¿Ha sido -está siendo- España un país para viejos durante la emergencia sanitaria de Covid-19?

En el próximo número de la revista IgualdadES (número 3), editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y que versará sobre «Emergencia sanitaria e igualdad», se publicará mi trabajo «¿Ha sido España un país para viejos durante la emergencia sanitaria de Covid-19?» (puede descargarse en formato PDF este texto  que se publica previamente con autorización del Consejo de Redacción de IgualdadES; la revista estará disponible en formato electrónico de libre acceso y gratuito en pocas semanas). Agradezco muy sinceramente al Consejo de Redacción y a quienes evaluaron el trabajo las sugerencias formuladas para mejorar el texto y al Consejo su consentimiento para esta previa publicación. Por resumir en pocas palabras las conclusiones podríamos decir lo siguiente: 

Primero: durante la pandemia de Covid-19, al menos en el plano teórico, la condición de persona mayor no ha sido un criterio excluyente en orden a la protección de la salud como parte de la protección de la vida y la integridad física y moral. 

No obstante, en el momento de finalizar estas líneas siguen abiertas varias actuaciones parlamentarías y judiciales en las que, entre otras cosas, se está analizando si, efectivamente, ese mandato teórico ha tenido el debido correlato práctico en el ámbito de las residencias sociosanitarias. Y es que hay indicios para cuestionar que en muchas de las residencias de todo el país se prestara la atención adecuada a las personas necesitadas, pues a las constatadas insuficiencias previas a la pandemia, con ocasión de esta última se produjo un déficit de protección de la salud de los trabajadores vinculado a las carencias de material y al cambio de especificaciones en los protocolos, siendo así que los trabajadores fueron, en la mayoría de los casos, uno de los principales vectores de contagio en las residencias. En algunas residencias se produjo la ausencia durante semanas de algunos perfiles profesionales imprescindibles para garantizar la atención cotidiana y, lo que es más grave, la atención sanitaria (véase, con más detalle, esta Separata del Defensor del Pueblo y este estudio de Eloísa del Pino y otros). 

Segundo: meses después de la declaración del estado de alarma es criticable que no se hayan publicado datos oficiales del número de personas fallecidas por Covid-19 o con síntomas similares en las residencias sociosanitarias –informaciones oficiosas hablan de 20.600 muertos-, con lo que no es fácil valorar la gestión llevada a cabo en cada una; exigir, si estuviera justificado, las oportunas responsabilidades y, por último, sacar conclusiones que puedan servir de cara al futuro inmediato. 

Tercero: por lo que respecta a la libertad deambulatoría de las personas mayores y su correlación con su salud física y psíquica, no se ha tenido suficientemente en cuenta la necesidad de garantizarles, en particular a las que más lo necesitaban, unas salidas y paseos terapéuticos adoptando, como es obvio, las adecuadas medidas de seguridad, pues, aunque de un modo diferente a la población infantil, sobre esas personas también ha hecho mucha mella física y psicológica un confinamiento tan estricto y prolongado. 

Cuarto: en esa línea crítica hay que recordar, por lo que respecta a quienes  han pasado la crisis sanitaria en centros residenciales, públicos y privados, tuvieran o no diagnosticado COVID-19, presentasen o no síntomas y estuvieran o no en cuarentena, que se les ha aplicado un mismo régimen restrictivo: la prohibición de disfrutar de un tiempo de actividad física y de recibir visitas, limitaciones que parecen, cuando menos, desproporcionadas, pues se han impuesto de manera indiferenciada para todas las personas residentes, al margen de si su salida a la calle suponía algún tipo de riesgo especial para las demás personas que vivían en el centro sociosanitario o que trabajaban en él. 

Quinto: no está de más, para finalizar, emplear unas palabras del Defensor del Pueblo: “resultan necesarias reformas normativas de calado que garanticen a los mayores el ejercicio de una serie de derechos y que se preste una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales que permita hacer frente a toda una serie de retos que hoy tiene planteado este sector, y que con toda seguridad se incrementara en un futuro inmediato”.

Foto tomada de Redacción médica.

 

2 comentarios en “¿Ha sido -está siendo- España un país para viejos durante la emergencia sanitaria de Covid-19?

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