Apuntes mínimos sobre teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española (4): la doble dimensión, subjetiva y objetiva, de las normas que garantizan derechos fundamentales.

En todo derecho fundamental puede diferenciarse una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva, es decir, y por utilizar unas palabras ya clásicas del Tribunal Constitucional Federal alemán en el famoso asunto Lüth, de 15 de enero de 1958 -BVerfGE 7, 198 (207 y sigs.), aquí en alemán, aquí en inglés y en esta compilación en castellano, junto a los derechos fundamentales como derechos subjetivos tradicionales frente a los poderes públicos, aparecen los derechos fundamentales como normas objetivas con un contenido que se irradia en todos los ámbitos del ordenamiento. Este efecto de irradiación se extiende a la función conformadora de Derecho por parte del legislador, a la actuación del ejecutivo en el ámbito de sus funciones y a la interpretación y aplicación de normas por los órganos jurisdiccionales.  

En esta misma línea se han venido pronunciando con posterioridad diferentes tribunales constitucionales; el español lo hizo en una de sus primeras sentencias, la STC 25/1981, de 14 de julio (FJ 5), donde sostuvo que los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un estatus jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución (art. 1.1). Esta doble naturaleza de los derechos fundamentales, desarrollada por la doctrina, se recoge en el art. 10.1 de la Constitución, a tenor del cual «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social». Se encuentran afirmaciones parecidas en el derecho comparado, y, en el plano internacional, la misma idea se expresa en la Declaración universal de derechos humanos (preámbulo, párrafo primero) y en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa (preámbulo, párrafo cuarto). 

Más tarde, en el Auto 382/1996, de 18 de diciembre se recuerda que los derechos fundamentales, si bien continúan concibiéndose primordialmente como derechos subjetivos de defensa frente al Estado, presentan además una dimensión objetiva, en virtud de la cual operan como componentes estructurales básicos que han de informar el entero ordenamiento jurídico. Como consecuencia de este «doble carácter» de los derechos fundamentales pende sobre los poderes públicos una vinculación también dual: en su tradicional dimensión subjetiva, les impone la obligación negativa de no lesionar la esfera de libertad por ellos citada; en su vertiente jurídico-objetiva, reclama genéricamente de ellos que, en el ámbito de sus respectivas funciones, coadyuven a fin de que la implantación y disfrute de los derechos fundamentales sean reales y efectivos, sea cual fuere el sector del ordenamiento en el que los mismos resulten concernidos. 

Esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales los convierte en lo que ya hemos calificado como “mandatos de optimización” en la medida en que comportan un determinado contenido normativo que debe ser realizado por los poderes públicos, y la optimización de esa dimensión objetiva requiere actuaciones concretas que permitan el máximo desarrollo, jurídico y práctico, del haz de facultades comprendido en el derecho fundamental. 

Las dimensiones subjetiva y objetiva no discurren en paralelo sino que guardan una estrecha relación y la objetiva actúa como un elemento de fortalecimiento  de subjetiva; así, la dimensión objetiva del derecho de manifestación refuerza el derecho subjetivo que tenemos a convocar o a participar en una manifestación pacífica y lo hace imponiendo a los poderes públicos (a las autoridades administrativas y a los órganos judiciales sin ir más lejos pero también al legislador) la obligación de favorecer el ejercicio de ese derecho, adoptando, incluso, las medidas jurídicas y fácticas para que pueda desarrollarse con normalidad. 

Pero mientras la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales -la tradicionalmente reconocida- no supone una transformación esencial de la estructura de la Constitución, dicha transformación sí tiene lugar al añadir la vertiente jurídico-objetiva del derecho, pues impone una necesidad de hacer, y no meramente de abstenerse de lesionar el derecho, al Estado y eso se convierte en una facultad subjetiva de reclamar su realización. 

En segundo lugar, merced a la eficacia objetiva de los derechos fundamentales irradiándose en todos los sectores del ordenamiento, tales derechos dejan de ser principios y garantías en la relación entre el Estado y las personas para transformarse en principios superiores del ordenamiento jurídico en su conjunto.

En definitiva, de la significación y finalidades de los derechos fundamentales dentro del orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de las personas, sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por consiguiente, de la obligación del sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual protegida por los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte de una persona en particular. Ello obliga especial, aunque no exclusivamente, al legislador, quien recibe de los derechos fundamentales «los impulsos y líneas directivas», obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho  fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa” (STC 25/1981, FJ 5).

Pd. Esta cuarta entrada resume en muy pocas palabras la segunda parte del Capítulo II –“La estructura de las normas de derechos fundamentales”-, que redacté yo. 

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