Amnistía fiscal o del fraude considerado como una de las bellas artes.

Representa un mantra en nuestra vida política e institucional la monótona repetición de que vivimos en un Estado de derecho. Que tal cosa “debe” ser así lo recuerda el artículo 9.1 de la Constitución cuando dice que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. En su apartado 3, ese precepto “garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa,…, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. No obstante, y como es bien conocido, podemos poner numerosos ejemplos de ciudadanos y de poderes públicos que tratan de escaparse a esa sujeción, lo que  atenta contra el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad. Una muestra bien reciente y harto significativa la encontramos en el Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo donde se ha publicado el Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Y es que, en lo que se refiere a la exención de responsabilidad penal para los defraudadores tributarios, dicho Decreto-ley es inconstitucional por razones formales y materiales.

Desde un punto de vista formal, y en primer lugar, no concurre el presupuesto que, según el artículo 86 de la Constitución, habilita al Gobierno para aprobar una norma de esta índole: no existe una situación “extraordinaria” –en el sentido de imprevisible- ni “urgente” –que no pueda ser regulada a través del procedimiento legislativo ordinario- que justifique la aprobación de este Decreto-ley en la materia que nos ocupa: luchar contra la defraudación fiscal no es ahora más urgente que lo ha sido en el pasado ni puede quedar fuera de previsión alguna la existencia de importantes cantidades de dinero oculto al erario público. El propio Decreto-ley omite toda justificación sobre estas exigencias y se limita a decir, en un lenguaje manifiestamente mejorable, que “se considera importante favorecer que los obligados tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando también situaciones pasadas, siguiendo en esta línea la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o, en su caso, antes de la interposición de denuncia o querella…”.

En segundo lugar, un Decreto-ley no puede “afectar… a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I” y la Disposición Final Primera del Decreto-ley 12/2012 lo hace al exonerar de responsabilidad penal a la persona que haya “regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria”. Y estos argumentos no tendrían que resultarle extraños al Gobierno si tenemos en cuenta lo dicho por el Tribunal Constitucional en la sentencia 182/1997 dictada como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad planteado por diputados del Partido Popular contra la introducción de modificaciones vía Decreto-ley en la Ley del IRPF: “esa incidencia esencial del precepto legal enjuiciado sobre el deber constitucional de contribuir conlleva, lisa y llanamente, la vulneración de uno de los límites materiales con que el art. 86.1 CE circunscribe el uso de la potestad normativa que el Gobierno puede ejercer mediante el Decreto-Ley”.

Por lo que respecta a las cuestiones de fondo, no se respeta el mandato del artículo 31 de la Norma Fundamental conforme al cual “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”. Esta exigencia no se cumple al permitirse que, con independencia de la cantidad defraudada,  bastará con “ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos…, el porcentaje del 10 por ciento”, sin “exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos”. Y debe recordarse, como hacía el Tribunal Constitucional en la sentencia citada, que es a través de los impuestos, y singularmente con el IRPF, “como se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad,… para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de justicia tributaria que impone el art. 31.1 de la Constitución”.

Ya puestos a perpetrar estos despropósitos se echa en falta en la redacción de este Decreto-ley el arte que atesora el cuento de Thomas de Quincey Del asesinato considerado como una de las bellas artes. Parafraseando a este autor, el crimen fiscal es repudiable, pero una vez cometido algo habrá que sacar de él (en nuestro caso un recargo del 10%) y aunque el pueblo se recree en lo morboso la gente refinada siempre encontrará en este delito la elegancia de las auténticas obras de arte. No obstante, el Gobierno no debiera olvidar que si empieza por ahí, pronto no le dará importancia al robar, del robo se pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente (artículo de opinión que he publicado en la edición del 12 de abril de 2012 de el diario El Correo).

Anuncios

2 pensamientos en “Amnistía fiscal o del fraude considerado como una de las bellas artes.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s