Algunas certezas y no pocas dudas sobre las medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Primera.- Me parece claro que se da el supuesto de hecho que justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución (CE): “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España,…” Así, y a título ejemplificativo, ha quedado constatado que tanto el Govern como el Parlament de Cataluña, instituciones propias de la Comunidad, vienen incumpliendo de forma reiterada obligaciones derivadas de la Constitución a propósito del sistema de distribución de competencias con el Estado, en relación con sentencias del Tribunal Constitucional, que tienen plenos efectos frente a todos,…-

Segunda.- De la lectura del artículo 155, en relación con otros artículos de la Constitución, cabe concluir que este precepto no autoriza la “suspensión de la autonomía”, ni de hecho ni de derecho, y así se ha venido aceptando en el ámbito académico e institucional: el propio Presidente del Gobierno ha dicho, al anunciar las medidas que se propone aplicar, que “no se suspende la autonomía ni el autogobierno en Cataluña“.

Tercera.- Varias de las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno no parecen plantear problema alguno de encaje en el artículo 155 de la Constitución, que autoriza a adoptar las necesarias para “obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones [sic] o para la protección del mencionado interés general”. Así, por ejemplo, para asegurar la ejecución de resoluciones judiciales por parte de los Mossos d’Esquadra se les puede dar instrucciones directas y de obligado cumplimiento; lo mismo cabe, en otros ámbitos, respecto de diferentes órganos de la Administración catalana,

Cuarta.- Tengo muchas dudas sobre la constitucionalidad, vía artículo 155, de la probable destitución del Presidente catalán: una cosa es dar instrucciones a todas las autoridades de una Comunidad, como dispone el apartado 2 del artículo 155, y otra acordar el “cese” de su Presidente, al que corresponde, según el artículo 152.1 CE, “la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla”. Se podrá decir que de poco sirve dar instrucciones al Presidente autonómico si éste no las cumple pero la exigencia de las debidas responsabilidades políticas y, en su caso, penales por el incumplimiento está contemplada en otras normas y atribuida a órganos que no son el Presidente del Gobierno español: Parlamento de Cataluña, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,… (artículos 67 y 70 del Estatuto de autonomía de Cataluña). No se olvide que una de las competencias esenciales de la Comunidad Autónoma es la elección -y eventual cese- de su Presidente por parte del Parlamento (artículos 152.1 CE y 67 del Estatuto ). ¿Destituir al Presidente -y a todo el Gobierno- no es “suspender” la autonomía, al menos la autonomía reconocida al Parlamento catalán y al propio Presidente respecto de los Consejeros?

Quinta.- Las mismas, o más, dudas me plantea la imposición de prohibiciones al Parlamento catalán como las anunciadas por el Presidente del Gobierno: “el presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni el Parlamento puede celebrar debate y votación de investidura; las facultades de control corresponderán al órgano que a tal efecto designe el Senado y por parte del Parlamento no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución Española y al Estatuto de autonomía de Cataluña, teniendo el Gobierno un plazo de treinta días para ejercer su derecho de veto”.

Ya se ha dicho que en nuestro Estado autonómico forma parte del poder de cada Parlamento (otra vez el citado artículo 152.1 CE) el nombramiento del Presidente  [autonómico] y éste y su gobierno “serán políticamente responsables ante la Asamblea”. ¿Es compatible con este precepto constitucional que el control político lo ejerza un órgano designado por el Senado? ¿Es compatible con el artículo 161, que enumera las competencias del Tribunal Constitucional, que el control de las iniciativas, incluidas las legislativas, del Parlamento que puedan ser contrarias a la Constitución se articule a través de un veto del Gobierno? Me pregunto de nuevo, ¿estas medidas no implican la suspensión de la autonomía política reconocida constitucional y estatutariamente a las instituciones catalanas?

Sexta.- Lo mismo cabe decir de la convocatoria anticipada de elecciones al Parlamento catalán: esa facultad está atribuida por el artículo 66 del Estatuto de Cataluña -Ley Orgánica del Estado y norma institucional básica de la Comunidad- al Presidente de la Generalitat. ¿Disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones por parte del Presidente del Gobierno español no es suspender la autonomía o el autogobierno?

Séptima.- Las dudas que -al menos a mi- ofrecen algunas de las medidas anunciadas tendrían que ser resueltas por quienes tienen competencia constitucional para ello: si se impugnan las acordadas por el Gobierno habrá de conocer el Tribunal Constitucional a través del conflicto positivo de competencias y/o el Tribunal Supremo a través de un recurso contencioso-administrativo; si se entiende que cabe también recurrir la autorización del Senado -y en función de la calificación que tenga tal acto- se podría acudir también al conflicto de competencias, hipotéticamente a un recurso de inconstitucionalidad si se entiende como un acto con fuerza de ley o, en su caso, al recurso de amparo si se considera que con esa autorización se ha vulnerado el derecho fundamental a la participación política.

Octava.- Los interrogantes aquí formulados me llevan a concluir que, quizá, se esté atribuyendo al artículo 155 una potencialidad de la que carece, por estar “pensado” y “diseñado” para escenarios de mucha menor gravedad y con no tantas aristas jurídico-constitucionales. No obstante, y como es conocido, se han escrito opiniones, que me parecen fundadas, avalando las actuaciones que aquí se ponen entre interrogantes.

Novena.- Para quienes quieran saber más desde un punto de vista técnico sobre el alcance del artículo 155, en los últimos meses se han publicado diversos,  y no coincidentes, comentarios en forma de artículos de opinión, entrevistas, vídeos,…(prometo enmendar las eventuales ausencias); aquí pueden verse los de Eduardo Vírgala I  y IIXavier Arbós I y IITeresa Freixes, Javier García Fernández III, y IIIYolanda Gómez, Agustín Ruíz Robledo, Roberto Blanco, Leonardo Álvarez, Eduard Roig III, III; Javier Pérez RoyoAntonio Arroyo, Argelia Queralt, Fernando Álvarez-Ossorio, Miguel Pérez-Moneo, Gerardo PérezGermán Gómez Orfanel/José María Gil Robles, Solozabal/Pérez Royo/De Carreras/López Basaguren, Punset/Villaverde/Aláez, Punset/Varela/Villaverde/Aláez/Álvarez/Presno/Fernández SarasolaEnoch AlbertíRafael Arenas,  Hay Derecho, Marcel Mateu,  Joaquín Urías, Fernando Simón

Pd. El texto ha sido objeto de varias revisiones desde su primera publicación para corregir diversos errores y para incorporar nuevas opiniones a la bibliografía citada.  

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¿Ilegalización de partidos independentistas? ¿Bromea o qué?

El pasado 9 de octubre el Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, defendió “la ilegalización de los partidos que reclaman la independencia”; una semana después, Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular en Cataluña, abogó por “ilegalizar programas electorales independentistas”. ¿Son viables, constitucionalmente, estas pretensiones?

Antes de responder a esta cuestión es oportuno recordar que la Constitución española (CE) lleva a cabo un reconocimiento expreso (art. 6) del papel que cumplen los partidos –“expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”- y les impone la obligación de mantener una estructura interna y un funcionamiento democráticos.

La expresión del pluralismo, reconocido como valor superior del ordenamiento (art. 1.1 CE), incluye también la discrepancia con los principios sobre los que se articula el Estado social y democrático de Derecho que configura la Constitución, siempre que esa disconformidad se manifieste de manera pacífica y respetando los demás derechos protegidos. En otras palabras, y a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, en España no se impone a los partidos políticos, como entidades privadas que son, la adhesión inquebrantable a la Constitución, de manera que es conforme a Derecho la creación de una formación política que “milite” en contra de la democracia, defendiendo un Estado autoritario, o en contra de la “indisoluble unidad de la Nación española” (art. 2 CE), abogando por la independencia de una o varias partes del territorio. Así lo dejó meridianamente claro el Tribunal Constitucional en la STC 48/2003, de 12 de marzo, en la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno vasco contra la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos: “en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante…, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Falta para ello el presupuesto inexcusable de la existencia de un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional que, por su intangibilidad misma, pudiera erigirse en parámetro autónomo de corrección jurídica, de manera que la sola pretensión de afectarlo convirtiera en antijurídica la conducta que, sin embargo, se atuviera escrupulosamente a los procedimientos normativos” (FJ 7).

Y es que si el texto constitucional se puede modificar en su totalidad, o de una manera parcial que transforme uno o varios de sus elementos estructurales -por ejemplo, reconociendo el derecho de autodeterminación territorial-, no cabe impedir en una norma legal la existencia de partidos que puedan perseguir  objetivos que son susceptibles de alcanzarse reformando la Norma Fundamental; tampoco cabe excluir de un proceso electoral las propuestas que  vayan en esa misma dirección.

Es la propia Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos la que concreta las condiciones en las que cabe ilegalizar una formación política y, al margen ahora de otras consideraciones críticas sobre su enunciado, requiere la concurrencia de alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave: “a) vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas. c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma” (art. 9.2).

Una formación independentista -existen unas cuantas inscritas en el Registro de Partidos- que no lleve a cabo las citadas conductas es una organización política constitucionalmente protegida como forma de ejercicio de las libertades ideológica y asociativa (arts. 6, 16 y 22 CE) y no cabe rechazar su inscripción registral, su participación en los procesos electorales ni, mucho menos, ilegalizarla. Y no es que tales cosas no sean factibles porque ni la Ley Orgánica de partidos ni la Ley Orgánica de Régimen Electoral General las contemplen -supuesto en el que cabría su modificación- sino porque es la propia Constitución la que radicalmente las prohíbe, garantizando la existencia de, entre otros muchos, los partidos que defiendan propuestas independentistas, sean catalanes, vascos, asturianos o castellano-manchegos.

Texto publicado en El Periódico, vía Agenda Pública, el 20 de octubre de 2017. 

No declaración unilateral de independencia ¿o sí?

En su intervención en la sesión del Parlament celebrada el 10 de octubre el President de la Generalitat dijo, textualmente, “el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia”. Y es que, de acuerdo con la “legalidad” en la que ha tratado de fundamentarse la consulta del pasado 1 de octubre -la Ley del referéndum de autodeterminación aprobada el pasado 26 de septiembre- la declaración “formal de la independencia de Cataluña, de sus efectos y del inicio del proceso constituyente” corresponde al Parlament (artículo 4.4). No se ha producido, pues, una declaración de independencia suspendida a los pocos segundos porque conforme a las “reglas del proceso” al President no le cabría hacer tal declaración ni tampoco podría luego suspenderla.

Que varios parlamentarios, cada uno por su cuenta o de común acuerdo, firmen luego la declaración tampoco tiene más valor “jurídico” o “institucional”, al menos a los efectos previstos por los autores del proceso independentista, que si la firman cientos o miles de ciudadanos que no desempeñan cargos representativos; sería una suerte de recogida de firmas en pro de la independencia, no banal, pero que según sus propias reglas no sustituiría a una proclamación del Parlament.

En suma, lo que ha hecho el President Puigdemont, aunque no fueron palabras textuales, es pedirle al Parlament que aplace, en su caso, la declaración de independencia, no que la suspenda, pues para suspenderla primero tendría que haberse producido la declaración y, al menos en el momento de escribir estas líneas (entre las 22 y 23 horas del día 10), tal cosa no ha ocurrido por parte del llamado “legalmente” a hacerlo.

En su discurso el President ha insistido en el camino a la independencia y en las apelaciones al diálogo pero no ha despejado varias de las incógnitas que se presentaban en una sesión parlamentaria que apareció revestida de la máxima relevancia; entre ellas, y con palabras claras y precisas y no con meros circunloquios, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurre mientras el Parlament se toma su tiempo? Desde el punto de vista de la mayoría parlamentaria que apoya el proceso independentista es muy probable que hoy se haya escenificado una gran división entre lo que unos hicieron y lo que otros esperaban que hiciesen.

Si se confirma esta fractura la Legislatura estaría llamada a su término. Incluso aunque no fuera así, parecería lógico que el President Puigdemont convocase elecciones anticipadas. De ser así estarían llamadas a convertirse en unos comicios plebiscitarios en los que el elemento central de la campaña y posterior votación sería, de manera inevitable, la cuestión de la independencia.

No está claro, al menos para quien escribe estas palabras, qué escenario parlamentario surgiría después de esas elecciones pero parece evidente que si quienes optan claramente por la independencia no consiguen un resultado mayoritario el proceso independentista estaría llamado a languidecer. Si, por el contrario, esa opción resultase ampliamente triunfadora, encarnada en dos o tres formaciones políticas, se abriría de nuevo, y reforzado, un escenario de presión sobre el Estado, que no creo se pueda resolver con una especie de intervención indefinida de la autonomía y, en su caso, de las instituciones catalanas.

Como colofón, al menos de momento, se ha anunciado un Consejo de Ministros extraordinario para las 9 de la mañana del día 11 de octubre; ahí podría acordarse la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. Si así fuera, hay que tener en cuenta que ese precepto no supone una aplicación inmediata de medidas en Cataluña: si se hace como exige literalmente la Constitución es preceptivo un requerimiento formal al President de la Generalitat “y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, [el Gobierno] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del …interés general”. Para la ejecución de esas medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Veremos, pues, qué medidas concretas se propone adoptar el Gobierno y, lo que no parece trivial en el contexto actual, cómo piensa llevarlas a cabo en el supuesto de que las autoridades catalanas, o lo que quede de ellas, no cumplan esas instrucciones. En todo caso, cuando despertemos mañana, y pasado, el “problema” seguirá allí.

La proporcionalidad policial el 1 de octubre.

Una de las polémicas que ha generado lo acontecido en Cataluña el pasado 1 de octubre es si hubo una actuación proporcionada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al pretender dar cumplimiento a medidas vinculadas a la prohibición de celebración de una consulta para la que la Comunidad Autónoma catalana carece, como ha declarado el Tribunal Constitucional, de competencia.

Para empezar, y para evitar ya conclusiones precipitadas y sin que ello sea consuelo alguno, no está de más tener presente que episodios de actuaciones desproporcionadas los han protagonizado todo tipo de cuerpos policiales; también los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona (recuérdese el desalojo, el 27 de mayo de 2011, de Plaça de Catalunya, con 121 heridos), las policías de Alemania, Italia, Francia (con alguna condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos), Rusia o Turquía (en estos casos con diversas condenas de ese mismo Tribunal).

La exigencia de proporcionalidad en cualquier actuación policial, estatal o autonómica, está prevista de manera expresa en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo artículo 5.2.c) establece que “en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance”.

Parece claro, pues, que por la importantísima y difícil función constitucional que cumplen –“tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (artículo 104.1 de la Constitución)-, quienes integran las fuerzas y cuerpos de seguridad están legitimados para el uso de la fuerza y deben obrar con decisión y rapidez pero, y precisamente porque son profesionales y en un Estado de derecho el fin no justifica los medios, actuando de forma congruente, oportuna y proporcional: es obvio que no tienen que “convencer” con métodos dialécticos a un presunto agresor o a quien está destrozando el mobiliario urbano para que deponga su actitud pero también lo es que no deben moler a palos a quien ha cometido una infracción administrativa o un delito no violento -mucho menos a quien no ha hecho nada- y es que la “eficacia en la persecución del delito [o de las infracciones administrativas], cuya legitimidad es incuestionable, no puede imponerse, sin embargo, a costa de los derechos y libertades fundamentales” (STC 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 8).

¿Y qué es lo que deben hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando un grupo numeroso de personas impiden su entrada para dar cumplimiento a una orden judicial de desahucio o a otra que les requiere para que se incauten los medios que se están utilizando para realizar una consulta que no está amparada por el ordenamiento jurídico? Con arreglo a su Ley Orgánica deben actuar sin demora “cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable” pero esa rapidez no estará justificada en todo caso y a toda costa si el daño que se pretende evitar es de otra naturaleza; no parece que demorarse o, incluso, no llevar a cabo la incautación de urnas y papeletas provocara un daño grave, inmediato e irreparable y, de hecho, en la mayoría de los “colegios electorales” no se produjo la incautación, quizá porque se entendió por quienes estaban al mando o ejecutaban la operación policial que no era “oportuno” hacer tal cosa mientras concurrieran determinadas condiciones o porque llevarlo a cabo a todo costa podría exigir la aplicación de medidas “desproporcionadas”, con riesgo para la integridad física de los ciudadanos allí concentrados y de la propia policía.

La clave, o una de ellas, está entonces en delimitar en qué consiste la “proporcionalidad” de una actuación policial ante concentraciones como las que se produjeron el 1 de octubre y ello exige, a su vez, tener en cuenta, como ha reiterado el Tribunal Supremo (sentencias de 30 de abril de 1987, 6 de febrero de 1991, 16 de octubre de 1991,…), el comportamiento de los concentrados, su permanencia en esa situación y la forma de reaccionar frente a las fuerzas de seguridad. En consecuencia, la intervención policial no debe ser igual ante unos concentrados que reaccionan de manera violenta y atacan a los agentes que ante otros que están sentados y su resistencia es meramente pasiva.

En definitiva, la proporcionalidad consiste en que actuaciones policiales dirigidas al ejercicio de un deber o en defensa de derechos no generen un daño superior al bien que pretenden tutelar. En esta línea, en un reciente asunto –Lashmankin y otros c. Rusia, de 7 de febrero de 2017-, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado demandado por las actuaciones desproporcionadas de sus fuerzas de seguridad -disolución, arresto de algunos de los asistentes, …- ante concentraciones pacíficas, y la condena a Rusia se produjo a pesar de que las manifestaciones habían sido declaradas contrarias a derecho por los tribunales nacionales.

Por tanto, el hecho de que una concentración no sea “legal” no quiere decir que se pueda disolver de manera automática y a cualquier precio. Tampoco significa que si una reunión es contraria a Derecho “no pase nada”: si supone una vulneración de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión o de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana se podrá abrir un expediente administrativo sancionador que puede desembocar en multas extraordinariamente cuantiosas.

A la vista de las imágenes, al menos de muchas de ellas, de lo ocurrido el 1 de octubre parece, desde un punto de vista técnico-jurídico, que buena parte de la actuación policial fue proporcionada pero también se pueden detectar varios casos en los que no hubo esa debida proporción, por lo que habría que exigir las correspondientes responsabilidades.

Texto publicado en Agenda Pública el 3 de octubre de 2017.

El “pueblo” contra Larry Flynt y las expresiones ofensivas.

En el número de El País Semanal del 24 de septiembre de 2017 se incluye un reportaje sobre Larry Flynt, controvertido personaje cuya vida fue trasladada al cine en el la película The people vs. Larry Flynt, dirigida por Milos Forman en 1996.

En las siguientes líneas resumiré algunas de las peripecias judiciales de Larry Flynt, una de las cuales tiene especial relevancia por el contenido de la sentencia en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió su caso.

Antes fue juzgado en dos ocasiones por difusión de la obscenidad (Ohio, 1977) y venta de pornografía (Georgia, 1978). En ambos casos Larry Flynt resultó absuelto pero en el primero hubo una primera sentencia condenatoria a 25 años de prisión. Sobre estas cuestiones, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha seguido una línea errática y borrosa: en 1957 (Roth vs. United States) dijo que se protegía la obscenidad si “no está totalmente desprovista de algún valor social que debe ser preservado”, lo que originó resultados dispares como la autorización de la película Funny Hill y de diverso material pornográfico pero no la de una revista de contactos; en 1973 (Miller vs. California) se fijó un criterio prohibitivo: 1) si una persona promedio considera que el material es lascivo; 2) si el material representa de forma ofensiva una conducta sexual descrita en una ley estatal; 3) que el material, en conjunto, carezca de interés científico, artístico, literario o político. El criterio 3 debía valorarse localmente”; después se aceptó que la valoración debía hacerse con criterios “nacionales”. Siguió habiendo resultados chocantes: se prohibió la película sueca Soy curiosa, se permitió Conocimiento carnal.

En Estados Unidos en la actualidad, a) la pornografía en público no está protegida, b) se pueden fijar criterios de acceso distintos según la edad, c) no hay un criterio nacional.

Al respecto, resulta interesante el alegato “positivista” que hizo Larry Flynt: si la pornografía está permitida por una ley no ha lugar a discutir en un juicio sobre su moralidad y, citando a George Orwell, la libertad consiste, entre otras cosas, en poder decir y mostrar lo que la gente no quiere ver.

En el tercer juicio se discutió sobre la revelación de las fuentes de una información y sobre el uso de la bandera al amparo de la libertad de expresión. El caso desembocó en el internamiento, por supuesto desequilibrio síquico, de Larry Flynt, pero lo relevante ahora es destacar la protección de las fuentes y que el gobierno no puede prohibir la expresión o difusión de una idea sólo porque la sociedad la considera ofensiva o desagradable.

Finalmente, el cuarto, y más conocido, proceso se inició tras la publicación, en el número de noviembre de 1983 de la revista Hustler, de una entrevista simulada, en tono de parodia, con el reverendo Jerry Falwell: aprovechando la publicidad que se estaba haciendo de la bebida Campari, donde una serie de personas famosas contaban cómo había sido su primera experiencia al probar Campari, se ponía en boca del reverendo unas declaraciones en las que confesaba que su primera experiencia sexual, no con Campari, había sido con su madre, estando ambos ebrios, y se había desarrollado en unas letrinas; en letra pequeña se añadía que era una parodia y que la entrevista no debía tomarse en serio.

A pesar de la advertencia de la revista, el reverendo Falwell, uno de los líderes de la autodenominada “mayoría moral”, se tomó muy en serio la broma y acudió a los tribunales con una demanda por difamación, lesión de la intimidad y causación dolosa de daños morales. En primera instancia se resolvió que no había difamación porque parecía evidente que lo allí narrado no se correspondía con la realidad pero sí se apreció causación deliberada de daños morales, algo confirmado por el Tribunal de apelación.

El asunto llegó al Tribunal Supremo donde la defensa alega, citando precedentes (el más evidente era New York Times Co. vs. Sullivan, de 1964) y la propia opinión del juez Scalia en Pope vs. Illinois donde se dijo que “es inútil discutir sobre gusto, y más inútil aún litigar. Esa es la cuestión aquí. El jurado ya determinó que esta es una cuestión de gusto y no legal, al decir que no hay difamación”.

El Tribunal Supremo resolvió el caso en una sentencia unánime (Hustler Magazine vs. Falwell), de 24 de febrero de 1988, de la que fue ponente el juez Renhquist (puede leerse una traducción parcial en castellano en esta entrada del blog del profesor Julio V. González García)

En primer lugar, el Tribunal Supremo recordó que los personajes públicos, al igual que sucedía con las autoridades y cargos públicos, están sujetos a ataques vehementes, satíricos y, en ocasiones, muy ácidos y desagradables.

En segundo lugar, reiteró que una persona con relevancia pública puede tener derecho a ser indemnizada por alguien que públicamente lesiona su reputación mediante declaraciones o informaciones difamatorias, pero sólo si han sido realizadas con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la circunstancia de si eran, o no, falsas.

En tercer lugar, el Tribunal Supremo puso de manifiesto la importancia de la caricatura, y de su necesaria protección en una sociedad democrática, pues, de otro modo, los caricaturistas políticos y satíricos estarían sujetos a responsabilidad por daños morales aunque no hubieran difamado a la persona representada. Y es que el arte del caricaturista no suele ser razonado o imparcial, sino mordaz y directo.

A continuación, el Tribunal volvió a declarar que el hecho de que la sociedad pueda considerar ofensiva una expresión no es razón suficiente para suprimirla. Al contrario, si la opinión de quien la expresa resulta ofensiva, ello puede ser un motivo para que esté constitucionalmente protegida.

Parte de estas conclusiones se incorporaron al acerbo jurisprudencial europeo; por ejemplo al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (pueden verse, entre otros, los casos Handyside c. Reino Unido, de 29 de abril de 1976, y Lingens c. Austria, de 8 de julio de 1986).

Memoria del Máster en protección jurídica de las personas y los grupos vulnerables (Curso 2016-2017).

Terminamos una edición más del Máster en Protección jurídica de las personas y los grupos vulnerables, la segunda bajo nuestra dirección, y queremos dedicar esta Memoria (puede descargarse en formato pdf) a rendir cuentas y mostrar nuestro agradecimiento.

1.- A modo de resumen, durante el Curso 2016/2017 hemos tenido 23 estudiantes (3 más que el curso anterior), de los que 5 -21%- procedieron de universidades extranjeras (de Bélgica, Colombia, Chile, Estados Unidos y Suiza).

2.- Hemos elaborado 40 boletines semanales con ofertas de trabajo, becas y servicios de voluntariado para nuestros estudiantes en el ámbito local, nacional, europeo e internacional, con una media de 20 ofertas por boletín, lo que viene a suponer un total de unas 800 oportunidades. 

3.- La Clínica Jurídica del Máster cumplió su segundo año de funcionamiento como herramienta docente de información y sensibilización en materia de derechos de las personas y los grupos vulnerables. Por su trabajo durante el primer año fue reconocida como segundo mejor proyecto de innovación docente de la Universidad de Oviedo. En este segundo año volvimos a ser considerados como Proyecto de Innovación Docente y hemos llegado a 455 estudiantes de enseñanza secundaria de 7 colegios e institutos: IES Pando y Colegio San Ignacio, de Oviedo; IES Fernández Vallín, de Gijón; IES La Magdalena, de Avilés; Instituto Sánchez Lastra, de Mieres; Instituto Escultor Juan de Villanueva, de Pola de Siero, y Colegio Santo Ángel, de Pravia. En el primer año trabajamos en 4 centros y con 174 estudiantes.

En este curso se han implicado 16 estudiantes y egresados del Máster (7 el primer año) y las sesiones han versados sobre 6 temas (3 el año anterior): violencia de género, igualdad en el ámbito laboral, acoso escolar, situación de las personas con discapacidad, asilo y refugio y personas en situación de pobreza y exclusión socialLas sesiones han sido coordinadas por los profesores Miguel Presno, Ángel Espiniella, María Valvidares, Dolores Palacios, Diego Álvarez y Roger Campione.

4.- Hemos continuado con el programa de mentores, por el que antiguos alumnos han asistido y orientado a los ​alumnos de nuevo ingreso.​ Para ello, se analizó el perfil de los nuevos estudiantes y se buscaron mentores con un perfil similar, quienes estuvieron en contacto durante todo el año con los estudiantes para ver su progresión. Nuestro objetivo es mantener esta red de antiguos alumnos y que sigan recibiendo noticias e informaciones en esta materia, potenciando, así, la idea de una formación permanente. 

5.- Hemos desarrollado diversas actividades extracurriculares​ de formación y sensibilización: una mesa redonda sobre “La prohibición del burkini”, sendas conferencias sobre patrimonios protegidos y violencia de género, dos debates en colaboración con el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias sobre el tratamiento informativo de la violencia de género y de los menores, y participamos en la conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres organizado por la Universidad de Oviedo.

6.- Presentamos el segundo de los libros editados por el Máster: Derechos y garantías frente a las situaciones de vulnerabilidad, publicado por la Universidad de Oviedo, coordinado por la profesora María Valvidares y que incluye colaboraciones del profesorado encargado de la docencia de los módulos optativos.

7.- Como herramienta docente y de comunicación dentro del Máster mantenemos un grupo en Facebook integrado por docentes y nuevos y antiguos estudiantes. De cara al exterior contamos, además de la página web de la Clínica, y de la página de la Clínica en Facebook, con una cuenta en Twitter: https://twitter.com/MasterGrVulnera .  

8.- A través del Servicio de Audiovisuales de la Universidad de Oviedo realizamos un vídeo de promoción y divulgación del Máster, que está disponible en nuestro canal de Youtube.

9.- Nuestra Clínica ha estado presente en cuatro foros académicos muy relevantes: por medio de una videoconferencia de Ángel Espiniella en el Congreso “Institutional Leadership, Learning and Teaching” celebrado en la Universidad de Cambridge, los días 19 y 20 de septiembre de 2016; a través de María Valvidares en el 5º Encuentro de Clínicas Jurídicas de las Universidades Españolas -“Acceso a la justicia, enseñanza jurídica clínica y pro bono jurídico”- celebrado en Valencia el 26 de octubre de 2016; con María Valvidares y Patricia García Majado en el workshop “La transformación de las enseñanzas jurídicas y criminológicas desde las Clínicas por la Justicia Social” celebrado en el Instituto Internacional de Sociología, Oñati, los días 25 y 26 de mayo de 2017; y por medio de Miguel Presno en las II Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Las Palmas, los días 8/9 de junio de 2017.

10.- Para concluir podemos anunciar algunas de las actividades para el curso 2017/2018 que ahora comienza: en primer lugar, se mantendrá la actividad de la Clínica, extendiendo las sesiones de formación y sensibilización a otros Institutos asturianos; en segundo término, y dentro también de la Clínica, se continuarán las actividades en colaboración con el Colegio Profesional Periodistas de Asturias, sobre el tratamiento de las personas y los grupos vulnerables en los medios de comunicación; en tercer lugar, a partir de septiembre, empezaremos a colaborar en el proyecto Educando en Justicia e Igualdad promovido por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo; finalmente, queremos iniciar un nuevo proyecto de innovación docente, con el fin de seguir mejorando en la empleabilidad de las personas egresadas.

* * *

Nada hubiera sido posible sin la entusiasta colaboración de profesores internos y externos a la Universidad, y sin el personal de las numerosas entidades, públicas (el Servicio de infancia, familias y adolescencia del Principado de Asturias, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias, el Instituto de la Mujer del Principado de Asturias, el Juzgado de Violencia de Género de Oviedo, la Fiscalía de Violencia de Género de Oviedo, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el Juzgado de Menores de Oviedo, la Fiscalía de Menores, el Letrado del anciano, el Servicio de Prestaciones y programas de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de la Consejería de Presidencia, el Colegio de Abogados de Oviedo, los servicios sociales de los Ayuntamientos de Oviedo y Avilés, el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias) y privadas (Cáritas, Luar, Aspaym, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Apramp, Cruz Roja de Oviedo y Cruz Roja de Gijón, Accem, Sos Racismo Galicia, Once, Afesa, Codopa, Fasad, Fundación Secretariado Gitano, Prisión y sociedad, Fundación Mujeres, Plena Inclusión Asturias) con las que tenemos acuerdos de colaboración para las prácticas. Nuestro agradecimiento a todos por vuestra dedicación, apoyo y comprensión para con los errores cometidos.

Queremos mencionar especialmente a los profesores María Valvidares y Diego Álvarez Alonso, que han dedicado infinitas e ingratas horas a la coordinación de trabajos fin de máster y prácticas.

También estamos en deuda con los estudiantes de este Curso, con referencia especial a María Chamorro Alpuente, representante de sus compañeros en el Comité Académico; con los antiguos alumnos, por su implicación con el programa de mentores y la clínica jurídica, con el equipo decanal de la Facultad de Derecho, con la Directora de Área de Postgrado y Títulos Propios así como con el Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Derecho y del Centro Internacional de Postgrado por su constante colaboración.

 

Ángel Espiniella y Miguel Presno, coordinadores del Máster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Un “remedio equivocado” para el 1 de octubre.

En los últimos meses se ha hablado del posible uso de los instrumentos previstos en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional para impedir la celebración de la consulta que ya la propia Lei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació, prevé (art. 9) que “…se celebrarà el diumenge dia 1 d’octubre de 2017, d’acord amb el Decret de Convocatòria”.

Con el obvio respeto -faltaría más- a quienes defienden la posibilidad de aplicar como “remedio”, o uno de ellos, la Ley 36/2015, en las siguientes líneas trataré de explicar los motivos por los que considero que dicha norma no es aplicable a ese supuesto. No obstante, hay que empezar recordando que esa Ley no es, precisamente, un modelo de claridad jurídica, hasta el punto de que, leyendo su Preámbulo, más bien parece una ley del “por si acaso”, porque después de mencionar “las normas aplicables a los estados de alarma, excepción y sitio, a la Defensa Nacional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la protección de la seguridad ciudadana, a la protección de infraestructuras críticas, a la protección civil, a la acción y el servicio exterior del Estado o a la seguridad privada,…, junto con la legislación penal y los tratados y compromisos internacionales” se concluye que en “el mundo actual, y en el entorno más previsible para el futuro, los actores y circunstancias que ponen en peligro los niveles de seguridad, se encuentran sujetos a constante mutación, y es responsabilidad de los poderes públicos dotarse de la normativa, procedimientos y recursos que le permitan responder con eficacia a estos desafíos a la seguridad”.

Está muy bien prepararse frente a los desafíos que tempranamente estudió Ulrich Beck en “la sociedad del riesgo” que nos ha tocado vivir, pero antes de aprobar nuevas leyes y confiar todo al “Derecho” habría que tener presente, en palabras del propio Beck, que se han debilitado las capacidades de decisión institucional frente a los problemas de la nueva modernidad.

Sea como fuere, nada en la Ley de Seguridad Nacional parece encajar en el supuesto que nos ocupa.

En primer lugar, porque si bien en el camino al referéndum del 1 de octubre se han pisoteado un buen número de disposiciones normativas, incluidas las que se han invocado para dar una apariencia de juridicidad al proceso (Estatut, Reglamento del Parlament, Llei 2/2009, del Consell de Garanties Estatutàries), no se ha puesto en riesgo la libertad, los derechos o el bienestar de los ciudadanos; tampoco la seguridad o la defensa nacionales ni los compromisos internacionales asumidos por España, y eso es lo que la Ley (art. 3) entiende por “Seguridad Nacional”.

En segundo lugar, no parecen menoscabados los que, conforme a la Ley (art. 9), se consideran componentes fundamentales de la Seguridad Nacional: la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior (las mayúsculas son del legislador).

En tercer lugar, no nos encontramos ante los que la Ley considera, es verdad que de forma enunciativa y no agotadora, ámbitos de especial interés para la Seguridad Nacional (art. 10): “la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente”.

En cuarto lugar, y sin restar importancia jurídica, política, institucional, social,…, a lo sucedido -y lo que vendrá-, las crisis a las que pretende hacer frente esta Ley  son de otra índole, pues, como ya se ha dicho, no está en juego la “Seguridad Nacional”. Por si fuera poco, “en la gestión de crisis participarán las autoridades de la Comunidad Autónoma que, en su caso, resulte afectada” (art. 22) con el fin de asegurar “la disponibilidad de los servicios esenciales y la garantía del suministro de recursos energéticos, agua y alimentación, medicamentos y productos sanitarios, o cualesquiera otros servicios y recursos de primera necesidad o de carácter estratégico” (art. 11.2). Nada de eso parece que vaya a faltar en las próximas fechas ni el 1 de octubre.

En quinto término, tampoco parece que se haya producido lo que la Ley califica -con una dicción un tanto cantinflesca- de situación de interés para la Seguridad Nacional (art. 23.2): “aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley”.

Pero si, a pesar de todo, el Presidente del Gobierno decide declarar, mediante decreto, que se ha producido tal situación de interés para la Seguridad Nacional, no resulta fácil -al menos a mí- adivinar cómo resolverá esta crisis “el nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan” y “la determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés” (medidas previstas en el art. 24).

Es obvio que en esta coyuntura deben de adoptarse las medidas constitucionales y legales que correspondan pero no parece necesario homenajear a Groucho Marx en el 40 aniversario de su muerte “haciendo un diagnóstico falso y aplicando luego el remedio equivocado”.

Texto publicado en Agenda Pública el 8 de septiembre de 2017.

Lecturas jurídicas en legítima defensa (IV): Rumorología, de Cass Sunstein.

Retomo aquí una sección –Lecturas jurídicas en legítima defensa- cuyo título está tomado de la frase de Woody Allen I read in self-defense, y lo hago con el libro de Cass Sunstein Rumorología: cómo se difunden las falsedades, por qué nos las creemos y qué se puede hacer (Debate, 2010), que es la versión en castellano de On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be Done (Princeton University Press, 2009), que, a su vez, tuvo su origen en el artículo She Said What?’ ‘He Did That?’ Believing False Rumors, publicado en Harvard Public Law Working Paper No. 08-56. Los años transcurridos no han hecho que el texto pierda frescura e interés y su lectura resulta especialmente interesante a la luz de la relevancia que tienen hoy las redes sociales, terreno muy fértil para la difusión de rumores, como se acaba de comprobar, una vez más, con ocasión de los gravísimos atentados de Barcelona y Cambrils.

Sunstein, que, entre otras cosas, fue letrado del juez Thurgood Marshall en el Tribunal Supremo y director de la Office of Information and Regulatory Affairs en el primer mandato de Obama y es miembro de la American Academy of Arts and Sciences, tiene un currículum enciclopédico como profesor, es una de las personas más citadas por sus colegas y ha publicado libros muy relevantes, como Democracy and the Problem of Free Speech (1993), Free Markets and Social Justice (1997), The Cost of Rights (1999, con Stephen Holmes), Republic.com (2001),Why Societies Need Dissent (2003), The Second Bill of Rights (2004), Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle (2005), Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (con Richard H. Thaler, 2008), Simpler: The Future of Government (2013), Why Nudge? (2014), Choosing Not to Choose: Understanding the Value of Choice (2015), The Ethics of Influence: Government in the Age of Behavioral Science (2016), incluyendo alguna obra, como The World According to Star Wars (2016), que puede resultar extravagante para el “serio” mundo universitario europeo. Sustein colabora con mucha frecuencia en diferentes medios de comunicación y es bastante activo en Twitter (@CassSunstein), donde tiene más de 54.500 seguidores.

El libro empieza recordando que los rumores son casi tan antiguos como la humanidad pero se han vuelto omnipresentes con Internet y pueden afectar de manera trascendental a la vida de muchas personas, pudiendo llegar a poner en peligro el propio sistema democrático. Sunstein pretende dos objetivos: dar respuesta a por qué se aceptan los rumores, incluso los destructivos y estrambóticos, y que se puede hacer para protegerse de sus perniciosos efectos.

¿De que habla cuando habla de rumores? De declaraciones de hechos sobre personas, grupos, acontecimientos e instituciones que no se han demostrado veraces pero que pasando de una persona a otra cobran credibilidad no por pruebas directas sino porque otras personas las creen.

¿Cómo se difunden los rumores? De dos formas que se solapan: mediante las cascadas sociales y la polarización de grupos. Las cascadas tienen lugar porque si la mayoría de la gente que conocemos cree un rumor, nosotros nos inclinamos a creerlo; a falta de opinión propia, aceptamos la de los demás. Pero eso no ocurre únicamente en ámbitos en los que somos legos, sino que también es frecuente entre los especialistas (en Derecho, Economía, Medicina,…) y puede suceder que el rumor se propague aunque contradiga de manera evidente lo que está percibiendo la persona que lo difunde, que se “conforma” con lo que dice la mayoría, especialmente si se participa en foros públicos y no se quiere “contrariar” a los demás.

La polarización de grupos alude a que cuando se congregan personas con afinidades intelectuales suelen acabar defendiendo posturas más extremistas que las que tenía cada uno antes de empezar a hablar. Así, cuando a título individual tendemos a creer que ha ocurrido una injusticia, hablar con personas que se sienten lo mismo intensificará ese sentimiento y hará que nos enfurezcamos. Y ello por tres razones: el intercambio de creencias intensifica los sentimientos preexistentes; nuestras opiniones se fortalecen al ser corroboradas y cuanto más se fortalecen más extremas se vuelven (este fenómeno se ha potenciado muchísimo con las redes sociales); la preocupación de la gente por su reputación genera una tendencia a ajustar nuestra postura a la de la posición dominante.

Para combatir los rumores que generan las cascadas y la polarización de grupos se suele apelar al “mercado de las ideas” que popularizó el juez Holmes; es decir, al contrapeso derivado del flujo de informaciones objetivas por parte de quienes conocen los hechos. Pero Sunstein no confía en las virtudes de este “mercado”: por una parte, no todo el mundo opera igual, lo que se evidencia más en el ámbito de las redes sociales; por otra, es innegable que la información no se procesa de manera neutral y que hay una asimilación emocional y tendenciosa, vinculada a nuestros prejuicios, que impide a quien ha aceptado un rumor dejar de creerlo sin más. Y es que buscamos y creemos la información que nos gusta y evitamos la que nos perturba.

Antes de ofrecer sus respuestas al problema, Sunstein se adentra más en él: ¿quiénes y por qué propagan los rumores? Algunos propagadores lo hacen por intereses propios “particulares” que resultarían beneficiados desprestigiando a otras personas o a un grupo; otros tienen un interés propio “general”, como, por ejemplo, atraer lectores o internautas; los “altruistas” lo hacen para respaldar una causa (política, religiosa,…) y los “malintencionados” para causar un daño a alguien, que no tiene necesariamente que ser un personaje público.

¿Cuándo se propagan mejor los rumores? Especialmente en momentos de crisis, peligro, graves acontecimientos,…porque siempre hay algún agraviado susceptible de aceptar rumores que justifiquen su estado emocional o al que le sirven como desahogo. Y esa propagación también se verá favorecida si lo que pensaba antes el difusor resulta avalado con el rumor que llega, máxime si ya tenía formado un “prejuicio”.

¿Cómo pueden potenciar los rumores las redes sociales? Facilitando a los propagadores una cantidad ingente de información (vídeos, tuits, comentarios en Facebook,…) que sacada de su contexto sirve para presentar de manera desfavorable a una persona, a una institución,… ¿Quién no ha dicho o hecho algo que transmitido de manera aislada no le haga parecer ante los demás como desagradable o, incluso, repulsivo?

¿Y qué propone Susnstein? Algo que puede parecer extraño en un “liberal”: la introducción de medidas disuasorias a ciertos ejercicios de la libertad de expresión. ¿Por qué? Primero, porque puede servir para reducir el daño que causan las falsedades; segundo, porque una sociedad sin efecto disuasorio alguno que se imponga por ley sería un lugar muy peligroso.

Sunstein después de analizar lo dicho por el Tribunal Supremo Federal en el famoso asunto New York Times Co. v. Sullivan, de 1964, realiza algunas sugerencias. Antes de ir a ellas hay que recordar que en ese caso se declaró, entre otras cosas, que los debates que tengan por objeto cuestiones públicas deberían realizarse sin inhibiciones, de forma vigorosa y abierta, asumiendo que eso puede incluir también ataques vehementes, cáusticos y, en ocasiones, desagradables contra el Gobierno y los empleados públicos. En segundo lugar, que cierto grado de abuso es difícil de evitar, especialmente en el caso de la prensa, y ello porque es imprescindible un espacio vital, un espacio para que los medios puedan sobrevivir. Insistiendo en esta idea, se argumenta que los errores de hecho y las inexactitudes son inevitables, en especial en lo que afecta a las ideas y su evolución y, lo que resulta particularmente importante, todo lo que se pone en el campo del libelo se está retirando del campo del debate libre. Y entrando en el debate sobre las diversas acciones judiciales posibles, el Tribunal sentenció que la amenaza de una condena civil por difamación puede ser mucho más inhibidora que el riesgo de un proceso y, en su caso, una condena penal: por una parte, en el proceso penal el acusado goza de una serie de garantías que no operan en la jurisdicción civil; por otra, la indemnización que se impone en los pleitos civiles por difamación puede ser muchísimo más alta que la multa propia del proceso penal. Todo ello no implica establecer una suerte de impunidad para las declaraciones e informaciones sobre los empleados públicos; sí la exigencia de que los comportamientos que se denuncian deben haber sido expresados de forma maliciosa; es decir, conociendo su falsedad o cometiendo una negligencia grave durante el proceso de comprobación.

A partir de aquí, Sunstein propone: a) debería haber un derecho a pedir rectificaciones una vez demostrado que una afirmación es falsa y perjudicial; caso de que no se haga el autor sería responsable, al menos, de los daños y perjuicios menores; b) debería existir un derecho a “avisar y retirar” lo publicado en Internet; c) introducir limitaciones en las compensaciones por daños y perjuicios y abrir “listas de difamadores”.

Como señala el propio Sunstein, se trata de propuestas “modestas” y pensadas en 2008/2009 para un sistema judicial como el norteamericano, donde es frecuente pedir compensaciones económicas elevadísimas. El tiempo transcurrido evidencia lo difícil que es conseguir una rectificación de algo publicado en las redes sociales, máxime si la “información” tiene su origen en otro país; no más sencillo es lograr la retirada efectiva de información falsa. Tampoco parece fácil gestionar con garantías una lista de “difamadores”: ¿quién la haría? ¿quién estaría ahí? ¿durante cuánto tiempo?

Sunstein, consciente de las dificultades que presentan sus “soluciones” jurídicas, apela como complemento a una mayor responsabilidad cultural y social que, de alguna manera, haga frente a los rumores y descalifique a los propagadores. A día de hoy, y leyendo lo que se publica en las redes sociales, no parece que se haya alcanzado ese grado de madurez, al menos en la sociedad española

En suma, Sunstein logra de lleno dar respuesta a por qué se aceptan los rumores, incluso los destructivos y estrambóticos, pero no en lo relativo a qué se puede hacer para protegerse de sus perniciosos efectos. No obstante, y aunque el final del libro pueda resultar “decepcionante” -dependerá, claro, de lo que cada cual espere-, me parece, en conjunto, un texto muy provechoso y, por ello, recomendable: expone de una manera muy clara y precisa el qué, cómo, quién, dónde y por qué de la propagación de los rumores, y el efecto devastador que eso puede suponer para personas concretas (de proyección pública o no) pero también para el propio sistema democrático. Y lo que ha venido ocurriendo en el ámbito de las redes sociales desde su publicación no ha hecho sino confirmar lo certero del diagnóstico de Sunstein.

Buena parte de la solución a los problemas que él describe de manera brillante no está en sus manos sino en las de cada uno de nosotros, por lo que sería bueno hacer algo al respecto. Se trata, y con ello volvemos al principio que guía esta sección, de un caso evidente de legítima defensa.

Bromas y veras en el cine jurídico (V): Plácido.

La quinta -y última- entrega de Bromas y veras en el cine jurídico en 2017 se emitió en Jelo en verano el 21 de agosto (puede escucharse a partir del minuto 7) y versó sobre la película Plácido, dirigida en 1961 por Luis García Berlanga y protagonizada, entre otros, por Cassen, José Luis López Vázquez, Amelia de la Torre, Mari Carmen Yepes, José María Caffarel y Manuel Alexandre. Fue la primera película española nominada en los Óscar al premio a las producciones de habla no inglesa. El título del guion era, al principio, “Siente un pobre a su mesa”, pero, por problemas con los censores, se adoptó el del principal personaje masculino.

Plácido Alonso es un obrero que financia la compra de un motocarro con letras de cambio y que debe pagar la primera el día de Nochebuena. En el plano jurídico, esta película muestra de manera muy gráfica qué es una letra de cambio como título valor que facilita la concesión de un crédito. Así, Francisco González, profesor titular de Derecho mercantil de la Universidad de Valencia a quien seguimos en esta entrada, acude a Plácido para explicar en su blog el funcionamiento de la letra de cambio.

Igualmente, la profesora María Isabel Álvarez Vega se sirve de esa película para su “Evocación de un humilde transportista ante un mundo globalizado” en el libro Una introducción cinematográfica al Derecho (Tirant lo Blanch, 2006, Colección Cine y derecho dirigida por Javier de Lucas), resultado de un Curso de verano de la Universidad de Oviedo celebrado en Vegadeo y que tuve la oportunidad de codirigir -curso y libro- con el profesor Benjamín Rivaya.

Volviendo a las cuestiones jurídicas, Plácido es el librado; es decir, la persona que debe pagar la letra y ha de hacerlo en el banco porque la entidad financiera anticipó el importe del motocarro al vendedor, que endosó las letras a cambio de un descuento.

Si Plácido no abona el importe de la letra el banco puede llevarla ante un notario para que levante “protesto”, que sirve como prueba de que se ha presentado la letra al cobro, no se ha pagado y permite al tenedor ejercitar la acción cambiaria de regreso contra el librador o los endosantes. 

En un plano más general, y como recuerda Francisco González, Plácido nos muestra:

a) La evolución en nuestra sociedad de los contratos bancarios y de las propias relaciones entre los sujetos del mercado de crédito (el papel de la venta a plazos, las diferencias entre aquellos Bancos y los actuales vendedores de servicios financieros, etc.).

b) La importancia en el tráfico mercantil de la letra de cambio y otros títulos-valores como documentos de crédito abstractos y la evolución en su uso.

c) El significado social o puramente privado del Derecho de propiedad en un determinado ordenamiento, comparando aquella Españay la del siglo XXI.

Bromas y veras en el cine jurídico (IV): En bandeja de plata.

La cuarta entrega de Bromas y veras en el cine jurídico se emitió en Jelo en verano el lunes 14 de agosto. La película comentada fue En bandeja de plata (The Fortune Cookie), dirigida en 1966 por Billy Wilder y protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthau.

Harry Hinkle es un cámara de la cadena CBS que resulta arrollado por uno de los jugadores durante la retransmisión de un partido de fútbol americano celebrado en el Cleveland Stadium. A partir de ese incidente, y como se puede ver en esta escena, su cuñado, el abogado William H. “Whiplash Willie” Gingrich, le plantea la presentación de una demanda reclamando una cuantiosa compensación económica.

En el plano jurídico, esta escena nos sirve, en primer lugar, para comentar lo cuantiosas que pueden ser en Estados Unidos las demandas por daños personales. En España, y en otros países, las indemnizaciones derivadas de estas situaciones se resuelven a partir de un baremo oficial.

En segundo lugar, se puede recordar que una demanda sin fundamento y con la pretensión de engañar a quien tendría que pagar la indemnización, sea el causante de la supuesta lesión o una compañía aseguradora, puede constituir una estafa y estos delitos han experimentado en España un aumento considerable en los últimos años, especialmente los llevados a cabo a través de una trama organizada. No dejan de sorprender, al menos a mi, las manifestaciones más llamativas de estos fraudes.

Finalmente, y también al hilo de la escena reproducida, cabe comentar que la figura jurídica del abogado “picapleitos” ha sido, y sigue siendo, motivo de sátira en la sociedad norteamericana; para muestra el libro Lawyers and other reptiles