El derecho al aborto en Estados Unidos y las restricciones legislativas en algunos Estados (2): el reciente caso de Texas.

En una entrada anterior me ocupé de las restricciones legislativas introducidas por el Estado de Alabama a la interrupción voluntaria del embarazo al prohibirla en cualquier etapa de la gestación -incluso en los casos de incesto o violación-, castigando con hasta 99 años de prisión al profesional médico que lo practique. Únicamente cabría interrumpir el embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre. Esta semana ha entrado en vigor la aprobada por el Estado de Texas, que prohíbe el aborto desde la sexta semana de gestación y habilita para que cualquier persona pueda demandar civilmente a quien lleve a cabo una interrupción voluntaria del embarazo o ayude de alguna manera a que se practique. En una decisión de 1 de septiembre el Tribunal Supremo, por cinco votos a cuatro, rechazó suspender la entrada en vigor de la ley aclarando que ello no prejuzga su eventual juicio de constitucionalidad sobre la misma ni impide impugnarla en tribunales inferiores, incluidos los de Texas («… we cannot say the applicants have met their burden to prevail in an injunction or stay application. In reaching this conclusion, we stress that we do not purport to resolve definitively any jurisdictional or substantive claim in the applicants’ lawsuit. In particular, this order is not based on any conclusion about the constitutionality of Texas’s law, and in no way limits other procedurally proper challenges to the Texas law, including in Texas state courts….»). (Más información sobre esta norma, entre otros sitios, en este texto de Amy Howe y en este hilo en Twitter del profesor Pablo de Lora).

En las líneas siguientes recordaré la, por otra parte, muy conocida jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el derecho al aborto: en la famosa sentencia Roe v. Wade, 410 U.S. 113, de 1973, dicho Tribunal entendió que, dado que la maternidad afecta a la autonomía personal y a la intimidad de las mujeres, éstas tienen que tener garantizada cierta libertad para decidir si siguen adelante, o no, con el embarazo. Y es que, como es bien conocido, tener hijos implica unas obligaciones y exigencias que transforman de manera absoluta la vida de la mujer y su desarrollo personal, por lo que parece necesario reflexionar y decidir -tarea que el ámbito legislativo corresponde a los Parlamentos- en qué medida la mujer está obligada a soportarlas -la vida del feto debe contar con algún tipo de protección jurídica, que irá aumentando a medida que aumente su viabilidad; el Estado puede adoptar medidas que favorezcan la natalidad- y en qué medida se trata -como también se dice en la jurisprudencia norteamericana a partir del caso Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, de 29 de junio de 1992- de unas “cargas indebidas”, que, por tanto, una mujer debe tener el derecho a rechazar. 

En esa última decisión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos recordó que lo que está en juego es el derecho de la mujer a tomar la última decisión, no un derecho a aislarse de todos los demás al hacerlo. Y el Estado, al adoptar medidas que favorezcan la natalidad, debe garantizar que el consentimiento de la mujer a la práctica del aborto sea informado y puede establecer un lapso temporal entre la información que recibe la mujer sobre las posibles ayudas a la maternidad y la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo; tales “cargas” son, a juicio del Supremo, “debidas” pero, por mencionar uno de los asuntos tratados en esa misma sentencia, sería una “carga indebida” que se requiera a la mujer para que firme una declaración diciendo que ha notificado a su marido la decisión de abortar. 

A medida que el embarazo se desarrolla va aumentando el grado de protección que el Estado concede al feto y eso implica que vaya disminuyendo la capacidad de decisión de la mujer, pues debe soportar “cargas adicionales”; así, y por mencionar lo que prevé en España la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, pasadas las 14 primeras semanas del embarazo y hasta la semana 22 se permitirá su interrupción si concurre alguna de estas dos indicaciones: “que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada” o “que exista riesgo de graves anomalías en el feto”. Más allá de la semana 22, la ley configura dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo: el primero se refiere a aquellos casos en que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida; el segundo se circunscribe a los casos en que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y lo confirme un comité clínico. 

Con arreglo a esta jurisprudencia parece claro que las previsiones del Estado de Texas son contrarias a los criterios que, con modulaciones, ha venido aceptando el Tribunal Supremo desde hace más de 45 años, al introducir «cargas» absolutamente desproporcionadas sobre una mujer embarazada; veremos, no obstante, qué ocurre en las sucesivas instancias judiciales y, probablemente, en el Tribunal Supremo. 

ley aborto texas

Firma de la ley por Greg Abbot, Gobernador de Texas. Foto CBS Austin. 

Pd. Entre la abundante bibliografía sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en este ámbito puede leerse este libro de Ian Shapiro, Pablo de Lora y Carmén Tomás-Valiente (Fundación Coloquio Jurídico Europeo).

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