Apuntes mínimos sobre teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española (13): límites «internos» y «externos» de los derechos fundamentales.

YA en una de sus primeras sentencias, la STC 2/1982, de 29 de enero, dijo el Tribunal Constitucional que “no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites que,…, establece la Constitución por sí misma en algunas ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no  sólo  otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos” (FJ 5). 

Un derecho fundamental está contenido en una norma de rango constitucional que convive con otras de igual rango, lo que impone (principio de unidad constitucional) ajustar el contenido de una y otras de forma que ninguna de ellas se vea preterida en su vigencia. La igualdad de rango jurídico y el principio de unidad excluyen toda posible contradicción entre esas normas, con lo que la autodeterminación de la conducta objeto de cierto derecho fundamental no puede negar otras autodeterminaciones objeto de otros derechos fundamentales ni la protección constitucional de otros bienes e intereses constitucionales. En consecuencia, el ámbito normativo de un derecho fundamental no puede extenderse a tal extremo que su aplicación suponga el desconocimiento de otras normas de rango igualmente constitucional que también son aplicables al caso. Y de esta circunstancia derivan sus primeros y principales límites: un derecho fundamental no puede dar cobertura a vulneraciones de otras normas constitucionales. Estos límites son los denominados “límites lógicos” o “límites inmanentes”. 

Si la garantía de la libertad de expresión protegiese todas las posibles conductas expresivas imaginables, incluidas el insulto o las pintadas en paredes ajenas, colisionaría con derechos como el honor y la propiedad privada, de forma que habría que reconocer que ninguno de los dos poseería protección constitucional frente a la libertad de expresión, degradando su rango ya que estarían sometidos a esa libertad. Para no incurrir en esta aporía debe reconocerse que el derecho al honor y a la propiedad limitan la libertad de expresión.

Pero los derechos fundamentales no sólo tienen estos límites lógicos o inmanentes; además, algunos derechos incorporan a su enunciado la enumeración de expectativas de conducta a las que la propia Constitución de forma expresa priva de protección a pesar de que inicialmente hubieran podido encuadrarse en el objeto del derecho fundamental en cuestión: son los llamados “límites positivos” de los derechos fundamentales; es el caso, por ejemplo, de la libertad ideológica y religiosa del artículo 16 CE y el orden público protegido por la ley; de la libertad personal y el plazo máximo de la detención en el artículo 17.2 CE; de la inviolabilidad del domicilio y el delito flagrante del artículo 18.2 CE; de la veracidad de la información en el artículo 20.1 d) CE, o la prohibición de asociaciones secretas y paramilitares del artículo 22.5 CE. 

Los límites internos de cada derecho fundamental, sean los lógicos o los positivos, en rigor constituyen parte esencial de la delimitación del objeto del derecho fundamental porque expresan expectativas no garantizadas por el derecho fundamental. Justamente, ese carácter inmanente a la definición constitucional del derecho fundamental contagia a estos límites internos de la misma inmunidad frente al legislador de la que goza todo derecho fundamental. El legislador no puede disponer de ellos, como tampoco lo pueden hacer los órganos judiciales o la administración: su existencia es necesaria y no depende de una decisión legislativa, ni los tribunales o de las administraciones públicas. Sin perjuicio, naturalmente, de que el legislador pueda concretar esa existencia interpretando su alcance y fijándolo en una ley (por ejemplo, trazando en una ley los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor; esta es la función de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen o de los delitos de injurias y calumnias). 

El legislador, un tribunal o la administración pública tampoco pueden crear límites internos que no estén ya en la propia Constitución. Ni pueden elevar el rango de derechos, bienes o intereses infraconstitucionales para emplearlos como límites a derechos fundamentales ni pueden descubrir límites positivos donde la propia Constitución no los establece expresamente. No existen límites implícitos o inherentes por definición a los derechos fundamentales latentes en la naturaleza de las cosas

Pongamos por caso el derecho fundamental del artículo 21.1 CE: ya dice su enunciado que se garantiza el derecho de reunión y manifestación “pacífica y sin armas”. Esta última mención constituye un claro límite positivo al derecho de reunión que excluye del objeto del derecho fundamental las reuniones y manifestaciones violentas o armadas. No es necesario que una ley concrete o excluya ese tipo de reuniones y manifestaciones para que estas carezcan de protección constitucional. La propia Constitución lo ha hecho. Tampoco pueden pertenecer al objeto del derecho fundamental las reuniones que conlleven, por ejemplo, la invasión de un domicilio particular sin el consentimiento de su titular. La garantía de la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 CE excluye del objeto del artículo 21 la expectativa de reunirse en el domicilio de un vecino sin su consentimiento. Ninguna de las conductas aludidas, una reunión o manifestación violenta o armada, o en la casa del vecino sin su consentimiento, son objeto posible del derecho fundamental de reunión y manifestación. Dicho esto sin perjuicio de que el legislador pueda concretar en una norma con rango de ley qué ha de entenderse por reunión violenta o armada, o, a falta de norma con rango de ley, que un juez o un funcionario de policía puedan realizar la misma interpretación en el caso concreto. Sin embargo, no es posible sostener que el derecho de reunión y manifestación está limitado por la “moral pública”, impidiendo así, por ejemplo, una manifestación nudista. La moral pública no es ni un límite inmanente, ni un límite positivo de ese derecho fundamental y tampoco el artículo 21 CE prevé la existencia de límites externos, por lo que tampoco el legislador podría crear ese límite. Así pues, ni el legislador, ni los tribunales ni la administración podrían prohibir una manifestación nudista arguyendo que existe un límite implícito al derecho de reunión y manifestación consistente en la defensa de la moral pública. 

En segundo lugar, están los límites en sentido propio  de los derechos fundamentales. Tienen un carácter externo, contingente y constitutivo. Su principal característica es que son restricciones que para su establecimiento la Constitución habilita a un poder público, normalmente el legislador. Es por ello que son límites externos, ya que no derivan de la coexistencia del derecho fundamental con otras normas constitucionales o están fijados expresamente por el propio enunciado iusfundamental. La Constitución llama a un poder constituido para que cree esos límites. Así pues, estos límites solo existen si ese poder los crea. Mientras el habilitado por la Constitución no haga uso del apoderamiento para crear restricciones a los derechos fundamentales, esas restricciones no existen. 

El límite externo es contingente, y, además, su creación es constitutiva. El acto de creación del límite no es una simple concreción de lo que ya está en la Constitución. El poder público apoderado a tal fin no se limita a declarar las restricciones inmanentes a la norma constitucional iusfundamental; sin perjuicio de que en ocasiones el texto constitucional establezca en qué términos el habilitado puede crear esos límites. El Poder público constituye el límite, no se limita a concretarlo.

Pd. Esta decimotercera entrada resume en muy pocas palabras la segunda parte del Capítulo VI –“Los límites a los derechos fundamentales”-, que redactó Ignacio Villaverde. 

 

3 comentarios en “Apuntes mínimos sobre teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española (13): límites «internos» y «externos» de los derechos fundamentales.

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