Apuntes mínimos sobre teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española (18): la eficacia horizontal de los derechos fundamentales.

A diferencia de los poderes públicos, los particulares se encuentran vinculados de forma “negativa” a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico: están también sujetos al respeto de los derechos fundamentales aunque no deben maximizar el ámbito de libertad protegido ni son los destinatarios de un deber de protección de los mismos, derivado de su dimensión objetiva. 

La posición de quienes se han opuesto a que los derechos fundamentales posean algún tipo de eficacia sobre los sujetos particulares o a que, en su caso, dicha eficacia sea directa e inmediata, se apoyan en que la libertad e igualdad garantizadas por el Estado constitucional democrático sirven al disfrute de una autonomía individual de la voluntad que se vería seriamente comprometida con la eficacia horizontal de aquéllos. Se parte de que los individuos ocupan una posición de libertad e igualdad natural por lo que sus relaciones sociales, presididas por la autonomía privada, deben ser ajenas a la regulación jurídico-pública que conllevaría la eficacia de los derechos fundamentales con el fin de evitar la quiebra de esta paridad consustancial a la sociedad. 

Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que profundas transformaciones sociales y económicas han conducido a una superación del individuo físico como unidad a la que referir la autonomía privada. Los procesos de concentración y monopolización del poder social, económico o informativo esconden la privilegiada posición de ciertos individuos u organizaciones cuyo predominio anula o compromete gravemente ese mínimo de libertad e igualdad que constituye el presupuesto de la autonomía privada. Una desnaturalización de los presupuestos de la autonomía privada que, además, amenaza con degradar el Estado liberal democrático, sustituyendo la soberanía de las generaciones vivas (libres e iguales) por una soberanía de esos poderes sociales hegemónicos. 

Precisamente por ello el texto constitucional español ha concebido al Estado, además de como Estado democrático de derecho, como Estado social, y ha encomendado a su aparato la remoción de los obstáculos que hacen que dicha libertad e igualdad individual o colectiva no sean reales y efectivas (art. 9.2 CE), con el fin de evitar la desnaturalización de las otras dos características estructurales del mismo. Un primer elemento al servicio de esta tarea es sin duda la extensión de la obligatoriedad de los derechos fundamentales a las relaciones jurídico-privadas. De ahí que, aunque el texto constitucional continúe viendo en la autonomía privada una de las expresiones de la libertad e igualdad garantizadas a los individuos, e incluso dé amparo constitucional a la formación de algunas de estas situaciones de predominio socioeconómico (como en la garantía de la libertad de empresa del art. 38 CE o en la garantía del derecho de propiedad y de herencia del art. 33 CE), no es menos cierto que en dichas situaciones deben cobrar también vigencia los derechos fundamentales en tanto principios objetivos que sirven de fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE) y de instrumento de alteración y configuración de las relaciones sociales. 

A la hora de atribuir eficacia a los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, la doctrina y la jurisprudencia constitucional, sobre todo la alemana, han barajado dos opciones. La primera, consistente en reconocer a los derechos fundamentales eficacia directa o inmediata, permitiría a los individuos invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales encargados de su garantía la lesión por parte de otro particular de los derechos y libertades constitucionalmente garantizados, haciéndolos valer como auténticos derechos subjetivos sin necesidad de la mediación del legislador.

La segunda opción, nacida como reacción ante las severísimas limitaciones que la primera impondría a la autonomía privada, confiere a los derechos fundamentales únicamente eficacia indirecta o mediata, por lo que los particulares sólo obtendrían su tutela a través de las posiciones jurídico-subjetivas que el legislador les haya atribuido al regular las relaciones privadas, esto es, sólo como consecuencia del desarrollo por parte de los poderes públicos de la dimensión objetiva de los derechos. 

Ahora bien, mientras la eficacia directa plantea en muchas ocasiones la dificultad de delimitar el contenido de los derechos fundamentales esgrimibles por los sujetos intervinientes en la relación jurídico-privada, la indirecta resulta difícilmente justiciable en caso de omisión legislativa o de una defectuosa transposición por el legislador, al considerar las posiciones jurídico-subjetivas de un particular frente a otro como huérfanas de iusfundamentalidad. 

Darle una solución a este problema no resulta fácil. Sin embargo, de lo expuesto anteriormente se desprende que la CE de 1978 ha querido atribuir a los derechos fundamentales una eficacia directa matizada. Desde esta posición no cabe concluir que los mismos sólo poseen eficacia de carácter legal en los términos establecidos por el legislador, aunque tampoco que todo el contenido de cualquier derecho fundamental es directamente oponible a los particulares. Es preciso delimitar correctamente el contenido del derecho fundamental que se esgrime en cada concreta relación jurídico-privada en función de la naturaleza del propio derecho y de la relación de que se trate, pues ambos pueden hacer variar la posición en la que se encuentra el particular y, con ello, la eficacia del derecho fundamental frente a los particulares. 

Para clarificar el significado de esta eficacia matizada veamos algunos de los argumentos utilizados por los defensores de la eficacia directa e indirecta respectivamente. Del lado de la eficacia indirecta se parte de considerar en su origen a los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, por lo que su eficacia entre particulares sería un efecto posterior que ha de ser derivado de su dimensión objetiva. Esto es parcialmente incierto, puesto que existen derechos fundamentales cuyo objeto es la garantía de un ámbito de libertad precisamente en las relaciones entre particulares, por lo que están concebidos para ser oponibles primordialmente frente a los particulares y sólo secundariamente frente al Estado (como el derecho de huelga del art. 28.1 CE, la libertad sindical del art. 28.2 CE, o el derecho a la negociación colectiva del art. 37 CE). Al mismo tiempo existen otros derechos cuyo objeto, al ser derechos de contenido básicamente participativo, les hace oponibles casi exclusivamente ante los poderes públicos (como el derecho de sufragio y el de acceso a cargos y funciones públicas del art. 23 CE, o el derecho a la legalidad penal del art. 25 CE). En muchos otros derechos está presente una eficacia pluridireccional, lo que les hace oponibles, en principio, con igual intensidad frente al Estado y frente a los particulares (piénsese en la libertad ideológica del art. 16 CE, en la libertad de expresión del art. 20 CE, en el derecho a la intimidad del art. 18.1 CE, etc…). 

Y del lado de la eficacia directa, se parte de que su concreción judicial pasa siempre por la técnica de la ponderación entre derechos, dada la igual posición que, en lo relativo a la posesión de derechos fundamentales, ocupan los sujetos de una relación jurídico-privada.  Y aunque existen relaciones privadas en las que ambos sujetos ejercen un derecho fundamental, como en las relaciones laborales por ejemplo, donde los poderes de dirección del empresario se amparan en su libertad de empresa del art. 38 CE, mientras que la libertad sindical o de expresión del trabajador lo hacen en el art. 28.2 CE y en el art. 20.1.a CE respectivamente, son posibles otras relaciones privadas en las que un sujeto ejerza derechos fundamentales y el otro, por el contrario, no (como, por ejemplo, en las relaciones paterno-filiales, donde los padres cumplen en virtud del art. 39.2 CE un mandato de protección del menor y no son titulares de derechos fundamentales frente a éstos, mientras que los hijos sí pueden recabar de sus padres el respeto de sus derechos durante el ejercicio de la patria potestad).

Esta última comprobación de la desigual posición jurídica iusfundamental en la  que se pueden encontrar los partícipes en una relación jurídico–privada viene a desmontar también otro presupuesto en el que se asientan los partidarios de una eficacia mediata de los derechos fundamentales, concretamente el relativo a su presunta igualdad (lo que explica la calificación de eficacia horizontal). La aparición de situaciones de predominio de unos sujetos sociales (empresarios, comerciantes, progenitores…) sobre otros (trabajadores, consumidores, hijos, etc…), termina por desmentir el mito de la libertad e igualdad naturales en el que se asienta el dogma de la autonomía privada y convierte muchas de las relaciones jurídico-privadas en relaciones análogas a la del poder público. Estas relaciones sociales desiguales pueden servir para desconocer la vigencia de las libertades constitucionalmente reconocidas, por lo que para prevenir dicha situación en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro sólo queda, ante la posible insuficiencia de la acción legislativa, el reconocimiento de una eficacia directa de los derechos fundamentales. 

Por ello, la capacidad de penetración de estos derechos en las relaciones privadas deberá ser tanto mayor cuanto mayor sea la asimetría de aquéllas, de forma análoga a lo que sucede con una relación de poder público. Tal es el caso de relaciones como la laboral, la paterno-filial o la de consumo en las que una de las partes ostenta una posición de clara superioridad fáctica frente a la otra y el objeto de la relación privada es un bien constitucionalmente garantizado por su escasez (trabajo) o por su importancia para el desarrollo social (patria potestad o consumo). La concreta eficacia que desplieguen los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares dependerá, sin embargo, de cada derecho y de cada relación.

Pd. Esta decimoctava entrada resume en muy pocas palabras la tercera parte del Capítulo VIII –»La eficacia de los derechos fundamentales”-, que redactó Benito Aláez. 

 

2 comentarios en “Apuntes mínimos sobre teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española (18): la eficacia horizontal de los derechos fundamentales.

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