¿Es transparente, accesible y participativa la iniciativa del Gobierno sobre transparencia y acceso a la información?.

Es conocido que el Gobierno español ha publicado el Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. También que ha abierto un proceso de consulta pública electrónica. Siendo novedosa en España esta posibilidad, si de lo que se trata es de promover la transparencia, la participación y el acceso ciudadano tendría que haberse hecho de manera más abierta: con más tiempo para participar y no únicamente 15 días; con más posibilidades y no el límite de 1024 caracteres, y con mayor posibilidad de interacción ycomunicación pues a la hora de participar no se puede ver qué es lo que ya han dicho y sugerido otras personas. Nada que ver con lo previsto en esta materia por la Comisión Europea, en Estados Unidos en el proyecto OpenCongress o lo que propone en España la Coalición Pro Acceso. Y eso sin entrar en algunos contenidos del Anteproyecto como los numerosos límites previstos en el artículo 10 (igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual e industrial, garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, protección del medio ambiente), el carácter negativo del silencio de la Administración (artículo 17), la inexistencia de una Autoridad independiente que garantice el ejercicio del derecho o la exclusión de la Casa Real (no mencionada en el artículo 2).

Cabe recordar, como explica Karl-Peter Sommermann (“La exigencia de una administración transparente en la perspectiva de los principios de democracia y del Estado de Derecho”, en Ricardo García Macho (ed.): Derecho administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 25), que la información sobre el funcionamiento de las instituciones y los actores responsables (transparencia institucional), sobre los procesos de formación de la voluntad (transparencia procedimental) y sobre el contenido de las decisiones y sus motivos (transparencia material) ayudan a los particulares a controlar mejor la actuación de los órganos públicos, a participar en los asuntos públicos y a facilitar la realización de sus derechos. La transparencia es un elemento esencial en la estrategia de restablecer la confianza en el sistema democrático y de salvaguardar el Estado de Derecho en una realidad cada vez más compleja.

Emilio Guichot (Transparencia y acceso a la información en el Derecho Europeo, Editorial Derecho Global, Sevilla, 2011) insiste en que “es esencial aprobar una norma sobre transparencia y acceso a la información en España que esté a la altura de los tiempos y adaptada a la creciente reivindicación de profundización democrática” y recuerda que “los países pioneros en el reconocimiento y regulación del derecho de acceso a la infor­mación pública se encuentran entre los más desarrollados del mundo desde una pers­pectiva democrática. Puede verse su trabajo Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y propuestas legislativas, Fundación Alternativas, 2011. Para información detallada es muy recomendable el portal Transparencia Internacional y esta entrada de Periodismo con futuro.

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