Breves apuntes sobre los procesos electorales (8): ¿qué pasa si me toca estar en una mesa electoral y estoy inscrito para la Maratón de Londres, tengo una entrada para la final de la Copa del Rey o mi cuñado se casa el día de las elecciones?

Conforme al calendario electoral, entre los pasados días 30 de marzo a 3 de abril se procedió al sorteo de quienes integrarán las mesas electorales de los comicios del 28 de abril; en los tres días siguientes al sorteo se llevó a cabo la notificación oficial a aquellas personas y se abrió el plazo, vigente todavía hoy, para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona, que deberá resolver en el plazo de cinco días. Cabe comunicar el surgimiento de una imposibilidad sobrevenida hasta tres días antes de las elecciones e, incluso, hasta las 8 horas del día de la votación (todo ello regulado en los artículos 26 y 27 de la LOREG). Lo mismo sucederá, de acuerdo con su calendario específico, para las elecciones autonómicas, municipales y al Parlamento Europeo del 26 de mayo. 

¿Y qué pasa si me toca estar en una mesa electoral el 28 de abril y estoy inscrito en la Maratón de Londres, con grandes expectativas de mejorar mi marca personal, o si o el 26 de mayo tengo planificado casarme o asistir a la boda de mi cuñado? ¿Y si ya tengo una entrada para la final de la Copa del Rey del 25 de mayo o he comprado un viaje vacacional a Bora Bora que empieza el día de las elecciones? La LOREG (art. 27.3) dice que los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. La Junta resuelve sin ulterior recurso en el plazo de cinco días y comunica, en su caso, la sustitución producida al primer suplente. La Junta deberá motivar sucintamente las causas de denegación de las excusas alegadas por los electores para no formar parte de las Mesas. En todo caso, se considera causa justificada el concurrir la condición de inelegible de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. Las competencias de las Juntas Electorales de Zona se entenderán sin perjuicio de la potestad de unificación de criterios de la Junta Electoral Central”. 

Ante la disparidad de criterios de las Juntas Electorales de Zona, la Junta Electoral Central aprobó, para unificarlos, la Instrucción 6/2011, del 28 de abril, modificada por las Instrucciones 2/2014, 3/2016 y 1/2018, para unificarlos, aclarando que “la relación de los supuestos incluidos en esta Instrucción se lleva a cabo por vía de ejemplo y no debe considerarse exhaustiva”.  A continuación, menciona circunstancias personales (ser mayor de 65 años y menor de 70, incapacidad temporal para el trabajo, gestación a partir de los seis meses de embarazo o el internamiento en centros penitenciarios); situaciones personales (previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores, o en el día siguiente a aquélla, siempre que resulten inaplazables; la pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral); circunstancias familiares (la condición de madre, durante el período de lactancia natural o artificial, hasta que el bebé cumpla nueve meses, el cuidado directo y continuo de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o la concurrencia el día de la elección de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes) y responsabilidades profesionales (prestar durante la jornada electoral servicios esenciales como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos,…, ser director de medios de comunicación de información general o jefe de los servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral…). 

Pero, en definitiva, ¿puedo excusarme de estar en la mesa si me caso el día de las elecciones o si se casa mi cuñado? ¿Y si estoy apuntado al Maratón de Londres, tengo entrada para la final de la Copa del Rey o comprado un viaje a Bora Bora? Si soy yo el que se casa parece que la respuesta es afirmativa porque la citada Instrucción de 2011 manifiesta que “son causas familiares que pueden justificar la excusa del miembro designado de una mesa electoral: la concurrencia el día de la elección de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde con éste una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad. En estos casos el interesado no solo deberá acreditar documentalmente la previsión de celebración del evento sino también el carácter inaplazable del mismo o los perjuicios económicos en caso de suspensión”. También serviría, entiendo, que aunque la boda no sea el 28 de abril o el 26 de mayo dichas fechas coincidan con un viaje nupcial a Bora Bora que, se supone, implica un desembolso económico importante? ¿Y si se trata de un viaje de bodas a, pongamos, París en un vuelo de bajo coste y para alojarse en un modesto hotel del extrarradio? Pues dependerá de si la Junta Electoral de Zona considera que se trata de un caso que también justifica la exención. Y si el que se casa es mi cuñado siempre podré esgrimir la citada Instrucción para no ir a la boda dado que no tenemos un parentesco consanguineo ni es un evento de especial relevancia aunque quizá esta última excusa no sea aceptada de buen grado por la Junta Electoral Familiar. 

¿Y en los otros supuestos? Pues tenemos el precedente que supuso la final de la Champions en Lisboa, de infausto recuerdo para los colchoneros, que se celebró un día antes de las elecciones de mayo de 2015, cuando numerosas Juntas Electorales consideraron motivo justificado alegar y probar que se tenía una entrada para ver el partido. Quizá mi condición de no madridista ni colchonero nuble mi criterio pero me pareció entonces, y me parece ahora, que ese evento no encajaba en ninguno de los supuestos mencionados, pues el que podría ser más parecido –un acontecimiento inaplazable o cuyo aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes-, exigiría que el interesado fuera el protagonista –es decir, que el elegido para formar parte de la mesa fuera un jugador o técnico de los equipos finalistas-, sin que bastase, a mi juicio, que fuera pariente, hasta el segundo grado de consanguinidad, del jugador o técnico.

Al ampliar de esta manera el abanico de excusas, cualquier viaje de especial interés para la persona afectada tendría que ser admitido en próximos procesos electorales, salvo que las Juntas Electorales consideren, como diría Boskov, que “fútbol es fútbol” y, en consecuencia, podría ser excusa ir a la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Valencia el 25 de mayo pero no, a mi juicio injustamente, competir en la Maratón de Londres el 28 de abril.

Breves apuntes sobre los procesos electorales (7): la presentación de candidaturas por las agrupaciones de electores.

En una entrada de 2015 comenté, conjuntamente con mi compañero Miguel Azpitarte, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, los requisitos que deben cumplirse para formalizar una candidatura a las elecciones municipales avalada por una agrupación de electores. Ante las elecciones municipales del próximo 26 de mayo actualizo esa entrada. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y la interpretación de la misma llevada a cabo por la Junta Electoral Central

PRIMERO.- Para presentar la candidatura, las agrupaciones de electores necesitan un número de firmas de los inscritos en el censo electoral del municipio, que deberán ser autenticadas notarialmente o por el Secretario de la Corporación municipal correspondiente, determinado conforme al siguiente baremo: 

a) En los municipios de menos de 5.000 habitantes no menos del 1 por 100 de los inscritos siempre que el número de firmantes sea más del doble que el de Concejales a elegir.
b) En los comprendidos entre 5.001 y 10.000 habitantes al menos 100 firmas. 
c) En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes al menos 500 firmas.
d) En los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes al menos 1.500 firmas.
e) En los comprendidos entre 150.001 y 300.000 habitantes al menos 3.000 firmas.
f) En los comprendidos entre 300.001 y 1.000.000 de habitantes al menos 5.000 firmas.
g) En los demás casos al menos 8.000 firmas (art. 187 LOREG).  

SEGUNDO.- Las firmas avalan la candidatura. En principio, esto quiere decir que la firma debe realizarse sobre una candidatura “completa” que debe ser conocida por el firmante. Una candidatura para estar completa debe reunir los siguientes requisitos (art. 46 LOREG) (que habrán de documentarse al presentar la candidatura): 

a) Denominación, siglas o símbolos. Es potestativa la inclusión de símbolos y siglas en la presentación de la candidatura por una agrupación de electores (AcJEC de 25 de octubre de 2002); no es imprescindible que en la denominación de la candidatura presentada por una agrupación de electores figura la palabra “Agrupación”, siempre que la identificación de la entidad política sea clara para el electorado (AcJEC de 20 de abril de 1999).

b) Tantos candidatos como puestos a cubrir. En su caso suplentes en un número no superior a diez. Deben ordenarse numéricamente. Debe indicarse su formación política o la condición de independientes (Según la JEC –Acuerdo de 20 de abril de 1999- en las Agrupaciones de electores no cabe hacer constar la condición de independiente de los candidatos). Debe tener una composición equilibrada de hombres y mujeres. Los candidatos no tienen que estar censados en el municipio en el que concurren.  

c) Aceptación por parte de los candidatos. 

Existen formularios tipo que pueden ser descargados: a) Para la presentación de candidaturasb) Para la recogida de firmas

Se entiende que el elector avala con su firma, por lo que ha de poder cotejar la composición de la candidatura en ese momento. Es importante obtener copia del D.N.I. del firmante para la posterior autenticación de la firma.

Lo es también, por las objeciones que se formulan a veces, tener en cuenta que, según la JEC (Acuerdo 48/2015), no es  necesaria la comparecencia de los avalistas de una candidatura ante el fedatario público. (Ac. de 25 de abril de 2003, de 16 de febrero de 2006 y de 14 de abril de 2011). La fotocopia del DNI es un instrumento que puede permitir al Secretario del Ayuntamiento o al Notario el cotejo de las firmas que avalan la candidatura. No obstante, si ese cotejo de firmas suscitara dudas en el fedatario público, éste podrá exigir la comparecencia personal del avalista para dar fe de la autenticidad de su firma e identidad. 

Las agrupaciones de electores se constituyen exclusivamente para un concreto proceso electoral, por lo que la recogida de firmas para la presentación de candidaturas tendrá que repetirse en cada proceso electoral, no pudiendo iniciarse aquella recogida antes de la convocatoria de las elecciones ya que su validez depende de que se realice en el período electoral (AcJEC de 25 de octubre de 2002). Por tanto, en sentido estricto solo se puede comenzar a recabar las firmas una vez que se hayan convocado las elecciones, pudiéndose tachar por inválidas las actuaciones realizadas con anterioridad. No obstante, se han de entender admisibles actos preparatorios previos a la solicitud de las firmas (se trataría de trasladar, por analogía, la distinción entre campaña –solicitud expresa de voto- y precampaña). 

Solo pueden firmar personas censadas en el municipio (art. 187 LOREG). Los promotores y representantes de las agrupaciones de electores pueden ser candidatos de las mismas (AcJEC de 20 de abril de 1999) y, lógicamente, pueden aportar su firma como aval (AcJEC de 9 de abril de 1999). 

TERCERO.- Documentación que se debe aportar: 

1.- La candidatura (véase formulario tipo). 2.- Promotores. 3.- Denominación, siglas o símbolos (si no se incorporan en la candidatura luego no podrán utilizarse). 4.- Tantos candidatos como puestos a cubrir. En su caso suplentes por un número no superior a diez. Deben ordenarse numéricamente. Los candidatos no tienen que estar censados en el municipio en el que concurren. 5.- Debe respetarse la composición equilibrada de hombres y mujeres: en cada tramo de cinco puestos debe haber al menos un cuarenta por ciento de cada sexo. (art. 44 bis LOREG). 6.- Escrito de aceptación de la candidatura y acreditativo de la elegibilidad por parte de cada candidato y suplente. Es un escrito en papel común en el que el candidato acepta expresamente su candidatura y declare bajo juramento no estar sujeto a penas que le inhabiliten para ser candidato y no estar incurso en causa de inelegibilidad (veánse los artículos 6, 177 y 178 LOREG). Puede hacerse un escrito por cada candidato o un solo escrito que firman todos los candidatos. Debe ir acompañado de copia del D.N.I. de cada candidato (Instrucción de la Junta Electoral Central de 20 de enero de 2000). 

Si en la candidatura va algún ciudadano de la Unión no español o un extranjero de un Estado cuyos ciudadanos tengan en España reconocido el derecho al sufragio pasivo, deberá además: indicar su domicilio en España, que no se encuentran privados del derecho de sufragio pasivo en el Estado miembro de origen y su último domicilio en el Estado miembro de origen (art. 187 bis LOREG). La Instrucción de 15 de marzo de 1999 determina que a estos efectos es necesario: (1) Fotocopia simple del documento oficial acreditativo de la identidad del candidato; (2) declaración formal firmada por el candidato en la que conste su nacionalidad, su domicilio en España, que el candidato no se encuentra privado del derecho de sufragio pasivo en el Estado de origen y la mención del último domicilio en el Estado de origen; (3) Certificado de inscripción en el censo electoral en virtud de la manifestación de voluntad de ejercer el derecho de sufragio en España en las elecciones de que se trate.

7.- Escrito de designación de representantes de la candidatura. A la presentación ha de identificarse al menos a un representante que será el que reciba las notificaciones (art. 43 LOREG). El representante puede ser candidato (art. 123). 

8.- A la presentación de la candidatura ha de identificarse un administrador electoral, responsable de los ingresos y gastos, así como de la contabilidad (art. 121). No puede ser candidato (art. 123.3). 

9.- Firmas que avalan la candidatura. 

10.- La candidatura se presentará ante la Junta Electoral de Zona entre el decimoquinto y vigésimo día posterior a la convocatoria de elecciones. 

Añado el enlace a la información sobre el calendario electoral que facilita la Junta Electoral Central.

Fútbol, derechos fundamentales y otras cosas del querer: sobre el procedimiento administrativo sancionador y la prohibición de acceder a los campos portando camisetas con ciertos mensajes.

El periodista de La Nueva España Nacho Azparren nos consultó al profesor Leopoldo Tolivar Alas y a mi sobre el procedimiento sancionador abierto en el ámbito deportivo contra la peña oviedista Symmachiarii; también sobre la prohibición de acceder a campos de fútbol llevando camisetas con determinados mensajes, logos,… En las líneas siguientes expongo mis respuestas. 

Como es sabido, la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prevé una serie de sanciones contra quienes incurran en alguna de las infracciones que ella misma prevé pero, como es obvio en términos jurídicos, no se puede sancionar si no se incurre en una concreta infracción de las previstas en dicha Ley ni tampoco hacerlo contraviniendo los principios constitucionales y legales que rigen el procedimiento administrativo sancionador. 

Eso implica, en relación con la atribución al grupo Symmachiarii de infringir los apartados 1 -Actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte- y 2 -Actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte- del artículo 2 de la Ley, que debe probarse que tales actos, en la forma definida legalmente, se han cometido y que se pueden imputar a miembros de ese colectivo. Pero lo que no cabe es aplicar la sanción sin que previamente haya quedado desvirtuada la presunción de inocencia ni sin que se haya permitido a las personas supuestamente responsables de las infracciones aportar elementos probatorios. 

Al respecto puede recordarse que, primero, la presunción de inocencia está recogida en el art. 53.2.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como un derecho del interesado en el procedimiento administrativo sancionador e implica que se presume la no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Y es que, como han reiterado el Tribunal Constitucional (por ejemplo, STC 66/2007) y el Tribunal Supremo (STS de 28 de abril de 2016), la carga de la prueba de los hechos constitutivos de infracción recae sobre la Administración, no pudiendo imponerse sanción alguna que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria lícita sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad, con prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales.  

En segundo lugar, y como también ha dicho el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, en un procedimiento administrativo sancionador las personas interesadas deben poder presentar alegaciones y pruebas y no cabe, so pena de menoscabar el derecho de defensa, rechazar sin más esa posibilidad o hacerlo de manera manifiestamente arbitraria o irrazonable. Pero el hecho de que no lo hagan no implica asumir su culpabilidad porque la carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción corresponde a la Administración pública actuante, sin que sea exigible al inculpado una probatio diabólica de los hechos negativos. 

La vigente Ley de Procedimiento Administrativo es meridianamente clara cuando dice que una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. Si estos trámites no se cumplen, y parece que no se cumplieron en este caso, las concretas sanciones deben ser declaradas nulas. 

Por lo que hace referencia a la imposibilidad de acceder a los recintos deportivos portando determinados objetos el art. 6 de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo o la orientación sexual”. Como toda limitación de un derecho también ésta debe interpretarse de manera restrictiva, es decir, restringida a las concretas prohibiciones que contiene sin extenderla a conductas que no encajan en rigor ahí. La Ley contra la violencia en el deporte no excluye -si lo hiciera sería inconstitucional- portar cualquier camiseta vinculada a los seguidores de un equipo o a una determinada peña sino solo si se evidencia que fomentan o ayudan a la realización de comportamientos violentos y no cabe presumir que cualquier inscripción o leyenda en una camiseta o bandera supone incitación, fomento a ayuda a comportamientos violentos o un acto de desprecio a las participantes en el partido. 

Acceder a un campo de fútbol es un derecho sujeto a límites pero éstos, a su vez, tienen  límites: deben orientarse a un fin constitucionalmente lícito y deben ser proporcionales, pues asistir a un espectáculo deportivo no implica dejarse los derechos fundamentales a las puertas del estadio: los controles de acceso deben ser respetuosos, orientados a la aplicación de la ley y rigurosos en la apreciación de las circunstancias que impiden la entrada al campo. Fútbol debe ser fútbol con derechos: los de todos. 

Pd. sobre la prohibición de acceder con esteladas a la final de la Copa del Rey publiqué en su día este texto

Pd. de la pd. sobre la aplicación de garantías constitucionales en el procedimiento administrativo sancionador puede verse, entre otros textos, este comentario del abogado y profesor Diego Gómez Fernández.

 

En estas dos últimas Legislaturas hemos visto cosas que no creeríamos…

En el momento culminante de Blade Runner Roy Batti le dice a Rick Deckard: Yo he visto cosas que vosotros no creeríaisBlade Runner se rodó en 1982 y la acción se desarrolla en un imaginario 2019, en el que, efectivamente, ha finalizado una  Legislatura -la XII- que se inició en 2016, año en el que habría sido creado Roy Batti, que si hoy estuviera entre nosotros tal vez nos hablaría de esas cosas que hemos visto en este tiempo y que difícilmente creeríamos no ya en 1982 sino a principios de 2016, cuando se inició la XI –“la brevísima”- Legislatura: duró 111 días y desembocó -por primera vez- en la celebración de nuevas elecciones por aplicación de lo previsto en el artículo 99.5 de la Constitución (CE): “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”. 

Y es que Mariano Rajoy, el líder del partido más votado en las elecciones de 20 de diciembre de 2015, rechazó someterse a una sesión de investidura. Tras una segunda ronda de consultas, el Rey propuso como candidato a Pedro Sánchez, que no consiguió mayoría absoluta en primera vuelta (130 votos a favor, 1 abstención y 219 votos en contra) ni mayoría simple en la segunda (131 votos a favor y 219 en contra). Ocurrió así algo que tampoco habíamos visto antes: que el candidato propuesto no consiguiera la investidura. También se evidenció, en mi opinión, un fallo en la previsión constitucional: que el plazo para convocar nuevas elecciones deba empezar tras el fracaso de, al menos, una propuesta paraliza el sistema hasta que tal propuesta exista y se someta a votación; sería, quizá, más conveniente que, como propuso el profesor Bastida, haya nuevas elecciones si no hay investidura tras dos meses (o los que se establezcan) desde la constitución del Congreso de los Diputados, haya habido, o no, intentos de investidura. 

Luego de las elecciones de 26 de junio de 2016 el Rey propuso como candidato a la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy, que fracasó en la primera sesión de investidura, que se prolongó desde el 30 de agosto al 2 de septiembre. El segundo debate, con el mismo candidato, se desarrolló entre el 26 y el 29 de octubre: Rajoy perdió la primera votación por 170 votos a favor y 180 votos en contra pero en la segunda consiguió la investidura con 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones. Tampoco habíamos visto antes dos sesiones de investidura con el mismo candidato. 

Y, siguiendo con las novedades, el Presidente del Gobierno fue sometido a dos mociones de censura: la primera se presentó el 28 de abril de 2017 por parte de Unidos Podemos y con Pablo Iglesias como candidato a la Presidencia. La votación se celebró el 14 de junio y fue rechazada con 170 votos en contra, 82 a favor y 97 abstenciones. La segunda fue promovida por el Grupo Socialista  el 25 de mayo de 2018 y se votó, con Pedro Sánchez como candidato alternativo, el 1 de junio, prosperando al conseguir 180 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención. Ninguna de las tres mociones de censura presentadas hasta entonces había salido adelante pero en este momento se demostró que, aunque el diseño constitucional (art. 113 CE) está pensado para dificultar la caída del  Presidente del Gobierno -se exige a la candidatura alternativa una mayoría absoluta que no es necesaria para la investidura en segunda vuelta-, no es tarea imposible conseguirlo.

Otra novedad constitucional fue la aplicación del artículo 155 CE tras la declaración unilateral de independencia por parte del Parlament de Cataluña y su inmediata suspensión por el Presidente de la Generalitat: tras la conformidad del Senado al uso del 155, el 27 de octubre de 2018, el Presidente del Gobierno destituyó al gobierno de la Generalidad, disolvió el Parlamento de Cataluña y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, decisiones que, a mi juicio, son de cuestionable constitucionalidad (aquí pueden verse diversas y encontradas opiniones al respecto). 

No se puede considerar, ni mucho menos, “original” el recurso gubernamental al Decreto-Ley para aprobar medidas que no revisten el carácter de extraordinarias y urgentes y que, por tanto, deberían ser declaradas inconstitucionales. Pero lo que sí caracteriza a la XII Legislatura en contraste con todo lo ocurrido anteriormente es la conversión del Decreto-Ley en la estrella principal, y casi única, del firmamento legislativo: el Gobierno de Mariano Rajoy acudió en 29 ocasiones a esta figura y durante su mandato únicamente se aprobaron 3 Leyes orgánicas y 14 “ordinarias”; el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó 35 Decretos-Leyes y, este período de tiempo, las Cortes Generales sacaron adelante 8 Leyes orgánicas y 14 “ordinarias”. 

Finalmente, resulta llamativa y, desde luego, novedosa, la respuesta dada por los Servicios jurídicos del Congreso de los Diputados a la pregunta de si las Diputaciones Permanentes del Congreso y el Senado pueden tramitar como proyecto de ley un Decreto-Ley convalidado por la Cámara Baja. En opinión de dichos Servicios la respuesta debe ser afirmativa atendiendo a la dicción literal de la Constitución y del Reglamento del Congreso. Añaden que el plazo para dicha tramitación concluiría cuando la Diputación Permanente deje de ejercer sus funciones y sería la Mesa de dicho órgano la encargada de fijar el procedimiento. En un sentido contrario a esta posibilidad se han pronunciado, entre otros colegas, los profesores Ana Carmona y César Aguado

Roy Batti lamenta que esas cosas increíbles que ha visto se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Yo me atrevo a vaticinar que algunas de las cosas que hemos visto en estas dos últimas Legislaturas no solo no se perderán en los Boletines Oficiales sino que se repetirán e, incluso, se potenciarán en los próximos años. ¡Es la “nueva”, o no, política!

 

 

Breves apuntes sobre los procesos electorales (6): las barreras para el ejercicio del sufragio por españoles residentes en el extranjero y personas con alguna discapacidad.

Hemos visto en apuntes anteriores que la titularidad del derecho de sufragio activo está subordinada a la mayoría de edad y, en las elecciones a Cortes y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, a la nacionalidad española, si bien en los comicios locales del próximo 26 de mayo no podrán votar españoles mayores de edad que residan en el extranjero -titulares del derecho pero no se su ejercicio- pues tras la reforma de la LOREG de 28 de enero de 2011 “en el caso de elecciones municipales, incluidas las elecciones a Cabildos, a Consejos Insulares, al Consejo General del Valle de Arán y a Juntas Generales es indispensable para su ejercicio figurar inscrito en el Censo de Españoles Residentes en España”. 

En el caso de las elecciones al Congreso de los Diputados la participación política de los españoles residentes en el extranjero está constitucionalizada: “la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España” (art. 68.5 CE), mandato que recuerda el artículo 4.1 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, donde se dispone que “los españoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español, en los términos previstos en la normativa de aplicación”. 

Como es conocido, desde el año 2011, el ejercicio del sufragio desde el exterior es “rogado”: “En las elecciones a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, miembros de las Asambleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y Diputados al Parlamento Europeo, cuando en este último caso se opte por la elección en España, los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, no más tarde del vigésimo quinto día posterior a la convocatoria” (art. 75.1 LOREG). 

Este precepto habilita dos formas para ejercer el sufragio: por correo o presencialmente en oficinas o secciones consulares habilitadas al efecto; en el primer caso, “los electores… deberán incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, junto al sobre o sobres de votación y el certificado de estar inscrito en el censo, fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de Identidad expedidos por las autoridades españolas o, en su defecto, certificación de nacionalidad o certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedidas por el Consulado de España en el país de residencia y enviar todo ello en el sobre dirigido a la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática a la que el elector esté adscrito, por correo certificado no más tarde del quinto día anterior al día de la elección” (art. 75.4). 

La exigencia del voto rogado fue introducida para evitar el fraude garantizando que la persona que emitía el voto tenía derecho a ello y, lo que no era exagerado, seguía con vida, pues se pudo comprobar la permanencia en el censo de miles de compatriotas que, por lo visto, votaban desde el más allá. Lo que ocurre es que con las nuevas exigencias estar vivo es condición necesaria, pero bastante insuficiente, para participar en las elecciones españolas si uno reside en el extranjero pues no hay una garantía efectiva de que, pese a cumplir todos los requisitos, el voto llegue a tiempo de ser escrutado, lo que supone una lesión manifiesta del derecho a participar en los asuntos públicos de quienes siendo titulares del derecho se ven imposibilitados de ejercerlo de manera efectiva por causas imputables a la Administración y a la propia legislación española. 

El colectivo Marea granate, que viene reclamando una reforma en la materia, denuncia que a las dificultades habituales se añade el hecho de que la convocatoria del 28 de abril coincide con la festividad de Semana Santa, con lo que “el correo postal, tanto en España como en muchos lugares del mundo, verá considerablemente reducido su servicio entre el 13 y el 22 de abril, lo que hace prever que la documentación electoral no alcanzará a la mayor parte del electorado español en el extranjero o será materialmente imposible que lo haga para las elecciones del 28 de abril”. 

Otro colectivo que ha venido teniendo dificultades para votar es de las personas con alguna discapacidad: hasta 2007 la LOREG disponía (art. 87) que “los electores que no sepan leer o que, por defecto físico, estén impedidos para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, pueden servirse para estas operaciones de una persona de su confianza”. De esta manera, las personas con discapacidad visual tenían como única alternativa para seleccionar la opción electoral de su preferencia que fiarse de la ayuda de otra persona, lo que, cuando menos, privaba a su sufragio del carácter secreto y, en definitiva, libre, requisitos imprescindibles para que podamos hablar de autonomía en este ámbito. 

Con la reforma de 8 de octubre de 2007 el apartado segundo de ese mismo precepto pasó a decir: “No obstante, el Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará un procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto”, con lo que se reconocía por el propio legislador que hasta ese momento no estaba asegurado el secreto del sufragio. Tras la modificación de 29 de enero de 2011, ese apartado segundo dispone: “… el Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará un procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto que se aplicará, en todo caso, a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, a las elecciones al Parlamento Europeo y a los supuestos de referéndum”.

Vemos, pues, que a pesar de que la Constitución establece el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y a pesar también de que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad dispone (art. 29) que “los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás…”, nos encontramos con que hasta hace poco tiempo no se contemplaban mecanismos adecuados para hacer posible la participación política libre de las personas con discapacidad visual y que ni siquiera hoy está asegurada su plena intervención en todos los procesos electorales, pues el artículo 87.2 LOREG no menciona las elecciones locales. 

Adicionalmente, el Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, proclama (art. 3.1) que se garantiza el acceso a las personas con discapacidad a los locales y mesas electorales. Sin embargo, ese mismo artículo admite que todavía existan locales no accesibles e, incluso, que deban ser los propios electores los que presenten reclamaciones al respecto, lo que parece incompatible con el mandato constitucional que impone a los poderes públicos la remoción de los obstáculos que dificultan la participación efectiva en la vida política (art. 9.2 CE). Y es que no se trata de sacar las urnas a la calle para que voten las personas con discapacidad sino de que estas personas puedan acercarse a las mesas electorales sin mayores dificultades. 

Queda, pues, mucho por hacer para que el ejercicio del sufragio deje de ser, para no pocas personas, una suerte de carrera de obstáculos sin garantía de llegar a tiempo a la meta.

Foto: Diario de Pontevedra.

 

 

 

Breves apuntes sobre los procesos electorales (5): los extranjeros excluidos del sufragio.

Decía Hans Kelsen hace casi cien años en De la esencia y valor de la democracia que “se tiene por perfectamente natural el privilegio sobre el que se erige el instituto de la nacionalidad, porque se considera —un error que procede precisamente de la tendencia a la limitación de los derechos políticos— que es una institución conceptualmente esencial para el Estado. Con todo, la experiencia política más reciente demuestra que los derechos políticos no tienen que estar necesariamente vinculados a la nacionalidad”. 

Pues bien, esa vinculación entre concretos derechos políticos como el sufragio activo y pasivo y la nacionalidad sigue presente en la inmensa mayoría de los países democráticos y, como prueba, en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del 28 de abril, así como en los comicios al parlamento valenciano -también del 28 de abril- y a otras 12 cámaras legislativas autonómicas del 26 de mayo no podrán votar ni ser candidatos las personas extranjeras residentes en España; tampoco las que tienen autorización de residencia permanente tras cinco años de residencia legal. 

¿Es aceptable en términos democráticos mantener a dichas personas como integrantes del pueblo gobernado sin que puedan ser pueblo gobernante? En mi opinión, no: las personas, nacionales o extranjeras, sujetas a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 de la Constitución española, CE) de manera indefinida en el tiempo —pueblo gobernado—, deben poder autogobernarse políticamente sin necesidad de cambiar de nacionalidad o adquirir la del lugar de residencia, pues una frontera infranqueable entre extranjería y ciudadanía no es compatible con una configuración plenamente democrática de la Constitución.

Debe recordarse que el ordenamiento, entendido desde una perspectiva normativa, no considera a los individuos en cuanto tales como el contenido de las normas jurídicas, sino que atribuye esa condición a los hechos conectados a una conducta humana. Lo que aquí se propone es que esa conducta sea la residencia continuada en un determinado territorio. Desaparecería así la diferencia jurídica, incompatible con la democracia, entre «ciudadanos activos» y «ciudadanos pasivos», entre personas que deciden y personas que únicamente soportan la decisión. Y, en rigor, en democracia no cabría hablar de «ciudadanos pasivos», pues la ciudadanía presupone la posibilidad jurídica de decidir, de participar, con independencia de que, de hecho, se intervenga o no. 

De esta manera, no importaría tanto el derecho que en abstracto habilita a residir (la nacionalidad, la condición de ciudadano comunitario, el permiso de residencia permanente en el caso de las personas extracomunitarias) sino el ejercicio efectivo y concreto de ese derecho de residencia. Por esta razón las «derechos de gobierno» deberían ampliarse cuanta mayor fuera la pertenencia/permanencia (caso de los nacionales que residen en el propio territorio y de los extranjeros que por una u otra vía también residen de manera indefinida) y se reducirían cuanto menor sea dicha pertenencia/permanencia (caso de los nacionales que pasan a residir de manera prolongada en otro país y de los extranjeros una vez que dejan de ser residentes). 

En España esta situación es algo decidido por la Constitución, que en el artículo 13.2 prevé que “solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”. Por tanto, una eventual incorporación de los extranjeros residentes al pueblo gobernado que actúa en los procesos electorales como pueblo gobernante exige una reforma del citado precepto, como ya ocurrió en 1992 para hacer posible el derecho de sufragio pasivo de los extranjeros bien por ser nacionales de países de la Unión Europea o por serlo de Estados no comunitarios con los que exista un acuerdo de reciprocidad. 

Y el criterio de cinco años de residencia legal fijado en las Constituciones de Chile y Ecuador parece un término razonable para que cualquier no nacional pueda participar con plenitud de derechos democráticos en la vida política del Estado en el que reside. Ese es también el plazo que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, fija para la obtención de la llamada «residencia de larga duración». 

Según datos oficiales a 31 de diciembre de 2018 estaríamos hablando de la incorporación al censo electoral de 2.743.468 personas, que deberían formar parte de la que Habermas llama “nación de ciudadanos”, que encuentra su identidad no en rasgos comunes de tipo étnico-cultural, sino en la praxis de personas que ejercen activamente sus derechos democráticos de participación y comunicación.

Una exposición más extensa y argumentada puede leerse aquí. 

 

De las pomposas palabras legales a los elocuentes silencios reglamentarios: sobre la inactividad gubernamental en el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad.

Como es sabido, las personas con alguna discapacidad intelectual, física, mental o sensorial son mencionadas, en un lenguaje manifiestamente mejorable, en el artículo 49 de la Constitución: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. 

Se parte, pues, de que las personas con discapacidad deben disfrutar de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos y ese mandato de hacer a los poderes públicos no es sino una concreción del más amplio previsto en el artículo 9.2 del texto constitucional de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Este mandato expreso a los poderes públicos resultó complementado, primero, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe expresamente la discriminación por razón de discapacidad (art. 21.1) y “reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad” y, después, con la incorporación al Derecho español, desde el 3 de mayo de 2008, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 1 proclama “el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

La confirmación, en una norma de rango legal, de estas obligaciones de hacer para los poderes públicos se produjo, por última vez, a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que deroga, para integrarlas en él, las leyes 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, 51/2003, antes citada, y la ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Dicho Real Decreto Legislativo, de 2013, incluye una Disposición final tercera que, en su punto segundo, se dice, en términos claros e imperativos, que “en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. El propio preámbulo del Real Decreto Legislativo proclama que existe “un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos”. 

Pues bien, ante la inactividad reiterada de los sucesivos gobiernos, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo impugnando la pasividad gubernamental y dicho Tribunal acaba de fallar en sentido favorable en una sentencia de 20 de marzo de 2019, donde recogiendo jurisprudencia anterior -entre otras, la sentencia de 5 de abril de 2018 donde se decía que “[…] estamos ante un claro supuesto de inactividad formal normativa pues la Administración incumple un claro e incondicionado deber legal de dictar normas o disposiciones de carácter general -inactividad reglamentaria-, es decir, la administración ha incumplido un deber jurídico que viene representado por una actuación de la Administración -por omisión- al margen de las previsiones legales y contribuyendo a que éstas queden sin efecto y, por ello, ante una actuación susceptible de control por los Tribunales a tenor de los artículos 106.1 de la Constitución Española y 8 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial…”- ha resuelto estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del CERMI y ha declarado la “obligación del Gobierno del Estado de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad”. 

Esta sentencia muestra, una vez más, que para los poderes públicos, de diferente extracción ideológica por cierto, resulta relativamente fácil sumarse a compromisos internacionales que pretenden impulsar la inclusión de personas y colectivos vulnerables; también que no es difícil aprobar normas internas de rango legal que vayan en la misma dirección. Lo complicado llega luego, cuando hay que concretar esas disposiciones y, especialmente, poner medios materiales para hacerlos efectivas. Son, precisamente, esas concreciones, la habilitación de recursos económicos y, lo que es gratis, una interpretación constitucionalmente adecuada de los derechos de las personas con discapacidad las que ponen a prueba la credibilidad de los discursos políticos e instituciones, como, por si hiciera falta otra prueba, hemos visto con las recientes instrucciones de la Junta Electoral Central que inciden en la estigmatización, en este caso sobre el ejercicio de los derechos políticos, de dichas personas. No parece, pues, que hayamos llegado a ese momento en el que todas las personas seamos igualmente importantes. 

Gráfico CERMI

 

Breves apuntes sobre los procesos electorales (4): el derecho de sufragio pasivo.

El derecho de sufragio pasivo o de a acceder a los cargos públicos representativos está garantizado en el artículo 23.2 de la Constitución y, por lo que aquí interesa ahora, se vincula a la elección, directa o indirecta (por ejemplo, miembros de las diputaciones provinciales, senadores por designación autonómica), por los ciudadanos para desempeñar mandatos de contenido político. Se trata, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, de un derecho de mediación legal que encuentra su regulación fundamental en la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la cual articula, en palabras de su preámbulo, “el procedimiento de emanación de la voluntad mayoritaria del pueblo en las diversas instancias representativas en que se articula el Estado Español (STC 71/1989, de 20 de abril). 

Pueden ejercer este derecho las personas que, gozando de la condición de elector -sufragio activo-, no estén incursas en las llamadas causas de inelegibilidad. La propia Constitución establece unas causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: a) A los componentes del Tribunal Constitucional. b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. c) Al Defensor del Pueblo. d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. f) A los miembros de las Juntas Electorales. 

Por su parte, la LOREG concreta dichas causas generales, añade algunas nuevas de carácter general –“Son inelegibles: a) Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena. b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal” (art. 6.2)- y prevé algunas específicas para determinados ámbitos territoriales (por ejemplo, para delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas). Hay que tener también en cuenta, por tanto, las previsiones del Código penal pero tales causas, en la medida en que limitan un derecho constitucionalmente reconocido, han de ser expresamente establecidas en una ley orgánica y no cabe una interpretación analógica de las mismas. 

En teoría, no siempre concordante con la dicción de la LOREG, la función de las causas de inelegibilidad es, por una parte, garantizar la que la elección no se vea perturbada por la influencia que en la misma podría tener la participación de una persona que puede incidir de manera espuria en la misma; por otra, asegurar que se puede desempeñar efectivamente el cargo representativo y si se constata que una persona incursa en causa de inelegibilidad ha sido electa se procederá a la anulación judicial y a la consiguiente pérdida del escaño, que pasaría al siguiente de la candidatura no electo o, en su caso, al suplente. 

Finalmente, hay que recordar que la legislación electoral establece unas condiciones para la presentación de candidaturas, que delimitan de manera importante el ejercicio de este derecho; por una parte, pueden presentar candidatos o listas de candidatos: a) Los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente. b) Las coaliciones y c) las agrupaciones de electores que reúnan los requisitos establecidos por las disposiciones especiales de la Ley Electoral (art. 44 LOREG). 

Además, se exige una composición equilibrada, en términos de género, de las candidaturas (art. 44 bis): “Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico. En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales podrán establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las candidaturas que se presenten a las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas. 2. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en cada tramo de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo más cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la proporción exigible respecto del conjunto de la lista. 3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los anteriores apartados. 4. Cuando las candidaturas para el Senado se agrupen en listas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de esta Ley, tales listas deberán tener igualmente una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico”. 

Las candidaturas no pueden ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades y solo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación. 2. Cuando se trate de listas de candidatos, las bajas que se produzcan después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes (art 48). 

En relación con las elecciones al Congreso y Senado de 28 de abril hay que recordar también que son inelegibles para el cargo de Diputado o Senador quienes ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. Tampoco son elegibles para el Congreso de los Diputados los Presidentes y miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, así como los cargos de libre designación de dichos Consejos y los miembros de las Instituciones Autonómicas que por mandato estatutario o legal deban ser elegidos por la Asamblea Legislativa correspondiente. Nadie puede presentarse simultáneamente como candidato al Congreso de los Diputados y al Senado (art. 154). 

También que se han introducido reformas que dificultan la presentación de candidaturas por nuevos actores políticos y por las agrupaciones de electores: estas últimas necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura (art. 169.2). 

Finalmente, las candidaturas para el Senado son individuales a efectos de votación y escrutinio aunque pueden agruparse en listas a efectos de presentación y campaña electoral. Cada candidatura a Senador debe incluir dos candidatos suplentes haciendo constar el orden en que deban asumir la suplencia (art. 171).

 

¿Inmunidad europarlamentaria?

La elección universal, libre, igual, directa y secreta de  quienes van a ocupar cargos públicos representativos dota a ese proceso de una legitimidad democrática, a la que también sirve el establecimiento de una serie de condiciones que deben cumplir quienes aspirar a esos cargos y otras en las que no deben estar incursos: las primeras son ser español -salvo en elecciones municipales y al Parlamento Europeo- mayor de edad y poseer la cualidad de elector; entre las segundas se encuentran numerosas causas generales de inelegibilidad -ocupar determinados cargos institucionales o desempeñar ciertas funciones públicas; haber sido condenado por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena o por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado,…- y existen, asimismo, causas específicas de inelegibilidad para concretas elecciones. 

Además, una vez elegida una persona para un cargo representativo no debe incurrir en incompatibilidad con el ejercicio de otra función similar: así, no se puede ser simultáneamente parlamentario europeo y miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (art. 211.2 Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG), debiendo optarse por uno u otro cargo; de no ejercerse esa opción se entiende que se prefiere la condición parlamentaria adquirida en último término. 

En el caso concreto de las elecciones al Parlamento Europeo la normativa aplicable está contenida en los artículos 210 a 227 LOREG: ahí se dice, por ejemplo, que pueden votar en dichos comicios los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España siempre que opten por hacerlo aquí y no en otro país; también se señala que son elegibles (art. 210.bis) todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea y reúnan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los españoles y sean titulares del derecho de sufragio pasivo en el Estado miembro de origen. 

Con arreglo a lo dicho hasta aquí, Carles Puigdemont podría formar parte de una candidatura al Parlamento Europeo por España mientras no incurra en causa alguna de inelegibilidad. Lo que no podría, si resulta elegido y toma posesión de su cargo, es compatibilizar la condición de europarlamentario y la actual de miembro del Parlament catalán, debiendo optar entre un cargo y otro, entendiéndose, de no hacerlo, que prefiere ser parlamentario europeo, pues sería la condición adquirida en último lugar. 

No obstante, para acceder a la condición plena de parlamentario europeo el señor Puigdemont, además de la obvia exigencia de resultar elegido el 26 de mayo, tendría que jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central en un plazo de cinco días desde la proclamación de los resultados. Transcurrido dicho plazo sin haberlo hecho, la citada Junta declararía vacante ese escaño y suspendidas todas las prerrogativas que le pudieran corresponder por razón de su cargo hasta que se produzca dicho acatamiento (art. 224.2 LOREG). 

Y es que a estos efectos el Parlamento Europeo (PE) se limita a verificar lo que han documentado las autoridades electorales de los respectivos Estados miembros: conforme al artículo 3 de su Reglamento, “tras las elecciones generales al Parlamento Europeo, el presidente invitará a las autoridades competentes de los Estados miembros a que notifiquen inmediatamente al Parlamento los nombres de los diputados electos, de forma que puedan tomar posesión de sus escaños desde la apertura de la primera sesión que se celebre después de las elecciones”. Ese mismo precepto añade que para el examen de las credenciales el informe de la comisión competente “se basará en la comunicación oficial de cada Estado miembro sobre el conjunto de los resultados electorales, en la que se indique el nombre de los candidatos electos, así como el de los posibles sustitutos, junto con su orden de prelación conforme a los resultados de la votación”. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió en su día (Sentencia de 7 de julio de 2005, asunto Le Pen c. Parlamento) que el Parlamento Europeo no tenía margen de apreciación en esta materia. 

En suma, sin el acatamiento de la Constitución, que tendría que ser personal y, salvo impedimento físico demostrable, presencial, Puigdemont no ostentaría la condición plena de parlamentario europeo para las autoridades españolas ni, en consecuencia, para las europeas. Y sin ostentar esa condición no se puede desempeñar el cargo ni disfrutar de las prerrogativas propias del mismo; por ejemplo, según el artículo 5.3 del Reglamento del PE, “la Unión Europea expedirá al diputado que lo solicite, previa autorización del presidente del Parlamento, un salvoconducto de la Unión Europea para la libre circulación de dicho diputado por los Estados miembros y por otros países que reconozcan tal salvoconducto como un documento de viaje”. En la misma línea, el Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea se reserva a quienes son miembros de pleno derecho del PE, que (art. 9 gozarán a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país; b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. 

Estas consecuencias serían el resultado del no acatamiento de la CE en el plazo legalmente previsto pero ¿qué ocurriría antes de que dicho plazo venza? ¿Disfrutan los proclamados electos de la inviolabilidad, que les exime de responsabilidad por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de la función, y de la inmunidad, que prohíbe su detención salvo delito flagrante? 

Entiendo que sí por dos motivos: uno histórico-funcional y otro gramatical: el sentido de la inmunidad ha sido evitar que el parlamentario electo sea perturbado o apartado de sus funciones por los otros órganos del Estado en atención a razones meramente políticas, lo que podría ocurrir con una detención dirigida, precisamente, a impedirle recoger su credencial o tomar posesión; por utilizar las palabras del Tribunal Constitucional, “la inmunidad es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento” (STC 243/1988, de 19 de diciembre). En este sentido, el Reglamento del Congreso de los Diputados dispone que “los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que el Diputado sea proclamado electo” (art. 20.2). En segundo lugar, si el artículo 224 de la LOREG alude a la suspensión de las prerrogativas por el no acatamiento es porque hasta entonces estaban vigentes. 

En definitiva, cualquiera de los proclamados electos en los comicios al Parlamento Europeo goza, desde ese momento, de inviolabilidad e inmunidad, en el sentido arriba mencionados, pero estas prerrogativas, que se orientan a garantizar el ejercicio de la función representativa y no intereses personales de los elegidos, quedarán suspendidas si no se acata la Constitución en el plazo fijado para ello; se recuperarían con un eventual acatamiento posterior. 

Pd. agradezco la lectura de una versión previa de este texto a los profesores Fernando Álvarez-Ossorio y Joaquín Urías, que comentaron estas cuestiones en Twitter, donde también se puede leer el muy recomendable, valga la redundancia, detallado hilo del profesor Jacobo Dopico.

Texto publicado en Agenda Pública el 15 de marzo de 2019.

 

 

Breves -y aquí urgentes y extraordinarios- apuntes sobre los procesos electorales (3): el ejercicio del voto por personas con alguna discapacidad.

Este tercer apunte, urgente y extraordinario -por su no previsibilidad-, trae causa de una muy reciente Instrucción de la Junta Electoral Central (JEC), la 5/2019, de 11 de marzo de 2019, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

En esta Instrucción se recuerda algo conocido: que la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, ha modificado la LOREG en un doble sentido: en primer lugar suprimiendo los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 3, que establecía que carecían de derecho de sufragio “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”; y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure su internamiento, siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”. La segunda modificación consiste en sustituir la redacción del apartado 2 del citado artículo 3 –que establecía el deber de los jueces o tribunales que entiendan de los procedimientos de incapacitación o internamiento de pronunciarse expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio de sufragio, así como de su comunicación al Registro Civil para que procediese a la correspondiente anotación- por un nuevo texto que indica lo siguiente: “toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”.

Hasta aquí nada que comentar. Lo que viene después sí merece alguna consideración: en primer lugar, la JEC invoca la atribución que le da el artículo 19.1.f de la LOREG -“Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales y, en su caso, de Comunidad Autónoma en la aplicación de la normativa electoral”- para hacer algo que no es exactamente lo que ahí se  autoriza, pues no unifica unos hasta ahora inexistentes criterios sino que parece tratar de colmar una laguna del legislador; en sus palabras, “la nueva redacción del apartado 2 del artículo 3, en la que se señala que el derecho de sufragio activo debe ejercerse de forma “consciente, libre y voluntariamente”, así como la referencia a las formas de comunicar el ejercicio de este derecho y los medios de apoyo que se requieran, suscita problemas interpretativos que no han quedado resueltos por el legislador. En tanto el legislador no establezca ninguna concreción a estas cuestiones, ante la cercanía de varios procesos electorales, la Junta Electoral Central considera que resulta necesario clarificar estos extremos y fijar un criterio que puedan seguir los diferentes sujetos afectados”

En segundo lugar, la JEC acuerda algo que nos parece extraordinariamente grave: aunque dice algo obvio a la luz de la vigente normativa -“Las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa. Las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe, o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la Mesa Electoral- añade, a continuación, lo siguiente: “En el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte”. 

Creo que se puede cuestionar con fundamento una reforma de la LOREG que no ha concretado cómo se garantiza que el voto sea expresión de la voluntad “libre y consciente” del elector pero tendría que ser el legislador el que adoptara los cambios necesarios y, sobre todo, no se puede dotar, vía Instrucción de la JEC, a los miembros de las mesas y a los apoderados e interventores de una facultad que la LOREG no les ha atribuido: lo único que puede hacer la Mesa es resolver si quien vota es el concreto elector legitimado para hacerlo, es decir, si no hay una suplantación de identidad; concretamente, “cuando la Mesa, a pesar de la exhibición de alguno de los documentos previstos en el apartado 1, tenga duda, por si o a consecuencia de la reclamación que en el acto haga públicamente un interventor, apoderado u otro elector, sobre la identidad del individuo que se presenta a votar, la Mesa a la vista de los documentos acreditativos y del testimonio que puedan presentar los electores presentes, decide por mayoría. En todo caso se mandará pasar tanto de culpa al Tribunal competente para que exija la responsabilidad del que resulte usurpador de nombre ajeno o del que lo haya negado falsamente” (art. 85.4).

¿Cómo se puede habilitar, en una Instrucción de la JEC, a los miembros de las mesas electorales, a los apoderados e interventores para cuestionar la idoneidad del elector y “señalarlo” en el acta como posible “incapacitado”? Ha habido casos bochornosos en el pasado –aquí el que afectó al señor Nebot en Oviedo en 2016– en los que los miembros de las mesas por su cuenta se erigieron en “jueces” de la capacidad de los electores pero no es menos preocupante que la JEC pueda acordar algo que no es sino una forma de estigmatización de concretas personas.