En su esperpéntica reunión del jueves 24 de mayo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó los 20 viajes de fin de semana –aunque alguno por su duración fue de casi media semana- que su Presidente, Carlos Dívar, realizó a Puerto Banús (Marbella) y que han supuesto el pago de miles de euros con cargo a los Presupuestos del propio Consejo. A título de ejemplo, uno de los viajes cuyos gastos se describen en la denuncia se desarrolló del 11 (sábado) al 15 (miércoles) de septiembre de 2010 e implicó el pago de billetes del AVE en clase club, un traslado en barco a Ceuta y el uso de un Mercedes 500, así como el alojamiento en un hotel de gran lujo en Puerto Banús, las comidas en el restaurante de la piscina y en la habitación, así como las bebidas en el bar de la piscina, en el bar del hotel y las consumiciones del minibar.
Pues bien, en el mencionado Pleno, según han informado varios medios de comunicación –nada se indica al respecto en la página web del CGPJ-, cuatro vocales se sumaron a la petición de dimisión de Dívar, que ya había formulado el vocal José Manuel Gómez Benitez. Por su parte, el Presidente ha anunciado que ni dimite ni va a dar explicaciones a la prensa. Lo sorprendente, o no, es que otros siete vocales han solicitado que el que dimita sea el denunciante Gómez Benitez por haber interpuesto dicha denuncia ante la Fiscalía General del Estado en lugar de haber planteado su queja ante el propio CGPJ.
Pero la sorpresa, o no, ya la había dado la Fiscalía ante el Tribunal Supremo pues, según explica en una nota oficial de prensa [las cursivas son mías], el hecho de abonar determinados viajes con cargo a su dinero, o el hecho de no cargar en alguno de ellos la manutención y el alojamiento, o el hecho de individualizar lo privado de lo público, pagándose el alojamiento y la manutención en determinados días demuestran, a juicio del Fiscal, “la inexistencia de una intención de lucrarse o de aprovecharse en su beneficio que el tipo penal exige como requisito indispensable para su aplicación”. El Fiscal concluye que “no existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del Presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal”. Para la Fiscalía no importa, pues, lo que haya ocurrido con los otros días, viajes o gastos sufragados por el CGPJ.
Al margen ya de si los hechos son, o no, constitutivos de delito, el señor Dívar se ha negado a dar información sobre el objeto de sus visitas alegando que no tiene obligación de revelar la identidad de las personas con quienes se ha entrevistado. Sin embargo, como recuerda en un comunicado del día 22 de mayo la asociación Jueces para la Democracia, la propia resolución de archivo por parte de la Fiscalía sugiere una realidad carente de mecanismos reales de control de parte del gasto originado, desde el momento en que no resulta preceptivo informar sobre la causas que motivan viajes, atenciones protocolarias y otros semejantes, imposibilitando cualquier verificación tanto de los servicios internos como de la Intervención General del Estado. En ese mismo comunicado se añade que la legitimidad democrática de la institución y de sus integrantes es inseparable de la obligación de que éstos respondan de sus acciones ante la ciudadanía, bien rindiendo cuentas de su actividad, bien, en última instancia, mediante la dimisión de sus miembros cuando se considere que se han cometido graves errores durante el ejercicio del cargo.
Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales han pedido la dimisión de Dívar, cosa que el Presidente ha rechazado pues eso se interpretaría “como una asunción de responsabilidades”. Que el Presidente del CGPJ se niegue a dimitir en un país en el que ese verbo apenas se conjuga no extraña mucho; sorprende un poco más, o no, que otros 15 vocales no se lo exijan o que, directamente, 13 de ellos no se hayan planteado acordar su cese, como permite el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Quizá es que nuestra realidad institucional se está aproximando mucho a la italiana, donde, como denuncia Stefano Rodotà (Elogio del moralismo), se asiste a una inadmisible privatización de la esfera pública, no solo a causa de la brutal apropiación de recursos públicos para satisfacer intereses privados, sino también, y de modo especial, porque las instituciones se han plegado a la pretensión, nunca abandonada, de crear una red de protección cada vez más resistente a favor de corruptos, corruptores e inmorales. Sostiene Rodotà que si los cargos públicos no quieren transformarse en una “casta” deben mantener la legitimidad pública y la confianza de los ciudadanos. Y la ausencia de actos delictivos no resuelve el problema de comportamientos deshonestos e indignos sobre el modo de ejercicio del poder.
Pd. En la página del CGPJ está disponible este didáctico vídeo en el que Carlos Dívar explica los cambios y mejoras de la web del CGPJ. Nada se dice en dicha página sobre sus viajes, la denuncia que han provocado ni que, después del Rey, gana el salario más alto como titular de una institución del Estado: 130.152’62 euros.
Texto publicado en la Nueva España el 28 de mayo.
El derecho y el revés 
Pero, Miguel, ¿cómo van a obligarlo a dimitir, si -diga lo que diga la LOPJ-, no lo eligieron ellos? Cada uno de los mandatos del CGPJ se inaugura con el bochornoso espectáculo de los vocales «haciendo cómo que eligen presidente» a un candidato que ha sido designado por los partidos políticos y que siempre se conoce públicamente antes de la presunta elección. Lo que mal empieza, mal acaba.