La inhabilitación de Joaquim Torra y la “ingeniería” institucional.

En este breve -por exigencias de la publicación- texto comento las posibles opciones que se presentan sobre la Presidencia de la Generalitat o, lo que parece más probable, una próxima convocatoria de elecciones en Cataluña. 

Como es conocido, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Presidente Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que fue condenado a un año y medio de inhabilitación especial  para el ejercicio de cargos públicos electivos y el desempeño de funciones de gobierno. 

Esta sentencia admite un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, de no prosperar éste, recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero, salvo que el Tribunal Constitucional aceptara dejarla en suspenso mientras resuelve el amparo, se cumpliría en sus términos: Torra perdería tanto la condición de Presidente, una vez el cese sea publicado oficialmente, como la de diputado en el Parlamento, ambas consecuencias previstas en el Estatuto de Autonomía (art. 67.7) y en el Reglamento del Parlamento de Cataluña (art. 24). 

Dichos ceses conllevarían la sustitución de Torra como diputado por la persona que corresponda de su candidatura y, en aplicación de lo previsto en la Ley de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno (art. 7.3), su sustitución de forma interina por el Vicepresidente Aragonés y el inicio, por Roger Torrent, Presidente del Parlamento, del procedimiento para elegir a un nuevo presidente o presidenta de la Generalidad, que tendría que ser, necesariamente, miembro del Parlamento. 

Para que hubiera nueva Presidencia de la Generalitat sería preciso formalizar  una candidatura tras consulta previa del Presidente del Parlamento con los representantes de los grupos políticos en la Cámara. El candidato o candidata obtendría la investidura con mayoría absoluta en primera vuelta o simple en  segunda votación. En todo caso, la Legislatura terminaría al cumplirse los 4 años de las anteriores elecciones (21 de diciembre de 2017). 

Un posible segundo escenario se presentaría si pasan dos meses desde la primera votación de investidura y nadie resulta elegido: la Legislatura quedaría disuelta automáticamente y el presidente en funciones convocaría elecciones de forma inmediata a celebrar entre 45 y 60 días después de la convocatoria. 

Con todo, no es ni mucho menos descartable un tercer escenario: que el Presidente del Parlamento no proponga candidatura alguna, con lo que no habría nuevo Presidente de la Generalitat ni tampoco el supuesto de hecho para contar los 2 meses que exige la convocatoria de nuevas elecciones. En tal caso, y como se argumentó en un informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento catalán de 2018, se podría acudir a la “ingeniería jurídica” que propuso el Consejo de Estado en 2003 como una de las fórmulas para salir del  bloqueo en la Asamblea de Madrid tras el “tamayazo”: que el período de 2 meses empiece a contar desde que “quede constatada la imposibilidad de proponer un candidato”, presumiendo que el intento frustrado de formalizar una propuesta equivale a una primera votación de investidura sin obtener la confianza parlamentaria. Entonces los actores políticos asumieron que se non è vero, è ben trovato; quizá ahora también.

Texto publicado en El País/Agenda Pública el 29 de septiembre de 2020.

 

Foto de Job Vermeulen/Efe

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