Pastafarismo y libertad religiosa.

Con fecha de registro de salida de 29 de noviembre de 2016, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, remitió una “Resolucion denegando la inscripción de la Iglesia Pastafari en el Registro de entidades religiosas”. En términos técnicos lo que se deniega no es la iglesia sino su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, pero lo que aquí interesa es la motivación que se da para justificar la negativa.

Se dice en los Fundamentos de Derecho Segundo, Tercero y Cuarto que la inscripción en ese Registro otorga personalidad jurídica a las entidades inscritas y, por tanto, es necesario ir más allá de unos controles formales de la solicitud y verificar la correspondencia entre la declaración formulada y la realidad, de manera que únicamente se inscribirán las solicitudes que cumplan la normativa vigente, remitiéndose al respecto al artículo 3.2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (Quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades, finalidades y Entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos) y a la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero,  donde se dice que “la articulación de un Registro… no habilita al Estado para realizar una actividad de control de la legitimidad de las creencias religiosas de las entidades o comunidades religiosas, o sobre las distintas modalidades de expresión de las mismas, sino tan solo la de comprobar, emanando a tal efecto un acto de mera constatación que no de calificación, que la entidad solicitante no es alguna de las excluidas por el art. 3.2 LOLR, y que las actividades o conductas que se desarrollan para su práctica no atentan al derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales, ni son contrarias a la seguridad, salud o moralidad públicas, como elementos en que se concreta el orden público protegido por la ley en una sociedad democrática, al que se refiere el art. 16.1 CE”.

Dicho lo anterior, en el Fundamento Quinto se ofrecen los argumentos que justificarían la denegación de la inscripción registral y se señala, en primer lugar, que “se trata de una solicitud falta de seriedad y que constituye una burla de los principios y dogmas de fe habituales en otras religiones”. A esa conclusión se llega tras la lectura de los artículos 3, 4 y 5 de los Estatutos de la Religión Pastafari.

La pregunta que cabría hacerse es qué significa la “seriedad” a la hora de valorar la inscripción de una concreta religión, requisito que ha sido avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: para que una “convicción” cuente con protección prima facie debe tratarse de “ideas que alcancen cierto nivel de fuerza, seriedad, coherencia e importancia” (asunto Campbell y Cossan c. Reino Unido, de 23 febrero de 1982, ap. 36). En la resolución que comentamos la seriedad parece contraponerse a lo jocoso o bufo (sexta acepción de la palabra serio/a según el Diccionario de la RAE) pero ese no puede ser el sentido jurídico exigible al ejercicio de un derecho fundamental. ¿Dónde está la exigencia constitucional de que la religión sea un fenómeno exento de alegría, no jocoso? Tampoco cabe entender por “seriedad” que se defiendan postulados más o menos racionales, pues estamos hablando de religión y no de ciencia.

La seriedad estaría vinculada al modo de proceder y a la importancia de esas convicciones para los creyentes, con lo que otro de los argumentos del Ministerio de Justicia caería por su propio peso: se dice que ya se rechazó anteriormente (en 2010 y 2011) la inscripción de esta religión. Pues bien, esa persistencia podría ser una prueba de la seriedad de las intenciones; otras pruebas han sido admitidas en el Derecho comparado: así, como se expone en esta entrada de la Wikipedia, tanto en Austria como en la República Checa existen casos de ciudadanos que lograron obtener documentos oficiales, tales como el permiso de conducir o el carnet de identidad, con fotografías en las que se mostraban con un colador de pasta en la cabeza. Ambos países permiten llevar la cabeza cubierta por motivos religiosos e identifican el colador como una prenda religiosa pastafari. En el caso austriaco, al solicitante se le exigió contar con la autorización de un médico para declarararlo psicológicamente apto para conducir, que obtuvo sin problemas.  Y parece que tanto Holanda como Nueva Zelanda reconocen las bodas pastafaris.

Se dice también que el pastafarismo constituye una burla de los principios y dogmas de fe habituales en otras religiones” pero eso, de suyo, no tendría entidad suficiente para utilizarse administrativamente contra la inscripción registral; como también ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “el papel de las autoridades en una situación de conflicto entre, o en el seno de los grupos religiosos, no es la de eliminar la causa de la tensión eliminado el pluralismo, sino asegurar que los grupos rivales se toleren mutuamente” (asunto Santo Consejo Supremo de la Comunidad Musulmana c. Bulgaria, de 16 diciembre de 2004, ap. 96).

En segundo lugar se argumenta que el origen del pastafarismo no estuvo vinculado al objetivo de crear ninguna religión. ¿Y si esa pretensión inicial no religiosa deriva luego en un fenómeno religioso? ¿Es que las religiones ya inscritas surgieron siempre con pretensiones religiosas?

Finalmente, se insiste en que la “Religión Pastafari” es una pura parodia y una burla, de la que serían buena prueba los principios y dogmas enumerados en los artículos 3, 4 y 5 de los Estatutos. Pero lo que tendría que valorarse es si esas actividades o conductas que se desarrollan para su práctica atentan al derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales o son contrarias a la seguridad, salud o moralidad públicas. En mi opinión no parece que los mandamientos pastafaristas lo sean y, ya puestos, convendría entonces preguntarse si están correctamente inscritas religiones que excluyen a las mujeres de parte importante de sus actividades o que han cuestionado e, incluso, perseguido la libertad de orientación sexual. Y si hablamos de seriedad como opuesto a jocoso, habría que cuestionarse la inscripción de religiones que, por ejemplo, sostienen la existencia de milagros.

Volviendo a los peculiares principios del pastafarismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que “la libertad de manifestación de la propia religión protege también la dimensión colectiva del fenómeno religioso y protege, de este modo, la libre organización y funcionamiento de las comunidades religiosas frente a las injerencias del Estado”. Como ha reconocido el Tribunal, “la autonomía de las comunidades religiosas es indispensable para el pluralismo en una sociedad democrática y se encuentra por tanto en el centro mismo de la protección que ofrece el artículo 9″ (asunto Hassan y Tchaouch c. Bulgaria, de 26 octubre de 2000).

En suma, Ministerio de Justicia, ¿por qué no dejar que cada uno decida en qué quiere creer? Registren la Religión Pastafari y hagan así más plural el mercado de las ideas religiosas. Ramén.

Aquí puede leerse más información sobre la Iglesia Pastafari.

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El derecho a morir ( V Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias).

Entre el 2 y el 30 de enero se celebra la V Muestra de Cine social y Derechos Humanos de Asturias organizada por Acción en Red y Amnistía Internacional y con la colaboración de otras entidades, entre ellas Derecho a Morir Dignamente de Asturias. El día 23 se proyecta la película italiana Miele, de Valeria Gorino, en la que se trata la cuestión del “derecho a decidir” sobre la propia vidaA petición de Derecho a morir dignamente de Asturias redacté el siguiente texto, que se difundirá, junto con los relativos a otras cuestiones del ciclo, a  lo largo de la Muestra.

El derecho a morir

En España se ha hablado mucho del derecho a decidir pero casi siempre desde una óptica colectiva y no desde una perspectiva personal. Ese derecho, que no está configurado de manera autónoma en la Constitución, protege la autodeterminación de la persona en lo que dependa de ella y lo hace frente a las limitaciones que pretendan imponerle el Estado u otros particulares.

A diferencia de lo que sucede en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, en nuestro país esta garantía no se extiende a las decisiones relativas al final de la vida, lo que no deja de ser paradójico pues si es posible, legalmente, renunciar a un tratamiento médico con la certeza de que esa decisión provocará la muerte, ¿por qué es de peor condición la voluntad de la persona que tiene la “mala suerte” de vivir sin tratamiento? Y, sin embargo, lo es hasta el punto de que el artículo 143.4 del Código Penal castiga a quienes de manera altruista ayuden a morir a otra persona, incluso aunque hubiera una petición expresa, seria e inequívoca de ésta y sufriera padecimientos permanentes y difíciles de soportar.

Bien entrado el siglo XXI sigue anclado en nuestro ordenamiento una suerte de deber absoluto de vivir, incluso aunque esa vida sea una sucesión de padecimientos crueles e inhumanos, a los que únicamente cabe poner fin o bien de manera clandestina y con riesgo de un proceso penal para los cooperadores o bien, si uno dispone de recursos para ello, trasladándose a un país como Suiza, donde un extranjero no encuentra impedimentos legales para morir.

Frente a la clandestinidad o el exilio, la sociedad española tiene que movilizarse exigiendo cambios legales que garanticen el derecho a morir, para lo que contamos con abundante experiencia en los países antes citados; así, en Holanda el ejercicio de este derecho exige que la petición sea reiterada y refleje la voluntad de una persona capaz, que esa persona tenga un padecimiento insoportable y sin esperanzas de mejora, que dos o más médicos certifiquen la situación y que la intervención se haga con la máxima profesionalidad y cuidado. El debate más reciente en la sociedad holandesa tiene que ver con la posible extensión de este derecho a personas que, por las circunstancias que sean, no quieren seguir viviendo.

Por supuesto, dado que hablamos de un derecho a nadie se obligaría a ejercerlo y se deben establecer condiciones que aseguren el carácter libre y meditado de la decisión. También hay que demandar que se trate de una prestación que forme parte del sistema sanitario público y, correlativamente, que se garantice un funcionamiento eficaz de los cuidados paliativos.

Como dejó dicho Ronald Dworkin, la autonomía alienta y protege la capacidad general de las personas para orientar sus vidas según su criterio, el criterio de lo que es importante por y para ellas. Es momento de reivindicar nuestra autonomía personal para el último viaje y ello, en palabras de Ramón Sampedro, porque una vida que quita la libertad no es vida.

Pd. (no incluida en la publicación). El pasado 6 de febrero de 2015 el Tribunal Supremo de Canadá resolvió el caso Carter v. Canada (Attorney General) y declaró, por unanimidad, el carácter inconstitucional de la tipificación como delito del auxilio al suicidio. El asunto fue promovido en origen por las señoras Gloria Taylor y Kay Carter; la primera, enferma de ELA; la segunda, aquejada de estenosis espinal. En la sentencia del Tribunal Supremo se incluye el siguiente testimonio de la señora Taylor, fallecida, igual que la señora Carter, antes de que se dictara la sentencia:

I do not want my life to end violently.  I do not want my mode of death to be traumatic for my family members.  I want the legal right to die peacefully, at the time of my own choosing, in the embrace of my family and friends. 

I know that I am dying, but I am far from depressed.  I have some down time – that is part and parcel of the experience of knowing that you are terminal.  But there is still a lot of good in my life; there are still things, like special times with my granddaughter and family, that bring me extreme joy.  I will not waste any of my remaining time being depressed.  I intend to get every bit of happiness I can wring from what is left of my life so long as it remains a life of quality; but I do not want to live a life without quality.  There will come a point when I will know that enough is enough.  I cannot say precisely when that time will be.  It is not a question of “when I can’t walk” or “when I can’t talk.”  There is no pre-set trigger moment.  I just know that, globally, there will be some point in time when I will be able to say – “this is it, this is the point where life is just not worthwhile.”  When that time comes, I want to be able to call my family together, tell them of my decision, say a dignified good-bye and obtain final closure – for me and for them.

My present quality of life is impaired by the fact that I am unable to say for certain that I will have the right to ask for physician-assisted dying when that “enough is enough” moment arrives.  I live in apprehension that my death will be slow, difficult, unpleasant, painful, undignified and inconsistent with the values and principles I have tried to live by. . . What I fear is a death that negates, as opposed to concludes, my life.  I do not want to die slowly, piece by piece.  I do not want to waste away unconscious in a hospital bed.  I do not want to die wracked with pain.

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Desidia institucional ante los derechos de las personas con discapacidad.

El artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Ese reconocimiento lleva aparejada la garantía de la capacidad de obrar, por lo que cualquier limitación de esa capacidad afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 de la Constitución española). Por este motivo, la incapacitación total o parcial de una persona debe llevarse a cabo a través de un procedimiento judicial en el que estén plenamente asegurados sus derechos, incluido el de ser oída y presentar las alegaciones que estime pertinentes, y todo ello con el propósito de verificar si tiene capacidad de discernimiento suficiente para ejercer sus derechos y tomar las decisiones que mejor se ajustan a las propias convicciones sin ocasionar daño a los demás. Cuando quede acreditado que no es así, habrá que adoptar las medidas adecuadas para que, a través del obrar de otra persona (progenitores, tutor,…) se satisfagan de la mejor manera posible los derechos e intereses de la persona incapacitada.

Con estas premisas, es inaceptable -y gravemente lesiva de la dignidad de las personas- la nueva redacción que se ha dado al artículo 56 del Código Civil por  la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, y que entrará en vigor el 30 de junio de 2017: “Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.

Cabría pensar que se trata de un intento de adaptación al concepto de personas con discapacidad contenido en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: “Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. Pero, lo cierto es que con esta reforma del Código Civil se coloca en el mismo plano, en lo que respecta al libre desarrollo personal, a las personas con una discapacidad mental o intelectual y a las que padecen una sensorial, como la sordera o la ceguera, que en absoluto, y a priori, impiden a la persona gobernarse por sí misma ni la incapacitan para tomar con libertad la decisión de contraer matrimonio con una persona a la que no pueden ver o escuchar.

Procede, pues, derogar la exigencia de ese dictamen médico para las personas con deficiencias sensoriales aunque parece que la chapuza legislativa que supuso su aprobación quiere enmendarse con otra chapuza “técnica”: aprobar una Circular de la Dirección General de los Registros y el Notariado que prevea una interpretación muy restrictiva de las exigencias del nuevo artículo 56 del Código Civil. No se entiende esta desidia para corregir lo que a todas luces es una manifiesta estupidez del Legislador: causa un grave perjuicio a un grupo de personas sin que suponga beneficio alguno para nadie.

Pero la pereza no parece ser patrimonio del Legislador: estos días el Tribunal Constitucional, a través de un Auto de 28 de noviembre, ha rechazado admitir a trámite un recurso de amparo presentado por una mujer con una discapacidad intelectual a la que en un proceso de incapacitación parcial se le consideró carente del discernimiento mínimo para poder votar. Es conocido que la Ley Electoral, de 1985, prevé que carecen del derecho de sufragio “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” (art. 3.1.b), pero también lo es que España forma parte de la más reciente Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, de 2006, donde se garantiza “a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás”, incluido el derecho de voto (art. 29).

No se trata, en mi opinión, de que en todo caso pueda votar una persona con una grave discapacidad intelectual si eso le altera profundamente la percepción de la realidad, sino de que pueda votar si no existe tal alteración profunda y siempre que se haya constatado con pruebas adecuadas tal circunstancia, lo que tiene que ser algo distinto a una especie de “examen de cultura política”, que supondría revivir un decimonónico y discriminatorio sufragio capacitario.

Por eso era importante que el Tribunal Constitucional hubiera admitido ese recurso de amparo, como pidieron la Magistrada Adela Asua y el Ministerio Fiscal; ello le habría permitido valorar, en su caso, si la vigente Ley Electoral garantiza de manera adecuada los derechos políticos de las personas con discapacidad, máxime considerando que se está hablando de casi 100.000 personas que no pudieron votar en las pasadas elecciones del 26 de junio. Era la primera ocasión que el Alto Tribunal tenía para entrar a analizar esta cuestión pero a la mayoría de los Magistrados que rechazaron el recurso no pareció impresionarles y concluyeron, con manifiesta pereza institucional, que el asunto no tenía suficiente relevancia constitucional.

Una persona con discapacidad sabe enseguida que tiene que hacer frente a un ingente número de obstáculos para ejercer los derechos que le corresponden pero debe ser muy decepcionante que los mismos provengan de instituciones que, precisamente, están obligadas por la Constitución a removerlos.

Texto publicado en La Nueva España el 4 de enero de 2017.

Gran Hermano en la Comunidad de Madrid.

En su reunión de 13 de diciembre de 2016 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó “el Proyecto de ley sobre la igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio, la discriminación y la intolerancia en la Comunidad de Madrid” (agradezco a la profesora y abogada Verónica del Carpio su difusión). Su objetivo (art. 1) es garantizar “el derecho a la igualdad de trato, el respeto de la dignidad de las personas y la protección contra cualquier forma de discriminación, acto de intolerancia y conducta que pueda incitar al odio en la Comunidad de Madrid”.

Es sabido que la lucha contra la discriminación y la promoción de medidas para la igualdad real de las personas y de los grupos en los que se integran son obligaciones de todos los poderes públicos según lo previsto en los artículos 14 y 9.2 de la Constitución, por lo que, a priori, no habría que cuestionar la oportunidad de este proyecto, máxime en lo que se refiere a la regulación de acciones de sensibilización, ayuda a las víctimas de discriminación,… Lo que sucede es que si leen otras partes del Proyecto surge cierta preocupación.

En primer lugar, se trata de un texto mal escrito, con abundantes errores de puntuación y plagado de redundancias y obviedades; por ejemplo, el proyecto se inspira en “el principio de igualdad ante la ley, según el cual, las personas son iguales ante la ley…” y en el “principio de no discriminación, que implica que nadie podrá ser discriminado…” (art. 2.1.a y b).

En segundo lugar, el Proyecto se dedica a definir conceptos como “actos de intolerancia” o “discurso de odio” -lo que luego implicará importantes consecuencias sancionadoras de hasta 20.000 euros- y al hacerlo está delimitando el ejercicio de la libertad de expresión. Este derecho fundamental no ampara conductas insultantes porque la propia Constitución ya prevé la necesidad de proteger otros derechos y, no en vano, ya existe una Ley Orgánica de 1982, de protección civil al honor, y se contempla en el Código Penal el delito de injurias. Pero el Legislador -en este caso, autonómico- no puede crear límites que no estén en la propia Constitución y eso es lo que, en apariencia, se hace en el Proyecto al definir los actos de intolerancia como los que expresan falta de respeto, rechazo o desprecio por la dignidad de las personas, sus culturas, sus formas de expresión, sus características, convicciones u opiniones,… (art. 8). ¿Por qué no se va a poder despreciar o rechazar otra cultura u otras convicciones u opiniones? Debe recordarse que el ejercicio de la libertad de expresión no puede supeditarse a su conformidad con las ideas y opiniones mayoritarias o socialmente aceptadas sino que ampara, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Handyside c Reino Unido, de 1976, y, mucho más recientemente, caso Otegui c. España, de 2011), “aquéllas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población”. Y ello porque la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales del progreso y esa es la exigencia del pluralismo y el espíritu de apertura sin los que no existe una sociedad democrática.

En tercer lugar, si la falta de precisión jurídica está presente en numerosos artículos, alcanza su culminación en el artículo 21, donde se dice que “los medios de comunicación, internet y las redes sociales respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación, actos de intolerancia o acciones que puedan incitar al odio…” Si a veces no sabemos con precisión qué es un medio de comunicación -¿lo es el editor de un blog, una persona que tuitea,…?-, ¿cómo sabremos quién es esa “internet” que debe respetar la igualdad de trato y abstenerse de realizar actos de intolerancia? ¿Cualquier usuario de las redes sociales?

Finalmente, la Comunidad de Madrid se arroga la competencia para investigar y sancionar las conductas intolerantes. ¿Cómo hará, teniendo en cuenta que carece del poder propio de la autoridad judicial, para “investigar” lo que se diga, por ejemplo, en Facebook o Twitter. ¿Cómo conocerá la identidad del presunto responsable? ¿Cómo sabrá que el titular de una cuenta en esas redes es la persona que emitió las expresiones? Y dado que la Ley estará en vigor exclusivamente en la Comunidad de Madrid, ¿cómo conocerá que, efectivamente, se está actuando en “su” territorio? Ya puestos, ¿aprovecharán los residentes en Madrid las escapadas de fin de semana para desahogarse en las redes sociales de provincias?

Ahora que el Gran Hermano de ficción está en horas bajas de audiencia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid parece promover un Gran Hermano “real” al que incorpora una importante diferencia: los exabruptos y salidas de tono no engrosarán los bolsillos de personas zafias y maleducadas sino las arcas de la Comunidad madrileña.

Texto publicado en El periódico el 22 de diciembre de 2016.

Una Universidad dinámica, renovada y transparente.

Hoy se cumple el 80 aniversario de la fundación del periódico La Nueva España y, con tal motivo, este medio de comunicación nos solicitó a 80 personas de diferentes ámbitos una propuesta que, de alguna manera, sirviera a la Comunidad Autónoma asturiana. Aquí pueden leerse las 80 ideas.

Yo aposté por una Universidad dinámica, renovada y transparente, que se adapte a los cambios sociales, económicos, científicos y culturales y sea capaz de influir en ellos.

Asturias necesita una Universidad más dinámica, capaz de adaptarse a la cambiante situación social, económica, científica y cultural. Con este fin, de la Universidad tienen que salir graduadas personas con una formación que les permita desempeñar los nuevos trabajos que la sociedad demanda y que ya no cabe concebir de la manera estática propia del siglo pasado. Para ello, la Universidad debe evaluar sus servicios y corregir las prácticas deficientes o desfasadas y tiene que mantener vínculos con quienes se han graduado en sus aulas para ofrecerles la posibilidad de estudios complementarios o más especializados (Másteres, Doctorados, Títulos propios,…) Si parece claro que en el presente siglo uno deberá formarse a lo largo de toda su vida, la Universidad no puede desentenderse de lo que será buena parte de la existencia media de cualquier persona. Y no se trata de limitarse a reproducir lo que ya se hace bien en otros lados sino de pensar en proyectos nuevos que, por su contenido y/o metodología, puedan ser atractivos para personas de otras Comunidades Autónomas y de otros países. A este respecto, es nefasta la actual política de precios para estudiantes no europeos: si a una persona argentina, brasileña o colombiana, por citar algunas nacionalidades, les cuesta matricularse en un Máster casi 5.000 euros (el triple de la matrícula “normal”) es probable que personas interesadas, y que pueden llevar  experiencias y conocimientos a sus países, no vengan a nuestra Universidad. Una revisión de esos precios, que compete a la Universidad y al Principado, es de suma urgencia.

Además de adaptarse a los cambios, la Universidad tiene que participar en ellos, ofreciendo respuestas a los diferentes problemas de nuestro tiempo: el bioquímico López Otín es el espejo en el que debemos mirarnos pero hay muchos más colegas que son protagonistas de estas transformaciones; a título de ejemplo, y en ciencias sociales, el profesor Fernández Teruelo y sus propuestas para combatir la violencia de género.

Pero para ser dinámicos se requiere la renovación del profesorado: cada vez hay más áreas de conocimiento con una media de edad superior a los 50 años y algunas con buena parte de sus integrantes próximos a la jubilación. ¿Quién les sustituirá en pocos años? ¿Aceptará la sociedad asturiana que se improvise de manera chapucera la formación de quienes van a operarnos en los hospitales, de quienes diseñarán las máquinas que necesitaremos, de los que tendrán que aconsejarnos legal o económicamente,…? Después de un considerable esfuerzo económico de todos para costear los estudios, cada año terminan sus grados personas con gran talento y vocación docente e investigadora que, en lugar de tener una oportunidad en esta Universidad, acaban emigrando a sitios donde se les valora y promueve. Además de retener el talento propio, hay que intentar captar el que estaría encantado de venir aquí, desde otras partes de España o desde otros países, si no lo recibiera un laberinto administrativo y económico que desalienta al más optimista.

Para captar ese talento extraño así como el interés de quienes pueden demandar nuestros servicios y, sobre todo, para rendir cuentas a la sociedad que nos mantiene, la Universidad tendría que ser el paradigma de la transparencia y no, como ocurre ahora, una de las instituciones menos transparentes (según un informe reciente, la más opaca de las Universidades públicas españolas). Además de una Ley de Transparencia que nos obliga a ofrecer de manera directa una serie de informaciones relevantes (qué convenios tenemos, con quién y qué contratamos…), habría que publicar qué hacemos tanto el profesorado -docencia, publicaciones, proyectos,…- como el personal de administración y servicios, qué resultados tienen los estudiantes, cuánto cuesta cada servicio… La transparencia es, además, un instrumento que puede contribuir a erradicar o, cuando menos, a evidenciar las malas prácticas y el incumplimiento de las funciones que nos corresponden.

Es obvio que para muchas tareas hace falta una mayor financiación, aprobar cambios normativos e institucionales,.., que deben decidirse en otras instancias, pero no pocas cosas nos competen directamente a quienes integramos la Universidad y a ellas tenemos que aplicarnos sin demora y con entusiasmo.

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Ilustración de Pablo García.

Una Università di merda.

Nota previa de Miguel Presno: Es 7 de diciembre, miércoles. El profesor Pablo de Lora, de la Universidad Autónoma de Madrid, y yo hemos “perpetrado” este texto sobre el contexto universitario en el que cabe situar lo que está ocurriendo en relación con el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Parece obvio que la Universidad española tiene numerosos problemas y muchísimo más importantes -la pérdida continuada de personas con talento que emigran a otros países, la burocratización asfixiante que atenaza las funciones docente e investigadora, el alarmante envejecimiento de las plantillas, la escasa rendición de cuentas a la sociedad, la precariedad económica,…- pero si insistimos ahora en éste no es tanto por lo que supone en sí -con suponer bastante- sino por lo que explica del “sistema” universitario español.

Desde hace varias semanas es habitual que cada pocos días se conozca una nueva sospecha de plagio académico del actual Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, el profesor Fernando Suárez Bilbao; en el momento de escribir estas líneas hay robustos indicios de que se ha aprovechado burda y extensamente del trabajo de varios colegas pero también del realizado por un cónsul de Portugal, por los autores de una página web que promociona el recorrido en bici del Camino de Santiago y hasta de la publicación de un rabino. Aunque los hechos deben ser investigados con rigor y hasta sus últimas consecuencias, la actitud del rector y las pruebas publicadas en la prensa dejan lugar a muy pocas dudas. 

En efecto, en una comunicación dirigida al Consejo de Gobierno de su Universidad, y que incluye varios errores gramaticales, el Rector achaca las denuncias a una suerte de conspiración contra la propia Universidad; se escuda en que los “corta y pega” detectados son “disfunciones” atribuibles a que “se trabaja en equipo”, se niega a aceptar que lo suyo sea un caso reiterado de plagio –con el peregrino argumento de que no había ánimo de lucro, desconociendo con ello las previsiones de la vigente Ley de Propiedad Intelectual- y, añadiendo sal a la herida, rechaza dar explicaciones a la sociedad que le paga un generoso sueldo mensual del que son parte relevante los complementos de investigación derivados de “sus” publicaciones. 

¿Se imaginan que, por citar algunos ejemplos, la persona que dirige un importante hospital público hubiera cometido reiteradas malas prácticas en el ejercicio de su profesión? ¿O que lo hiciera quien está al frente de una empresa pública? ¿Podrían mantenerse en su puesto, escurriendo el bulto, sin que sus colegas, la Administración y, en general, la sociedad les exigieran, como mínimo, asumir responsabilidades y abandonar el cargo? Nos permitimos dudarlo. 

Hay varias cosas preocupantes en este caso: en primer lugar, que estos plagios se hayan detectado varios años después de haberse cometido y sin que lo hubieran notado -al menos no lo denunciaron- quienes están encargados de supervisar la producción académica de un universitario: las personas que editaron o coordinaron sus publicaciones y, sobre todo, la Comisión Nacional que valora cada seis años los trabajos de los investigadores y avala la concesión, en su caso, del correspondiente reconocimiento, que, como ya se ha dicho, tiene un importante correlato económico.

En segundo lugar, es elocuente el silencio cómplice que han venido manteniendo la mayoría de los miembros de la Universidad Rey Juan Carlos, contándose entre las honrosas excepciones los estudiantes que han reclamado su dimisión. Pero esa complicidad se ha extendido a los comités científicos de las publicaciones que, a día de hoy, le tienen de máximo responsable (el Anuario de Historia del Derecho, dependiente del Ministerio de Justicia); a los sindicatos con representación en la URJC y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que han considerado que se trata de actuaciones que nos les conciernen, y lo mismo cabría decir de la inmensa mayoría de la comunidad universitaria española, quizá en parte por desconocimiento -los hechos han sido silenciados por varios medios de comunicación-; tal vez porque consideren que “no es para tanto”.

En estos días, aquellos de nuestros compañeros hondamente consternados –que también los hay, y muchos- esgrimen la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada para aplacar los ánimos de quienes apelan a la intervención de las autoridades administrativas. El propio Rector Suárez ha recordado que él se debe “a su comunidad universitaria”. Lo cierto es que las Universidades públicas se deben a los contribuyentes de cuyos impuestos provienen fundamentalmente sus recursos, si bien son finalmente los gestores quienes deciden en buena medida sus usos de forma tal que les quepa un buen margen de maniobra para satisfacer las legítimas, o no tan legítimas, aspiraciones de su personal, tanto el administrativo como el docente e investigador (a la postre sus potenciales votantes). No debe extrañar por ello el silencio de buena parte de ese personal muy directamente concernido (y a mayor precariedad o inestabilidad en su condición, más estruendoso su silencio). El caso del Rector Suárez muestra bien a las claras las perversas consecuencias –irresponsabilidad y clientelismo- del modelo de gobernanza universitaria en el que nos hallamos inmersos desde hace años. 

Todo ello sucede en una Universidad española que, aunque muchas veces se ponga en duda, ha venido cumpliendo aceptablemente, incluso en épocas de duros recortes económicos y de personal, y pese al deficiente sistema institucional y de incentivos descrito, las exigencias que le impone su ley reguladora: a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico. d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

Pero es que al lado de esta Universidad que trabaja con dignidad y se esfuerza en ser útil a la sociedad que le paga hay otra opaca, mediocre, clientelar y corrupta. Parafraseando, que no plagiando, la película I compagni: “Senta, scusi, che Università è questa?”; “Questa è una università di merda”. ¿A qué esperamos para acometer la limpieza?

Texto escrito por Pablo de Lora Deltoro y Miguel Á. Presno Linera y publicado por eldiario.es el 7 de diciembre de 2016.

El referéndum en la Constitución: límites y posibles reformas.

El pasado 1 de diciembre tuve ocasión de participar en la Jornada “El referéndum a debate”, organizada en Zaragoza por los profesores Eva Sáenz Royo y Carlos Garrido Lopéz, y en la que también intervinieron los profesores Francesc de Carreras, César Aguado, Josep María Castellá, Eva Sáenz, Carlos Garrido, Esther Seijas y Víctor Cuesta.

Mi intervención versó sobre el referéndum en la Constitución: límites y posibles reformas (puede descargarse la presentación en pdf) y, en pocas palabras, consistió en lo siguiente: en primer lugar, traté de aclarar la distinción entre plebiscito y referéndum a partir de dos ideas: el primero versa sobre decisiones políticas en sentido amplio (el del Brexit o, por citar un caso más exótico/erótico, la consulta celebrada en California sobre si debía imponerse el uso de preservativos a los actores que intervengan en películas pornográficas), mientras que en el segundo se vota sobre la aprobación de una norma jurídica (la reforma de la Constitución italiana, por citar el último caso); además, el plebiscito no es necesariamente vinculante en términos jurídicos (España podría haber seguido en la OTAN aunque el resultado de 1986 hubiera sido contrario), mientras que el referéndum lo es en todo caso (la reforma constitucional italiana no se aprobará tras el rechazo popular).

A continuación, y haciendo un breve repaso históríco, mencioné la riqueza en la materia de la Constitución de Weimar y cómo la Constitución republicana de 1931 incorporó ya el plebiscito de acceso a la autonomía y el referéndum derogatorio. Y ello para recordar que el Anteproyecto de Constitución de 1978 contempló el referéndum derogatorio de iniciativa popular -decía el articulo 85: “La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos. 2. En los dos primeros supuestos del número anterior el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las Cámaras, o de tres asambleas de Territorios Autónomos. En el tercer supuesto, la iniciativa podrá proceder también de setecientos cincuenta mil electores…-, aunque estas previsiones tuvieron un corto recorrido, pues fueron enmendadas totalmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso a partir de una propuesta del Diputado Solé Tura, secundada por todos los partidos salvo Alianza Popular. Triunfó así, parafraseando a Albert Hirschman, la “tesis del riesgo”, como evidencian las palabras del diputado Pérez Llorca: “el referéndum abrogatorio, unido a la iniciativa popular, podría plantear, en este momento inaugural de inicio del sistema constitucional en España, conflictos gravísimos. Y ésta es una cuestión política que no podemos eludir, ya que podrían ser planteados por minorías, por grupos extraparlamentarios minoritarios, y en ciertas cuestiones concretas podrían crear conflictos graves al funcionamiento adecuado del sistema”.

Al amparo de la regulación´vigente, a mí juicio extraordinaria e inadecuadamente restrictiva, las dos únicas consultas populares celebradas por la vía del artículo 92 de la Constitución fueron la de 12 de marzo de 1986 cuando se preguntó al electorado si consideraba “conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”, y la de 20 de febrero de 2005, donde la pregunta fue: “¿Aprueba usted el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?” .

Creo que el referéndum derogatorio puede operar como un instrumento de control ciudadano de la labor legislativa, que, a su vez, suele ser consecuencia del impulso gubernamental, con lo que su reconocimiento constitucional permitiría ejercer uno de los instrumentos, en la terminología de Rosanvallon, de contrademocracia: el “poder de vigilancia”, que, sin olvidar sus manifestaciones totalitarias bien escritas por Orwell y Foucault , puede aportar no un control  antidemocrático del poder sobre la sociedad sino una forma de vigilancia del poder por parte de la sociedad.

Para mejorar la regulación actual, el 19 de septiembre de 2014 el Parlamento asturiano, tras aceptar una petición ciudadana, aprobó una propuesta de reforma constitucional, que incluye una nueva propuesta de redacción del artículo 92: 1.Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a plebiscito de todos los ciudadanos. Esta consulta será convocada por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados, o a iniciativa de quinientos mil electores. 2. Podrá ser sometida a referéndum la derogación de leyes en vigor, cuando así lo soliciten ante la Mesa del Congreso de los Diputados quinientos mil electores. El resultado del referéndum será vinculante cuando haya participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y haya sido aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos. No procederá esta iniciativa en materias tributarias, presupuestarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 3. El plebiscito y el referéndum se realizarán en la misma fecha que los procesos electorales de ámbito nacional siempre que coincidan con el mismo año. 4. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento del plebiscito y de las distintas modalidades del referéndum previstas en la Constitución”. Esta propuesta fue aprobada en la Junta General del Principado con los votos favorables de PSOE, IU y UPYD, y está pendiente de su debate en el Congreso de los Diputados.

A modo de conclusiones, considero que: 

1ª. – La democracia participativa se contrapone a la democracia inactiva, donde el papel del ciudadano se limita a la intervención en el proceso de selección de los representantes. En sociedades como la española, con una progresiva concienciación política de la ciudadanía, es incongruente limitar la intervención política de esos ciudadanos a los procesos electorales.

2ª.-  Las reticencias frente a la participación ciudadana directa se han mantenido hasta la actualidad y hoy se pretenden justificar, además de con  los argumentos del “riesgo”, como una forma de proteger los derechos de las minoríasolvidando que aquella forma de intervención política ha sido constitucionalizada de manera expresa en el artículo 23 de la Norma Fundamental española y que los derechos de las minorías también pueden ser atacados desde las instancias parlamentarias.

3ª.- El referéndum derogatorio puede ser un mecanismo de “control ciudadano” del Parlamento y, en buena medida, del Gobierno en cuanto principal promotor de leyes. Se trata de una forma de democracia de contrapeso, de contrapoder ciudadano dirigido a mantener las exigencias de servicio al interés general por parte de las instituciones.

4ª.- La participación ciudadana es consustancial a la “democracia real” y por eso no es extraña, en todas o algunas de sus formas, en países tan diferentes como Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Austria, Gran Bretaña, Suiza, Italia o Nueva Zelanda. La capacidad deliberativa y la madurez democrática de los ciudadanos españoles no es menor que la de los nacionales de estos países. Por eso, la democracia española tiene mucho que ganar y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política del país, haciendo posible, en suma, que el pueblo gobernado pueda ser, en la mayor medida posible, pueblo gobernante.

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Clínicas jurídicas, igualdad y violencia de género.

Dentro de la Jornada organizada por la Universidad de Oviedo con ocasión del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres se organizó una mesa redonda titulada “Enfoques hacia la violencia de género desde la Universidad: realidad, retos y propuestas”. En ella intervinieron las profesoras Carmen Alfonso, Ángeles Alcedo, Yolanda Fontanil, Aquilina Fueyo y Maria Valvidares, y el profesor Javier Fernández Teruelo.

La profesora María Valvidares, docente del Máster en protección jurídica de las personas y los grupos vulnerables y que forma parte del equipo de la Clínica jurídica del Máster, habló de Clínicas jurídicas, igualdad y violencia de género (puede descargarse su presentación en formato pdf) y se refirió al papel de esas Clínicas como ejemplo de método transformador de la enseñanza y prueba de la responsabilidad social de la Universidad. 

Concluyó que en materia de violencia de género, la Clínica jurídica puede mejorar las actividades de sensibilización, sistematizar el conocimiento de los recursos existentes frente a la violencia de género, servir como acompañamiento en trámites legales, elaborar informes sobre cuestiones específicas y asistir en la elaboración de expedientes administrativos (por ejemplo, las solicitudes de asilo por violencia de género). Y todo ello, al menos por lo que respecta a la Clínica del Máster en protección jurídica de las personas y grupos vulnerables de la Universidad de Oviedo, en el marco del Pacto Social contra la violencia hacia las mujeres del Principado de Asturias.

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De plagios y otras impunidades universitarias.

La Constitución española garantiza la autonomía de las Universidades (art. 27.10)  para que sirvan a la sociedad cumpliendo una serie de funciones que concreta la Ley Orgánica de Universidades, a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico. d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Es evidente, a pesar de la insistencia de algunos en tratar de probar lo contrario, que en los últimos treinta años la Universidad española ha venido cumpliendo dichas funciones de manera muy aceptable y que nuestra enseñanza superior ha mejorado sensiblemente. Tal cosa se aprecia tanto si visitamos universidades de países del entorno europeo como, sobre todo, si tenemos en cuenta nuestro peso demográfico y la inversión realizada. Puede verse, al respecto, este comentario del profesor Andrés Boix Palop.

Pero también sería injusto negar, y es lo que me importa señalar ahora, que esa mejora, a cuyo servicio está la autonomía, no ha servido para erradicar algunos vicios ancestrales que tenemos en las Universidades españolas, como la opacidad institucional y personal (es casi imposible saber a qué tipo de investigaciones se dedica parte importante del profesorado), la existencia de redes clientelares, no poco nepotismo y la tolerancia con la pereza en el trabajo docente y/o investigador y con el aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo ajeno.

Estos días está siendo noticia que el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, el profesor Fernando Suárez Bilbao, ha plagiado varios trabajos, haciendo aparecer como propio el resultado de las investigaciones de otros profesores. El plagio es manifiesto y ha sido denunciado y probado hace más de un mes y sobre ello ha vuelto hoy mismo el profesor Ignacio Fernández Sarasola, uno de los plagiados. Sin embargo, en el momento de publicar estas líneas -21 de noviembre-, ni se ha excusado ni ha dimitido, por lo que cabe preguntarse los motivos por los que, primero, plagió y, una vez descubierto, parece esperar a que la cosa escampe. La respuesta, a falta de que la ofrezca el interesado, no puede ser sino especulativa: plagió porque otros lo habían hecho antes; plagió porque es una manera rápida y descansada de conseguir méritos y mejores condiciones económicas (el complemento económico que deriva de los sexenios de investigación depende de las publicaciones) y plagió porque lo normal es que si te descubren no pase nada.

¿Y por qué esa impunidad? Porque muchas conductas “universitarias” que debieran merecer algún tipo de reproche salen gratis debido a que la sanción tendría que ser impuesta por colegas y o bien no nos hemos  sentido concernidos, u operan razones de prudencia/cobardía -la Universidad es una institución que ofrece numerosas oportunidades (aprobación de tesis doctorales, composición de comisiones para las plazas, concesión de ayudas y permisos,…) para saldar cuentas pendientes-, o bien porque el infractor “es uno de los nuestros” o porque no siempre es fácil de probar el hecho reprobable (hay plagiadores que se esfuerzan más que el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos)…

Veamos algunos ejemplos de la citada impunidad: primero, si plagias un trabajo ajeno para presentarlo como memoria de un proyecto de investigación a financiar por el Gobierno estatal o autonómico -cuya obtención puede suponer una importante cantidad de dinero para la compra de libros, ordenadores, pago de viajes,…- lo único que ocurre si te descubren es que no se concede el dinero, la misma consecuencia que tienen los proyectos originales pero que, por diversas razones, no se financian; ni se publica el nombre del plagiador ni se le sanciona, pudiendo volver a intentar el plagio el año siguiente. Segundo, una vez que una persona consolida su situación profesional como profesor titular o catedrático, ya puede dedicarse al dolce far niente sin mayor preocupación: aunque no publique una línea en el resto de su vida académica no recibirá ningún reproche oficial; simplemente dejará de percibir los complementos de investigación y tendrá que impartir más docencia. Tercero, la vigente Ley de Transparencia impone una serie de obligaciones a las Universidades (publicación de los salarios de los altos cargos, publicación de los planes anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como su grado de cumplimiento y resultados; publicación de todos los contratos y convenios,…) pero su incumplimiento, que ha sido constatado y que se puede comprobar visitando sus páginas web, tendría que ser sancionado por algunos de los posibles infractores…

Una muestra reciente de esta falta de transparencia la encontramos en el comportamiento institucional de la Universidad “Miguel Hernández”, de Elche, a propósito del “caso Camps”: como es conocido, el que fuera Presidente de la Comunidad Valenciana presentó su tesis doctoral el 10 de febrero de 2012, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Además, solicitó a la citada Universidad que no permitiera la consulta de su texto ni total ni parcialmente. Ante la petición de acceso a tan preciado documento por parte del profesor Jorge Urdanoz, el Vicerrector de Investigación e Innovación la rechazó alegando que la Ley de Transparencia no era de aplicación al caso; recurrida esta resolución ante el Consejo de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de la Comunidad Valenciana este órgano recordó, en primer lugar, que las Universidades públicas están expresamente sujetas a la citada Ley de Transparencia; en segundo lugar, que la tesis del señor Camps es un documento público y que la consulta del mismo no implica infracción alguna de la Ley de propiedad intelectual, pues no se cuestiona su autoría ni los derechos de explotación; en conclusión, se insta a la Universidad “Miguel Hernández” a que facilite el acceso a la tesis reclamada. A resultas de la consulta se ha elaborado y divulgado un documento en el que se denuncia un posible plagio por parte del señor Camps. Pues bien, la reacción de la Universidad ha sido abrir un expediente administrativo para clarificar “la situación planteada” pero, al menos de momento, únicamente se ha permitido la intervención de los participantes en el proceso de lectura y evaluación de la tesis, que son, obviamente, parte interesada. ¿Pedirá la Universidad “Miguel Hernández” algún tipo de dictamen pericial independiente? Veremos.

Todo lo dicho pretende reflejar que tenemos tarea pendiente en la Universidad y el primer paso es reconocerlo, pues, como dijo Salman Rusdhie, “importa, siempre importa, llamar basura a la basura. Hacer lo contrario es legitimarla”.

¿Será la de Donald Trump una “presidencia imperial”?

Uno de los temores que han manifestado las personas preocupadas por la victoria de Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre se refiere a su capacidad para ejercer la que Arthur Schlesinger denominó la “presidencia imperial”, entendida como una institución progresivamente exenta de control y propensa a asumir poderes más allá de lo permitido por la Constitución. 

La idea de una presidencia poderosa encontró un hábil defensor en Woodrow Wilson, quien sostuvo que el Presidente es la piedra clave, “la fuerza unificadora en nuestro complejo sistema, el líder al mismo tiempo de su partido y de la nación” y puso de relieve que el Presidente es el único que representa “al pueblo en su conjunto”, que “no representa a una circunscripción, sino a la totalidad del pueblo”. La nación, continúa, “carece de otro interlocutor político”, el Presidente posee la “única voz nacional en los asuntos”. El “instinto del país se dirige hacia la acción unificada, y ansía un líder individual”, de modo que una vez que [el Presidente] ha obtenido “la admiración y confianza del país (…) ninguna otra fuerza individual puede resistírsele; ninguna combinación de fuerzas podrá fácilmente dominarle”. Insiste que “si interpreta correctamente el pensamiento nacional y lo defiende con tenacidad, carece de freno”.

Con posterioridad esta idea ha sido sustentada a través de la teoría del “ejecutivo unitario”, que promueve la maximización de las prerrogativas presidenciales. A ello ha contribuido el hecho de que, como es sabido, los límites de los poderes del Presidente distan mucho de estar claros en el sistema constitucional norteamericano. En todo caso, los denominados “Presidentes fuertes” en la historia norteamericana son aquellos que se aproximan a la imagen proporcionada por Woodrow Wilson. 

Este fenómeno encontró en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 un caldo de cultivo adecuado para su exacerbación y permitió que el presidente Bush reviviera la “teoría de los poderes inherentes” sin levantar en los ciudadanos ni en los otros poderes constitucionales un rechazo como el que en su día tuvo el presidente Truman cuando el Departamento de Justicia defendió la decisión presidencial de intervenir empresas de fabricación de acero, dentro del esfuerzo bélico de la guerra contra Corea. 

Además, el Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aunque, al menos en la teoría constitucional (Sección Octava del Artículo I), corresponde al Congreso declarar la guerra y decidir sobre el presupuesto militar y, de acuerdo con la War Powers Act, de 1973, el Presidente debe informar al Congreso sobre ciertas cuestiones bélicas aunque, en la práctica, es conocido que el Presidente de Estados Unidos emprendió numerosas intervenciones militares en el extranjero sin previa declaración de guerra ni autorización del Congreso; por ejemplo, el bombardeo de Kosovo ordenado por Clinton o, mucho antes, el envío de tropas a Corea del Sur, decidido por Truman sin que acudiera al Congreso, ni siquiera después de que se llevara a cabo dicha actuación y que, en consecuencia, cabría calificar de inconstitucional.

La Constitución de Estados Unidos también atribuye al Presidente (Sección 2 del Artículo II) la “facultad, con el consejo y consentimiento del Senado, para celebrar tratados, con tal de que den su anuencia dos tercios de los senadores presentes, y propondrá y, con el consejo y sentimiento del Senado, nombrará a los embajadores, los demás ministros públicos y los cónsules…” Es decir, le otorga la iniciativa en asuntos vinculados con la diplomacia, si bien esta competencia es compartida con el Congreso. En lo que al Presidente se refiere, su actividad en la materia se concreta, entre otras actuaciones, en tomar decisiones en relación con hechos de índole internacional; proponer iniciativas legales en el interior; impulsar acuerdos internacionales; emitir declaraciones políticas y aplicar lo que se considere que debe ser la acción política norteamericana en las relaciones exteriores.

Otra facultad del Presidente es la de vetar las iniciativas del Congreso. Existen dos tipos de veto: el ordinario, mediante el cual el rechazo expreso del Presidente en el plazo de diez días hace que la ley se devuelva al Congreso para ser tramitada de nuevo con las objeciones que aquél haya formulado, y el llamado veto de bolsillo, que invierte la regla de la promulgación por defecto: si antes de que transcurra el plazo de diez días el Congreso finaliza su periodo de sesiones y el Presidente no firma ni tampoco veta la ley, entonces la ley se considera no promulgada (porque se entiende que no puede “volver” al Congreso, ya que no está en sesión). La principal diferencia entre uno y otro veto es que el ordinario puede ser superado por el Congreso mediante votación de dos tercios en cada una de las Cámaras, mientras que el veto de bolsillo no, porque, como ya hemos dicho, el Congreso ya no está en sesión. Parece, no obstante, que en un contexto de “gobierno unificado” -Presidencia y Congreso en manos republicanas- el poder de veto será menos usado.

Finalmente, la presidencia tiene un importante papel en la función legislativa: aunque las iniciativas pueden surgir de los congresistas, en los últimos años, los mensajes del Presidente, de un miembro de su gabinete, o del Director de alguna agencia independiente, dirigidos a los Presidentes de la Cámara de Representantes o del Senado, se han convertido en la principal fuente de proyectos de ley. En consecuencia, la mayoría de los proyectos enviados por el Ejecutivo entran inmediatamente en la correspondiente Comisión, por decisión de los Presidentes de cualquiera de las dos Cámaras. Y existen muchos momentos a lo largo del procedimiento legislativo (en subcomisión, en comisión, en el debate del orden del día, en la Comisión General, o en la comisión conjunta, o finalmente en el Pleno) en los que la Casa Blanca puede influir sobre el Congreso.

Vemos, en conclusión, que tanto la teoría como la práctica constitucionales otorgan un extraordinario poder al Presidente. Lo que ocurra finalmente con el ejercicio de ese poder por parte de Donald Trump dependerá, por una parte, de los condicionamientos fácticos que puedan surgir en los planos político, económico, internacional,…, no siendo desdeñable la presión que, sin duda, van a ejercer, valga la redundancia, los potentes lobbies norteamericanos; por otra parte, aunque el Congreso esté en manos republicanas tal cosa no implicará, por las propias características del sistema de partidos norteamericano, que acepten sin más las propuestas presidenciales; tampoco hay que dar por sentado que un hipotético Tribunal Supremo más conservador vaya a validar cualquier propuesta legislativa. A lo anterior hay que añadir las presiones provenientes de la sociedad estadounidense, que, en numerosas ocasiones, ha demostrado su capacidad de movilización. Ya Lincoln sentenció “public sentiment is everything. With public sentiment, nothing can fail; without it, nothing can succeed… He makes statutes and decisions possible or imposible to be executed”.

Texto publicado en La Nueva España el 19 de  noviembre de 2016.