… En anteriores episodios de contiendas en Estados Unidos sobre la libertad de expresión en Internet y las redes sociales.

Es posible que llegue a producirse una contienda judicial “Twitter v. United States” si sale adelante una eventual regulación federal que cambie el papel hasta ahora atribuido a plataformas como la mencionada. Al respecto puede verse este interesante y reciente webinar organizado por los profesores Lorenzo Cotino, coordinador de la Red www.derechotics.com, y Andrés Boix, ambos de la Universidad de Valencia, y la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información y en el que, moderado por Marta Timón, Letrada del Tribunal Supremo, participaron el propio Lorenzo Cotino, Miguel del Fresno (sociólogo y profesor titular de la UNED), Margarita Robles (profesora titular de la Universidad de Granada), Joan Barata (jurista experto en libertad de expresión miembro de la PDLI y de Stanford CIS y asesor de diversos organismos internacionales), Carlos Sánchez Almeida (Director legal de la PDLI y abogado experto en tecnología en Bufete Almeida) y Yolanda Quintana (periodista y secretaria general de la PDLI), que presentó las conclusiones. 

Pues bien, en las siguientes líneas resumiré algunas contiendas judiciales ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos a propósito de diferentes regulaciones sobre el alcance de la libertad de expresión en Internet y las redes sociales: las primeras empezaron a librarse a finales del siglo pasado con ocasión de la aprobación, por parte del Congreso de los Estados Unidos, de la Communications Decency Act (CDA) en 1996. Esta norma pretendía limitar la distribución de material “indecente” o “claramente ofensivo” por vías electrónicas accesibles a menores, castigando esa conducta con penas de prisión de hasta dos años y multas que podían alcanzar los 250.000 dólares. 

Resultó llamativo desde el principio que se pretendiera criminalizar una conducta que era legal si se ejercía a través de medios de comunicación escritos. Ese fue uno de los motivos que movió a la American Civil Liberties Union (ACLU) a impugnar judicialmente la Ley. 

El asunto acabó en el Tribunal Supremo convirtiéndose en el famoso caso  Reno v. ACLU, de 26 de junio de 1997, donde, por unanimidad, se declaró que la norma en cuestión vulneraba la Primera Enmienda. El juez Stevens, ponente de la sentencia, concluyó que la CDA carecía del rigor y precisión que requiere una norma que afecta a la Primera Enmienda; también que con el argumento de impedir el acceso de menores a contenidos potencialmente dañinos se acaba eliminando una gran cantidad de material expresivo que las personas adultas tienen derecho a recibir o enviar a los demás. Además, existen alternativas menos restrictivas que pueden ser eficaces para la concesión del fin legítimo perseguido por la CDA. 

En ese caso, el Tribunal Supremo consideró que Internet se asemejaba más a los medios de comunicación escritos que a la radiodifusión, por lo que no estarían justificados límites que se han venido admitiendo para la segunda pero no para los primeros: Internet no sería tan invasiva como la radio o la televisión pues el usuario no se encuentra con su casa invadida por los contenidos sino que debe ir a buscarlos a la Red. 

El Supremo era consciente, ya en 1997, de la extraordinaria expansión que implicaba “este nuevo mercado de ideas” y consideró que, mientras no se pudiera probar lo contrario, una regulación como la aprobada por el Congreso era muy probable que interfiriera en el libre intercambio de ideas, desalentándolo. Y es que el interés en fomentar la libertad de expresión en una sociedad democrática supera cualquier beneficio teórico, pero todavía no evidenciado, de su censura. 

El segundo intento del Congreso de “poner orden” en Internet se gestó ya en 1998 con la aprobación de la Child Online Protection Act (COPA), que declaró ilegal cualquier dispositivo comercial que permitiera a menores de edad acceder a contenidos “perjudiciales”, tomando la expresión del caso Miller v. California, de 21 de junio de 1973, para definir mejor el término “obscenidad”. 

En 1999, un juzgado de Pensilvania paralizó el cumplimiento de la COPA, decisión avalada el año siguiente por el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, que consideró inaplicables a Internet los llamados “estándares comunitarios contemporáneos”. Esta decisión fue objeto de un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo que, en el asunto Ashcroft v. American Civil Liberties Union, de 13 de mayo de 2002, resolvió que era correcto el mandato de suspensión de la Ley y devolvió el asunto al Tribunal del Tercer Circuito, que, por su parte, volvió a examinar el caso en 2002 y a confirmar, en 2003, lo decidido previamente. 

El caso llegó de nuevo al Supremo que, el 29 de junio de 2004, confirmó lo decidido en 2002, recordando que existen instrumentos de protección de la infancia menos lesivos para la libertad de expresión, como el bloqueo o filtro de la información. Por si fuera poco, la COPA no impedía el acceso de los menores a contenidos perjudiciales procedentes de otros países y sí podía provocar un efecto desaliento en los usuarios de Internet. Se inició así un nuevo itinerario judicial que acabó convirtiendo la suspensión temporal de la Ley en permanente, rechazando en 2009 el Tribunal Supremo un tercer recurso de apelación y eliminando la Child Online Protection Act del Código legal de los Estados Unidos, sin que la norma llegara a entrar en vigor. 

Estos fracasos del legislador en su pretensión de “disciplinar” Internet no ocultaban el hecho de que se estaba en un momento que James Balkin calificó de revolucionario y que, como toda revolución, implicaba tiempos de confusión, tiempos de transición y tiempos de oportunidades pero también de mucho oportunismo en materia de libertad de expresión, derecho destinado a transformarse en la era digital so pena de acabar extraviando su sentido en una sociedad democrática. 

A continuación, debe mencionarse el mucho más reciente asunto Elonis v. United States, de 1 de junio de 2015, donde el Tribunal Supremo se ocupó, por vez primera, del ejercicio de la libertad de expresión a través de las redes sociales; concretamente en Facebook: Anthony Douglas Elonis, en proceso de divorcio de su esposa, hizo una serie de comentarios públicos en su página de Facebook a partir del guión del programa “The Whitest Kids U’ Know” en el que se hace mención al deseo de matar al Presidente de Estados Unidos pero sustituyendo la referencia al alto mandatario por una referencia a su propia mujer. Elonis también hizo otros comentarios sobre las formas en las que pensaba asesinar a compañeros de trabajo, a miembros de la policía,… 

En primera instancia, Elonis fue condenado a 44 meses de prisión y a tres años de libertad vigilada. Tras fracasar su recurso al Tribunal de apelaciones, que no prestó atención a la intencionalidad última del acusado sino al hecho de que se habían emitido expresiones que una persona “media” podría considerar como amenazas reales, Elonis consiguió que el Supremo aceptara su caso invocando los derechos amparados por la Primera Enmienda y la falta de pruebas que acreditaran la seriedad de sus comentarios. 

El Alto Tribunal, sin atender a las argumentaciones de la defensa, revocó la condena en una sentencia de la que fue ponente el Chief Justice Roberts y que contó con el voto discrepante del Juez Clarence Thomas y un voto en parte concurrente y en parte discrepante del Juez Samuel Alito. En su fundamentación, la mayoría recuerda su doctrina reiterada según la cual la inexistencia de una previsión legal expresa sobre las intenciones últimas de una conducta no implica que se pueda prescindir de cualquier grado de intencionalidad del autor, pues ésta es una exigencia inherente al propio principio de la culpabilidad característico del proceso penal y diferente del procedimiento civil en el que tal circunstancia no es imprescindible. 

Lo reseñable es que la mayoría del Tribunal no entra a analizar la especificidad comunicativa de las redes sociales, donde hay imágenes y otros recursos narrativos que pueden contribuir a formarse un opinión relativamente fundada sobre, por ejemplo, la seriedad de unos comentarios hechos en Facebook. A esta cuestión se refiere en su voto el Juez Alito, señalando la importancia del contexto: no es lo mismo escuchar una canción con una letra con connotaciones violentas en un concierto musical que el empleo de esa misma letra para dirigir un mensaje a una concreta persona en una red social, donde son frecuentes este tipo de prácticas por parte de los acosadores. Por su parte, el Juez Thomas critica la situación de incertidumbre que el fallo generará tanto a los miembros del Tribunal de apelaciones, al que se reenvía el caso, como a las personas que usen habitualmente Facebook. 

Finalmente, por lo que ahora respecta, debe citarse el fallo del Tribunal Supremo en el caso Packingham v. North Carolina, de 19 de junio de 2017, una sentencia en la que por vez primera ese órgano jurisdiccional se ocupa de la constitucionalidad de las limitaciones legales al acceso a redes sociales como Facebook y Twitter. 

El asunto trae causa de la aplicación a un caso de una Ley de Carolina del Norte, del año 2008, en la que se prohibió el uso de redes sociales de carácter comercial por parte de personas condenadas por abusos sexuales si a dichas redes también podían tener acceso menores de edad: Lester Gerard Packingham había sido condenado por tener relaciones sexuales con una menor de 13 años de edad a 1 año de prisión y 2 de libertad vigilada, debiendo permanecer alejado de la víctima de su delito. En 2010 un policía detectó que Packingham había escrito un comentario en Facebook celebrando no haber sido sancionado por infracciones de tráfico, lo que motivó la aplicación de la ley estatal de 2008 y la condena de Packingham, si bien quedó en situación de libertad vigilada. El acusado recurrió al Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte, que consideró que la ley estatal era inconstitucional, entre otros motivos, por su deficiente definición de los hechos sancionables y porque imponía condenas desproporcionadas. 

En un posterior recurso ante el Tribunal Supremo estatal, este órgano, aplicando el criterio sentado por el Tribunal Supremo Federal en el caso United States v. O’Brien, revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones entendiendo que la Ley estatal sancionaba comportamientos, no expresiones, y por eso debía someterse, no a un control “estricto” de constitucionalidad, sino a uno “intermedio” y, conforme a éste, había correlación entre los fines legítimos perseguidos por el Estado y las medidas previstas en la Ley. 

Finalmente, el Tribunal Supremo Federal declaró que la Ley era inconstitucional por contraria a la Primera Enmienda. En la sentencia, redactada por el juez Kennedy y adoptada por unanimidad, aunque con votos concurrentes, se dice, primero, que un principio fundamental de la Primera Enmienda es que todas las personas tienen garantizado el acceso a sitios donde pueden “hablar y escuchar, y luego, después de reflexionar, hablar y escuchar de nuevo”; en segundo lugar, se argumenta que al prohibir a los delincuentes sexuales usar esos sitios web, Carolina del Norte “les impidió acceder a lo que para muchas personas son las principales fuentes de conocimiento de noticias, de lectura de anuncios de empleo, a los sitios donde se habla y escucha en la moderna plaza pública y los que permiten explorar los vastos campos del pensamiento y del conocimiento humanos”. De manera gráfica, el ponente recuerda que, por poner un ejemplo, los usuarios de Facebook suponen el triple de la población de Norteamérica. También que medios sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn sirven para que los usuarios intercambien opiniones y sociales e, incluso, realicen peticiones a sus representantes políticos a través de Twitter. 

A modo de colofón, explica que la era cibernética puede ser una revolución de proporciones históricas, que en ese ámbito el Tribunal debe proceder con cautela y que, como regla general, el Gobierno “no puede prohibir el discurso legal como un recurso para suprimir el discurso ilícito”. 

En su voto concurrente, el juez Alito, respaldado por Roberts y Thomas, sostiene que el ciberespacio es, en el siglo XXI, el equivalente a las calles y parques públicos, por lo que no se puede dejar a los Estados sin capacidad alguna para restringir los sitios que pueden ser visitados por los delincuentes sexuales más peligrosos. Por ello, y no obstante lo dicho en la sentencia, concluye que existen escenarios razonables en los que se puede prohibir el acceso de delincuentes sexuales a las páginas web destinadas a adolescentes. 

Esta sentencia es de gran relevancia por el papel que el Tribunal Supremo reconoce a las redes sociales como cauce para el ejercicio de los derechos protegidos por la Primera Enmienda y, sin duda, sus consecuencias trascenderán la legislación de Carolina del Norte, pues otros 13 Estados (Louisiana, Arizona, Colorado, Hawaii, Indiana, Michigan, Minnesota, Nevada, Pennsylvania, Rhode Island, Texas, South Carolina y Wisconsin), comparecieron ante el Supremo apoyando la Ley declarada inconstitucional.

Imagen tomada de la publicidad del webinar antes mencionado.

 

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