Democracia local y tecnología blockchain.

En breve se publicará en la serie Claves de la Fundación Democracia y Gobierno Local un libro coordinado por el profesor Gustavo Manuel Díaz González sobre blockchain y gobiernos locales; en él se incluirá un capítulo que elaboramos la profesora Patricia García Majado y yo sobre “Democracia local y tecnología blockchain”, que aquí resumiré en pocas palabras.

El objetivo del trabajo es analizar si en el estado actual de conocimiento de las cosas, la tecnología blockchain contribuye a mejorar la calidad de los procesos participativos en el ámbito local, es decir, si garantizando requisitos esenciales del derecho de participación -que se ejerza de manera universal, libre, igual, directa y secreta-, facilita su ejercicio y aporta más transparencia y confianza a la ciudadanía, “con el fin de ampliar el debate político y favorecer una mejor y más legítima adopción de las decisiones políticas” (Principio n.º 6 del Anexo a la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la democracia electrónica (e-democracia), adoptada el 18 de febrero 2009), sin olvidar que más y mejor tecnología no conduce por sí misma a más y mejor democracia (Principio n.º 49). 

En cuanto a la exigencia obvia de que dicha participación deba consistir en un acto de libertad, entendida como su ejercicio sin sujeción a coacciones de ningún tipo, creemos que no hay motivos sólidos para sostener que la persona que participa a través de un dispositivo electrónico, sea o no con tecnología blockchain, está más expuesta a intimidaciones que menoscaben su derecho, que la persona que interviene, por correspondencia postal o presencialmente, en unas elecciones, en una consulta popular o en un foro ciudadano. 

Sí encontramos mayor fundamento en las cautelas que inciden en la vulnerabilidad de la votación electrónica no blockchain a distancia en materia de secreto de voto, pues es bien conocida la posibilidad de interferencias maliciosas en el manejo de cualquier dispositivo informático. Aquí, además del riesgo de que se pueda conocer el sentido de la voluntad de quien participa, lo que en sí mismo no menoscaba necesariamente su libertad, lo que más preocupa es la alteración de esa voluntad ya emitida o su bloqueo para que no sea contada; con todo ello, estaría seriamente dañada la confianza en el proceso en el que está interviniendo. Vemos, pues, que parece posible articular un sistema de votación electrónica “seguro” -dicho lo de seguro con las obligadas cautelas en este ámbito- e, incluso, introducir sistemas electrónicos que sirvan para gestionar las diversas fórmulas participativas locales. A este respecto, la tecnología blockchain también podría contribuir a fortalecer el carácter secreto de la voluntad manifestada (en elecciones, consultas, foros…) y la intangibilidad del acto de participación, pues, en principio, al estar basada en la capacidad para crear registros muy difíciles de modificar, se potenciaría la autenticidad, su carácter confidencial, su inalterabilidad y, en última instancia, la confianza ciudadana en el proceso. En primer lugar, la persona titular del derecho podría verificar lo que ha hecho, y, en segundo, se podría llevar a cabo una auditoría del proceso y de la plataforma de gestión sin que eso supusiera menoscabar, en su caso, el carácter secreto de la decisión. 

El carácter público y compartido de los datos en la cadena permitiría, además, la verificación de la integridad de la información por parte de cualquier persona. En realidad, si estas premisas de la tecnología blockchain se cumplieran se estaría avanzando mucho en el logro de los citados estándares europeos sobre participación electrónica: se permitiría que cualquier persona pudiera no solo observar el recuento, sino también comentar las elecciones electrónicas, incluyendo la compilación de los resultados, algo que hasta ahora no se puede hacer con el voto electrónico. También se favorecería el uso de estándares abiertos para permitir la interoperabilidad de varios componentes o servicios técnicos y la auditoría del proceso. 

No obstante estas ventajas, y parafraseando el final de Con faldas y a lo loco, nada es perfecto, como también ha puesto de relieve la doctrina que se ha ocupado de estas cuestiones, y no está garantizada la inmutabilidad absoluta de las transacciones, con lo que asumimos que, en este estado de la cuestión, no cabe mantener que la seguridad sobre una información tan sensible esté fuera de todo riesgo, al menos del riesgo asumible sin que pueda quedar en cuestión la legitimidad del proceso. 

En segundo lugar, cabe preguntarse para qué tipo de votaciones podría suponer una mejora respecto a lo que tenemos ahora el empleo de la tecnología blockchain. Nos parece evidente que en España la participación efectiva y sin trabas, el carácter secreto del sufragio y su inalterabilidad, además de la transparencia, están plenamente garantizados con el vigente sistema de votación presencial, algo que, consideramos, no se puede decir con el mismo convencimiento del sufragio por correo de los nacionales residentes en el extranjero: leyendo los debates parlamentarios correspondientes a la elaboración de la Ley Orgánica 2/2011 de reforma de la LOREG se constata, entre otras cosas, que la extensión del voto rogado a los procesos electorales autonómicos, a las Cortes y al Parlamento Europeo respondió a la preocupación de evitar prácticas fraudulentas relacionadas con la identidad de los electores. 

Si hablamos de elecciones, referendos o consultas populares locales, la eventual aplicación de ese voto tecnológico sería para sustituir al voto por correspondencia nacional pues no pueden participar las personas españolas residentes en el extranjero. Por ello, tendría, a priori, un uso minoritario -para el sufragio de las personas que no pueden o quieren hacerlo presencialmente ni tampoco a través del correo postal-. Tal cosa no constituye una objeción, pero habría que tener en cuenta el hecho de que su implantación supondría un coste adicional (económico, medioambiental…) sin que, probablemente, ello supusiera una eliminación del vigente voto por correo postal. Para muchas personas, este podría ser un método más cómodo, fácil y confiable que el voto tecnológico blockchain, que, como se ha dicho también, puede ser fácil y cómodo para quien no esté afectado por brechas tecnológicas, pero tampoco está exento de riesgos. 

A este respecto, y si acudimos a los estándares europeos en la materia, nos encontramos con que la interfaz del votante de un sistema de voto electrónico deberá ser fácil de entender y utilizar por todos los votantes -algo que está por ver con la tecnología blockchain-, y, a menos que los canales de voto electrónico a distancia sean universalmente accesibles, serán solo un medio adicional y opcional de votación, con lo que esta tecnología tendría que seguir conviviendo con la votación presencial y con la votación por correo postal. 

En tercer lugar, la introducción de ese nuevo sistema de votación exigiría un cambio legislativo, pues habría que modificar la LOREG y la normativa de referéndum sobre consultas populares locales, además de la aprobación de normas autonómicas que contemplasen todo el protocolo blockchain. Todo ello presupone un amplio acuerdo político y un estudio detallado de las ventajas e inconvenientes, acuerdo y estudio que no existen en la actualidad. También sería preciso llevar a cabo campañas de difusión del nuevo procedimiento e, incluso, de facilitación tecnológica para que no hubiera algún tipo de exclusión derivada de la falta de conocimiento y/o de confianza. Y es que estas exigencias forman parte, como ya se ha anticipado, de los estándares europeos en la materia: “antes de introducir el voto electrónico, los Estados miembros introducirán los cambios necesarios en la legislación pertinente; la ciudadanía, y en particular los electores, deberá ser informada, con suficiente antelación al inicio de la votación, en un lenguaje claro y sencillo, sobre: -los pasos que un votante puede tener que dar para participar y votar, -la utilización y el funcionamiento correctos del sistema de voto electrónico, -el calendario de la votación electrónica, incluyendo todas las etapas…”

En cuarto término, la eventual introducción de la tecnología blockchain tendría que hacerse contando, en todo caso, con la necesaria presencia y supervisión de una Administración electoral, algo que está previsto en España tanto en la normativa de participación estatal como en la autonómica, y que viene contemplado también en los estándares europeos varias veces mencionados: “la legislación pertinente deberá regular las responsabilidades del funcionamiento de los sistemas de voto electrónico y garantizar que el organismo de gestión electoral tenga el control de los mismos… el organismo de gestión electoral será responsable del proceso de recuento… el organismo electoral competente será responsable del respeto y cumplimiento de todos los requisitos, incluso en el caso de fallos y ataques. El organismo de gestión electoral será responsable de la disponibilidad, fiabilidad, usabilidad y seguridad del sistema de voto electrónico… solo las personas autorizadas por el organismo de gestión electoral tendrán acceso a la infraestructura central, a los servidores y a los datos electorales… antes de que se celebren las elecciones electrónicas, el organismo de gestión electoral se asegurará de que el sistema funciona correctamente… el organismo de gestión electoral deberá manejar todo el material criptográfico de forma segura…”. 

En esta línea, entendemos que habría que optar por una red de distribución blockchain “privada”, que se caracteriza por la imposición de restricciones tanto al acceso a la información contenida en la cadena de bloques como a la posibilidad de inclusión de nuevas transacciones en la misma. Estas restricciones son coherentes con la propia titularidad del derecho a intervenir en los procesos participativos en el ámbito local, que, por muy amplia que sea, no será, en ningún caso, totalmente universal, y estará condicionada por diversos factores como la residencia en el término municipal, la edad… 

Y, si eso es así, nos encontramos con que el carácter privado de la red limita la virtualidad de los principios de distribución y descentralización que se atribuyen a la tecnología blockchain, toda vez que las redes privadas son administradas por una o varias autoridades centrales, a las que se atribuye con carácter exclusivo la facultad para asegurar que intervienen las personas que tienen derecho a ello. 

Partiendo, por tanto, de que debe tratarse de una red privada, debe ser, necesariamente, una red “permisionada”, pues la capacidad para intervenir en el proceso vendrá determinada por las reglas del respectivo proceso participativo (no serán las mismas para unas elecciones locales que para la iniciativa de reforma de una norma municipal o para un jurado ciudadano), y, conforme a dichas reglas, la autoridad central -la Administración electoral competente- estaría obligada a bloquear la entrada a quien no tuviera derecho a ello. Y parece que las redes blockchain de carácter privado presentan un impacto tecnológico limitado, en la medida en que se asimilarían al modelo, ya muy extendido, de la intranet, con lo que, también en ese aspecto, se podrían formular objeciones a su eventual introducción. 

Por todo lo dicho, y teniendo en cuenta el estado actual de desarrollo de la tecnología blockchain, con sus fortalezas y debilidades, la existencia de otros desarrollos tecnológicos alternativos, las exigencias jurídico-democráticas precisas en cualquier proceso participativo, así como la necesidad de seguir manteniendo instrumentos de participación presenciales y a distancia tradicionales y no electrónicos, llegamos a la conclusión de que la opción blockchain no es, por el momento, la panacea para los problemas existentes; más todavía, pensamos que no es la mejor alternativa para el único escenario en el que se nos antoja deseable el desarrollo de mecanismos de participación electrónica -el ejercicio del derecho de voto a distancia-, pues caben otras fórmulas electrónicas ya contrastadas en la práctica, como el sistema de voto a distancia aplicado en Estonia, y/o la mejora sustancial del actual sistema de votación por medio del correo postal. 

En todo caso, también entendemos que sí cabría continuar desarrollando experiencias vinculadas a la tecnología blockchain en el ámbito municipal, como se está haciendo en la actualidad en diversas entidades locales, pues no en vano ofrecen un ámbito adecuado, por su tamaño y por la proximidad física y administrativa entre instituciones y ciudadanía, para el desenvolvimiento gradual de herramientas que sirvan para mejorar la calidad de la democracia local.

blockchain

Imagen tomada de Cointelegraph.

 

2 comentarios en “Democracia local y tecnología blockchain.

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