Coranavirus SARS-CoV-2 y derechos fundamentales (2): la libertad de expresión.

Cualquier persona que use redes sociales o, más en general, utilice Internet habrá percibido el notable incremento de “tráfico” desde la expansión del coronavirus y, en particular, en España desde la declaración del estado de alarma: se dice, por ejemplo, que el uso de Twitter ha crecido un 23%, que cada 45 milésimas de segundo se publica un tuit sobre el Covid-19, que el hashtag coronavirus es el más utilizado este 2020 o que desde la declaración del estado de alarma se ha constatado un aumento del 80% del tráfico por Internet en España. En algunos casos este uso masivo tiene una finalidad exclusiva o principalmente de ocio o de sustituir por estas vías electrónicas las relaciones sociales presenciales –WhatsApp experimentó un aumento del 500% durante el primer día de vigencia del  estado de alarma– pero también para recibir o comunicar información y para ejercer la libertad de expresión. 

En esta entrada nos centraremos en este último derecho y, en particular, en su ejercicio a través de las redes sociales, que, ante la prohibición de salir a la calle salvo para realizar determinadas actividades y, como regla, en solitario, se ha convertido, por utilizar una expresión manida, en el ágora del momento, un ágora especialmente concurrida, caótica y convulsa, como lógica consecuencia de la gravedad de la crisis que nos afecta y de la globalización de sus efectos. 

Nuestra premisa es que, en general, las reglas que rigen la libertad de expresión en las redes sociales son las mismas que operan en otros ámbitos. Y, al respecto, hay que comenzar recordando que, según la clásica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ese derecho “constituye uno de los fundamentos esenciales de las sociedades democráticas, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de las personas” (asunto Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976). Y, lo que resulta de gran relevancia para el contexto que nos ocupa, eso vale “no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existen una “sociedad democrática” (asunto Handyside, cit.).

Quien se asome estos días a las redes sociales puede salir espantado por la virulencia de lo que ahí se dice; también relativamente tranquilo si es de quienes piensan que la función esencial de la libertad de expresión es asegurar la autodeterminación individual y es que no parece haber nada más sencillo y cómodo que “autodeterminarse” desde casa a través de Twitter o Facebook, incluso de forma anónima. 

Si, además, de lo que se habla de un asunto de interés general o que forma parte del debate político -y es evidente que la epidemia lo es- la libertad de expresión goza del máximo nivel de protección, por lo que toda interferencia sobre su ejercicio es considerada bajo una presunción de ilegitimidad que sólo puede levantarse si se justifica por la existencia de una “necesidad social especialmente imperiosa”. Este escrutinio estricto se justifica porque “la libertad de debate político pertenece al corazón mismo del concepto de sociedad democrática” (asunto Lingens c. Austria, de 8 de julio de 1986) y, en consecuencia, el margen de apreciación que le corresponde al Estado es especialmente limitado. Más aún, cuando el objeto de la crítica se centra en el gobierno (no solo el Gobierno central, claro; cualquier órgano político de decisión) “el espacio permisible para la crítica aún acerba e hiriente, incluso falsa si no hay mala fe, es especialmente amplio (asunto Castells c. España, de 23 abril 1992). Guste o no, el desempeño de un cargo público expone a la persona que lo ocupa “a un control minucioso de sus movimientos tanto por parte de los periodistas que por los ciudadanos de a pie; debe, por tanto, mostrar una mayor tolerancia… Tiene ciertamente derecho a que su reputación sea protegida, incluso fuera de la esfera de su vida privada, pero las exigencias de esta protección deben ponderarse con los intereses de la libre discusión de las cuestiones políticas, las excepciones a la libertad de expresión requieren de una interpretación restrictiva (asuntos Pakdemirli c. Turquía, 22 de febrero de 2005, y Artun y Güvener c. Turquía, de 26 de junio de 2007)…”  

En una línea similar, el Tribunal Constitucional español (TC) tiene dicho que sobre quienes ejercen responsabilidades públicas (STC 165/1987, de 27 de octubre, FJ 10) pesa “mayor tolerabilidad, o deber de resistencia a la crítica”, cuando la misma venga referida al ejercicio de su cargo. 

Y en cuanto al “estilo expresivo”, y sin perder de vista los efectos de la difamación en Internet, especialmente teniendo en cuenta la facilidad, alcance y velocidad de la difusión de información (asunto Delfi As. C Estonia -Gran Cámara-, de 16 de junio de 2015), se ha considerado que se deben tener en cuenta las particularidades del estilo de comunicación en las redes: las expresiones utilizadas en los comentarios, aunque pertenecientes a un registro de bajo estilo, son frecuentes en la comunicación en muchos portales de Internet, y esta consideración reduce el impacto que se puede atribuir a ese tipo de expresiones. 

Significa lo anterior que ahora se puede decir “cualquier cosa” en Internet y, en especial, en las redes sociales, sobre quienes están gestionando la crisis del coronavirus sin que ello tenga consecuencias de ningún tipo. No, quiere decir que “solo serán reprochables las expresiones intrínsecamente vejatorias, que resulten impertinentes e innecesarias para su exposición” (STC 56/2008, de 14 de abril, FJ 5) “o carentes de interés público (STC 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 3). Con carácter general, la jurisprudencia constitucional ha concluido que fuera del ámbito de protección de este derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental” (entre otras muchas, STC 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4). 

¿Y cómo se puede juzgar si una expresión es insultante u ofensiva en las redes sociales? Pues bien, al respecto, tenemos el muy reciente pronunciamiento del TC en el conocido “caso Strawberry): la STC STC 35/2020, de 25 de febrero, donde se recuerda, en primer término, la relevancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la exigencia de que cuente con un ámbito “lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor”, añadiendo algo ya bien sabido: no es un derecho absoluto y ello justifica “considerar necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia y que, del mismo modo, la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de la violencia para imponer criterios propios”. 

Y el TC concluye algo que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de dilucidar si una expresión ha dejado de ser ejercicio de un derecho fundamental: hay que atender al contenido, la emisión y los efectos de los mensajes, es decir, hay que valorar “…la importancia de los mensajes controvertidos desde el punto de vista de la formación de la opinión pública libre y del intercambio de ideas en consonancia con el pluralismo propio de una sociedad democrática”, en suma, hay que atender al contenido y la finalidad de los mensajes, a su autoría, contexto y circunstancias de quien los emite y de sus destinatarios. 

Finalmente, y como es obvio, que una expresión que nos disgusta, irrita u ofende sea ejercicio de la libertad de expresión no quiere decir que sea “intocable”: puede, por supuesto, despreciarse ignorándola o combatirse a su vez de manera vehemente por considerarla basura; esto último fue, por cierto, lo que recomendó Salman Rusdhie: “importa, siempre importa, llamar basura a la basura… hacer lo contrario es legitimarla”.

Un pensamiento en “Coranavirus SARS-CoV-2 y derechos fundamentales (2): la libertad de expresión.

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