El Consejo Fiscal “desmonta” el Anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Acaba de conocerse el Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (puede descargarse en formado Word).

Dicho Informe es muy crítico con el Anteproyecto y señala, entre sus múltiples defectos e indicios de inconstitucionalidad, los siguientes:

1.- el excesivo margen de discrecionalidad policial en algunos casos,

2.- las dudas de inconstitucionalidad en materia de retención de personas,

3.- la falta de tipicidad de numerosas disposiciones (y la consiguiente merma de seguridad jurídica) hasta el punto de que el Consejo alude a “términos excesivamente amplios, no lo suficientemente precisos, concretos y taxativos como para colmar sin duda alguna las exigencias del principio de tipicidad”;

4.- le reprocha introducir en el derecho administrativo sancionador conceptos propios de la dogmática jurídico-penal, cuya ventilación en un procedimiento administrativo sancionador se advierte harto complicada;

5.- previene contra “el riesgo de configurar una responsabilidad objetiva o sin culpa”;

6.- le reprocha que no incorpore “la posibilidad, prevista en el artículo 25.2 de la LO 1/92, de suspender la sanción por consumo o tenencia de sustancias en los casos en que el autor se someta a tratamiento de deshabituación”;

7.- avanza que la sanción por el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “puede suponer, a entender del Consejo Fiscal, una limitación no justificada del derecho a la información sobre actividades o conductas de autoridades o funcionarios públicos”;

8.- en cuanto al “procedimiento sancionador, artículos 43 a 55) se corre el peligro de que la sanción se imponga pese a la pendencia del procedimiento penal, pese a la condena de los autores del delito o cuando el procedimiento penal se archive por falta de autor conocido, e incluso que la sanción administrativa recaiga sobre otras personas no sometidas al proceso por falta de pruebas contra ellas. En todos esos casos se podría vulnerar el principio non bis in idem”.

Seguiremos informando.

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