¿Puede ondear la “bandera arcoíris” en los edificios públicos?

En esta información de El País se dice que “Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos autonómicos se han sumado los últimos años al Día del Orgullo Gay, que se celebra el 28 de junio, exhibiendo en sus edificios la bandera arcoíris símbolo del movimiento LGTBI. Pero una sentencia reciente del Tribunal Supremo que prohíbe a las Administraciones el uso, incluso “ocasional”, de banderas no oficiales ha sumido en la confusión un gesto que ya era habitual. Varios, como el Ayuntamiento de Cádiz, han izado la bandera desoyendo al tribunal, algunos han desistido este año de hacerlo y otros alegan que no cuelgan banderas sino lonas arcoíris en los balcones”. 

La citada sentencia del Tribunal Supremo es la  1163/2020, de 26 de mayo, dictada a resultas del recurso presentado contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de septiembre de 2016, que reconocía la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos del pueblo canario acordando su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede central del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 22 de octubre de 2016. 

Tras sucesivas resoluciones judiciales de los tribunales inferiores, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en una brevísima sentencia,  recuerda, entre otras cosas (FJ 4), la doctrina del Tribunal Constitucional que sostiene que “las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 CE ” (por todas, SSTC 244/2007, de 10 de diciembre; 14/2003, de 28 de enero; 254/1993, de 20 de julio, entre otras)”. 

En segundo lugar (FJ 5), se dice que la administración, incluyendo la municipal, ha de respetar el ordenamiento jurídico, art. 103.1 CE sin que lo acordado, aunque lo voten la mayoría de los grupos políticos, pueda incardinarse en el marco competencial fijado por el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Y, en consecuencia, “contraviene el ordenamiento un acuerdo que reconoce la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos del pueblo canario acordando su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede central del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 22 de octubre de 2016. No es la bandera oficial por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario como defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. 

Finalmente, y aquí entramos en lo interesante a los efectos que nos ocupan, el Tribunal Supremo concluye (FJ 6) que “a la vista de lo argumentado se fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”. 

No nos detendremos en estas pocas líneas en el conjunto de implicaciones que cabe derivar de esta resolución sino que nos centraremos en la cuestión de si cabe derivar de esta sentencia la prohibición de colocar en la sede de instituciones públicas como ayuntamientos, diputaciones o gobiernos autonómicos “la bandera arcoíris” o, incluso, cualquier símbolo vinculado a concretas reivindicaciones sociales. Vayamos por partes. 

No ofrece dudas constitucionales que los poderes públicos no son titulares, en general, de derechos fundamentales y, en ningún caso, lo son de la libertad de expresión. Además de las sentencias del Tribunal Constitucional mencionadas por el Tribunal Supremo cabe recordar la STC 185/1989, de 13 de noviembre (FJ 4), según la cual “no puede equipararse la posición de los ciudadanos, de libre crítica de la actuación de las instituciones representativas en uso legítimo de su derecho fundamental a la libertad de expresión, a la de tales instituciones, cuya actuación carece vinculada al cumplimiento de los fines que le asigna el ordenamiento jurídico…” 

Dicho eso, una cosa es que estas entidades públicas no ejerzan la libertad de expresión y otra que no puedan emitir comunicados institucionales, a través de diferentes medios expresivos -incluidas, en su caso, “banderas”- con los que no solo no están vulnerando el ordenamiento sino que le están dando, en sentido estricto, cumplimiento. Así, y por lo que respecta, por ejemplo, a las entidades municipales, la vigente Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) ya prevé en su artículo 25.2.O) que “el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias… Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género”. Con arreglo a esta previsión parece claro que es competencia municipal promover la igualdad entre hombres y mujeres y combatir la violencia de género, lo que avala que se coloquen en dependencias municipales símbolos, en forma o no de banderas, que contribuyan a la sensibilización social sobre estos temas, algo que debe ir más allá, obviamente, de las actuaciones simbólicas. 

Alguien podría decir que en esa previsión legal no se incluyen “banderas” en pro de otras igualdades, como, por ejemplo, en materia de orientación sexual. Pero esa ausencia de la LBRL no quiere decir que esa actuación carezca de amparo normativo; antes al contrario, lo encuentra en la propia Constitución que no solo prohíbe (art. 14) la discriminación por múltiples motivos, entre ellos, como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, la orientación sexual, sino que, además, proclama (art. 1.1) que la igualdad es uno de los valores superiores del ordenamiento y, sobre todo, “obliga” a los poderes públicos -a todos- “a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (art. 9.2). Adicionalmente, cabe recordar que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea menciona expresamente (art. 21) la prohibición de discriminación por razón de orientación sexual, algo en lo que han insistido tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Así pues, todos los poderes públicos españoles están obligados, por mandato constitucional, a combatir, entre otras, la discriminación por razón de orientación sexual. De ahí no cabe derivar que estén “obligados” a colocar pancartas o banderas el día 28 de junio, pues de lo que se trata es de que lleven a cabo políticas públicas para superar la estigmatización de las personas LGTBI, pero pueden entender que una forma -no la única ni, tal vez, la principal- de llevar a cabo esa tarea es, precisamente, poner en un espacio público visible un símbolo reconocido internacionalmente como la “bandera arcoíris”. 

Y si así lo hacen estarán actuando de plena conformidad con el ordenamiento nacional e internacional vigente, sin que precisen acudir a subterfugios como hablar de “lonas” y no de “banderas”.

Fachada del edificio de Presidencia del Gobierno balear conmemorando el Día del Orgullo. Foto de Europa Press

Un pensamiento en “¿Puede ondear la “bandera arcoíris” en los edificios públicos?

  1. Muy acertado análisis que comparto. Espero que los magistrados del Supremo y de otros tribunales contencioso-administrativos, lo lean y aprendan que las normas hay que interpretarles teniendo en cuenta la Constitución Española en su integridad, los principios que emanan de ella, así como la legislación y jurisprudencia europea y la olvidada legislación local y la importancia de los entes locales como administraciones cercanas al ciudadano.

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