Acerca de Miguel Ángel Presno Linera

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Professor of Constitutional Law at the University of Oviedo. Acreditado como Catedrático. presno@uniovi.es; presnolinera@gmail.com http://www.facebook.com/groups/175417585871847/?ref=ts&fref=ts

El Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: ¡más madera!

El pasado 11 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (PLOPSC). En la Exposición de Motivos se aducen, como razones que lo justifican, “la perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de las normas jurídicas, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto,…”. Sin embargo, no se explica cuál es la nueva perspectiva de las carencias de la Ley vigente, qué cambios sociales se han producido ni ante qué nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y tranquilidad ciudadanas nos encontramos.

Es evidente, por mencionar algo que ha preocupado a las Autoridades, que ha aumentado el número de manifestaciones pero, mientras se celebren de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Constitución y en la L. O. 9/1983 que lo desarrolla, estaremos ante el ejercicio de un “derecho esencial en la conformación de la opinión pública” (STC 170/2008), que no debe suscitar motivo alguno de preocupación social ni institucional. Y si se realizan sin ajustarse al ordenamiento, la vigente Ley Orgánica de 1/1992, de Seguridad Ciudadana (LOSC), incluye suficientes instrumentos de reacción.

Según los datos del Ministerio del Interior el número de reuniones que incumplieron la LOSC (arts. 23.c) y d) fue algo mayor en 2012 (3461) que en 2011 (3173) pero es que las sanciones se multiplicaron por cinco: de 366 a 1722.

ley_seguridad_EDIIMA20140718_0266_5El Anuario de 2013 muestra que las infracciones a los artículos 23.c) y d) se redujeron en 1643 casos pero el número de sanciones bajó mucho menos: 741.

ley_seguridad_EDIIMA20140718_0267_5Además, en 2013 aumentó en un 472,11%, del número de manifestaciones prohibidas.

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En suma, el ordenamiento vigente contiene instrumentos para sancionar con contundencia las infracciones a la seguridad ciudadana y en los últimos años se han aplicado sin pudor.

Es muy positivo que el Proyecto elimine previsiones del Anteproyecto cuya inconstitucionalidad, a juicio del CGPJ, era palmaria pero se mantienen disposiciones que son propias del llamado Derecho administrativo del enemigo.

En primer lugar, el castigo se prevé para conductas que todavía no han lesionado la seguridad ciudadana. Por citar algunos ejemplos de este derecho sancionador preventivo:

a.- se considera una infracción grave realizar actos que pretendan impedir a una autoridad o empleado público el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, lo que parece pensado para sancionar las actividades de oposición a los desahucios; lo relevante es que se sancionará la mera pretensión de oponerse, sin necesidad de que los actos lleguen a ser una obstrucción al desahucio;

b.-  se comete una infracción leve con la tercera y posteriores pérdidas o extravíos de la documentación personal en un plazo de 3 años. ¿Qué intranquilidad ciudadana genera una persona que ha tenido la mala suerte de perder su documentación de manera reiterada?

c.- se crea la que podríamos llamar infracción Greenpeace, pues se sanciona “el escalamiento de edificios sin autorización”, convirtiendo en infracción el mero hecho de escalarlo, al margen del resultado que genere para la seguridad ciudadana.

La segunda característica del Derecho sancionador del enemigo es la previsión de unos reproches extraordinariamente altos. En la LOSC ya se prevén cuantías muy elevadas: de 30.050,62 a 601.012,1 euros para infracciones muy graves, de 300,52 a 30.050,61 euros para infracciones graves y de hasta 300,52 euros para infracciones leves. El Proyecto incrementa ese elevado importe pues dobla el mínimo de las graves a 601 euros y el máximo de las leves a 600 euros. Además,

a.- se sancionan conductas cuya punición resulta absurda como la ya citada de la tercera y posteriores pérdidas de documentación personal o la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes;

b.- no se contempla como medida alternativa a la sanción por consumo de drogas o estupefacientes lo que prevé la vigente LOSC: la suspensión si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación.

c.- El Proyecto eleva el número de faltas leves de la LOSC de 10 a 17; las graves pasan de 16 a 26. Este incremento podría justificarse como consecuencia de la previsión de excluir del Código Penal conductas que pasarían a formar parte de la nueva LOPSC. Pero no deja de ser paradójico que se incluyan sanciones administrativas mucho más graves que las vigentes en el Código Penal para una misma conducta; así, mientras que el artículo 634 de ese Código castiga con multa de 10 a 60 días una falta contra el orden público, lo que puede implicar una condena de 120 euros, el Proyecto contempla una de entre 600 euros a 30.000 euros  para la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. 

El tercer rasgo del Derecho sancionador del enemigo es que determinadas garantías procesales son relativizadas o suprimidas. El incremento del número de infracciones que prevé el Proyecto implicará, en teoría, un aumento de los  recursos contencioso-administrativos, pero tal cosa puede que no ocurra a resultas de la traba económico que supone la Ley de tasas, que prevé el pago previo de una cantidad que puede alcanzar, en las sanciones más cuantiosas, los 2.000 euros.

Como en la jurisdicción penal no existen tasas, la aplicación conjunta de la Ley de tasas y la futura LOPSC supondría un importante perjuicio para el ciudadano. Y no cabe olvidar que en materia de sanciones administrativas ese ciudadano se enfrenta a un procedimiento en el que las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad son base suficiente para adoptar una resolución sancionadora, cosa que no ocurre en un proceso penal.

En suma, y ante la perspectiva de más protestas ciudadanas, parece que no hay mejor fórmula que la clásica marxista de ¡más madera!

Texto publicado en Agenda Pública, el diario.es, el 20 de julio de 2014.

El enfoque de derechos en los proyectos de cooperación.

Ingeniería sin Fronteras-Asturias desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo desde hace ya un buen número de años. En este momento mantenemos, en colaboración con Adra, ONG angolana, un proyecto de fomento del emprendimiento colectivo, a través de la concesión de microcréditos, en el que se aplica un enfoque de derechos de las personas y una perspectiva de género.

Con el objetivo de debatir sobre la forma de aplicar ese enfoque de derechos de las personas realizamos una actividad de discusión en la que se utilizó como guión la presentación El enfoque de derechos en los proyectos de cooperación (versión española); O enfoque dos direitos nos projetos de cooperação (versión portuguesa); se pueden descargar en formato pdf pinchando en el título.

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¿Cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de la gestación por sustitución?

Este texto es un resumen de un trabajo académico que he realizado con la profesora Pilar Jiménez Blanco y que se publicará en el número 51 de la Revista Española de Derecho Europeo.

El 26 de junio de 2014 se conocieron las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Mennesson c. Francia y Labasee c. Francia. Ambos supuestos se refieren a la denegación del reconocimiento de una filiación legalmente establecida en Estados Unidos entre los niños nacidos de gestación por sustitución y la pareja comitente. Ante la infertilidad de las señoras Mennesson y Labassee, estas parejas contrataron una gestación en la que aportaron los gametos de los señores Mennesson y Labassee. Una vez nacidas las niñas, los Tribunales de California y Minnesota, respectivamente, determinaron la filiación a favor de los matrimonios Mennesson y Labassee, que no pudieron inscribirlas en el Registro Civil francés por la negativa de las autoridades galas.
En el asunto Mennesson –y los argumentos se reproducen en el caso Labassee- el TEDH constata que los padres se ocupan de sus hijas desde su nacimiento y viven juntos de una manera que no se distingue de la “vida de familia” en el sentido usual de esa expresión. En segundo lugar, recuerda que el derecho a la identidad es parte integral del concepto de intimidad y que existe una relación directa entre la vida privada de los niños nacidos de gestación por sustitución y la determinación legal de su filiación. El TEDH toma nota de que la negativa de Francia al reconocimiento de estas filiaciones deriva de la voluntad de desalentar a sus nacionales que buscan fuera de su país un método de reproducción allí prohibido con el fin, según su percepción del problema, de proteger a los niños y a la madre gestante. El Tribunal admite las dificultades que se plantean y la falta de consenso sobre estos asuntos en Europa. No obstante, el margen de apreciación nacional se reduce si está en juego una cuestión de la filiación, que es un aspecto esencial de la identidad de los individuos. Por otra parte, le corresponde al propio Tribunal determinar si se produce un justo equilibrio entre los intereses del Estado y los de los individuos directamente afectados, especialmente si está en juego el interés superior de los menores.
La valoración sobre el verdadero impacto de la jurisprudencia emanada de los asuntos Mennesson y Labassee requiere examinar el contexto previo sobre la posición del TEDH en relación con el art. 8 del CEDH en los supuestos de rechazo al reconocimiento de filiaciones constituidas en otros Estados. Existen ya varios pronunciamientos que abogan, en clave de protección del menor, por establecer una continuidad en estas relaciones. Tal criterio fue establecido por el TEDH, entre otras, en la Sentencia de 28 de junio de 2007, asunto Wagner J.M.W.L. c. Luxemburgo, en el que se condenó a Luxemburgo por no reconocer una adopción constituida en Perú amparándose en la prohibición nacional de la adopción por personas solteras. Un planteamiento similar puede verse en la Sentencia del caso Negrepontis-Giannisis c. Grecia. El criterio sustentado en ambas decisiones parte de un denominador común basado en la protección de la vida familiar generada entre adoptantes y adoptando. El vuelco de la nueva jurisprudencia se produce porque toma como referente no el derecho a la vida familiar de los padres intencionales, sino el derecho a la vida privada de los menores.
El rechazo al reconocimiento de la filiación obtenida por gestación por sustitución en el extranjero no vulnera el derecho a la vida familiar de los padres intencionales, en la medida en que, en todo caso, los menores permanecerán con ellos y se mantendrá la convivencia habida hasta la fecha. Tal conclusión es consecuente con la línea jurisprudencial consolidada del TEDH basada en una concepción fáctica de las relaciones familiares. Siendo, por tanto, el objeto del art. 8 CEDH la familia de facto, no resulta necesario ni exigible que se reconozca el vínculo jurídico de la filiación, siempre que la decisión adoptada no conlleve la separación de los menores de los padres intencionales con los que conviven. En este sentido, en el asunto Mennesson queda acreditado que la ausencia de reconocimiento del vínculo de filiación no les impide disfrutar en Francia del respecto del derecho a su vida familiar, dado que los menores permanecerán con ellos. Y, así, la respuesta que da el Tribunal Supremo español en la Sentencia de 6 de febrero de 2014 está en plena sintonía con el TEDH, al intentar buscar vías para que los menores permanezcan con los padres intencionales, aunque no se reconozca el vínculo de filiación entre ellos.
El rechazo al reconocimiento de la filiación obtenida por gestación por sustitución sí vulnera el derecho a la vida privada de los menores. Tal es la principal conclusión del TEDH. Como ya se ha indicado, se parte de la filiación como uno de los elementos que integran la identidad y, desde esa perspectiva, sí resulta relevante el tratamiento que se le dé al vínculo jurídico más allá de la situación puramente fáctica. En esta vertiente del derecho a la identidad la aproximación ya no se realiza desde la perspectiva de los padres intencionales sino desde la del interés del menor. Y es aquí donde se evidencia el conflicto planteado ante el Tribunal Supremo: los mismos menores serán considerados hijos de los padres intencionales desde la perspectiva del Derecho californiano y, sin embargo, verán negada tal cualidad en el Estado de acogida (Francia, en el asunto Mennesson, o España, en el asunto del Tribunal Supremo). Este hecho determina una infracción del derecho a la identidad única del que se derivan diversas consecuencias; entre ellas, las relativas a la adquisición de la nacionalidad o los derechos sucesorios. Es cierto que en los casos Mennesson y Labassee concurre la circunstancia de que uno de los padres intencionales es, además, padre biológico, lo que acentúa la vulneración del derecho a la identidad de los menores si se rechaza el reconocimiento del vínculo jurídico de la filiación. Ahora bien, tal circunstancia no justifica una lectura reduccionista de esta nueva jurisprudencia, que limite su alcance a un mero refrendo de la filiación por gestación por sustitución cuando esta tiene un origen biológico. Está justificada una lectura más ambiciosa de estas Sentencias, dado que el criterio del derecho a la identidad única se establece como categoría general y con manifestaciones concretas -por ejemplo, para el ámbito de los derechos sucesorios de los menores-, al margen de la existencia o no de vínculo biológico con ellos.
Pero el impacto de esta nueva línea jurisprudencial también supone una “desactivación” de las consecuencias del posible fraude cometido por los padres intencionales cuando escapan de su Derecho para ir a la búsqueda de un paraíso gestacional. Es cierto, y así ha sido destacado, que de la jurisprudencia del TEDH se derivaba hasta ahora una protección del reconocimiento de las relaciones constituidas en otros Estados, pero en las que subyacía el condicionante de una expectativa legítima de las partes en que dicho reconocimiento fuera a poder producirse. Ese es precisamente, en los términos ya indicados, uno de los aspectos más controvertidos en este caso. Pues bien, con la jurisprudencia Mennesson pierde fuerza el criterio de la expectativa legítima de los padres intencionales como condición para el reconocimiento de las relaciones ya constituidas. El TEDH entiende que la sanción por una filiación creada en fraude de ley por los padres intencionales no puede suponer un rechazo al reconocimiento de dicha filiación en el Estado de acogida, en la medida en que ello afecta directamente a la vida privada de los menores. Dicho de otro modo, la aproximación desde la perspectiva exclusiva de los menores en el caso concreto bloquea los efectos sobre la filiación de la sanción que pueda adoptarse por la conducta presumiblemente fraudulenta de los padres intencionales. Nuevamente vemos que la valoración a partir del caso concreto, y ex post, sirve para matizar el posicionamiento general sobre el fraude a la ley y sus consecuencias.
Pues bien, esta jurisprudencia europea puede suponer un cambio de paradigma en materia de gestación por sustitución en el Derecho europeo pues, si bien no se deduce de ella que deba permitirse o regularse tal práctica en la normativa estatal, sí parece claro que la libertad legislativa de los Estados tiene límites que el Tribunal puede controlar a efectos de proteger el interés de los hijos nacidos por estas prácticas. Y lo que no cabe es colocar a los menores en una situación de incertidumbre jurídica que socave su identidad dentro de la sociedad; tampoco que resulten perjudicados sus derechos en materia de ayudas familiares, educación o cuestiones sucesorias.
En definitiva, habrá que seguir con atención los próximos movimientos legislativos y jurisprudenciales que, intuimos, de manera inexorable, más pronto o más tarde, acabarán admitiendo la eficacia de la filiación por gestación por sustitución, sumándose al contexto que la nueva realidad social y jurídica comparada va imponiendo.

Propuesta de reforma de la Constitución que votará el Parlamento asturiano.

La Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias asumió, por 8 votos a favor, de los Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, de Izquierda Unida y Mixto; 7 votos en contra, de los Diputados de los Grupos Parlamentarios Foro Asturias y Popular, y ninguna abstención, el texto articulado del informe de la Ponencia de la Propuesta de proposición de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución y, a propuesta de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida, lo elevó como dictamen al Pleno.

Esta Propuesta tuvo su origen en una iniciativa ciudadana que, con el nombre Por la democracia directa y a través del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución, solicitó al Parlamento asturiano que remitiera al Congreso de los Diputados un texto con una nueva redacción de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución.

Transcurrido más de un año desde que la toma en consideración de la iniciativa por la Junta General, el pasado 11 de julio se aprobó por la Comisión de Presidencia, y luego de incorporar enmiendas a los artículos 87.3 y 92, remitir la Propuesta al Pleno para su votación definitiva.

De aprobarse en el Pleno, se remitirá al Congreso de los Diputados la siguiente redacción:

El apartado 3 del artículo 87 de la Constitución queda redactado como sigue:
“3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán 500.000 firmas acreditadas, y a las proposiciones de iniciativa legislativa popular les será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 134. No procederá dicha iniciativa para la aprobación o
modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ni en materias tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.”

El artículo 92 de la Constitución queda redactado como sigue:
“1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a plebiscito de todos los ciudadanos. Esta consulta será convocada por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados, o a iniciativa de quinientos mil electores.
2. Podrá ser sometida a referéndum la derogación de leyes en vigor, cuando así lo soliciten ante la Mesa del Congreso de los Diputados quinientos mil electores. El resultado del referéndum será vinculante cuando haya participado en la votación la mayoría de
quienes tengan derecho a hacerlo y haya sido aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos. No procederá esta iniciativa en materias tributarias, presupuestarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
3. El plebiscito y el referéndum se realizarán en la misma fecha que los procesos electorales de ámbito nacional siempre que coincidan con el mismo año.
4. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento del plebiscito y de las distintas modalidades del referéndum previstas en la Constitución”.

Tres. El artículo 166 de la Constitución queda redactado como sigue:
“La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo 87”.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente reforma del apartado 3 del artículo 87, del artículo 92 y del artículo 166 de la Constitución entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aquí pueden verse los vídeos de las comparecencias parlamentarias.

Debate: ¿Podemos ha llegado para quedarse?

Reproduzco las respuestas a dos preguntas planteadas por Agenda Pública a Laura Manzano, Doctora en Historia y Civilización por el Instituto Universitario de Florencia; Àngels Pont, Directora de GESOP; Juan Rodríguez Teruel, Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Valencia, y Miguel Á. Presno Linera, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

Laura Manzano: ¿Qué explica el incremento de los partidos nuevos y pequeños en las europeas?
En el caso de España hay dos tipos de motivos. Que los partidos nuevos surjan en este momento está vinculado al distrito único que rige para las Elecciones Europeas y en el que, por tanto, el porcentaje de votos se traduce directamente en escaños. Por otra parte, está el hartazgo ante los casos de corrupción y a la gestión de la crisis económica. Este fenómeno hay que ponerlo en un contexto europeo: durante la última década en más de la mitad de los países de la UE han surgido nuevos partidos tanto a la izquierda como a la derecha. En algunos países estos partidos (Die Linke en Alemania, el PVV en los Países Bajos, etc.) llevan ya varios años en liza e, incluso, han tenido responsabilidades de gobierno. Es indudable que los nuevos medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel importante. Además, no se puede ignorar la capacidad que han tenido algunos de estos partidos, como Podemos y el M5S italiano, en organizarse sobre otros parámetros más allá del tradicional vínculo entre partido y afiliado. Esto hace que muchos votantes, desencantados con partidos que parecen vivir en una burbuja, se sientan atraídos por ellos.

¿Qué expectativas pueden tener estos partidos en el próximo ciclo electoral?
En el caso español, gran parte de su éxito dependerá de su capacidad para crear bases regionales, fundamental para tener relevancia en unas elecciones generales dado el sistema electoral español. Las elecciones municipales y autonómicas de 2015 servirán para ver si los votantes que confiaron en partidos poco conocidos y sin experiencia de gobierno para unas elecciones que, en general, seguimos sin tomarnos muy en serio, votan a estos partidos en otras que se perciben más relevantes. En ese contexto, el uso exhaustivo de los medios de comunicación por parte de Pablo Iglesias, más que por parte de Podemos en general, puede resultar decisivo, siempre que no se produzca una sobreexposición y el consiguiente hartazgo. Durante el próximo año y medio veremos si estos partidos se consolidan pero quizá el mayor reto sea a más largo plazo, cuando Podemos, al igual que les ha pasado a UPyD o al M5S, tengan que traducir los apoyos que suscita un líder carismático en un aparato de partido capaz de fidelizar a sus votantes.

Àngels Pont: ¿Qué explica el incremento de los partidos nuevos y pequeños en las europeas?
Son un reflejo del descontento y la desconfianza en el sistema y su funcionamiento, pero es también la expresión de la necesidad y de la esperanza que las cosas deben y pueden cambiar. Son los “representantes” de un sentimiento bastante transversal, pero también con intereses muy heterogéneos tal como muestra su fraccionamiento. Las elecciones europeas, y especialmente el impacto de alguno de sus resultados sobre la opinión pública lo ponen de relieve. El caso más llamativo es el de PODEMOS, un grito de una parte importante del electorado especialmente de izquierdas frente a la crisis política y social que vive nuestro país. Una expresión que no ha parado de crecer en las encuestas después de conocerse el resultado del 25M, y que se refleja en boca de algunos que dicen “no los voté porque no los conocía”. Todo parece indicar que se trata de algo más que de un castigo a los grandes.

¿Qué expectativas pueden tener estos partidos en el próximo ciclo electoral?
A corto plazo, las europeas avanzan lo que es posible que se repita en mayor o menor grado en próximas citas electorales. Parece difícil que el PP, y especialmente el PSOE, puedan recuperar buena parte de las simpatías perdidas. Esto es lo que reflejan ahora mismo las encuestas que amplían de forma extraordinaria las tendencias que se apuntaban en las europeas. Lo observamos en los diferentes escenarios. Tanto en Catalunya como en España se predicen escenarios mucho más fragmentados. ERC amplía su ventaja sobre CiU pero está muy lejos de la mayoría absoluta, suben C’s y la CUP y entra con fuerza PODEMOS. El partido liderado por Pablo Iglesias que planta cara al bipartidismo en España. Pero posiblemente será el escenario municipal el primero en decirnos si hay alguna fuerza política emergente capaz de aglutinar la dispersión y fragmentación actual o, al contrario, si alguna de las fuerzas tradicionales cambia el rumbo de sus expectativas.

Juan Rodríguez Teruel: ¿Qué explica el incremento de los partidos nuevos y pequeños en las europeas?
Cuatro factores. Uno, la baja participación típica de las elecciones europeas (aún consideradas ‘de segundo orden’), que afecta principalmente al elector de centro que no cambia de partido, dio mayor impacto al voto crítico de los que sí fueron a votar. Dos, el sistema electoral, que perjudica menos a los partidos medianos y pequeños de ámbito estatal de lo que sucede en unas autonómicas o sobre todo en unas generales. Tres, el castigo al partido de gobierno que suele darse en unas europeas, voto que en estas ocasiones no fue recogido por el principal partido de la oposición. Y finalmente, el malestar político con unos partidos tradicionales (PP y PSOE, pero también IU, CiU…) que se están viendo desbordados por la realidad y por los nuevos discursos y liderazgos de las nuevas organizaciones. Es como una tormenta perfecta donde se conjugan todos los factores que favorecen un voto de cambio a partidos nuevos. Y se ha dado.

¿Qué expectativas pueden tener estos partidos en el próximo ciclo electoral?
Expectativas de obtener puestos representación: muy altas. ¿Cómo de altas? Depende: las encuestas y el ambiente sugieren una transformación del sistema de partidos. También habrá factores que jueguen en contra: sistema electoral, mayor participación de los votantes fieles de los grandes partidos, una lógica de competición distinta… Pero dependerá del tipo de elecciones. La clave se dará en las elecciones municipales y generales, que pueden hacer de ‘efecto de bola de nieve’. Este efecto será superior si Rajoy decide mantener las elecciones generales a finales de año. En cambio, si decide avanzar elecciones a mayo, y convocar una super jornada, esto puede ayudar a detener el avance de los partidos pequeños.
Expectativas de obtener puestos de gobierno: muy bajas (excepto en grandes ayuntamientos). De hecho, a mayor fragmentación en nuevos partidos mayores probabilidades de que el PP pueda volver a gobernar la próxima legislatura. Si los electores de centroizquierda se dan cuenta de esta asociación quizá decidan hacer un voto estratégico.

Miguel Á. Presno Linera: ¿Qué explica el incremento de los partidos nuevos y pequeños en las europeas?
Hay diversas razones: políticas, socioeconómicas,…; yo me centraré en las jurídico-electorales: en primer lugar, en las elecciones al Parlamento Europeo hay circunscripción única y no 52, como en las elecciones al Congreso de los Diputados; de esta manera ninguno de los votos que van a las formaciones más pequeñas “se pierde” para el recuento final; en segundo término, se trata de elegir a un número alto de representantes (54), lo que permite que la fórmula D’Hondt despliegue sus efectos proporcionales, cosa que en las elecciones al Congreso únicamente ocurre en las escasas circunscripciones que eligen un número alto de diputados (Madrid, Barcelona, Valencia…) En tercer lugar, en las elecciones al Parlamento Europeo no hay barrera electoral (el porcentaje de votos válidos -del 3 o el 5%- necesario para participar en el reparto de escaños), cosa que sí existe en las elecciones al Congreso, en las municipales y a los Parlamentos autonómicos. La ausencia de esa barrera permite que ninguna formación política se quede sin escaño por no conseguir un porcentaje mínimo de votos. Si en las elecciones europeas hubiera una barrera del 3% se quedarían fuera de la Cámara Primavera Europea y Los Pueblos Deciden y sus 2 diputados irían, probablemente, a los partidos más votados; si fuera del 5% se quedarían fuera 4 formaciones (las dos citadas, Ciudadanos y L’Esquerra pel Dret a Decidir) y habría que repartir esos 6 escaños entre las demás, lo que hubiera beneficiado a los partidos más votados. En cuarto lugar, creo que los partidos más pequeños han sabido movilizar a una parte del electorado que en otras circunstancias podría haberse decantado por la abstención y en dicha movilización han jugado un papel relevante las redes sociales, cuyo uso inteligente ha evidenciado el anacronismo de prohibir la propaganda electoral la jornada de reflexión y el día de las elecciones.

¿Qué expectativas pueden tener estos partidos en el próximo ciclo electoral?
Dependerá también de varias razones: de cómo se valore por el electorado la confianza otorgada en estas elecciones; de si son capaces de implantarse de manera organizada en los municipios y Comunidades Autónomas; de su capacidad para ofrecer programas y presentar candidaturas en miles de municipios, en las elecciones autonómicas y generales; de los eventuales acuerdos pre o postelectorales con otras formaciones. También influirán factores jurídico-electorales: mientras que en municipios de más de 10.000 habitantes se elige un número de concejales (17 o más), lo que favorece la proporcionalidad aunque la barrera electoral sea del 5%, en las elecciones al Congreso la mayoría de las circunscripciones tienen asignados muy pocos diputados por lo que es muy difícil que obtengan escaños las terceras y cuartas formaciones políticas en número de votos.

 

¿A vueltas con las alcaldías? Depende

El Presidente del Gobierno ha anunciado que quiere promover, como medida de regeneración democrática, la elección directa de las alcaldías. Como argumento señaló: “no puede ser que las coaliciones entre partidos impidan que sean alcaldes quienes han sido elegidos por los ciudadanos”. Cabría pensar, entonces, que el vigente sistema de elección municipal está degradado en términos democráticos. ¿Lo está? Dependerá, claro, de qué se entienda por degradación y regeneración democráticas pero, por emplear una comparación, el procedimiento que tenemos ahora en la inmensa mayoría de los ayuntamientos no es muy diferente del previsto para el nombramiento del Presidente del Gobierno: según el artículo 196 de la Ley Electoral (LOREG) si alguno de los candidatos a la alcaldía “obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado alcalde”; esa es la misma exigencia que prevé el artículo 99 de la Constitución (CE) para el nombramiento del Presidente del Gobierno en primera votación. En segunda y sucesivas votaciones el Jefe del Gobierno puede ser nombrado por mayoría simple y, por tanto, sin el apoyo expreso de la mayoría de los miembros del Congreso; en los ayuntamientos no hay posteriores votaciones sino que, a falta de mayoría absoluta, es nombrada la persona que encabece la lista que haya obtenido más votos populares. Por tanto, y aunque sea de manera indirecta, es probable que en los Ayuntamientos la alcaldía la ostente la persona que encabeza la lista más votada, bien porque dicha candidatura ha obtenido mayoría absoluta o porque es la que más sufragios consiguió; cabe, claro, que consiga la alcaldía una persona que, sin encabezar la lista más votada, haya obtenido el mayor número de votos de los concejales. Pero eso es también posible en la investidura de la presidencia del Gobierno y si es menos probable se debe, precisamente, a que las elecciones al Congreso ofrecen resultados menos proporcionales –léase, menos democráticos- que las elecciones municipales: en los comicios a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes se elige un número de concejales lo suficientemente alto como para que la elección sea muy proporcional, cosa que no ocurre en las elecciones al Congreso –órgano que nombra al Presidente del Gobierno-, donde un partido –el PP en la actualidad- con el 44% de los votos tiene el 53% de los Diputados. Finalmente, en las alcaldías siempre habrá una persona elegida por los ciudadanos, dado que no se puede ser alcalde sin ser concejal; tal cosa no es necesaria en la Presidencia del Gobierno, donde no es jurídicamente imprescindible ser parlamentario.
En todo caso, la elección directa de las alcaldías es tan constitucional como la indirecta que hoy tenemos, pues la CE prevé que “los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos” (art. 140). ¿Cuál será la fórmula más adecuada? Depende. ¿De qué? De lo que se quiera conseguir. Hasta ahora se ha optado por un sistema de gobierno municipal “parlamentario”: el Pleno de la Corporación nombra al alcalde y puede destituirlo a través de una moción de censura constructiva (art. 197 LOREG), se prevé la posibilidad de que el alcalde plantee una cuestión de confianza (art. 197 bis LOREG) y el propio Pleno tiene atribuidas funciones muy relevantes y similares, en términos comparativos, a una Cámara parlamentaria. No hay, pues, un sistema de gobierno municipal muy diferente al autonómico y al estatal.
Introducir la elección directa para las alcaldías –no se ha aclarado, ahora que tanto preocupa el ahorro, si en primera o segunda vuelta- significaría optar, al menos en teoría, por un modelo “presidencialista” pero para que dicha opción sea coherente en términos de funcionamiento de la corporación debe ir acompañada de profundos cambios en el gobierno local y en el propio sistema electoral municipal: si se elige al alcalde de manera simultánea y separada a los concejales podría ocurrir que el primero no tuviera suficiente apoyo en el ayuntamiento, con el riesgo de parálisis o inestabilidad; si para evitar esa situación se concede a la lista que apoya al alcalde una prima electoral para que alcance más concejalías que las que le corresponderían por los resultados obtenidos habrá que ver si ese premio es proporcional en términos democráticos, pues si es muy alto se estará desvirtuando el mandato constitucional de que el voto sea igual, lo que no sucedería si el hecho de optar por una lista vale mucho más que preferir a otra. A lo anterior habría que añadir la necesidad de algún mecanismo legal de control por parte de la oposición para que el gobierno local no devenga en caudillaje. En suma, esta presidencialización de las alcaldías tendría que hacerse con sumo cuidado para que no genere resultados menos democráticos que el sistema vigente y, en todo caso, debería ir acompañada de muchos más cambios legislativos. Es curioso que nada se haya dicho al respecto en la muy reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Habría, pues, que darle alguna vuelta más no solo a la elección en primera o segunda convocatoria sino al conjunto de la propuesta del Presidente del Gobierno. Y si se precisa más información se puede consultar, entre otros estudios, El informe del Consejo de Estado sobre la reforma electoral, del año 2009, que se extiende sobre este particular. Y es que, salvo en Amanece que no es poco, todos, incluidos los alcaldes, somos contingentes y nadie es necesario.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la prohibición del uso del burka en Francia.

El 1 de julio de 2014 se ha conocido la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha resuelto el caso S.A.S. c. Francia, donde se dilucidaba si la prohibición establecida en la legislación francesa era compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La norma en cuestión era la Ley 1192-2010, de 11 de octubre, de prohibición de ocultación del rostro en espacios públicos, que prevé sanciones económicas y cursos cívicos obligatorios.

El Tribunal ha concluido:”The ban imposed by the Law of 11 October 2010 admittedly had specific negative effects on the situation of Muslim women who, for religious reasons, wished to wear the full-face veil in public. However, that measure had an objective and reasonable justification for the reasons previously indicated. There had not therefore been a violation of Article 14 taken together with Articles 8 or 9″.

Aquí puede consultarse la sentencia en francés e inglés; aquí el vídeo de la vista oral.

 

 

Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento: ¿garantías o privilegios?

La Constitución española (CE) recoge unas figuras jurídicas dirigidas a garantizar el ejercicio adecuado de ciertas funciones públicas. Son la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero jurisdiccional. El origen de estas prerrogativas se remonta al Parlamento inglés y al episodio que supuso, en 1397, la condena a muerte del diputado Thomas Haxley por criticar a la Corte Real. Tiempo después, Thomas Moro reivindicó como esencial a la tarea de los parlamentarios poder expresarse con libertad y en el Bill of Rights (1689) se reconoció la “libertad de expresión, debate y procedimientos en el Parlamento”.
La inviolabilidad protege a los parlamentarios y al Jefe del Estado, aunque con un alcance muy distinto; en el primer caso implica la exención total de responsabilidad –penal, civil, administrativa o laboral- por las opiniones y actos realizados en el ejercicio de las funciones representativas. Como lo que se pretende es proteger la función –por eso se habla de prerrogativa o garantía- y no a la persona –lo que sería un privilegio-, esta figura no opera, como ha dicho el Tribunal Constitucional (TC), “cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de “político” incluso) fuera del ejercicio de competencias y función que le pudieran corresponder como parlamentario”. En suma, no serán perseguibles las declaraciones realizadas en una sesión parlamentaria, aunque puedan resultar ofensivas, pero sí si se hacen, por ejemplo, en una rueda de prensa o en un mitin. La inviolabilidad es perpetua, por lo que no se puede demandar al parlamentario una vez que ha dejado el cargo por la manifestaciones realizadas en el ejercicio de su función.
En el caso del Jefe del Estado, la CE parece ir más allá, pues dice (art. 56.3) que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. De esta manera todos los actos del Rey –institucionales y personales- estarían protegidos. Una vez deja de ser Rey, los actos que realice a partir de ese momento estarán sujetos a responsabilidad igual que los de otro ciudadano. Se podría discutir si, una vez ha abdicado, cabe exigirle cuentas por hechos realizados mientras fue Rey; entendiendo su inviolabilidad como la de los parlamentarios la respuesta sería negativa y esa conclusión no ofrece dudas respecto de sus actos institucionales, pues, con la salvedad de los nombramientos civiles y militares de su Casa, todos han sido refrendados por el Presidente del Gobierno o los Ministros. No está tan clara la respuesta si se trata de actos privados que hayan podido lesionar los derechos de otras personas, pues no serían propios de “la persona del Rey” y la negativa radical a investigarlos afectaría al derecho de todas las personas “a la tutela judicial efectiva” (art. 24.1 CE).
La segunda prerrogativa es la inmunidad, que protege a los parlamentarios prohibiendo su detención salvo “en caso de flagrante delito” y su procesamiento “sin la previa autorización de la Cámara respectiva” (art. 71.2), lo que se conoce como suplicatorio. En origen, estas prerrogativas persiguen garantizar que el parlamentario no sea apartado de sus funciones con finalidades meramente políticas (evitar que participe en una votación, por ejemplo). La inmunidad surte efectos mientras la persona es parlamentaria. En todo caso, la inmunidad, así configurada, es impropia de un Estado democrático moderno pues, en primer lugar, incluye cualquier delito, mientras que en los ordenamientos europeos se tiene en cuenta la gravedad del hecho y, por ejemplo, en Francia no opera si el parlamentario, presuntamente, ha cometido un crimen; es decir, un delito especialmente grave. La Constitución holandesa va más allá y no admite la inmunidad. En segundo lugar, la exigencia del suplicatorio para que diputados y senadores puedan ser procesados no existe en Alemania, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo o Suecia.
La tercera institución es el aforamiento, que la Constitución reserva a los procesos penales y para los miembros de las Cortes Generales e integrantes del Gobierno que no sean parlamentarios; implica que serán juzgados por el Tribunal Supremo y no por el órgano que conocería normalmente de esos hechos. Esta concepción restrictiva se ha visto desbordada porque el Legislador, especialmente a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha extendido el aforamiento a los pleitos civiles y, sobre todo, ha incluido a los Presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, a los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, al Fiscal General del Estado, al Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas,… y así hasta unas 10.000 personas, aunque muchas de ellas serán juzgadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
Esta amplísima nómina de aforados carece de fundamento constitucional en la medida en que, primero, se aparta del principio que prescribe que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes (art. 117.3 CE) y, segundo, no está justificada por la función que cumplen esas personas, pues en el ámbito penal el aforamiento no se limita a los hechos cometidos en el ejercicio del cargo y en el civil no se aprecia qué menoscabo padecen las funciones institucionales por el hecho de que las demandas de responsabilidad sean competencia de los tribunales naturales.
Es todavía más burdo e inconstitucional, si cabe, convertir esta prerrogativa en privilegio personal, como pretende la modificación legal que aforará a los ahora ciudadanos Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. Y es que el TC ha explicado que debe rechazarse el uso de las prerrogativas de forma que suponga evitar el procedimiento legalmente previsto para cualquier otro ciudadano. No es casualidad que tal cosa apenas se conozca en estado democrático alguno, monárquico o republicano. Pero también aquí España es diferente.

Texto publicado en Agenda Pública el 30 de junio de 2014.

Un aforamiento desaforado.

En la Constitución española se incluyen una serie prerrogativas que tienen como finalidad garantizar el ejercicio adecuado de las funciones representativas que corresponden a diputados y senadores: “1…. gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato … gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo…” (art. 71).
El origen histórico de estas previsiones es antiguo y se ha remontado al Parlamento inglés y al episodio que supuso, en 1397, la condena a muerte impuesta al diputado Thomas Haxley por criticar a la Corte Real. Tiempo después, Thomas Moro reivindicó como esencial a la tarea de los parlamentarios poder expresarse con libertad y en el Bill of Rights se reconoció la “libertad de expresión, debate y procedimientos en el Parlamento”.
Si a lo largo de los siglos se ha justificado la protección de los parlamentarios frente a las amenazas que podían provenir de la Corona, su configuración e, incluso, su existencia, han de someterse a debate en un sistema democrático en el que se proclama la subordinación de todos los poderes públicos a normas jurídicas. Y así, por ejemplo, la vigente Constitución de los Países Bajos no prevé la inmunidad y en Alemania, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo o Suecia no se exige la concesión de suplicatorio para que los parlamentarios puedan ser inculpados o procesados. En cuanto al aforamiento, en Portugal e Italia únicamente lo tiene el Presidente de la República; en Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos no existe. En los países en los que existe, se pierde al abandonar el cargo.
Por las mismas razones, es necesario que la extensión de estas prerrogativas a los titulares de otras instituciones del Estado se justifique en su servicio a la función que cumplen. Al respecto, la Constitución española las ha ampliado al Jefe del Estado –“la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (art. 56.3)- y, de manera más limitada, a los miembros del Gobierno que no sean parlamentarios –“La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo” (art. 102.1)-.
Ha sido, sobre todo, la vía legal -en particular, la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ- la que ha servido para ampliar el número de personas protegidas; así, dice el artículo 57 que “La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:… 2. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. 3. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia”. Algo similar prevé el artículo 56 en materia civil aunque aquí se limita a “las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo”.
Esta amplísima nómina de aforados carece de fundamento constitucional en la medida en que, primero, se aparta del principio que prescribe que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes (art. 117.3 CE) y, segundo, no está justificada en atención a la función que cumplen esas personas, pues en el ámbito penal el aforamiento no se limita a los hechos cometidos en el ejercicio del cargo y en el civil no se aprecia qué menoscabo padecen las funciones institucionales por el hecho de que las demandas de responsabilidad sean competencia de los tribunales naturales.
Y es que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional a propósito de la inviolabilidad e inmunidad, aunque puede generalizarse a las demás prerrogativas, “encuentran su fundamento en el objetivo común de garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria… Al servicio de este objetivo se confieren los privilegios, no como derechos personales, sino como derechos de los que goza el parlamentario en su condición de miembro de la Cámara legislativa y que sólo se justifican en cuanto son condición de posibilidad del funcionamiento eficaz y libre de la institución -ATC 526/1986- y que, en la medida en que son privilegios obstaculizadores del derecho fundamental citado, sólo consienten una interpretación estricta -STC 5i/1985-, tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que les impone la Constitución, como en el teleológico de razonable proporcionalidad al fin que responden, debiendo rechazarse, en su consecuencia, todo criterio hermenéutico permisivo de una utilización injustificada de los privilegios, que conduzca a un resultado de privación, constitucionalmente ilícita, de la vía procesal pertinente prevista en la Ley” (STC 9/1990, de 18 de enero).
Con estos criterios parecen desmesuradas, y probablemente, inconstitucionales, tanto las vigentes previsiones de la LOPJ como la que pretende dotar de aforamiento total a la persona que ha dejado de ser Jefe del Estado y a su esposa. Cabe recordar que en otras monarquías europeas quienes han abdicado carecen de aforamiento. Pero también aquí España es diferente.

Prohibido prohibir símbolos republicanos.

En los tres últimos días hemos conocido, primero, que la Delegación del Gobierno en Madrid prohibió una serie de concentraciones republicanas y que dicha prohibición fue avalada, tras el recurso de los promotores, por el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma; segundo, que la Dirección General de la Policía comunicó que contaba con un informe de la Abogacía del Estado en el que se avalaba que los agentes impidieran el acceso con banderas y símbolos republicanos al recorrido que hizo Felipe VI por las calles de Madrid tras su proclamación en el Congreso de los Diputados; finalmente, y coincidiendo con ese recorrido, varias personas han sido detenidas por enseñar banderas republicanas. El argumento esgrimido en los tres casos por las autoridades gubernativas y judiciales es similar: la celebración de manifestaciones o concentraciones supondría un riesgo de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes, y la exhibición de banderas republicanas podría generar perturbaciones y riesgo de confrontaciones entre grupos de ideologías diferentes.
Pues bien, en los tres casos nos encontramos con un desconocimiento inexcusable de lo que son derechos fundamentales, protegidos por la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a la propia imagen y el derecho de manifestación.
En primer lugar, la prohibición de una concentración es la medida más drástica que prevé la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión pero no debe tomarse si es posible, como parece que lo era en este caso, proponer a los promotores un lugar, duración o itinerario distinto al inicialmente previsto. Desde luego, como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 170/2008), no se puede prohibir una manifestación por el mero hecho de que existan dudas de que pudiera producir efectos negativos, sino que se deben concretar las “razones fundadas de alteración del orden público” que se prevén, sin que lo sean, a nuestro juicio y de acuerdo con esa jurisprudencia, el mero hecho de que se celebre coincidiendo con la proclamación del nuevo Jefe del Estado, que se reivindique un cambio constitucional o la celebración de un referéndum sobre la monarquía. Por otra parte, el derecho de reunión incluye también, como ha recordado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Plattform “Ärzte für das Leben” v. Austria), la obligación de los poderes públicos de adoptar medidas positivas para que pueda celebrarse una concentración que “molesta o irrita a personas contrarias a las ideas o reivindicaciones que promueve”. Por tanto, no solo se incumplió la obligación de no impedir el ejercicio de este derecho, sino también la de promover su ejercicio.
En segundo lugar, la exhibición de símbolos republicanos (camisetas, banderas,…) puede hacerse de manera individual o colectiva; en el primer caso puede ser un mero ejercicio del derecho a la propia imagen, que protege la facultad de disponer de la representación del aspecto físico que permita nuestra identificación, o de la libertad ideológica, que tiene una dimensión interna –la inmunidad frente a los actos de compulsión del Estado para adoptar un ideario o expresar pública adhesión al mismo- y otra externa –la posibilidad de exteriorizar de manera pacífica las propias convicciones-. Si esos símbolos se muestran de manera colectiva entonces nos encontraremos en el ámbito protegido por la libertad de reunión o manifestación, cuyo único límite es que se haga de manera pacífica y sin portar armas. Y es que, como viene declarando de forma reiterada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –véase por ejemplo el caso Otegui Mondragón c. España relativo al alto nivel de crítica que debe aceptar el Jefe del Estado español-, la “expresión política” –y tal cosa es la exhibición de un símbolo republicano- exige un nivel elevado de protección y, precisamente, cuando el objeto del reproche o de la crítica es el gobierno o una institución del Estado el espacio permisible es especialmente amplio. En este misma línea, el Secretario General del Consejo de Europa, en su Informe sobre la situación de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en Europa, recordó el mes pasado que en un sistema democrático las voces críticas deben tener posibilidad de expresarse.
Prueba del alto nivel de protección que merecen estos derechos es que el propio Código Penal prevé como delito las conductas de las autoridades o funcionarios públicos que prohíban una reunión pacífica o la disuelvan fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes (artículo 540) o que, a sabiendas, impidan a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (artículo 542).

Y es que está prohibido prohibir el ejercicio de los derechos fundamentales.

Texto publicado en Agenda Pública el 20 de junio de 2014.

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