Premisas para la introducción del voto electrónico en la legislación electoral española. Premises regarding the introduction of Electronic Voting (E-Voting) into the Spanish Electoral Law

En el número 173 de la Revista de Estudios Políticos (2016), coordinado por los profesores Josu de Miguel Bárcena y Elena García Guitián, se incluye mi trabajo “Premisas para la introducción del voto electrónico en la legislación electoral española” (puede descargarse en formato pdf).

En mi opinión, la introducción legislativa del voto electrónico está condicionada al respeto de los elementos que configuran el sufragio como libertad subjetiva; es decir, debe ser garantizarse el mantenimiento de su carácter universal, libre, igual, directo y secreto. Además, la dimensión objetiva de este derecho convertirá en un “mandato de optimización” dicha introducción, si con ella se favorece su ejercicio. Estas premisas se analizan tanto en el ejercicio presencial del sufragio  como en el voto a distancia.

En pocas palabras, la conclusión es que, por lo que se refiere al caso español, el voto electrónico presencial, que exige acudir a la mesa electoral, no parece que favorezca una mayor participación e introduciría una innecesaria complejidad en un sistema que ha venido funcionando bien; entre otros motivos, por la presencia de electores elegidos por sorteo como miembros de las Mesas Electorales, que, en general, pueden verificar sin dificultades la limpieza y transparencia del proceso.

Sí me parece justificada la introducción del voto electrónico a distancia, ya existente con garantías en Estonia, como forma de favorecer el ejercicio del sufragio a personas que no pueden acudir el día de la votación al colegio electoral o que residen en el extranjero, máxime cuando, en este último supuesto, se han venido repitiendo en los últimos procesos electorales numerosos casos en los que no se ha podido emitir el voto o no ha llegado a tiempo para ser escrutado.

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La importancia de la educación infantil.

                                                                                                                   A Isabel Oliveros

La educación infantil es, al menos según el Real Decreto que regula las enseñanzas mínimas de su segundo ciclo, la etapa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Como es sabido, se ordena en dos ciclos: el primero llega hasta los tres años; el segundo, que es gratuito, va desde los tres a los seis años de edad. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 

Ambos ciclos tienen carácter voluntario pero el segundo se ha generalizado en toda España, de modo que en la actualidad, según el Ministerio de Educación, prácticamente el 100% de los niños y niñas de 3 a 6 años acuden al colegio de manera gratuita. Pero si tenemos en cuenta que, como recuerda Unicef, en los primeros meses y años de vida cada contacto, cada movimiento y cada emoción redundan en una explosiva actividad eléctrica y química en el cerebro, pues miles de millones de células se están organizando en redes que establecen entre ellas billones de sinapsis, parece que una escolarización temprana y adecuada entre los primeros meses y los tres años incidirá de manera muy positiva en la mejora del rendimiento escolar futuro pero, sobre todo, en la vida de esos niños y niñas, que, en ese período, empiezan a conocer su propio cuerpo y el de los otros; aprenden a respetar las diferencias observando y explorando su entorno familiar, natural y social; adquieren progresivamente autonomía en sus actividades habituales; desarrollan sus capacidades afectivas; se relacionan con los demás y adquieren poco a poco pautas elementales de convivencia y relación social; desarrollan habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión,…, y es que, en palabras de John Dewey, la educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma. 

Por todo ello parece que favorecer la educación infantil en el primer ciclo de 0 a 3 años tendría que ser uno de los objetivos prioritarios para las autoridades educativas, de manera que no hubiera niños ni niñas que se quedaran fuera de las escuelas infantiles por falta de plazas suficientes, lo que está ocurriendo en la actualidad; otra cosa es que haya familias, que por las razones que sean, consideren prematura la escolarización a esas edades y decidan que son mejores otras opciones.

Como es obvio, no se trata únicamente de que haya plazas bastantes para atender las demandas familiares, sino de que los medios materiales sean adecuados y que las personas que van a asumir la enorme responsabilidad de acoger, cuidar, estimular, enseñar, arropar, limpiar, alimentar,… a estos niñas y niñas tengan una estabilidad laboral razonable y sean retribuidas como merecen. Es éste uno de los ámbitos en los que las autoridades locales y autonómicas tienen la ocasión de singularizarse y de llevar a cabo políticas públicas de fomento de la educación, quizá, como dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos en su famosa sentencia Brown v. Board of Education of Topeka, la función más importante de las administraciones, pues el fundamento básico de una auténtica ciudadanía al representar el principal instrumento para despertar los valores culturales en los niños, para prepararles para el aprendizaje y para ayudarles a adaptarse con normalidad a su medio.

Es conocido que, poco después de recibir el premio Nobel, Albert Camus escribió una carta al señor Germain, su maestro de la infancia, en la que le decía: “sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido.”

Todos tenemos en nuestra memoria a un señor o señora Germain; yo he tenido muy buenos profesores pero ahora quiero recordar a mi primera maestra, Isabel Oliveros, que a lo largo de su carrera acogió, cuidó y enseñó a centenares de niños y niñas entre 4 y 6 años. En mi caso, además, tranquilizó y orientó a mi madre, preocupada por mis importantes dificultades con la lectura. Por todo ello, y junto con nuestro recuerdo agradecido como escolares que fuimos, es necesario que todas esas personas que acogen, cuidan y enseñan a los niños y niñas de hoy, sean tratadas con la dignidad social, laboral y económica que sin duda merecen.

Texto publicado en La Nueva España el 29 de diciembre de 2016 y en La Provincia, de Las Palmas de Gran Canaria, el 2 de octubre.

Una crítica al uso de la teoría de la ponderación en los conflictos (aparentes) entre derechos fundamentales

En el reciente Liber Amicorum al profesor Luis Martínez Roldán (Universidad de Oviedo, 2016) he tenido la oportunidad de participar con el texto “Una crítica al uso de la teoría de la ponderación en los conflictos (aparentes) entre derechos fundamentales” (puede descargarse en formato pdf).

Como es bien conocido, se alude a la ponderación cuando parecen pugnar conductas susceptibles de ser incluidas como parte del objeto protegido por dos o más derechos fundamentales; ponderando, se dice por el Tribunal Constitucional, podremos saber qué derecho fundamental, valga el juego de palabras, es el preponderante; por ejemplo, el derecho al honor sobre la libertad de información; El uso que se ha venido haciendo del criterio de la ponderación presupone, en primer lugar, que hay un auténtico conflicto entre dos derechos fundamentales y, en segundo término, que para resolverlo el órgano encargado de tal cometido –normalmente, un tribunal- debe indagar qué valor o interés persigue cada uno de esos derechos para, una vez conocida tal cosa, dar valor preferente en el caso concreto a la expectativa que persiga el valor o interés más cualificado o importante.

Lo que sostengo en el texto es que, en rigor, no hay tal enfrentamiento entre, por mencionar los casos más frecuentes, la libertad de expresión y el derecho al honor, sino que ese “conflicto”, de existir, sería entre el derecho fundamental en cuestión y los límites, internos o externos, que quepa derivar del texto constitucional. Son estos límites los que nos ayudan a resolver las situaciones en las que, por seguir con el ejemplo ya comentado, tanto la persona que ha emitido una información o formulado una expresión como la que se ha sentido lesionada en sus derechos al honor, la intimidad o la propia imagen, pretenden contar con el amparo constitucional. No puede haber, en suma, un conflicto porque si una expresión está constitucionalmente protegida es porque no ha menoscabado el derecho al honor y si ha lesionado este derecho tal cosa ocurre porque la expresión no podía considerarse un ejercicio de la libertad iusfundamental.

Lo que procede, pues, es averiguar si una conducta concreta y controvertida –una expresión, una publicación en un medio de comunicación,…- está, o no, amparada por la norma de derecho fundamental. Para esta técnica no es necesario jerarquizar los derechos según el caso concreto y conforme a un orden de valores o intereses preferentes en cada situación, sino examinar sus recíprocos límites y constatar cuál de las expectativas de conducta solapadas no está privada de protección.

Un caso reciente en el que el Tribunal Constitucional acudió a la “teoría de la ponderación” fue el del farmacéutico de Sevilla que se negó a vender una píldora anticonceptiva alegando motivos de conciencia (STC 145/2015, de 25 de junio). En mi opinón, lo que tendría que haber hecho el Tribunal Constitucional español, una vez que, de manera discutible, decidió admitir el recurso de amparo en defensa del derecho fundamental a la libertad ideológica, es analizar, en primer lugar, si la objeción de conciencia es una conducta que forma parte del objeto de ese derecho; es decir, tendría que delimitar el alcance del derecho a la libertad ideológica-; en segundo lugar, y si admite que es así –en contra de lo dicho anteriormente por el propio Tribunal- tendría que analizar si esa conducta no está limitada por otro derecho constitucional de índole prestacional como el de la protección de la salud, cuya concreción legislativa ha supuesto que exista la obligación legal (artículo 84.3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios) de dispensar los medicamentos, como la “píldora del día después” que se demanden tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de Salud en las condiciones reglamentarias establecidas.  Lo procedente es, pues, fijar el ámbito de protección de los derechos fundamentales –libertad ideológica, salud sexual y reproductiva- y no ponderar las premisas fácticas: si en el caso concreto el farmacéutico puede negarse a dispensar el producto dado que las personas que lo demanden no sufrirían con ello perjuicio alguno dado que podrían adquirirlo sin dificultad en otros establecimientos. 

No se trata, en suma, de ponderar los bienes en presencia sino de interpretar, de delimitar, los derechos fundamentales; de, recordando las palabras del profesor Ignacio de Otto, la interpretación unitaria y sistemática de la Constitución.

 

¿El escaño de Rita?

En un comunicado público, con membrete del Partido Popular Oficina de Información (sic), la señora Rita Barberá,  senadora por designación de las Corts Valencianes, manifiesta  su “voluntad de NO DIMITIR –en mayúsculas viene el original- del Senado y de permanecer en él…” En las informaciones sobre esta situación, los medios de comunicación cuentan que la senadora justificó su negativa a una supuesta petición de la dirección de su partido diciendo “es mi escaño”.

Si es así, nos encontraríamos ante un ejemplo palmario –aunque ni es el primero ni será, con probabilidad, el último- de concepción “patrimonial” del cargo representativo –“el escaño es mío”- y no, como tendría que entenderse en un sistema democrático-representativo, en un sentido funcional: quien ejerce el cargo en el Congreso o el Senado lo hace para permitir la expresión de una concreta representatividad, que se configura en las urnas o –caso Rita Barberá- mediante una elección parlamentaria por una Cámara legislativa autonómica. 

Y es que los artículos constitucionales que regulan el ejercicio de los cargos representativos en las Cortes Generales no pueden desvincularse del derecho fundamental reconocido por el artículo 23 y que garantiza la participación popular en los asuntos públicos, bien de manera directa o, como en el supuesto que nos ocupa, por medio de representantes. Por tanto, el escaño en el Senado no es de Rita, no está “a su servicio”, sino que es –debería ser- Rita la que está al servicio del escaño. Por este motivo, la condición de representante en la Cámara Alta se puede perder si concurren una serie de circunstancias; por ejemplo, el Reglamento del Senado alude a la condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público dispuesta por sentencia judicial firme y la propia Ley 9/2010, de 7 de julio, de designación de Senadores o Senadoras en representación de la Comunitat Valenciana, menciona como causas de cese la disolución de las Corts Valencianes, la pérdida de las condiciones específicas de elegibilidad establecidas en la ley, la existencia de incompatibilidad apreciada y no subsanada…

Entre las causas legal o reglamentariamente previstas para el cese no está la decisión judicial de investigar los presuntos delitos cometidos por la persona que desempeña la función representativa, por lo que ahora no cabe expulsar jurídicamente a la senadora Barberá. Para ello es necesario, como se ha dicho más arriba, que haya una sentencia judicial firme. ¿Cabría, no obstante, suspenderla temporalmente mientras no exista esa sentencia que, en su caso, la condene? 

En primer lugar, debe recordarse que la suspensión temporal ya está contemplada en el Reglamento del Senado (arts. 101 y 102) dentro del Capítulo de la disciplina parlamentaria, que prevé suspensiones de hasta un año en casos de agresión a otro “Senador o a alguno de los miembros del Gobierno durante el curso de una sesión” o cuando su señoría “exhiba o haga uso de un arma blanca o de fuego durante el curso de una sesión”. No cabe aplicar, al menos por ahora, esta previsión al “caso Barberá”.

Pero, en segundo lugar, si el Tribunal Supremo solicita el suplicatorio para procesar a la senadora Barberá, una vez firme la decisión judicial que acuerde su encausamiento, la Cámara, de acuerdo con el artículo 22.6 de su Reglamento, podrá acordar por mayoría absoluta de sus miembros, y según la naturaleza de los hechos imputados (aquí blanqueo de capitales), la suspensión temporal en la condición de Senadora, incluida la privación de la asignación económica.

Por tanto, y sin necesidad de sentencia judicial firme, la senadora Barberá puede verse obligada a abandonar temporalmente el escaño y sin fecha previsible de retorno. Insisto en que a estas alturas procesales esta previsión no es aplicable pero convendría recordarla –y que la recordarán sus colegas- para un futuro, esperemos, próximo.

Una tercera posibilidad, no ya de abandono temporal sino definitivo, sería que las Corts Valencianes aprobaran la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem y que podríamos denominar como “proposición de ley Barberá”, pues se presentó el mismo día que la hoy senadora dejó de asistir a la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, donde estaba citada para dar explicaciones sobre su vinculación con el “caso Imelsa”. Dicha proposición prevé la modificación de la citada Ley 9/2010 para incluir como causa de cese la pérdida de confianza en la persona designada como senadora. Para ello se abriría un procedimiento impulsado por, al menos, la décima parte de los miembros de la Cámara, al que seguiría una comparecencia de la persona cuestionada, un debate y una votación final, donde se requeriría mayoría absoluta para acordar el cese. El Gobierno de la Comunidad se ha mostrado favorable a la iniciativa aunque añadiendo algunas “garantías”: que el grupo parlamentario que propuso la persona designada senadora esté de acuerdo con su revocación y que la mayoría exigible para aprobar una revocación sea de dos tercios. A tenor de lo escuchado estos días no parecen requisitos difíciles de alcanzar.

Por todo ello, si dicha iniciativa se convierte en Ley se podría aplicar de manera inmediata a la senadora Barberá, al margen de que luego ella pudiera interponer los recursos que estimara convenientes, incluido un recurso de amparo que pudiera dar lugar, de manera indirecta, a que el Tribunal Constitucional enjuiciara la norma por la que se le cesaba en el cargo; norma que, al menos en mi opinión, puede ser perfectamente constitucional si se entiende el ejercicio del cargo representativo en el sentido funcional arriba indicado.

Así pues, no hoy ni ahora pero, quizá, en no mucho tiempo Rita Barberá abandone ese escaño que tanto quiere, bien porque le obliguen el Senado o las Corts Valencianes o porque, para evitar una u otra coyuntura, presente su renuncia.

Texto publicado en Agenda Pública el 16 de septiembre de 2016.

La jurisprudencia sobre asilo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su aplicación a las “devoluciones en caliente”.

El 13 de septiembre de 2016 tuve ocasión de participar en el Curso de Verano de la Uned El derecho internacional humanitario: la protección a refugiados, inmigrantes y víctimas civiles de conflictos armados, dirigido por los profesores Concepción Escobar y José Luis Carmona.

Mi intervención, dirigida a estudiantes de diversas titulaciones, jurídicas o no, se centró en la jurisprudencia sobre asilo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su relación con la reforma de la Ley de extranjería para “legalizar” las “devoluciones en caliente” (puede descargarse en formato pdf) y los puntos principales a destacar serían: 

Primero.- El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) no tutela, como tal, el derecho de asilo (caso Vilvarajah y otros c. Reino Unido , 30 de octubre de 1991); tampoco impide las expulsiones (Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. Reino Unido, 28 de mayo de 1985) y no garantiza, de manera ilimitada, la entrada y residencia de no nacionales.

Segundo.- Pero el CEDH garantiza los derechos y libertades de cualquier persona que se encuentre “bajo su jurisdicción”, lo que incluye, como es obvio, a los extranjeros y, por tanto, a los demandantes de asilo. Muchos de los derechos reconocidos en el CEDH son de titularidad “universal”: vida, integridad física, libertad, tutela judicial,…

Tercero.- El art. 4 del Protocolo 4 al CEDH dispone: “Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”. Aquí se incluye a los extranjeros carentes de permiso o autorización de residencia y el derecho garantiza un examen individualizado de cada una de las personas, incluyendo los motivos concretos por lo que, por ejemplo, solicitan asilo. Si no hay ese análisis particularizado se puede estar vulnerando el CEDH.

Cuarto.- Es expulsión colectiva toda medida que obligue a unos extranjeros, como grupo,  abandonar el país, salvo que se haya hecho un examen individualizado y razonable de las circunstancias de cada una de las personas que lo integran. No están, pues, prohibidas las expulsiones simultáneas siempre que se hagan con esas garantías.

Quinto.- El CEDH se aplica a todas las personas que dependan de la jurisdicción de un Estado miembro y eso incluye el supuesto en el que ese ejerce su control sobre ellas fuera del territorio nacional como ocurrió en el caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia, de 23 febrero de 2012, donde los demandantes fueron trasladados a Libia a pesar de que las autoridades italianas sabían, o deberían de haber sabido, que las garantías que debían proteger a los demandantes del riesgo de ser devueltos arbitrariamente a sus países de origen eran insuficientes. Se produjo así una vulneración del CEDH pues el traslado de los demandantes a Libia se llevó a cabo sin examen previo de la situación individual de cada demandante. Las autoridades italianas se limitaron a embarcar a todos los emigrantes interceptados a bordo de buques militares y a desembarcarlos en territorio libio.

Sexto.- El CEDH exige que el Estado proporcione al afectado una oportunidad efectiva de impugnar la expulsión o la denegación de un permiso de residencia y de obtener un examen suficientemente exhaustivo y proporcionar las garantías procesales adecuadas por un órgano interno competente que preste la suficiente independencia e imparcialidad.

Séptimo.- En el caso A. C. y otros c. España, de 22 abril de 2014, el Estado español fue condenado porque cuando se trata de una expulsión del territorio, un recurso desprovisto de efecto suspensivo automático no cumple las condiciones de efectividad requeridas por el artículo 13 del Convenio.

Octavo.- La reforma llevada a cabo por la D. F. 1ª de la L. O. 4/2015, que añade una D. A. 10ª a L. O. 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ha dispuesto que 1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. 2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. 3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional.

Noveno.- Por lo dicho más arriba, no parece que la normativa española incluya garantías efectivas que protejan al demandante contra una devolución arbitraria, directa o indirecta” (asuntos M. S. S. c. Bélgica y Grecia, y A. C. y otros c. España) y ello al margen de si “la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla” es, o no, territorio español pues quienes llevan a cabo la detección y rechazo son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tienen obligación de garantizar “todos los derechos y libertades previstos en el Título 1 del Convenio que sean pertinentes en la situación” de esas personas (caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia)”.

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Foto: Guerrero, Melilla Hoy, 13 de septiembre de 2016.

Los costes de la democracia.

En el reciente libro coordinado por Roberto Fernández Llera (Economía del gasto público para mayores de edad) he tenido ocasión de colaborar con un texto titulado “Los costes de la democracia” (puede descargarse en formato pdf pinchando en el título). El objetivo es tratar de analizar la consistencia del sistema democrático español desde la perspectiva económica, pues creo, siguiendo la sistemática que propone en un artículo muy recomendable (“Por qué y cómo hacer análisis económico del Derecho”) el profesor Gabriel Doménech Pascual, que dicho enfoque tiene sentido por varias razones en el ámbito del Derecho Constitucional: 

El Derecho Constitucional influye sobre la conducta humana. Por emplear alguno de los ejemplos citados en mi trabajo, una reforma en la legislación sobre financiación de los partidos políticos puede suponer un cambio en el comportamiento de estas entidades. Así ocurrió en Alemania cuando el Tribunal Constitucional Federal resolvió (BVerfGE 85, 264) que la procedencia pública de los ingresos de los partidos no debe superar el 50% para que, por una parte, no tengan una dependencia excesiva del Estado y, por otra, para que la necesidad de contar con una cantidad importante de ingresos procedentes de la ciudadanía impulse a las formaciones políticas a enraizarse en la sociedad y a rendir cuentas a sus simpatizantes y afiliados. Si una reforma similar ocurriera en España, donde los partidos obtienen más del 90% de sus recursos de la financiación pública, es probable que mudara la organización y el funcionamiento de las formaciones políticas. 

Esa influencia es, en alguna medida, explicable y predecible, con arreglo a un determinado modelo teórico. Las normas jurídicas pueden influir sobre la conducta humana de una manera muy parecida —y tan predecible— a como lo hacen los precios. Si, como acaba de ocurrir tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, hubiera estado prohibida la financiación de los partidos por parte de personas jurídico-privadas (empresas, sobre todo), quizá no hubieran existido tantos casos de corrupción en los que la financiación de partidos era la contrapartida –o una de ellas- a la concesión arbitraria de contratos por Administraciones Públicas gobernadas por la formación política beneficiaria. Si la legislación estatal y autonómica contemplaran algún tipo de limitación temporal para el ejercicio de los cargos públicos representativos (por ejemplo, no más de dos o tres mandatos consecutivos), es probable que no se hubiera llegado al grado de profesionalización de la vida política que existe en España, donde hemos tenido presidentes autonómicos y alcaldes y alcaldesas que han permanecido en el cargo más de veinte años, con lo que ello ha supuesto, en muchos casos, de coste para la democracia. 

Todas las decisiones jurídicamente relevantes se adoptan en condiciones de escasez. Es muy importante que en los procesos electorales la ciudadanía disponga de información adecuada y abundante sobre las propuestas que presentan las diferentes candidaturas y las diferencias que singularizan a unas respecto de otras. Una forma de contribuir a la formación de la voluntad popular que se ha de expresar en las urnas es organizar debates electorales en los medios de comunicación de titularidad pública, pero en los mismos es poco probable que puedan participar todos los contendientes. También es necesario que la campaña electoral incluya la puesta a disposición de las candidaturas de medios materiales como locales o espacios para colocar publicidad, pero ni los medios son ilimitados, ni la campaña puede prolongarse mucho tiempo.

La inscripción registral del Partit Demòcrata Català.

Se acaba de conocer que el Registro de Partidos Políticos, integrado en el Ministerio del Interior, ha notificado a la formación política Partit Demòcrata Català (PDC) que debe modificar esa denominación si pretende ser inscrito en dicho Registro. El argumento es que ese nombre es similar al de otros partidos políticos ya inscritos y la admisión del ahora propuesto podría generar confusión; por ejemplo, con otro partido de reciente creación, Demòcrates de Catalunya. 

Hay que recordar que, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, la denominación de los partidos no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas. Además, no podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro,… Tampoco con la identificación de personas físicas, o con la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas”. Y en este momento se habría aplicado lo previsto en el artículo 5.1 de esa Ley, conforme al cual “cuando se adviertan defectos formales en el acta fundacional o en la documentación que la acompaña,…, el Ministerio del Interior lo pondrá en conocimiento de los interesados para que puedan subsanar los defectos advertidos”.

Es llamativo -y al margen de este caso- que el Registro de partidos siga dependiendo, ya desde la época de la Transición, del Ministerio encargado de la seguridad, como si sus cometidos fueran una cuestión de orden público. ¿No sería más propio de un Estado democrático asignar ese Registro a la Junta Electoral Central o, ya puestos, al Ministerio de Justicia o de la Presidencia?

En segundo lugar, y a efectos de determinar si está justificada la negativa a la inscripción del PDC con dicha denominación, ha de tenerse en cuenta que, como dijo el Tribunal Constitucional ya en 1986, una de las consecuencias del pluralismo político es la posibilidad de que una misma corriente ideológica pueda tener diversas expresiones partidarias que lleven a denominaciones que parcialmente puedan coincidir, siempre que no lleven a confusión, en especial del electorado (STC 85/1986). Más adelante se insistió en que ninguna formación política puede apropiarse de las representaciones de líneas de pensamiento como “socialista”, “liberal”, “verde”… (STC 70/1995). Por tanto, puede haber varios partidos que incluyan en su denominación las palabras socialista, liberal o verde,… Lo que no cabe es que si está registrado el “Partido Verde” otra formación pretenda llamarse “Partido Verde” pero sí podría registrarse, por ejemplo, como “Partido Verde Ecologista”.

En consecuencia, el registro previo de un partido llamado “Demòcrates de Catalunya” no implica que dicha formación tenga el monopolio de la representación de las ideas que presuntamente puede encarnar esa expresión, algo más evidente todavía con un nombre tan genérico, y casi redundante en un sistema democrático, como “demòcrates”. Puede haber, en consecuencia –y los hay- más partidos apellidados demócratas. ¿Y cabe ahí el Partit Demòcrata Català?

La respuesta, al menos a mi juicio, no es sencilla y no basta, como ha argumentado la coordinadora general del PDC, Marta Pascal, que haya 77 partidos con la palabra ‘demócrata’ y 40 con ‘català’. Siendo relevante esa abundancia de nombres similares, lo que podría generar confusión no es el uso de una de las palabras sino la combinación de dos de ellas; en este caso, “Demòcrata”/“Democràtes”; “Català”/“Catalunya”.

Situados en esta tesitura, y al margen de consideraciones políticas que, obviamente, no competen a quien escribe estas líneas, creo que el Registro de partidos tendría que tener en cuenta otros elementos además del nombre, como las siglas, los símbolos, los colores identificativos,… Y si el conjunto de elementos evita la confusión hay que admitir la inscripción administrativa del nuevo partido, favoreciendo con esta interpretación el ejercicio del derecho fundamental a la creación de formaciones políticas, al tiempo que queda a salvo el derecho de otras formaciones para impugnar jurisdiccionalmente esa decisión. Como concluyó el Tribunal Constitucional en la ya citada STC 85/1986, “si un partido político ya inscrito se siente usurpado por otro partido que intente utilizar un nombre similar que se preste a confusión, tiene vías jurisdiccionales abiertas para la defensa de ese derecho… y tales vías judiciales no están impedidas por el hecho del registro”.

Texto publicado en El Periódico, vía Agenda Pública, el 8 de septiembre de 2016.

Asturias: algunas propuestas de reforma institucional.

Asturias accedió a la autonomía política garantizada por la Constitución con la aprobación de su Estatuto de Autonomía a finales de diciembre de 1981, por lo que hubiera sido un “detalle” que, ya puestos, el anterior Jefe del Estado firmase esta Ley Orgánica en la Estación de esquí de Valgrande-Pajares y no, como hizo, en Baqueira Beret. En todo caso, ha pasado tiempo suficiente desde entonces para que en Asturias se consolide un sistema político e institucional propio que permita que el pueblo asturiano gobernado sea, en la mayor medida posible, pueblo gobernante.

Ese sistema depende, en buena medida, de normas estatales como la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero también de lo que las instituciones políticas asturianas quieran hacer y aquí, en mi opinión, se pueden realizar importantes mejoras; por ejemplo, en materia de participación ciudadana en los asuntos públicos habría que potenciar las iniciativas populares -reformando la Ley reguladora-, la presencia e intervención directa de ciudadanos y entidades sociales en los debates políticos de la Junta General del Principado, modernizando para ello su Reglamento, y las consultas periódicas sobre asuntos de interés general, lo que requiere aprobar una norma propia de la Comunidad.

También sería bueno, en términos democráticos, que el segundo intento de reforma de la legislación electoral asturiana diera lugar a una norma que, como mínimo, asegure el igual valor del voto, con independencia del lugar en el que se emita y la opción política por la que uno se decante; que garantice la participación efectiva de las personas asturianas residentes en el extranjero y la dedicación exclusiva a un cargo electo, introduciendo incompatibilidades estrictas entre los cargos de concejal o alcalde y parlamentario e, incluso, entre la de diputado y miembro del Consejo de Gobierno, incorporando la figura de la sustitución temporal de los diputados nombrados consejeros o ministros.

Finalmente, a diferencia de algunos parlamentarios asturianos no creo en las bondades de la singularidad de nuestro sistema de “investidura”, que favorece el nombramiento de Presidente a costa de cercenar la libertad de nuestros representantes, que no pueden votar No sino, como mucho, abstenerse. Por tal motivo, considero que esta anomalía no debe exportarse sino más bien reformarse, pues entiendo que se ajusta mejor al modelo de democracia moderna el mecanismo que permite votar en contra de un concreto candidato porque no se trata de formar a toda costa un gobierno impidiendo votar No, sino de que el Gobierno que se forme cuente con un respaldo suficiente en la Cámara. Para ello serán, en su caso, necesarios pactos políticos, que son, sobra casi decirlo, la esencia del parlamentarismo. Por otra parte, el modelo asturiano puede evitar elecciones inmediatas pero no nuevos comicios a corto plazo, como ocurrió en 2012 al no tener Foro apoyos para gobernar. En suma, la superación de las situaciones de bloqueo exige llegar a acuerdos, algo esencial en la vida política democrática, no generalizar un modelo que cercene la libertad de los parlamentarios y menoscabe, en última instancia, la voluntad expresada en las urnas.

Pero no se trata únicamente de mirar hacia dentro de la Comunidad, sino de promover desde aquí reformas que contribuyan a mejorar la calidad de la democracia española. Y en este ámbito ya tenemos un precedente cercano en el tiempo y al que no se le ha dedicado mucha atención, al menos si nos atenemos al eco que ha tenido en los medios de comunicación: el 24 de mayo de 2013 el Parlamento asturiano aprobó una propuesta de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución española con el objeto de mejorar la regulación de las iniciativas legislativas populares, las consultas por vía de referéndum y la iniciativa para impulsar cambios constitucionales. Era la primera vez que tal cosa ocurría en España y hasta la fecha no se ha repetido. Esta iniciativa, fruto del ejercicio del derecho colectivo de petición impulsado por 7.700 personas, está pendiente de debate en las Cortes Generales y evidencia que desde Asturias y, claro, desde las demás Comunidades, se puede contribuir de manera importante a la consecución de una sociedad democrática avanzada.

Es obvio que el progreso de una comunidad depende, además, de cuestiones sociales, económicas, educativas, culturales, demográficas,…, y en Asturias debemos hacer frente a problemas importantes en todos esos ámbitos y no exclusivamente en el plano político-institucional. Parafraseando a Albert Camus (“Moral y política”), estas palabras afirman simplemente que aunque la lucha es difícil, las razones para luchar, al menos, siguen estando claras.

Texto publicado en La Voz de Asturias el 7 de septiembre, víspera de la fiesta de la Comunidad Autónoma.

Apertura del Máster en protección jurídica de las personas y grupos vulnerables y balance de la edición anterior.

El próximo lunes, 12 de septiembre, a las 17 horas (Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Campus El Cristo, Oviedo) inauguramos una nueva edición del Máster en protección jurídica de las personas y grupos vulnerables.

Lo haremos con una mesa redonda sobre la prohibición del burkini, en la que intervendrán Benito Aláez, Catedrático de Derecho catedrático de Derecho constitucional,; María Valvidares, profesora de Derecho constitucional y Almudena Cueto, directora del Instituto Asturiano de la Mujer.

En ese mismo acto haremos un balance del curso pasado y anunciaremos nuestros proyectos para el que ahora comienza. Aquí puede visualizarse la memoria.

Cualquier persona será bienvenida al acto. La entrada es libre.