Tómense la salud pública en serio.

Como es sabido, el 14 de marzo de este año se decretó el estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020 y dicho estado fue objeto de seis prórrogas, en las que se fueron modificando las medidas adoptadas, finalizando a las 00:00 horas del 21 de junio. Desde esta última fecha se han venido aprobando  o reformando diferentes disposiciones de ámbito estatal y autonómico para tratar de contener la pandemia y garantizar la vida, la salud y los demás derechos de la población. 

Entre los múltiples debates que se han suscitado en los últimos seis meses en el ámbito jurídico, han tenido especial intensidad los relativos, primero, a si las medidas adoptadas en el Real Decreto 463/2020 eran compatibles con las previstas legalmente (Ley Orgánica 4/1981) para el estado de alarma o se habían acordado disposiciones más propias del estado de excepción (al respecto se presentó un recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional no ha resuelto ni parece que vaya hacerlo en fechas próximas); el segundo debate ha radicado en dilucidar si medidas de limitación general de los derechos de las personas -y no las que afecten exclusivamente a personas contagiadas o que puedan estarlo- deben de adoptarse a través del estado de alarma (competencia exclusiva del Gobierno) y solo enjuiciable en vía jurisdiccional por el Tribunal Constitucional o si pueden ser aprobadas por los gobiernos autonómicos y, en su caso, por el ejecutivo central al amparo de la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, de las leyes autonómicas de salud pública, de la propia Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública…, siendo, en su caso, objeto de control por los órganos judiciales contencioso-administrativos. 

No volveré aquí sobre dichos debates ni, más en concreto, si ahora, en términos jurídicos, habría que declarar el estado de alarma en alguna parte del territorio o si hay previsiones legales “ordinarias”, estatales y autonómicas, suficientes. Sí me permito apuntar que, en mi opinión, no se da el supuesto de hecho para la aplicación del artículo 155 de la Constitución y si el Gobierno central considera que debe intervenir con mecanismos «extraordinarios» el estado de alarma, a diferencia del mecanismo del 155, no precisa requerimiento previo a la presidencia de la Comunidad Autónoma ni la aprobación previa del Senado, pudiendo aprobarse de manera inmediata y estando expresamente previsto para graves crisis sanitarias. 

Lo que ahora pretendo recordar con pocas palabras, y al hilo de la grave situación sanitaria existente en la Comunidad de Madrid pero también en Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha…, son algunas de las obligaciones que tienen los diferentes poderes públicos con competencias en la materia. 

La primera es que la salud, configurada como un principio rector de la política social y económica en la Constitución (art. 43) pero con obvias conexiones con los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral (art. 15), es responsabilidad, en su respectivos ámbitos, de las diferentes Administraciones territoriales (estatal, autonómica y local), y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública prevé, entre otros principios de actuación, los de pertinencia (las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud de los problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad); precaución (la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran); evaluación (las actuaciones de salud pública deben evaluarse en su funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada); transparencia (las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos) e integralidad (las actuaciones de salud pública deberán organizarse y desarrollarse dentro de la concepción integral del sistema sanitario). 

Viendo lo que está ocurriendo ahora, y lo que ocurrió antes, caben dudas razonables de que no pocas actuaciones de los poderes públicos competentes hayan sido pertinentes, precavidas, transparentes e integrales; tampoco parece que hayan sido objeto de una evaluación seria. 

Ayer se hizo publico un estudio en The Lancet donde se analizan las actuaciones de 9 países de Europa, Asia y Oceanía (Alemania, España, Noruega, Reino Unido, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur) y se concluye, entre otras cosas, que, por lo que a nosotros respecta, España no articuló un sistema efectivo de búsqueda, testeo, rastreo, aislamiento y apoyo antes de aliviar las restricciones; España solo contaba con 10 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, frente a las 34 de Alemania; en España ha habido una altísima incidencia del coronavirus entre los sanitarios por la falta de material de protección adecuado, lo que, a su vez, ha repercutido en mayores dificultades de atención a los pacientes; España tampoco estableció cuarentenas para  ciudadanos extranjeros que viajaran a nuestro país; finalmente, la opinión ciudadana no ha sido tenida en cuenta a la hora de adoptar medidas preventivas y de contención. Y esto último a pesar de que la citada Ley general de salud pública prevé que “los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen, tiene derecho a la participación efectiva en las actuaciones de salud pública” (art. 5). 

Hoy, como ayer, anteayer…, es, asimismo, objeto de debate la falta de coordinación entre diferentes administraciones sanitarias y ello a pesar de que, conforme también a la Ley general de sanidad, “las acciones de protección de la salud se regirán por los principios de proporcionalidad y de precaución, y se desarrollarán de acuerdo a los principios de colaboración y coordinación interadministrativa y gestión conjunta que garanticen la máxima eficacia y eficiencia” (art. 27.3). 

En mi opinión, es reprochable que no se haya ni siquiera planteado reformar la legislación relativa al estado de alarma ni tampoco la parca Ley Orgánica 3/1986, a pesar de que ambas normas fueron pensadas para otro tiempo y otras epidemias. Pero también creo que si se hubiera cumplido lo previsto en la vigente y, relativamente, reciente, Ley general de salud pública es probable que nos hubiera ido mejor, pues dicha norma obliga, como hemos visto, a actuar de manera coordinada, con prevención, a contar con la participación ciudadana, a llevar a cabo una evaluación de las diferentes medidas adoptadas, algo reclamado insistentemente por las sociedades científicas; a una buena contabilización de los datos y a que se hagan públicos los informes técnicos de los que -queremos creer- se han servido y se siguen sirviendo los responsables políticos… 

Transcurridos más de seis meses desde la declaración del estado de alarma, la incidencia de la pandemia de Covid-19 en España vuelve a ser terrible -veremos qué sucede en las próximas semanas-; por ello, cabe reclamar, modestamente, que quienes tienen competencias para ello, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, se tomen en serio nuestra salud y tomarla en serio no quiere decir, obviamente, que estén muy preocupados por lo que está ocurriendo -faltaría más que no fuera así- sino que al servicio de ese objetivo se aparquen -sería quimérico aspirar a su eliminación- escenografías ridículas y maniobras tácticas orientadas a la combustión de los adversarios políticos. No parece mucho pedir en una situación de emergencia sanitaria.

 

Gráfico tomado de El País (25 de septiembre).

2 comentarios en “Tómense la salud pública en serio.

  1. Hola, profesor.

    Soy lector habitual del blog y no son pocas las veces que en sus entradas suelo leer lo que ya parece convertirse en idea recurrente: «se presentó un recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional no ha resuelto ni parece que vaya hacerlo en fechas próximas».

    Al respecto, me pregunto cuál es la razón por la cuál el TC se demora tanto en las resoluciones de los recursos de inconstitucionalidad, máxime cuando, ex art. 34.2 LOTC, existe un plazo máximo para resolver este tipo de impugnaciones: 10 días prorrogables mediante resolución motivada que en ningún caso podrá exceder de 30 días.

    Es alarmante la falta de celeridad y realmente inconcebible que haya recursos que están por resolver 10 años después de ser interpuestos (como la también señalada en una de tus entradas, LO 2/2010). Además, resulta de extraordinaria importancia que, en un escenario como en el que nos encontramos, la seguridad jurídica esté totalmente garantizada. ¿Cómo se supone que las diferentes Administraciones van a funcionar en el ejercicio de sus potestades administrativas si las actuaciones que deriven de tal ejercicio penden de la arbitrariedad, en el marco temporal, del TC? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos de esa actividad normativa?

    • Hola, en primer lugar, perdón por la demora en la respuesta y muchas gracias por el mensaje. Estoy totalmente de acuerdo y no encuentro respuesta lógica a las preguntas; puedo entender cierta demora en un contexto de saturación del Tribunal pero ha habido reformas legales para aligerar su carga de trabajo y, en ningún caso, caben demoras de tantos años. Un saludo y mucho ánimo, Miguel Presno

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