Como es bien conocido, el próximo martes, 3 de noviembre, se celebrarán en Estados Unidos las elecciones presidenciales. En estas líneas nos detendremos en dos de las “rarezas” que caracterizan ese sistema electoral, así como en dos importantes disfuncionalidades.
1.- Rarezas relativas al ejercicio del derecho de voto.
En Estados Unidos, como en muchos otros países, el ejercicio del sufragio es universal a partir de los 18 años pero deben señalarse algunas peculiaridades respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en España: en aquel país las personas reclusas están privadas del ejercicio del voto en la gran mayoría de los Estados (salvo Maine, Massachusetts, Utah y Vermont), lo que supone que quedan excluidas más de cinco millones de personas. Y fue el Tribunal Supremo el que avaló tales restricciones en el asunto Richardson v. Ramírez, de 24 de junio de 1974, amparándose en la dicción de la Enmienda XIV, donde se excluye del sufragio por haber participado “en rebelión o en otro delito”.
Debe recordarse también que la exclusión política de los extranjeros en los comicios estatales no viene sancionada constitucionalmente y su derecho al sufragio fue reconocido en las Constituciones de numerosos Estados durante décadas y hasta 1926, año en el que se cambió la Constitución de Arkansas, el último Estado en abolir ese derecho, todo ello con el aval del Tribunal Supremo, que concluyó que los Estados pueden conceder el derecho de sufragio a los que son sólo ciudadanos del Estado, aunque no sean ciudadanos de Estados Unidos (asunto Pope v. Williams, de 4 de abril de 1904); si bien ya no es así, numerosos Estados otorgaron el sufragio a residentes que no eran ciudadanos de Estados Unidos.
En segundo lugar, en Estados Unidos la inscripción en el censo debe ser solicitada por las personas interesadas en votar, algo que se ha venido considerando que dificulta la participación. Por si fuera poco, desde el año 2011 varios Estados han venido aprobando normas relativas a la identificación de los votantes con el argumento de combatir los fraudes electorales. En Kansas, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Wisconsin las leyes estatales exigen que los electores cuenten con algún tipo de identificación administrativa, lo que implica que los carentes de permiso o licencia de conducir o de pasaporte deben solicitar algún documento acreditativo, lo que suele desincentivar a las personas con menos recursos económicos y culturales. Además, en Estados como Florida, Georgia, Ohio, Tennessee y Virginia Occidental entraron en vigor disposiciones que reducen los periodos de votación anticipada.
2- Rarezas referidas a la existencia de un Colegio electoral que elige al Presidente.
El Presidente no es elegido de manera directa por la ciudadanía sino por un colegio de 538 electores, cifra que resulta de la suma de 100 senadores, 435 congresistas y 3 delegados de Washington D. C. Y cada Estado aporta, como se verá en el mapa que se acompaña, un conjunto de electores igual a la suma de sus representantes más sus senadores o delegados.
Son los Estados los que regulan el nombramiento de los respectivos miembros del Colegio Electoral y, habitualmente, se escogen en el seno del Comité estatal del partido que ganó en esa circunscripción. La atribución de los votos para el Colegio se hace al candidato más votado en el Estado de que se trate, salvo en Maine y Nebraska, donde se reparten proporcionalmente. La Presidencia exige 270 votos del Colegio que, en realidad, no llega a reunirse como tal: los miembros de cada Estado se reúnen por separado y remiten su decisión al Congreso. No hay, en teoría, un mandato constitucional según el cual los miembros del Colegio estén obligados a respetar el voto popular del Estado pero en la práctica ocurre así. Si nadie consiguiera 270 votos del Colegio Electoral la Constitución prevé (Enmienda XII) que intervenga el Congreso: la Cámara de Representantes elegiría al Presidente entre los tres candidatos más votados y el Senado al Vicepresidente entre los dos candidatos más votados. Así, en 1825, fue elegido como Presidente John Quincy Adams frente a Andrew Jackson.
3.- La disfuncionalidad democrática que supone el sistema de financiación de las elecciones.
La era moderna de la regulación de las campañas electorales en Estados Unidos comenzó a nivel federal después del escándalo Watergate con la aprobación de la Federal Election Campaign Act Amendments (FECA), de 1971,reformada luego en diversas ocasiones. Pero las claves del sistema han sido definidas por el Tribunal Supremo en dos sentencias capitales: en el asunto Buckley v. Valeo, de 30 de enero de 1976, consideró inconstitucionales, por contrarios a la Primera Enmienda, los límites a los gastos de los fondos personales de los candidatos previstos en la FECA y, entre otras cosas que ahora no son relevantes, los preceptos que limitaban los llamados gastos independientes; es decir, los llevados a cabo por personas ajenas a los candidatos. En pocas palabras, el Tribunal Supremo artículo ahí la doctrina speech and money, conforme a la cual la imposición de cualquier restricción de gasto de capital destinado a la comunicación política por parte de una persona o grupo reduce su libertad de expresión.
En el mucho más reciente asunto Citizens United v. Federal Election Commission, de 21 de enero de 2010, se enjuició la constitucionalidad de la Bipartisan Campaign Reform Act, reforma legal aprobada en el año 2002 para prohibir la emisión de mensajes televisivos sufragados por empresas y sindicatos si identifican a un concreto candidato y se pretende su visualización 30 días antes de la celebración de las elecciones primarias o 60 días antes de las elecciones al cargo de que se trate. Pues bien, y en muy pocas palabras, la mayoría del Tribunal concluyó que no se puede restringir, en ningún caso, lo que los particulares o las asociaciones puedan gastar en publicidad política “independiente”. Las aportaciones, incluidas las realizadas por empresas, no pueden prohibirse puesto que no cabe tacharlas de generadoras o sospechosas de corrupción. No es relevante, según el Tribunal, que los directivos de esas entidades mantengan relaciones con cargos electos, ni dichas relaciones perjudican la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático estadounidense. La tendencia ha llevado a que los principales candidatos prescindan de las ayudas públicas a cambio de poder financiarse de manera casi ilimitada a través de fondos privados.
En la práctica, un sistema de esta índole expulsa de la participación como candidatos a la inmensa mayoría de ciudadanos que, por citar ejemplos bien conocidos, a diferencia de Mitt Romney en la campaña de 2012, de Trump en la de 2016 y de éste último y Michael Blomberg en 2020, no disponen de la fortuna personal necesaria para gastar cientos de millones de dólares, o que, como Barack Obama en las campañas de 2008 y 2012, no cuentan con una potente organización capaz de recaudar enormes cantidades de dinero de las donaciones privadas.
4.- Un sistema que permite ganar la Presidencia sin obtener el mayor número de votos populares.
Como hemos visto antes la Presidencia se decide en el Colegio Electoral y ello permite que, en la teoría y en la práctica, una persona con mayor aceptación popular no resulte elegida como presidenta. La clave puede estar en vencer en los Estados que eligen mayor número de electores, como California (55), Texas (38), Nueva York (29), Florida (29), Pensilvania (20) o Illinois (20), donde bastaría ganar por un voto popular para llevarse el conjunto de los votos electorales: en 2016 Trump ganó en Pensilvania por menos del 1% y sumó 20 votos; en Florida con una victoria de 1,2% alcanzó los 29 votos. Como es obvio, no siempre ocurre esta disfuncionalidad democrática pero tampoco es algo absolutamente exótico pues se ha repetido en cinco ocasiones: en 1824 John Quincy Adams fue presidente con 38.000 votos menos que Andrew Jackson; en 1876 Rutheford B. Hayes resultó elegido aunque J. Tilden consiguió 264.000 votos más que él; la historia se repitió en 1888 cuando Benjamin Harrison fue presidente con menos votos que Grover Cleveland, en 2000 cuando George W. Bush ganó con casi 450.000 votos menos que Al Gore y en 2016 cuando Trump venció a Hillary Clinton teniendo un 2% menos de votos.
El derecho y el revés 
Buen artículo.