Apuntes mínimos sobre teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española (7): titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales.

La titularidad o efectiva atribución constitucional, directa o indirecta, de determinados derechos fundamentales puede venir condicionada por la presencia de requisitos personales o temporales. Así, por ejemplo, la Constitución española (CE) confiere algunos derechos fundamentales a los nacionales, sin perjuicio de que la mayoría de ellos puedan ser extendidos por la ley o los tratados a los extranjeros. 

La determinación de si semejantes requisitos condicionan la titularidad o sólo el ejercicio de los derechos fundamentales y, en su caso, en qué términos lo hacen, pasa por clarificar, con carácter previo, si es posible la distinción entre la titularidad y el ejercicio de un derecho fundamental. Tradicionalmente, desde una visión que reduce los derechos a poderes de voluntad jurídicamente garantizados, se ha venido negando esta distinción con el argumento de que la misma era propia del derecho privado y resultaba inaplicable a unos derechos de carácter personalísimo como los fundamentales. Con ello se pretendía evitar que alguien apareciese como titular del derecho fundamental pero, bajo el pretexto de su incapacidad de obrar, fuese permanentemente preterido por el sujeto al que el ordenamiento atribuía su representación y la capacidad para ejercerlo en su nombre. 

Sin embargo, semejante postura conduce a que hasta no se alcance la mayoría de edad, o la edad requerida para su disfrute, las personas menores no serían consideradas titulares de esos derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la decisión, por ejemplo, acerca de si se practica una determinada operación quirúrgica a un menor no tendría carácter iusfundamental y sería una cuestión de mera legalidad ordinaria. 

Por eso, adoptando una postura más flexible que concibe los derechos como poderes de la voluntad garantizados para la satisfacción de un determinado interés de su titular, ha sido posible admitir la distinción entre titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales. Este último podría realizarse a través de otra persona en los casos de incapacidad de autodeterminación volitiva del titular, cuando de ese modo se satisfaga el interés jurídicamente tutelado por el derecho fundamental de que se trate. 

Sea como fuere, la cuestión ha sido tácitamente resuelta y se ha de admitir la distinción entre titularidad y ejercicio en la medida en que nuestra jurisprudencia constitucional considera a los menores de edad, desde la STC 197/1991, de 17 de octubre, FJ 4, como titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas (en ese caso del derecho a la intimidad), a pesar de no puedan ejercitar por sí solos todo su contenido durante el amplio período de la minoría de edad. 

Por ello, cabe hablar de una capacidad de obrar iusfundamental como la  necesaria para que el titular de un derecho lo ejerza por sí mismo si reúne las condiciones exigidas para poner en práctica las concretas facultades que integran el contenido subjetivo del derecho. 

Con carácter general se puede decir que toda persona por el hecho de serlo, además de ser titular, posee dicha capacidad para ejercer sus derechos, y que sólo donde, previstas constitucionalmente ciertas condiciones personales o temporales, éstas faltaren, es posible que al titular no le quepa ejercer sus derechos y pueda (e, incluso, en ocasiones deba) intervenir otra persona en su nombre. 

Los supuestos en los que la intervención de otra persona es posible han de quedar reducidos al ejercicio de aquella parte del contenido subjetivo del derecho fundamental que por su naturaleza permite la satisfacción del interés del titular del derecho representado, como sucede en el supuesto de la manifestación de voluntad paterna o materna, emitida en nombre de un menor, autorizando a un centro médico la práctica de una intervención quirúrgica necesaria para salvaguardar su vida. 

Por el contrario, deben quedar excluidos aquellos otros supuestos en los que no es posible satisfacer el interés del titular representado, porque, como por ejemplo en la facultad natural de deambular libremente o de expresarse, dicho interés consista precisamente en la realización de la conducta de autodeterminación volitiva. 

En contra de lo que se ha sostenido por un sector de la doctrina, la CE de 1978 únicamente contempla la nacionalidad como un condicionamiento (personal) de la titularidad de los derechos fundamentales, no siéndolo la presencia de otras condiciones personales, como por ejemplo, la de docente en relación con la libertad de cátedra (art. 20.1. c CE) o la de persona empleada a propósito del derecho de huelga (art. 28.2 CE). Éstas sólo condicionan su ejercicio, dado que el contenido subjetivo de los derechos en los que se pretenden estos condicionantes no se reduce a las facultades cuyo ejercicio no es posible sin su presencia. 

Piénsese, por ejemplo, que el derecho de huelga también garantiza el derecho a mantener una relación de trabajo en la que se limite o condicione constitucionalmente ese mecanismo de presión laboral; la libertad de cátedra también garantiza a quien todavía no es docente el derecho a acceder a un puesto docente en el que no se le imponga de forma incondicionada una única metodología de enseñanza y, más claramente, el derecho de sufragio garantizado en el art. 23.1 CE, que por otra parte a diferencia de otros textos constitucionales no ha establecido una edad mínima para su ejercicio, no se agota en su principal facultad (votar o ser votado) sino que también incluye otras facultades como la reclamación para ser incluido en el censo electoral que se puede formular a partir de los 17 años, es decir, siendo menor de la edad requerida para el sufragio.

Pd. Esta séptima entrada resume en muy pocas palabras la primera parte del Capítulo IV –“Los sujetos de los derechos fundamentales”-, que redactó Benito Aláez. 

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