Presentación de candidaturas a las elecciones municipales por las agrupaciones de electores.

Ante las próximas elecciones municipales (24 de mayo de 2015), y luego de una conversación académica con mi compañero Miguel Azpitarte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, me parece oportuno incluir un comentario, realizado conjuntamente con él, de los requisitos que deben cumplirse para formalizar una candidatura a las elecciones municipales avalada por una agrupación de electores. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y la interpretación de la misma llevada a cabo por la Junta Electoral Central:

PRIMERO.- Para presentar la candidatura, las agrupaciones de electores necesitan un número de firmas de los inscritos en el censo electoral del municipio, que deberán ser autenticadas notarialmente o por el Secretario de la Corporación municipal correspondiente, determinado conforme al siguiente baremo:

a) En los municipios de menos de 5.000 habitantes no menos del 1 por 100 de los inscritos siempre que el número de firmantes sea más del doble que el de Concejales a elegir.
b) En los comprendidos entre 5.001 y 10.000 habitantes al menos 100 firmas.
c) En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes al menos 500 firmas.
d) En los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes al menos 1.500 firmas.
e) En los comprendidos entre 150.001 y 300.000 habitantes al menos 3.000 firmas.
f) En los comprendidos entre 300.001 y 1.000.000 de habitantes al menos 5.000 firmas.
g) En los demás casos al menos 8.000 firmas.

SEGUNDO.- Las firmas avalan la candidatura. En principio, esto quiere decir que la firma debe realizarse sobre una candidatura “completa” que debe ser conocida por el firmante. Una candidatura para estar completa debe reunir los siguientes requisitos (art. 46 LOREG) (que habrá de documentarse al presentar la candidatura):

a) Denominación, siglas o símbolos. Es potestativa la inclusión de símbolos y siglas en la presentación de la candidatura por una agrupación de electores (AcJEC de 25 de octubre de 2002); no es imprescindible que en la denominación de la candidatura presentada por una agrupación de electores figura la palabra “Agrupación”, siempre que la identificación de la entidad política sea clara para el electorado (AcJEC de 20 de abril de 1999);

b) Tantos candidatos como puestos a cubrir. En su caso suplentes por un número no superior a diez. Deben ordenarse numéricamente. Debe indicarse su formación política o la condición de independientes (Según la JEC –Acuerdo de 20 de abril de 1999- en las Agrupaciones de electores no cabe hacer constar la condición de independiente de los candidatos). Debe tener una composición equilibrada de hombres y mujeres. Los candidatos no tienen que estar censados en el municipio en el que concurren

c) Aceptación por parte de los candidatos.

Existen formularios tipo que pueden ser descargados:

a) Para la presentación de candidaturas.

b) Para la recogida de firmas.

Se entiende que el elector avala con su firma, por lo que ha de poder cotejar la composición de la candidatura en ese momento. Es muy importante obtener copia del D.N.I. del firmante para la posterior autenticación de la firma.

Las agrupaciones de electores se constituyen exclusivamente para un concreto proceso electoral, por lo que la recogida de firmas para la presentación de candidaturas tendrá que repetirse en cada proceso electoral, no pudiendo iniciarse aquella recogida antes de la convocatoria de las elecciones ya que su validez depende de que se realice en el período electoral (AcJEC de 25 de octubre de 2002). Por tanto, en sentido estricto solo se puede comenzar a recabar las firmas una vez que se hayan convocado las elecciones, pudiéndose tachar por inválidas las actuaciones realizadas con anterioridad. No obstante, se han de entender admisibles actos preparatorios previos a la solicitud de las firmas (se trataría de trasladar, por analogía, la distinción entre campaña –solicitud expresa de voto- y precampaña).

Solo pueden firmar personas censadas en el municipio (art. 187 LOREG). Los promotores y representantes de las agrupaciones de electores pueden ser candidatos de las mismas (AcJEC de 20 de abril de 1999) y, lógicamente, pueden aportar su firma como aval (AcJEC de 9 de abril de 1999). 

La comprobación de la identidad de los firmantes que avalan la candidatura debe realizarse mediante acta notarial o ante el secretario municipal del Ayuntamiento donde deba presentarse la candidatura. Para que el fedatario público contraste la identidad basta con llevar copia del DNI de cada firmante. No está  prevista la firma electrónica.

TERCERO.- Documentación que se debe aportar:

1.- La candidatura (véase formulario tipo)

2.- Promotores.

3.- Denominación, siglas o símbolos (si no se incorporan en la candidatura luego no podrán utilizarse).

4.- Tantos candidatos como puestos a cubrir. En su caso suplentes por un número no superior a diez. Deben ordenarse numéricamente. Los candidatos no tienen que estar censados en el municipio en el que concurren.

5.- Debe respetarse la composición equilibrada de hombres y mujeres: en cada tramo de cinco puestos debe haber al menos un cuarenta por ciento de cada sexo. (art. 44 bis LOREG).

6.- Escrito de aceptación de la candidatura y acreditativo de la elegibilidad por parte de cada candidato y suplente. Es un escrito en papel común en el que el candidato acepta expresamente su candidatura y declare bajo juramento no estar sujeto a penas que le inhabiliten para ser candidato y no estar incurso en causa de inelegibilidad (veánse los artículos 6, 177 y 178 LOREG). Puede hacerse un escrito por cada candidato o un solo escrito que firman todos los candidatos. Debe ir acompañado de copia del D.N.I. de cada candidato (Instrucción de la Junta Electoral Central de 20 de enero de 2000).

Si en la candidatura va algún ciudadano de la Unión no español o un extranjero de un Estado cuyos ciudadanos tengan en España reconocido el derecho al sufragio pasivo, deberá además: indicar su domicilio en España y su último domicilio en el Estado miembro de origen (art. 187 bis  LOREG). La Instrucción de 15 de marzo de 1999 determina que a estos efectos es necesario: (1) Fotocopia simple del documento oficial acreditativo de la identidad del candidato; (2) declaración formal firmada por el candidato en la que conste su nacionalidad, su domicilio en España, que el candidato no se encuentra privado del derecho de sufragio pasivo en el Estado de origen y la mención del último domicilio en el Estado de origen; (3) Certificado de inscripción en el censo electoral en virtud de la manifestación de voluntad de ejercer el derecho de sufragio en España en las elecciones de que se trate

7.- Escrito de designación de representantes de la candidatura. A la presentación ha de identificarse al menos a un representante que será el que reciba las notificaciones (art. 43 LOREG). El representante puede ser candidato (art. 123).

8.- A la presentación de la candidatura ha de identificarse un administrador electoral, responsable de los ingresos y gastos, así como de la contabilidad (art. 121). No puede ser candidato (art. 123.3.). A los efectos de la gestión económica de la candidatura se señalarán cuentas bancarias solo dedicada a esos menesteres (art. 128)

9.- Firmas que avalan la candidatura.

10.- La candidatura se presentará ante la Junta Electoral de Zona entre el decimoquinto y vigésimo día posterior a la convocatoria de elecciones.

Añado el enlace a la información que sobre esta cuestión facilita la Junta Electoral Central.

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El Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana como “Derecho administrativo del enemigo”.

En el número 34 de la Revista Teoría y Realidad Constitucional (diciembre de 2014) se incluye mi comentario El primer Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana (se puede leer aquí). En el momento de remitir este texto se conoció que el Gobierno incorporaría varias de las recomendaciones de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Por obvias razones de tiempo no se ha podido estudiar ese nuevo texto; no obstante, creo que sigue teniendo sentido un análisis jurídico de la primera versión del Anteproyecto; entre otras razones, porque no pocos de sus contenidos se mantienen en la versión remitida al Congreso de los Diputados

El sumario es el siguiente: I.- Introducción: los objetivos del Anteproyecto y los métodos para lograrlos. II.- La seguridad jurídica. III.- El Anteproyecto de Ley de seguridad ciudadana como ejemplo de Derecho sancionador del enemigo. IV.- La represión del desafecto. V.- Retenciones infundadas y no informadas. VI.- Epílogo poco tranquilizador..

¿De qué nos quejamos?

Un estudio reciente –World Protests 2006-2013– que analiza 843 casos de protestas muestra un aumento constante en el número global desde 2006 (59 protestas) a mediados de 2013 (112 eventos en tan sólo seis meses). Y concluye, entre otras cosas, que si bien la demanda amplia de justicia económica es de gran importancia, el dato que llama la atención es la abrumadora reclamación (en 218 manifestaciones) de una “democracia real”, resultado de la creciente concienciación ciudadana de que los gobiernos y las instituciones parlamentarias no han priorizado a la ciudadanía, de una frustración con los sistemas políticos tradicionales, y una falta de confianza en los partidos en escena, sean de izquierda o derecha.

En este trabajo se insiste en que, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera y económica global y su desarrollo, existe un gran incremento de las protestas, especialmente a partir de 2010 con la adopción de las medidas de austeridad en todas las regiones mundiales. El número es mayor en los países de altos ingresos (304 protestas), seguido de América Latina y el Caribe (141 protestas), Asia del Este y el Pacífico (83 protestas) y el África Subsahariana (78 protestas). El análisis de la región de Oriente Próximo y el Norte de África (7) muestra que las protestas también eran predominantes con anterioridad a la Primavera Árabe. En lo que respecta a los disturbios violentos que se han contado en el estudio, la mayoría ocurrieron en países de ingresos bajos (48% de todos los disturbios) y fueron causados, de forma principal, por los aumentos en los precios de la energía y de los alimentos.

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Volviendo a la exigencia de “democracia real”, la misma se manifiesta no sólo en países con gobiernos autoritarios sino también en democracias representativas en las que no se percibe que se escuchen las necesidades y demandas de la ciudadanía. Esta preocupación por la “democracia real” permite conectar los movimientos sociales de los últimos años con los que se desarrollaron entre los años 60 y 70 del siglo pasado, que reivindicaban el aumento del peso de los ciudadanos en detrimento del de las instituciones y los partidos políticos. Si las cosas son así, se habría producido un nuevo cambio en el devenir de esos movimientos, pues, según Pierre Rosanvallon, lo que estaba en juego en los primeros años del siglo XXI eran mecanismos participativos promovidos por los propios Gobiernos y, desde el punto de vista de los ciudadanos implicados en esas experiencias, la centralidad de las instancias representativas es incuestionable.

A la vista de lo ocurrido en España y en otros países en los primeros años de la segunda década del siglo XXI se puede afirmar que se está produciendo un cuestionamiento, sino de la centralidad, sí del funcionamiento de las instituciones representativas y de las formaciones políticas presentes en su seno.

Véase, a título de muestra, la confianza decreciente en el Parlamento español, en los partidos y los responsables políticos, según la Sexta Encuesta Social Europea, analizada  hace unos meses por Carol Galais:

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Ante esta situación, no se trata de que los movimientos ciudadanos ocupen el papel de los partidos, que son, obviamente, organizaciones esenciales para la democracia ni, por otra parte, que esos movimientos tengan que acabar transformándose en un partido político, aunque esta última posibilidad tampoco resulta extraña: el movimiento feminista ha dado lugar, en algunos momentos y lugares, al surgimiento de uno o varios partidos feministas pero ni siempre ha ocurrido tal cosa ni, cuando eso ha sucedido, ha supuesto la desaparición del movimiento; otro tanto podría decirse, por ejemplo, del ecologismo y los partidos verdes;…

Pero sí se trata de que los partidos y las instituciones asuman que han dejado de ser el único ámbito en el que, en palabras del recientemente fallecido Ulrich Beck, se decide la transformación del futuro social y que los movimientos sociales son instrumentos válidos para contribuir a la dinamización de una democracia, que puede calificarse de “inactiva” en buena parte de los Estados avanzados de las primeras décadas del siglo XXI.

Por eso, promover la participación activa de los movimientos sociales puede contribuir a la integración democrática de sectores que se sienten excluidos del sistema y a los que, precisamente, se descalifica como “anti-sistema”. Y es que, siguiendo con la terminología de Rosanvallon, los ciudadanos organizados de esta manera generan una interacción intensa con la esfera política, ejerciendo una democracia de expresión, mediante la que formulan críticas a las actuaciones de los poderes públicos y expresan sus reivindicaciones; una democracia de implicación, a través de conjunto de actuaciones mediante las que estos movimientos se relacionan entre sí para conseguir un entorno común, y una democracia de intervención, relativa al conjunto de actuaciones colectivas que pueden desarrollar para conseguir un sistema político más transparente y participativo, un control efectivo de los principales actores económicos, un sistema tributario equitativo,…

Y todo ello con el objetivo no de “despolitizar” la democracia sino, por el contrario, de “repolitizarla”, de darle más centralidad a lo político y eso implica que progresen, al mismo tiempo, la calidad de la regulación democrática y la atención a la construcción democrática.

Texto publicado en Agenda Pública el 6 de enero de 2015 y en La Nueva España el 17 de enero.

El derecho a blasfemar.

Como es conocido, en un atentado terrorista en París han sido asesinadas doce personas: diez que trabajaban en el semanario “Charlie Hebdo” y dos policías que intentaban protegerlas, precisamente, de ataques de esta índole. Es quizá menos sabido, o menos divulgado en nuestro entorno, que en esta misma fecha han sido asesinadas 31 personas al estallar un coche bomba ante una academia de policía en el centro de Saná (Yemén); que el 18 de diciembre fueron asesinadas 35 personas y secuestradas 185, en su mayoría mujeres y niños, en Gumsere, al noreste de Nigeria, y  todavía no se tienen noticias de las  decenas de niñas y adolescentes secuestradas por Boko Haram meses antes; que el 16 de diciembre pasado, fueron asesinadas otras 141 personas, la gran mayoría escolares, en Peshawar (Pakistán),… ¿Por qué? Por el mero hecho de pensar diferente, ir a la escuela, ser mujer o pasar por allí; por la banalidad del mal.

Sin embargo, el atentado de París parece sobrecogernos de manera especial, quizá porque nos hace sentir que, como anunciaba en 1986 el recientemente fallecido Ulrich Beck, “hasta ahora, todo el sufrimiento, toda la miseria, toda la violencia que unos seres humanos causaban a otros se resumía bajo la categoría de los “otros”: los judíos, los negros, las mujeres… [Pero] ha llegado el final de los otros, el final de todas nuestras posibilidades de distanciamiento”. Y todo ello sin olvidar que queda mucho para que las condiciones de vida en Saná, Gumsere o Peshawar se parezcan en algo a las de París.

Teniendo claro que ninguna vida merece mejor consideración que otra y que es obligación de los poderes públicos y de la propia sociedad defender los derechos –todos los derechos- de todas las personas, hay que recordar que en una sociedad democrática avanzada, como pretenden serlo la francesa o la española, la defensa de derechos como la libertad de expresión e información no puede supeditarse a su conformidad con las ideas y opiniones mayoritarias o socialmente aceptadas sino que debe amparar, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Handyside c Reino Unido, de 1976, y mucho más recientemente, caso Otegui c. España, de 2011) “aquéllas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población”. Y ello porque la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales del progreso y esa es la exigencia del pluralismo y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática.

Sin embargo, poco a poco parece ir calando la tesis de que hay que “evitar los excesos”, de que no se deben causar “problemas gratuitos”; en suma, de que “no hay que molestar” en los asuntos de religión, aunque para ello haya que sacrificar otros derechos como las libertades ideológicas, de expresión y reunión (recuérdense las reiteradas prohibiciones de las llamadas “procesiones ateas”) e, incluso, obligaciones del Estado. Y esta tesis ha sido abonada de forma preocupante por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones (casos Otto-Preminger Institut v. Austria, de 1994, avalando la orden judicial de retirada de la película Das Liebeskonzil; Wingrove v. Reino Unido, de 1996, dando por bueno el rechazo a la comercialización del vídeo Visions of Ecstasy; I.A. v. Turquía, de 2005, aceptando la condena penal por la publicación de un libro tachado de blasfemo;…) contradiciendo así su doctrina general en materia de libertad de expresión -¿se puede inquietar u ofender al Estado o a una fracción cualquiera de la población salvo si se trata de una fracción religiosa?-, aunque, en parte, parece haber corregido esa orientación más restrictiva (Klein v. Eslovaquia, de 2006, donde ampara la libertad para pedir a los católicos que abandonen su iglesia si quieren considerarse decentes).

Pues bien, si podemos decir que las condiciones de vida y de disfrute de derechos en Saná, Gumsere o Peshawar no son las mismas que, por ejemplo, en Nueva York, en parte se debe a que en este último lugar, como dijo en su día el Tribunal Supremo de Estados Unidos, “el hecho de que la sociedad pueda considerar ofensiva una expresión no es razón suficiente para suprimirla. Al contrario, puede ser motivo para que esté constitucionalmente protegida” (asunto Hustler Magazine vs. Falwell, de 1988).

Por cierto, en un país como Estados Unidos, donde un símbolo como la bandera tiene especial valor -“simboliza esta nación tanto como las letras que componen la palabra América”, dice el Tribunal Supremo- se ha admitido que forma parte de la libertad de expresión la quema de esa bandera (asunto Texas vs. Johnson, de 1989) y se declaró inconstitucional la Ley que pretendía sancionar esa conducta (caso United States v. Eichmann, de 1990); como contraste, en España tal conducta es constitutiva de delito de acuerdo con el artículo 543 del Código Penal.

Esta amplia libertad para criticar, incluso para ofender, no solo debe ser válida cuando se satiriza o ridiculiza a fanáticos que luego asesinan para vengar esas “blasfemias”. Pero, en todo caso, debe estar especialmente protegida cuando tiene ese objetivo y por eso resulta de muy dudosa constitucionalidad, por la protección desproporcionada que otorga a la religión y por la inseguridad jurídica que presenta (recuérdese el enjuiciamiento de Javier Krahe), la existencia en el Código Penal español de un precepto como el 525.1, donde se prevé que “incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos religiosos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesen o practican”.

El escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias musulmanes y católicos (entre otros) es, exactamente, lo que ha venido haciendo de forma habitual el semanario “Charlie Hebdo” y es imprescindible en términos de salud democrática que, parafraseando a Orwell, pueda seguir publicando caricaturas que a algunos no les gusta ver.

Texto publicado en Agenda Pública el 7 de enero de 2015 y, con algún pequeño cambio, en La Nueva España el 11 de enero.

Pd. Aquí empleo el término libertad de expresión en sentido amplio; en la Constitución española alguno de los casos citados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos entrarían en el ámbito de la libertad de creación artística o literaria; puede verse al respecto el reciente trabajo de la profesora María Paz García Rubio: “Arte, religión y derechos fundamentales: la libertad de expresión artística ante la religión y los sentimientos religiosos (algunos apuntes al hilo del caso Javier Krahe)“; Anuario de derecho civil, Vol. 67, Nº 2, 2014, págs. 397-453

La edición de un blog como parte del trabajo académico.

Tras la lectura del texto Shorter, better, faster, free: Blogging changes the nature of academic research, not just how it is communicated, publicado por Patrick Dunleavy en el blog The Impact of Social Sciences, me parece oportuno hacer un pequeño comentario sobre lo que se puede aportar a través de un blog académico y, en particular, cómo se configura este blog El derecho y el revés

Creo, en primer lugar, que es una obligación inherente al desempeño de un trabajo académico (añadiría que al ejercicio de cualquier actividad sufragada con dinero público) dar la máxima difusión social a los conocimientos adquiridos y a las conclusiones obtenidas. Como es bien sabido, esta tarea puede llevarse a cabo de diferentes maneras: participando en charlas y jornadas divulgativas, interviniendo en los medios de comunicación, colaborando con entidades no lucrativas y, claro, a través de las herramientas electrónicas. A este respecto, los blogs, facebook, twitter,…, y otras redes sociales permiten, como recuerda Dunleavy, llegar a una audiencia potencialmente muy amplia a un coste mínimo (mi blog se aloja gratuitamente en WordPress) y con muy pequeño esfuerzo (el diseño del blog no precisa de conocimientos técnicos y el aprendizaje de sus herramientas es muy sencillo).

En mi caso, el blog lleva abierto desde mayo de 2008 y desde entonces he mantenido una actividad no muy intensa pero sí continuada: 357 entradas con ésta (aproximadamente, una a la semana). Utilizando las tablas que aporta Dunleavy, y que reproduzco más abajo, esta bitácora se incluye en la categoría “solo blogs” y, efectivamente, soy autor de casi todas las entradas aunque, de forma muy esporádica, se incluyeron textos de algún colega. Estoy abierto a la colaboración de más personas pero, tal vez, el propio blog transmita una imagen muy personal (“idiosyncratic” en expresión de Patrick Dunleavy ) y poco receptiva. Tampoco el número de comentarios es grande: 457.

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La configuración personal se evidencia también en la temática tratada y, por supuesto, en el contenido de cada texto, si bien he tratado de reflejar mi opinión “profesional” antes que la meramente personal

La extensión de las entradas no suele ser muy larga aunque cada vez los textos son más cortos (supongo que no lo suficiente para bastantes lectores); esta progresiva reducción se debe, en parte, a que muchas entradas reproducen un texto publicado en un medio escrito o digital que, a su vez, suele tener como norma editorial una extensión no superior a las 800 palabras. 

También en mi caso el empleo de facebook y twitter (WordPress permite que cada entrada del blog aparezca de forma inmediata en esas plataformas) sirve como medio de difusión, junto con la inestimable ayuda de amigos y colegas, que a su vez divulgan las entradas por esas u otras redes sociales.

Es importante tener presente que la persona que accede a un blog de perfil más académico no tiene por qué tener conocimientos del tema tratado por lo que, como recuerda Dunleavy, hay que buscar la máxima claridad y ofrecer resultados y conclusiones a lo largo de cada entrada. También, claro, responder a los comentarios, observaciones y críticas que susciten.

No estoy tan seguro como Dunleavy de que nos encontremos ante un nuevo paradigma de trabajo académico pero sí que se trata de herramientas útiles, al menos lo son para mí, y eso es lo que facilita la continuidad del trabajo.

Aprovecho para reiterar mi agradecimiento a todas las personas que leen, divulgan y comentan las entradas aquí publicadas.

Ulrich Beck y la exigencia de una nueva cultura política.

Ha muerto Ulrich Beck. Con un mero carácter de recordatorio apunto, en muy pocas e incompletas palabras, algunas de sus reflexiones sobre el papel de la política en esa “sociedad del riesgo” en la que vivimos.

En primer lugar, Beck explica el cambio que ha experimentado la política en un contexto de riesgos que se agudizan: sólo una parte de las competencias en decisiones que repercuten en la sociedad quedan vinculadas al sistema político y subordinadas a los principios de la democracia parlamentaria. Otra parte se sustrae a las reglas del control político y su justificación y se delega a la libertad de inversión de las empresas y de investigación de la ciencia. Poco a poco el progreso -una especie de previa aceptación de fines y consecuencias que ni se conocen ni se mencionan- sustituye al consenso.

De esta manera, las instituciones políticas se convierten en asunto de un desarrollo que ni han planificado ni pueden reorientar y del que, sin embargo, en cierto modo, han de responder. Por otra parte, las decisiones en economía y en ciencia presentan una carga de contenido político real sobre la cual los agentes no poseen ninguna clase de legitimación. Las decisiones que cambian la sociedad no se producen en ningún lugar expreso; se dan sin voz y de forma anónima.

Los políticos se ven obligados a dirigir el viaje hacia un lugar desconocido con el gesto aprendido de la confianza en el progreso, como si fuera su propio mérito, pero utilizando un único argumento: que no existe otra alternativa. El carácter forzoso y la ausencia de decisión no se cuestiona, lo que completa su (no) legitimación democrática.

Como resultado de todo ello nos encontramos ante la pérdida de función del sistema político: las capacidades de decisión institucional se han debilitado y la vida política, en los centros originariamente previstos para la formación de esa voluntad, pierde sustancia y amenaza con petrificarse en rituales. La política ha dejado de ser el lugar central, o por lo menos el único, en el que se decide la transformación del futuro social.

La consiguiente insatisfacción por la política es no sólo descontento con la propia política sino que sobre todo expresa la desproporción entre la autoridad oficial, que se presenta como política y es impotente, y una transformación amplia de la sociedad que lenta, aunque constantemente, pierde capacidad de decisión y se encuentra relegada al terreno de lo no político.

Por supuesto, eso no significa que la política estatal sea impotente: conserva su monopolio en los ámbitos militar y exterior, así como en la aplicación de la violencia estatal para el mantenimiento de la seguridad interna.

Frente a todo ello cabe defender una nueva cultura política donde los derechos fundamentales sean palancas de una descentralización con efectos a largo plazo; estos derechos se refuerzan entre sí, lo que potencia el “contrapoder de la base” y de las “instancias subordinadas” frente a intervenciones indeseables “desde arriba”. Y es que la cesura creciente y cada vez más perceptible entre las reclamaciones ciudadanas y su representación en el espectro de los partidos dota de más fuerza y apoyo a las iniciativas ciudadanas y a los nuevos movimientos sociales.

La emergencia de una nueva cultura política descentralizada ha generado, en palabras de Beck, unas redes de cooperación o de rechazo, de negociación, de reinterpretación y de posible resistencia de manera transversal a toda la estructura vertical y horizontal de capacidades y competencias. Todo ello propicia nuevas reivindicaciones que convierten la mera votación en algo insuficiente y propio de la paz y del carácter autoritario de las relaciones dominantes.

Se trata, pues de que los partidos y las instituciones asuman que han dejado de ser el único ámbito en el que, en palabras de Ulrich Beck, se decide la transformación del futuro social. La democracia exige una noción distinta de lo político y otras instituciones más ajustadas a unos ciudadanos conscientes de sus derechos y dispuestos a la participación. 

Pd. el análisis de Ulrich Beck me resultó de gran ayuda para tratar de explicar el papel de los partidos políticos y los movimientos ciudadanos en la sociedad del riesgo y la desconfianza.