Filibusterismo gubernamental.

Está generalmente admitido que para hacer viable la dirección política del Estado es imprescindible una íntima conexión entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo apoya. También que la tarea de controlar la acción del Gobierno y, por extensión, de la mayoría parlamentaria, debe corresponder a las formaciones minoritarias presentes en las Cámaras y a la propia ciudadanía siempre que esté en condiciones de conocer qué decisiones se toman y cuáles son los argumentos que las justifican.
El problema en España es que se ha llegado a una situación en la que se hurta a la ciudadanía la posibilidad de conocer las razones de las decisiones más relevantes y a la propia oposición la oportunidad de someterlas a la crítica. Ello se debe a que, a lo largo de los mandatos parlamentarios, la mayoría que respalda al Gobierno puede, sin mayores esfuerzos, obstaculizar la función de control, de manera que no solo el Parlamento no es en sí un órgano de control sino que tampoco es un lugar para el control y ello es así entre nosotros, a diferencia, por ejemplo, de Alemania, porque aquí la propia decisión de ejercer el control depende en no pocos casos de la voluntad del que va a ser controlado: si el Gobierno no quiere –y su mayoría parlamentaria lo apoya- no comparece o no debe soportar que se cree una comisión de investigación. En suma, no parece exagerado hablar, a la luz de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, del “filibusterismo parlamentario de la mayoría”.
Lo novedoso de la situación actual es que el Gobierno en funciones ha decidido ejercer de motu proprio ese filibusterismo al no tener amparo de la mayoría del Congreso de los Diputados (sí del Senado). Y no otra cosa que filibusterismo es el argumento aducido por el Ejecutivo de que se trata de un Gobierno en funciones y que como tal no debe someterse a los instrumentos de control parlamentario.
Es cierto que cuando un Gobierno está en funciones tiene limitadas sus iniciativas políticas: según la Ley 50/1997 no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Por su parte, el Presidente no puede proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza ni proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Ahora bien, esa misma Ley le autoriza a tomar decisiones políticas en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique. En suma, el Gobierno en funciones no es un mero gestor ni podría serlo en un contexto institucional en el que ese órgano es el que mayor poder ha acumulado tanto en sistemas presidenciales, lo que puede parecer más lógico, como en los parlamentarios; la facultad del gabinete de alcanzar sus objetivos –en ocasiones frente a una considerable oposición fuera del Parlamento– fue descrita de manera elocuente como “elective dictatorship” por el Lord Chancellor Hailsham en un programa de la BBC en el año 1976.
Pero en un sistema democrático estas prácticas, entendidas en términos absolutos, son inaceptables: una cosa es que, del mismo modo que ahora el Presidente del Gobierno no puede disolver las Cortes, tampoco quepa una moción de censura contra el Jefe de un Gobierno en funciones (responsabilidad política extraordinaria), pero de ahí no cabe colegir que las Cámaras tengan constitucionalmente vetado exigir la rendición de cuentas –responsabilidad política ordinaria- que corresponda cuando el Gobierno en funciones adopte decisiones políticas relevantes o incurra en graves errores en el ejercicio de sus facultades. En tales hipótesis es contrario al principio democrático que el Gobierno no acuda a las Cámaras para dar explicaciones públicas de lo que ha hecho y de por qué lo ha hecho, y es que tal rendición de cuentas no se agota en los representantes electos sino que se dirige, en último término, a la ciudadanía sobre la que se asienta la soberanía popular.
En otros términos, eso mismo es lo que se dice en el Informe, de 19 de enero de 2016, de la Secretaría General del Congreso de los Diputados: “en la medida en que el Gobierno en funciones conserva ciertas competencias, excepcionalmente y de forma singularizada en cada caso, la Mesa podría admitir y ordenar la tramitación de la iniciativas de control y de información (preguntas, interpelaciones, comparecencias y solicitudes de informe) que pudieran plantearse, siempre referidas al ejercicio de las funciones que el artículo 21 de la Ley del Gobierno confiere a éste cuando está en funciones”.
En suma, si es cierto que con el actual sistema de gobierno las Cámaras difícilmente pueden cumplir con la función de ser órganos de control del Gobierno al menos no pueden dejar de ser lugares para el control del Gobierno; también, cuando corresponda, del Gobierno en funciones. Solo faltaba que además de soportar el filibusterismo de la mayoría parlamentaria hubiera que aceptar que se ejerciera el filibusterismo gubernamental.

Texto publicado en La Nueva España el 3 de abril de 2016.

Otros textos sobre esta misma cuestión:

Joan Vintró: Gobierno en funciones y control parlamentario, Agenda Pública.

Fernando Álvarez Ossorio: Gobierno zombi, El Correo de Andalucía.

Enrique Guillén López: ¿Quién está cesado: el Parlamento o el Gobierno? El País.

Teresa Freixes: El control parlamentario del Gobierno en funciones, El Español.

Josu de Miguel Bárcena: El control del Gobierno en funciones, El Correo.

Fernando Santaolalla López: Gobierno en funciones y Parlamento, Ahora.

¿Somos una sociedad decente?

Decía Avishai Margalit (La sociedad decente, Paidós, 1997) que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas y aclara que la conducta humillante rechaza al otro como no humano, pero la acción de rechazo da por supuesto que lo que se rechaza es una persona. Ese rechazo humillante se ha convertido en habitual en Europa con las personas que huyen de conflictos bélicos como el de Siria hoy y otros antes, o de la más absoluta miseria que se padece en tantos lugares, y tal rechazo se practica en Grecia, Turquía, Macedonia, Serbia o Hungría,…, pero también en Italia o España.
Por si fuera poco, estos días estamos asistiendo a un intento, a escala europea, de institucionalización de estas humillaciones: como es sabido, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han alcanzado un principio de acuerdo con el primer ministro turco consistente, entre otras cosas, en retornar –léase deportar- a todos los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas y reasentar, por cada sirio readmitido por Turquía desde las islas griegas, a otro sirio desde Turquía en los Estados miembros de la Unión Europea. “Las medidas tomadas envían el mensaje claro de que los días de la migración irregular se han acabado”, declaró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Aunque con varios días de retraso, el ministro español de Exteriores y Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, aseguró el pasado día 14 que esa propuesta es “inaceptable” y que España rechazará expulsiones colectivas de refugiados. Según García-Margallo, España “se opone radicalmente a cualquier expulsión de tipo colectivo, pide un tratamiento individualizado y la suspensión de la deportación hasta que se produzca la resolución de ese tema y, si se ha de producir algún retorno, pide garantías para que se dé seguridad en la protección a los refugiados”.
Es de alabar esta declaración del ministro español mirando al Este pero sería mucho más creíble si fuera acompañada de otra en el mismo sentido mirando al Sur y que no obviara la reciente reforma de la Ley de extranjería, impulsada por su gobierno y llevada a cabo de forma espuria a través de la nueva Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana; en dicha norma, tan inaceptable como el preacuerdo que se censura, se prevé que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Lo que se hace en Ceuta y Melilla no es distinto a lo que ocurre en Grecia: se trata de medidas con unos destinatarios muy concretos: extranjeros [sean sirios, afganos, nigerianos,…] que intentan cruzar irregularmente la frontera; en segundo lugar, y aunque en la ley española se hable de “rechazo” y en el principio de acuerdo UE-Turquía de “retorno”, no deja de tratarse de una suerte de expulsión, si interpretamos este último término, como hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), “en su sentido genérico, empleado en el lenguaje corriente (ahuyentar de un lugar)” (caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia, de 2012); además, se está pensando en una expulsión “colectiva” (los extranjeros que sean detectados…), por lo que parece de aplicación el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que, taxativamente, dispone “quedan prohibidas la expulsiones colectivas de extranjeros”.
Lo que sean expulsiones colectivas fue definido por el propio TEDH (asunto Čonka c. Bélgica, de 2002) como “toda medida que obligue a los extranjeros, en cuanto grupo, a salir de un país, salvo en el caso de que la medida se haya tomado como consecuencia y sobre la base de un examen razonable y objetivo de la situación particular de cada uno de los extranjeros que forman el grupo” y el TEDH también ha aclarado (caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia) que “el objetivo que persigue el artículo 4 del Protocolo Núm. 4 es el de impedir que los Estados puedan expulsar a determinados extranjeros sin antes examinar sus circunstancias personales y, de esta manera, sin dejarles presentar sus argumentos en contra de la medida adoptada por la autoridad competente”.
Finalmente, hay que tener en cuenta, por lo que al derecho de asilo se refiere, que la clave “es saber si existen garantías efectivas que protejan al demandante contra una devolución arbitraria, directa o indirecta” (asuntos M. S. S. c. Bélgica y Grecia, de 2011, y A. C. y otros c. España, de 2014). Y esas garantías operan al margen de si la línea fronteriza es, o no, territorio español o griego, pues quienes llevan a cabo la detección y rechazo de las personas extranjeras son miembros de las Fuerzas de Seguridad de los respectivos Estados y tienen obligación de garantizarles “todos los derechos y libertades previstos en el Título 1 del Convenio que sean pertinentes en la situación” de esas personas (caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia).
Pues bien, a la luz de estas premisas jurídicas ni el preacuerdo UE-Turquía ni la legislación española garantizan que las personas rechazadas puedan ejercer los derechos propios de los demandantes de asilo garantizados por la Constitución española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Siendo así, ¿estamos en condiciones de declarar inaceptables medidas que hemos sido pioneros en aplicar? ¿Tenemos legitimidad para oponernos radicalmente a cualquier expulsión de tipo colectivo cuando las estamos aplicando de manera continuada? En definitiva, ¿somos nosotros mismos una sociedad decente?

Texto publicado en La Nueva España el 18 de marzo de 2016.

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Foto tomada de la página web de Amnistía Internacional.

El Derecho en la Literatura (I): “La ley del menor”, de Ian McEwan.

El análisis conjunto de la literatura y el derecho se ha venido consolidando, especialmente en las universidades norteamericanas, en los últimas décadas del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI aunque se encuentran precedentes más lejanos, como el conocido texto “Law and Literature” escrito en 1930 por Benjamin Cardozo, uno de los más brillantes juristas norteamericanos del siglo pasado y que fue juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sobre esta cuestión, que en España ha cultivado especialmente el profesor José Calvo González, hay ya muchos trabajos; por citar dos obras de especialistas de una y otra disciplina cabe mencionar Law and Literature, de Richard Posner, y Literatura y Derecho: ante la ley, de Claudio Magris, pero para encontrar a un clásico que combinó ambos géneros no hace falta ir muy lejos: Leopoldo Alas escribió “La Regenta” pero fue también catedrático de Derecho Natural y, entre otras cosas, prologó la edición en español de una obra capital: La lucha por el Derecho, de Von Ihering, de cuya traducción se encargó, por cierto, Adolfo Posada.
Podemos, pues, encontrarnos con que un texto literario sirve como herramienta fundamental para un debate jurídico; así, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, fue empleado durante los debates previos a la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a propósito de la conjunción, o no, entre derechos de carácter individual y los que tienen una impronta social. También, y es de lo que aquí se hablará, el derecho puede ser parte importante de una trama literaria. Y en esa relación entre derecho y literatura, cabe ver al primero o bien como un conjunto de categorías elaboradas en el mundo jurídico y que la literatura se limita a incorporar o como algo susceptible de encontrar sentido a través de literatura, tal y como sostuvieron los editores del primer número de Yale Journal of Law and Humanities.
La reciente novela de Ian McEwan La ley del menor (Anagrama, 2015) –The Children Act-, es una buena muestra de lo primero: la protagoniza una jueza, Fiona Maye, encargada de asuntos civiles en los tribunales londinenses, y a través de varios de los casos que debe resolver vemos cómo funciona el sistema judicial inglés y cómo tratan los conflictos que afectan a menores la legislación –la Ley del menor del título- y la jurisprudencia inglesas: se citan jueces famosos como Scarman, Bingham, Hoffman, Ward –a quien el autor agradece su ayuda con los tecnicismos jurídicos y sobre las actividades de la magistratura-, o Mumby y asuntos de referencia como Piglowska v. Piglowski, de 24 de junio de 1999. La novela también se podría haber titulado “el bien del menor”, pues es ese el principio que debe regir en esos asuntos y es la máxima que siempre trata de tener en cuenta la señora Maye aunque no siempre resulta fácil determinar en los “casos difíciles” qué es lo más adecuado, o lo menos malo, para un menor. Ian McEwan lleva a cabo una buena selección de esos casos: un proceso de divorcio problemático en lo relativo a la custodia de las hijas; la decisión de autorizar, o no, la separación de dos hermanos siameses para salvar, al menos, a uno de ellos y, en especial, un asunto sobre si es válida la negativa a recibir una transfusión de sangre de un adolescente testigo de Jehová.
Al tiempo que afronta una crisis matrimonial, la protagonista indaga sobre el bienestar del menor y cita una sentencia de 1893 del juez Lindley precursora en la ampliación del concepto de bienestar más allá de la comodidad económica o física, defendiendo que hay que ir a un concepto “social” de buena vida, del que forman parte las relaciones de los niños con su familia y amigos y que debe ser, inevitablemente, un concepto evolutivo.
Por todo ello no puede dejar de comentarse la regresión que ha supuesto en España la modificación que ha llevado a cabo la reciente Ley 26/2015, de protección a la infancia y la adolescencia (nuestra “Ley del menor”) en la Ley de autonomía del paciente: como han comentado (LNE, 27 de febrero) Sergio Gallego y Laura Muñoz, se ha impuesto una protección a ultranza de la vida frente a cualquier otra consideración, olvidando que también los menores son titulares de una dignidad que puede resultar menoscabada si lo único que importa es prolongar irracionalmente su vida. No es eso, desde luego, lo que haría la magistrada Fiona Maye.

Texto publicado en La Nueva España el 11 de marzo de 2016.

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II Observatorio Internacional de Derechos Humanos, 7 y 8 de marzo de 2016.

Los días 7 y 8 de marzo se desarrolló en la Universidad Carlos III, de Madrid, el II Observatorio Internacional de Derechos Humanos, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III y coordinado por los profesores Luis Efrén Ríos Vega, Francisco Javier Ansuátegui Roig e Irene Spigno.

El día 7 los temas tratados fueron “Los derechos de las personas migrantes”, con las ponencias de Tania Groppi, de la Universidad de Siena; Felipe González, de la Carlos III, y Juan María Bilbao Ubillos, de la Universidad de Valladolid, y “El derecho de conformación de partidos políticos”, con José de Jesús Orozco, de la Comisión´Interamericana de Derechos Humanos; Luis Efrén Ríos Vega, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y Miguel Á. Presno Linera de la Universidad de Oviedo. Aquí puede verse el vídeo.

El 8 se analizadon “Los derechos reproductivos”, por parte de Rafael de Asís, de la Carlos III; Fernando Rey, de la Universidad de Valladolid, y Elena Sorda, de la Universidad de Génova, y “Los derechos LGBTI”, por José Luis Rey, Eleonora Ceccherini, de la Universidad de Génova, e Irene Spigno, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Aquí puede verse el vídeo.

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