Apuntes mínimos sobre teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española (10): el objeto de los derechos fundamentales (lo que los derechos garantizan).

El objeto de un derecho fundamental es lo que garantiza: cuando permite hacer algo (por ejemplo, expresarse con libertad) atribuye al titular del derecho el poder jurídico de comportarse conforme a dicho permiso, que puede hacer valer jurisdiccionalmente frente a otras personas. En estos casos el objeto del derecho fundamental es precisamente ese comportamiento que la Constitución española (CE) permite llevar a cabo. Cuando lo que hace la CE es prohibir el uso del poder público, el derecho fundamental veta la imposición de deberes unilaterales en aquellos ámbitos de la realidad (inviolabilidad del domicilio) o sectores del ordenamiento jurídico (nadie podrá ser sancionado dos veces por unos mismos hechos) que quedan concernidos por la prohibición.

La CE lo que hace con los derechos fundamentales es seleccionar alguno de esos ámbitos de la realidad o de esos sectores del ordenamiento jurídico para vedar la existencia de normas prohibitivas en ellos, bien mediante el establecimiento de una prohibición (la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE, por ejemplo) o bien amparando un permiso de hacer (libertad de circulación en el art. 19.1 CE). 

Pero debe quedar claro que la CE no garantiza un remedo de libertad general de acción bajo la cual quepa amparar cualquier conducta individual o colectiva, ni es posible encuadrar en cada derecho fundamental todas las manifestaciones de hipotéticas conductas que son expresión de esa libertad genérica. Los derechos fundamentales garantizan sólo ciertas libertades y sólo esas. A este respecto es oportuno hablar del artículo 17.1 CE que, en contra de lo que no pocas veces se afirma, no protege “una libertad general de actuar” sino que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional ya desde las SSTC 126/1987, 22/1988, 112/1988 y 61/1990, la libertad personal protegida por este precepto es la «libertad física», es decir, la libertad frente a la detención, condena o internamientos arbitrarios, sin que pueda cobijarse en el mismo una libertad general de actuación o una libertad general de autodeterminación individual.  

Pues bien, precisar qué ámbitos de la realidad, qué actividades, qué sectores del ordenamiento… han sido seleccionados por la CE para elevarlos de ser meras expectativas sobre comportamientos libres a ser objeto de normas constitucionales es delimitar el objeto de cada derecho fundamental.

Cuando lo protegido es un ámbito de la realidad, el derecho fundamental puede identificar una esfera vital del individuo en el que son posibles comportamientos muy dispares (el derecho a la intimidad, art.18.1 CE, donde cabe arropar una larga variedad de conductas). O bien puede describir un comportamiento genérico (la libertad de expresión, art. 20.1.a) CE, amparando conductas que exteriorizan una idea, opinión o pensamiento). El derecho fundamental permite elegir qué hacer o qué comportamiento realizar en ese ámbito de la realidad sin que esa elección pueda estar condicionada por el uso de género alguno de poder público. Ningún tercero puede condicionar esa elección con la imposición unilateral de deberes. Por eso el derecho fundamental es una garantía de posibilidades, al permitir realizar cualquiera de los comportamientos posibles que encajen en su objeto. En la elección del comportamiento el individuo dispone del derecho. En todos estos casos el derecho fundamental es una norma abierta al garantizar un haz de facultades que puede hacerse valer frente a otras personas y a los poderes públicos. 

En otras ocasiones el objeto del derecho fundamental es justamente el deber que pesa sobre el poder público de no hacer algo (por ejemplo, intervenir comunicaciones privadas o entrar en los domicilios de las personas, salvo excepciones tasadas). En esos casos el derecho fundamental no trata de garantizar a su titular un poder de disposición sobre su conducta en un determinado ámbito de la realidad; s trata más bien de que la Constitución ha elevado a rango constitucional un determinado deber de no introducir poder público en determinadas situaciones acotadas en la norma constitucional (nadie tiene el deber de soportar la inmisión del Estado en su domicilio o en sus comunicaciones privadas). 

Así pues, el objeto del derecho fundamental en estos casos es la prohibición misma de poder público. O dicho de otro modo, el derecho fundamental no establece qué conductas individuales o colectivas están constitucionalmente permitidas y no pueden prohibirse o restringirse, en principio, mediante el ejercicio de poder público alguno, sino que fija en qué casos está proscrito, también en principio, el uso de ese poder público y, en consecuencia, el Estado (en el sentido de sujeto que tiene atribuido jurídicamente el ejercicio de ese poder) tiene el deber constitucional de no hacer uso de él.

Pd. Esta décima entrada resume en muy pocas palabras la parte primera del Capítulo V –“Objeto y contenido de los derechos fundamentales”-, que redactó Ignacio Villaverde. 

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