonomía de los parlamentos nacionales. En la segunda parte, quisiera discutir la viabilidad de una improbable alternativa democrática, que requeriría superar el obstáculo de un ulterior proceso constitucional.
Numerosos expertos coinciden en las causas económicas de la presente crisis fiscal. Dado que la devaluación de la moneda no es una opción viable, y debido a la falta de mecanismos compensatorios tales como la movilidad de la fuerza de trabajo a través de las fronteras nacionales o un régimen común en la política social, la diferencia en los niveles de competitividad entre los Estados miembros ha generado en el pasado desequilibrios económicos a lo largo y ancho de la Eurozona, y continuará haciéndolo de forma creciente en el futuro. Estos desequilibrios solo pueden eliminarse mediante una armonización diferenciada de las políticas económica, fiscal y social de cada nación. En una respuesta tangencial a esta necesidad, el gobierno alemán ha presionado con éxito para lograr un acuerdo sobre los esfuerzos conjuntos en la aplicación de políticas de austeridad nacional, sobre los procedimientos para una supervisión conjunta de su implementación y sobre los mecanismos sancionadores en caso de violaciones. Sin entrar en los detalles de los numerosos y más bien redundantes acuerdos alcanzados desde marzo de 2011, me permito simplemente resumir tres errores de importancia:
— La imposición de políticas de austeridad repite el error estratégico de apostar ante todo por la estabilidad fiscal. Este tipo de coordinación política está cortada a la medida para lograr un traslado más efectivo de imperativos sistémicos a los canales de la política nacional. La estrategia no solo es errónea por razones económicas, al par que desastrosa a la vista de sus consecuencias sociales; es, además, contraproducente cuando se trata del objetivo de tener de nuevo el control político sobre los desenfrenados mercados financieros.
— El paso en la dirección de una gobernanza supranacional por medio de la coordinación de la gestión política nacional conforme a las mismas reglas no es capaz de eliminar las causas estructurales de los ciclos económicos destructivos. La idea de que «un sistema de reglas vale para todo» no responde a la necesidad de programas públicos diferenciados en niveles diferentes de desarrollo económico y en el contexto de culturas económicas diferentes. La Ordnungspolitik (política de orden) no es un sustituto de las intervenciones flexibles por parte de un gobierno económico europeo que ha de obtener la libertad de acción para disponer de un presupuesto propio, por limitado que este sea.
— El pacto fiscal sella definitivamente el modo intergubernamental de regular y supervisar políticas nacionales paralelas. La arquitectura tecnocrática de un modo de gobernanza ejercido informalmente por los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Monetaria ya fue introducida por el Pacto del Euro Plus el 25 de marzo de 2011 (y no es un daño colateral de la posterior carrera en solitario británica). Con este documento el Consejo Europeo se arroga el derecho, primero, de determinar objetivos específicos para todo el campo de las políticas que afectan a la competitividad de una economía nacional (medida en costes laborales unitarios); y segundo, de supervisar cómo la Comisión controla su implementación temporal. La retórica no puede disimular la práctica que se pretende: basándose en acuerdos informales, los dirigentes de los gobiernos implicados —valiéndose de un claroscuro de presiones y de una sumisión quiérase o no— imponen su voluntad sobre cada uno de los parlamentos nacionales.
En caso de que logre evitarse el crac, deberemos probablemente esperar que la política europea continúe en la dirección posdemocrática de un federalismo ejecutivo. Si mi análisis se sostiene, este curso de los acontecimientos agravará más bien que aliviará los desequilibrios económicos dentro de la Eurozona, mientras sirva al miope interés de las élites dirigentes consistente en desvincular los acuerdos europeos complejos y de largo alcance de los sospechosos públicos domésticos. Hoy día Europa parece estar atrapada en el dilema de la simultánea necesidad e imposibilidad de una profundización democrática de sus instituciones.
¿Qué habla en contra de la viabilidad de un camino alternativo que conduciría a la creación de una democracia transnacional en el núcleo de una Unión Europea que se mueve a dos velocidades?
— Dejo a un lado el argumento normativo de que el modo de legitimación democrática no puede ser extendido más allá del alcance del Estado nacional. Esta objeción depende de una concepción excesivamente estrecha del autogobierno democrático, la cual he criticado en otro lugar. Prescindo también de la discusión de los problemas legales relativos a cómo lograr el encaje de una Europa nuclear en la armazón institucional de la Unión Europea existente. Una vez que la voluntad política existe, los expertos legales pueden fácilmente encontrar soluciones a estos problemas.
— De un peso distinto es el argumento empírico según el cual requeriría mucho tiempo armonizar economías con diferentes estructura, nivel de desarrollo y trasfondo cultural. Los ejemplos del sur de Italia y de la Alemania oriental son ilustrativos de que la inclusión y la asimilación son difíciles de conseguir incluso dentro de un Estado-nación. Lograr que culturas económicas distintas crezcan al unísono es sin duda un proyecto a largo plazo.
Aun concediendo la viabilidad constitucional y económica del proyecto, nos enfrentamos todavía al problema principal e inmediato de la resistencia de mayorías euroescépticas entre los electorados de casi todos los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria. Desde comienzos de la década de los años noventa, las encuestas apuntan a un rechazo creciente de la Unión Europea en general y a un incremento de los índices de abstención en las elecciones al Parlamento Europeo. Y más recientemente, la crisis financiera ha reforzado el euroescepticismo a lo largo y ancho de la Unión Europea; es más, ha generado un nuevo tipo de agresividad mutua entre las naciones europeas. Si tuviéramos que imaginar la celebración de referéndums que decidieran sobre la alternativa entre «más» o «menos» Europa, los dos asuntos más polarizadores y estrechamente vinculados serían la transferencia adicional de derechos de soberanía y la creación de una base tributaria para un gobierno económico europeo (con implicaciones para la redistribución). Incidiré sobre dos cuestiones: ¿Por qué deberían los partidos políticos proeuropeos tener interés en embarcarse en una arriesgada movilización política de los ciudadanos en torno a asuntos tan controvertidos? ¿Y qué razones hay para esperar que pudieran tener éxito?
a) Los partidos políticos son conscientes de que se los percibe como partes remotas del aparato estatal más que como portavoces de la sociedad civil. ¿Qué les podría llevar a invertir el procedimiento tecnocrático del proyecto elitista que está en marcha? El método Monnet, consistente en un incrementalismo diplomático, floreció durante décadas en un contexto particular, pero hay diversas razones para suponer que ese contexto ha cambiado:
— La clase política no puede por más tiempo mantener fuera de la agenda asuntos europeos clave. La segmentación familiar de la política europea a partir de las palestras nacionales ha sido ya socavada por las reacciones públicas al tipo posdemocrático de federalismo ejecutivo descrito por mí. Los parlamentos y las cortes nacionales están alarmados; y los medios de comunicación nacionales se han visto llevados, de forma creciente, a poner de manifiesto el impacto doméstico de los arreglos fiscales para «salvar» la credibilidad de los Estados y los bancos. Un incentivo añadido es la percepción de un llamativo aspecto de esta crisis: por primera vez el colapso del sistema financiero, que es al mismo tiempo el sector más desarrollado y el mayor beneficiario del capitalismo global, ha sido prevenido, o al menos retrasado, únicamente por las aportaciones involuntarias de los ciudadanos en su papel político de contribuyentes.
— La política a puerta cerrada se ha beneficiado hasta ahora de las tendencias a una mayor apatía política ; pero la indiferencia con respecto a Europa era un fenómeno con una base más amplia, que incluía a las capas más acomodadas y mejor educadas de las clases medias, las cuales, por regla general, es menos probable que se abstengan del compromiso político. Pero, tan pronto como esas capas se sientan afectadas por políticas de austeridad impuestas o se vean cargadas con la expectativa de efectos redistributivos y lleguen a achacar sus aprehensiones a lo que sucede en Bruselas, entonces la carencia de una legitimación de salida estimulará, por el contrario, su interés en presionar a favor de una legitimación de entrada.
— Por último, hay síntomas de un cambio en la complicidad tácita entre tecnocracia y populismo y su reforzamiento recíproco. Aparte de revueltas autodestructivas y de alarmantes manifestaciones de cuadros de la extrema derecha bien organizados, se están abriendo nuevos canales de un difuso desasosiego. Hay una desproporción entre el tamaño y la sustancia de movimientos transnacionales como «Occupy Wall Street» o de protestas locales como «Stuttgart 21», por un lado, y la enorme resonancia que estos encuentran en los medios y su impacto en la relevancia estructural otorgada a determinados temas en la comunicación pública, por otro lado.
b) Asumamos que las élites políticas proeuropeas acaban dándose cuenta de que ya no funciona el declararse meramente de boquilla partidarias de «más Europa». Una vez que decidieron organizar campañas sobre futuros alternativos de la Unión Europea, ¿tendrán ocasión para dar la vuelta a la situación? A lo largo de décadas, las élites políticas en buena medida dejaron sin definir la finalidad de la unificación europea: las naciones implicadas afrontaron ese proyecto con una indiferencia más o menos benevolente; asegurar la paz en un continente salpicado de sangre era para ellas razón suficiente para la unificación. Esto ofrece ahora a los partidos políticos la oportunidad de formular y especificar ese difuso asunto adoptando una perspectiva a largo plazo. A la larga, también las naciones acreedoras se benefician de un esquema redistributivo que lastra sus presupuestos a corto plazo. Más importante es trascender el enfoque estrechamente económico de la discusión actual y situar la alternativa en un contexto más amplio. A la vista de un proyecto complejo que toca tantos aspectos relevantes de la vida nacional, los pros y los contras solo pueden ser equilibrados razonablemente si se mantiene abierta la agenda. Las preferencias existentes pueden ser invertidas por la fuerza de argumentos mejores si los gestores de las agendas tienen en cuenta, entre otros aspectos, los puntos de vista siguientes:
—Una historia compartida de conflictos y reconciliaciones como recurso para construir una cultura política común. Es cierto que las políticas de la memoria de los Estados nacionales operan en dos sentidos: son divisorias en la lectura nacionalista e integradoras en una lectura reflexiva. Pero enfocar la alternativa entre «más» o «menos» Europa requiere adoptar una perspectiva mutua que pudiera promover los esfuerzos de los medios de comunicación principales por vincular visiones nacionales y comparar unas con otras.
— Los efectos sinérgicos de una Europa nuclear que permanece abierta a otros Estados miembros que quieran unirse a ella. A la vista de las previsiones de futuro, bien documentadas, que pronostican para este pequeño continente un decrecimiento proporcional de población, producción económica y peso político, las naciones europeas independientes perderán fuerza tanto para llevar a cabo sus propios modelos culturales y políticos como para ejercer influencia en la tarea de conformar una sociedad mundial que se halla desgarrada en lo político y estratificada en lo socio-económico y que se enfrenta a los retos no dominados del hambre y la pobreza, de las catástrofes ecológicas y los peligros planteados por una tecnología de gran escala.
— El papel extraordinario de una votación democrática sobre la democracia. Un referéndum o una elección sobre la cuestión de la continuación o la detención de una ulterior integración europea es un procedimiento que convierte la democracia de fuente en tema de discusión, y ello en un doble sentido. Una votación semejante no solo facilitaría o impediría dar el paso siguiente hacia la elaboración de una constitución; ante todo implicaría un voto a favor o en contra de la atribución democrática de poder a las autoridades europeas, las cuales, de este modo, usarían ese poder para reequilibrar la relación entre política y mercados.
— El ingreso en una política doméstica europea. A pesar de su compromiso común, los partidos proeuropeos todavía están divididos a lo largo de líneas de demarcación familiares. Mientras que de un lado se quiere asegurar el respaldo democrático para una consecución más efectiva del liberalismo de mercado, de otro lado se aspira a dotar a la Unión Europea de una autoridad supranacional que pudiera emplearse en la deseada regulación de los mercados, lo cual solo es posible, si es que lo es, a escala continental. Este debate tiene relevancia constitucional, porque la partición entre liberales y socialdemócratas por primera vez cortaría por el medio las líneas divisorias de las alianzas nacionales; abriría la puerta a una política doméstica europea y aportaría un estímulo para la formación de un sistema de partidos europeo.
Ya se puede leer el segundo volumen de los materiales didácticos sobre Derecho y Cine: El Derecho Constitucional en el cine. En este libro, en el que he tenido la oportunidad de participar, se comentan, entre otras, las siguientes películas: El escándalo de Larry Flint, una reflexión sobre los derechos de las personas en su dimensión privada y social; Te doy mis ojos, sobre la violencia de género; Frozen river, a propósito de la libertad de circulación y establecimiento y la situación de los pueblos indígenas; De nens, que se ocupa de la libertad de información y el derecho al secreto profesional; Origen, sobre la protección de los derechos fundamentales ante distintas formas de manipulación mental; Acción civil, que versa sobre la garantía judicial del derecho al medio ambiente; 14 kilómetros, sobre el derecho de extranjería y el tráfico irregular de inmigrantes; Mar adentro, a propósito del derecho a la vida, la eutanasia y testamento vital; Buenas noches y buena suerte, en relación con la libertad de prensa frente al abuso del poder en el Estado democrático; Camino a Guantánamo, sobre la vigencia del estado de derecho y los derechos frente al Estado, o Doce hombres sin piedad, con el tribunal del jurado y el derecho a la presunción de inocencia.
Carlo Cipolla fue un prestigioso historiador de la economía que escribió, junto a numerosos libros, uno muy recomendable en todo momento e imprescindible en la situación actual: Allegro ma non troppo. La segunda parte de esta obra está dedicada a las Leyes fundamentales de la estupidez humana, que Cipolla explica con suma precisión: la Primera Ley Fundamental impide la atribución de un valor numérico a la fracción de personas estúpidas respecto del total de la población: cualquier estimación numérica resultaría ser una subestimación. De acuerdo con la Segunda Ley Fundamental, o Ley de Hierro, la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. Según la Tercera Ley Fundamental, o Ley de Oro, una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio.
¿Y dónde radica el peligro de la estupidez? En que la persona inteligente sabe que es inteligente. El malvado es consciente de que es un malvado. El incauto está penosamente imbuido del sentido de su propia candidez. Al contrario que todos estos personajes, el estúpido no sabe que es estúpido. Esto contribuye poderosamente a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a su acción devastadora. Con la sonrisa en los labios, como si hiciese la cosa más natural del mundo, el estúpido aparecerá de improviso para echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, tiempo, buen humor, apetito, productividad, y todo esto sin malicia, sin remordimientos y sin razón. Estúpidamente.
Pues bien, si según la Segunda Ley Fundamental, la fracción de gente estúpida es una constante E, que no se ve influida por el tiempo, espacio, raza, clase o cualquier otra variante histórica o sociocultural, un país en ascenso tiene también un porcentaje insólitamente alto de individuos inteligentes que procuran tener controlada a la fracción E, y que, al mismo tiempo, producen para ellos mismos y para los otros miembros de la comunidad ganancias suficientes como para que el progreso sea un hecho. Por el contrario, en un país en decadencia, el porcentaje de individuos estúpidos sigue siendo igual a E, pero en el resto de la población se observa, sobre todo entre los individuos que están en el poder, una alarmante proliferación de malvados con un elevado porcentaje de estupidez y, entre los que no están en el poder, un igualmente alarmante crecimiento del número de los incautos. Tal cambio en la composición de la población de los no estúpidos refuerza, inevitablemente, el poder destructivo de la fracción E de los estúpidos, y conduce al país a la ruina.
En estos días se cumplen 10 años de la emisión del primer capítulo de The Wire. En el blog Quinta Temporada, de El País, se recuerdan algunas claves de la serie. Para conocer lo que David Simon quería que fuera esta serie se puede leer su biblia.
La editorial Icaria, en su colección Asaco, ha publicado el libro colectivo titulado Vivir en deudocracia: iban un portugués, un irlandés, un griego y un español…, que puede descargarse gratis en versión pdf. Entre otras cuestiones, trata de dar respuesta a preguntas como ¿Puede España verse abocada a un “rescate”? ¿Qué hay detrás de la deuda española? ¿Puede una auditoría de la deuda ayudarnos a salir de la crisis? ¿Y si no pagamos?.
El derecho y el revés 