Un episodio más sobre la libertad de expresión del disidente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el señor Mătăsaru vence de nuevo.

Hace casi tres años comenté en este blog episodios anteriores de la prolongada batalla que el señor Anatol Mătăsaru lleva librando en Moldavia contra, según sus denuncias, la corrupción rampante en dicho país. Así, él mismo fue víctima de abusos policiales y malos tratos según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, asunto Mătăsaru y Saviţchi c. Moldavia, de 2 de noviembre de 2010); posteriormente, fue juzgado y condenado porque en 2013, el día festivo del cuerpo de fiscales en Moldavia, el señor Mătăsaru se personó frente al edificio de la Fiscalía General con el propósito de llamar la atención de la opinión pública sobre la corrupción y el control ejercido por la clase política sobre dicha Fiscalía. Para ello, a las 10 de la mañana, instaló dos grandes esculturas de madera en la escalinata que conduce a la sede de la Fiscalía General: una simbolizaba un pene erecto con una foto de un importante cargo político en el glande; la otra representaba una vulva enorme con imágenes de varios fiscales de alto rango entre los labios; además infló globos en forma de genitales masculinos y los pegó en varios árboles cercanos. Después de ser entrevistado por numerosos periodistas, a las 11 la policía retiró las esculturas y fue conducido a una comisaría de policía. Por dicha acción fue fue acusado de vandalismo conforme al artículo 287 del Código Penal moldavo y se le condenó a dos años de prisión, aunque la condena quedó en suspenso durante tres años. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación de Chișinău y por el Tribunal Supremo de Moldavia. El asunto fue admitido a trámite por el TEDH, que en la sentencia Mătăsaru c. Moldavia, de 15 de enero de 2019, dio la razón al demandante en una resolución que enlaza con la última jurisprudencia sobre la necesidad de proteger, frente a las sanciones penales, los actos de provocación que supongan protestas pacíficas en contra de cargos y empleados públicos en asuntos de interés general. 

Pues bien, el pasado 21 de noviembre de 2021 se conoció la sentencia de la Sección 2ª del TEDH en un nuevo caso Matasaru c. República de Moldavia, que trae causa de la detención y encarcelamiento del demandante durante tres días, seguido de su condena, por organizar una protesta frente a la sede de la Fiscalía Anticorrupción:  el 28 de enero de 2016, fiesta profesional de los fiscales en Moldavia, y con el objetivo de protestar por la falta de actuación de dicha institución respecto a una denuncia presentada por un supuesto soborno que le habían solicitado funcionarios de la Alcaldía de Chișinău, el demandante instaló en el lugar arriba indicado un inodoro y simuló defecar. Poco antes había declarado a la prensa que su intención era montar una performance basada en el dicho «să mă cac în el/ea de…» , que se traduce como «me dan ganas de cagar» y expresa una severa forma de frustración ante algo que se percibe como injusto. 

Para el TEDH quedó acreditado que la intención del demandante era llamar la atención sobre los problemas de la actividad de la Fiscalía Anticorrupción, algo que puede considerarse de interés público; entiende también el TEDH que la actuación realizada por el demandante fue  extravagante y podría considerarse chocante o perturbadora para algunas personas; sin embargo, nadie durante el procedimiento interno y en el procedimiento ante el TEDH cuestionó que se trataba de una mera actuación y que solo duró unos diez minutos, el tiempo mínimo necesario para que fuera grabada por los periodistas presentes. No insultó a ningún fiscal, sino que se limitó a cuestionar la labor de la institución. El objetivo que buscaba era hacer algo de impacto, algo que, sin duda, consiguió. 

En atención a todo ello, el TEDH considera que en las circunstancias del presente caso no existió justificación alguna para una injerencia estatal como la que sufrió el señor Anatol y dicho trato no solo tuvo repercusiones negativas sobre el demandante, sino que también pudo tener un grave efecto disuasorio sobre otras personas y disuadirlas de ejercer su libertad de expresión. En suma, la injerencia en su libertad de expresión no puede considerarse proporcionada ni «necesaria en una sociedad democrática». Esta resolución se une a otras del TEDH en los últimos años que resolvieron demandas contra condenas penales impuestas en diferentes Estados por actos expresivos que constituían formas de disidencia y protesta simbólicas y pacíficas, como  la exposición pública de ropa sucia durante un breve periodo cerca del Parlamento para reflejar los “trapos sucios de la nación” (asunto Tatár y Fáber c. Hungría, de 12 de junio de 2012), verter pintura sobre estatuas del “padre de la patria” Kemal Ataturk (caso Murat Vural c. Turquía, de 21 de octubre de 2014), retirar una cinta de una corona que había sido colocada por el Presidente de Ucrania en un monumento a un famoso poeta nacional el Día de la Independencia (asunto Shvydka c. Ucrania, de 30 de octubre de 2014), interpretar canciones de protesta en la catedral de Moscú (caso Mariya Alekhina y otras (Pussy Riot) c. Rusia, de 17 de julio de 2018) o quemar una foto del Rey de España en un espacio público (asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España, de 13 de marzo de 2018, sobre el que escribimos aquí y aquí). 

Parece que cuesta asimilar, por no pocas instancias judiciales estatales, algo que el TEDH viene repitiendo, con carácter general, desde  el famoso asunto Handyside c. Reino Unido, de 29 de abril de 1976, y que no es más, ni menos, que el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no solo ampara “las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existen una «sociedad democrática».  Prueba, a mi juicio, de esta “ignorancia” del alcance de la libertad de expresión es el reciente caso, en nuestro país, “hai que prenderlle lume á puta bandeira”. 

Pd. sobre estas cuestiones versará un texto más largo que se publicará en un número de la revista Teoría y Derecho sobre libertad de expresión que coordina el profesor Jacobo Dopico. 

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