La Ley y la ignorancia.

El artículo 6.1 del Código civil español, acogiendo un principio clásico del Derecho, dispone que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Como es obvio, no se trata de que todo el mundo conozca las normas sino de que, primero, “pueda conocerlas”, para lo que se publican en un diario oficial que hoy está disponible de manera gratuita en Internet (Boletín Oficial del Estado, Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas,…); en segundo lugar, con tal principio se pretende asegurar la eficacia del conjunto del ordenamiento, algo que sería imposible si pudiéramos invocar nuestra ignorancia para no pagar impuestos, no respetar la Ley de seguridad vial,…

No obstante, es frecuente que, de buena o mala fe, se invoque el desconocimiento de una norma para excluir sus consecuencias o que se apele a un error. El propio Derecho admite la posibilidad del error: el mismo artículo 6.1 del Código civil añade que “el error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen”. Y, en un ámbito jurídico de tanta relevancia como el Derecho penal, se prevé (art. 14 del Código penal) que “1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. 3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados”.

Es verdad que leyendo o escuchando comentarios en el mundo “real” y, sobre todo, en el mundo “virtual”, se podría pensar que tales previsiones están de más, pues en nuestro país una persona “media” no solo no desconoce las normas ni se equivoca con ellas sino que opina como una auténtica autoridad en la materia y si durante la Segunda República se decía que cada español llevaba una constitución en el bolsillo, hoy ese español “medio” tiene todo el ordenamiento metido en su teléfono inteligente y lo esgrime, sin recato ni contención, a las primeras de cambio.

Lo cierto es que, todólogos al margen, el Derecho no debe serle ajeno a esa persona “media”, pues convive con él desde que nace y “hasta el infinito y más allá”, y no pocas de las normas jurídicas responden a un sentir social “medio”. Pero que, por citar un ejemplo, algunas previsiones del Código civil -texto antiguo en algunas de sus partes y que regula múltiples aspectos de la vida cotidiana- puedan resultarnos próximas no quiere decir que todos sus preceptos sean asequibles para personas legas en Derecho; no digamos ya la ingente cantidad de normas muy especializadas que hoy tenemos en el Derecho administrativo, el tributario, el mercantil,… y que están sujetas a cambios constantes. Resulta, pues, imprescindible, y lo viene siendo desde hace siglos, que existan personas peritas en leyes capaces de asesorarnos y, en su caso, defender nuestros derechos e intereses ante unos órganos que, en general, tienen también un perfil técnico: los juzgados y tribunales, la propia Administración…

Y a quienes son “profesionales de las leyes” sí que no se les puede excusar la ignorancia de las herramientas con las que trabajan, como no se la debemos excusar a quien, por ejemplo, se dedica a la medicina, a la ingeniería o a la seguridad ciudadana. Pues bien, y al hilo del caso de la señora Juana Rivas y sus hijos, nos enteramos que el despacho de abogados (Montero/Estevez) que representa a Juana Rivas presentó el día 31 de julio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo la suspensión de la orden judicial que decretó la vuelta de los hijos con el progenitor. Pedía además el letrado que entregó el recurso una solución rápida. Y rápida y contundente fue la respuesta del Tribunal Constitucional: ese mismo día hizo pública su resolución en la que acordó “no admitirlo a trámite… por no haber concluido el proceso abierto en la vía judicial”. Es decir, se presentó un recurso que, como debe saber cualquier estudiante de segundo curso de Derecho, estaba condenado a no ser admitido a trámite, porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es absolutamente clara al respecto y resulta inconcebible que un “jurisperito” o un despacho de ellos lo desconozca. Las preguntas que surge son: ¿por qué se presentó ese recurso? ¿Qué se esperaba conseguir con la presentación? Sería bueno para los intereses de Juana Rivas y sus hijos que sus abogados contestaran a estas preguntas; incluso que lo hicieran con el mismo grado de publicidad que utilizaron al presentar el recurso.

En segundo lugar, y a propósito de este mismo asunto, el Tribunal Constitucional, el “sospechoso habitual” cuando algo no sale bien en términos jurídico-constitucionales, aprovechó la resolución de inadmisión del recurso de amparo para, en una  nota de prensa explicativa, recordar que “en 2016, la falta de agotamiento de la vía judicial previa fue la causa de la inadmisión a trámite en el 9,39% del total de recursos de amparo inadmitidos”. En suma, más de 600 recursos de amparo no llegaron a ser resueltos en 2016 porque, en palabras coloquiales, “no venían a cuento”.  Y a propósito de “cuento”, sería interesante conocer qué les contaron a sus clientes esos “jurisperitos” que, en el mejor de los casos, actuaron con “ignorancia de la Ley”. Ya puestos, también sería oportuno que los medios de comunicación informarán, al menos la mayoría, con más conocimiento jurídico de casos con tanta repercusión social; pedir que lo hagan respetando la vida privada de las personas afectadas y de manera no morbosa parece una batalla perdida. Finalmente, y respecto a los profesionales del mundo legal -la inmensa mayoría de los cuales desempeña con absoluta profesionalidad su complicado trabajo-, parece necesario que en las Facultades de Derecho y en los Colegios de Abogados se tome nota de lo que se sabe pero, sobre todo, de lo que algunos “ignoran”.

Bromas y veras en el cine jurídico (II): Stico.

En el segundo programa de Bromas y veras en el cine jurídico (31 de julio, a partir del minuto 28.50 de la grabación) comentamos Stico, una película española de 1985 dirigida por Jaime de Armiñán y protagonizada por Fernando Fernán Gómez, Agustín González y Carmen Elías. Stico concursó en la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín y Fernando Fernán Gómez ganó el Oso de Plata al mejor actor.

Como se cuenta en esta escena, Leopoldo Contreras, catedrático emérito de Derecho Romano, tiene graves problemas económicos. Las traducciones que hace de autores clásicos no le dan suficiente dinero para vivir, por lo que decide ofrecerse como esclavo a un antiguo alumno a cambio de casa y comida.

En el ámbito del Derecho, esta historia sirve para acercarnos a una cuestión fundamental: ¿qué es la libertad en términos jurídicos?, ¿somos realmente libres las personas que vivimos en un sistema democrático?, ¿somos libres para, en ejercicio de esa libertad, dejar de ser libres

La Constitución española establece que la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político son los valores superiores de nuestro ordenamiento (art. 1.1); también que la dignidad de la persona y el libre desarrollo personal son fundamento del orden político y la paz social (art.  10.1). Si esos valores del artículo 1.1 lo son de todo el ordenamiento constitucional, la dignidad y el libre desarrollo parecen proyectarse de manera especialmente intensa en el sistema de derechos fundamentales, pues abren el Título a ellos reservado. Ni una ni otro son, como se sabe, derechos fundamentales en sí mismos; son instrumentos incluidos en la Constitución para enjuiciar la labor de concreción de los derechos fundamentales que llevan a cabo los tribunales y, especialmente, el Legislador.

En mi opinión, la dignidad constitucionalmente garantizada sirve para enjuiciar si en las actuaciones u omisiones de los poderes públicos y, en determinadas circunstancias -por ejemplo, en las relaciones laborales-, de los particulares, se sitúa, a personas concretas o grupos de personas, en una posición de desigualdad e injusticia respecto de otras personas, bien sea en su condición individual o en cuanto integrante de un determinado grupo social. Si tal cosa ocurre, esa actuación u omisión sería inconstitucional, como sucedía, a mi entender, con el impedimento del matrimonio entre personas del mismo sexo, vigente en España hasta la Ley 13/2005.

Pero hay que tener en cuenta que tampoco se puede menoscabar, ni por los poderes públicos ni por los particulares, la facultad que tenemos, en tanto personas con capacidad de discernimiento, para actuar con arreglo a nuestras convicciones. A título de ejemplo, se ha admitido que forman parte del libre desarrollo personal la libertad de procreación y la decisión de continuar o no una relación afectiva o de convivencia (SSTC 215/1994, de 14 de julio, FJ 4, y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 8.b). Igualmente, el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona forma parte de su facultad de autodeterminación y le legitima para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, incluido el rechazo de tratamientos que podrían salvar su vida.

No es este el momento para desarrollar estos problemas pero, a modo de invitación a la reflexión y el debate, me permito apuntar algunas cuestiones de especial relevancia en las que podrían entrar en juego tanto la dignidad como el libre desarrollo personal, a veces de manera acumulativa y en ocasiones de forma dialéctica: la eutanasia; la disposición, altruista u onerosa, sobre partes de nuestro cuerpo; el consumo de todo tipo de drogas; el desempeño, con finalidades laborales o profesionales , de actividades consideradas socialmente indignas,…