El limitado poder militar “en el interior” de la Presidencia de Estados Unidos: la Posse Comitatus Act y la Insurrection Act. 

Como es bien sabido, el Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aunque, al menos en la teoría constitucional (Sección Octava del Artículo I), corresponde al Congreso declarar la guerra y decidir sobre el presupuesto militar. Y es que los “Padres Fundadores” quisieron romper con la tradición:  estudiaron los modelos de gobierno vigentes a la sazón en Europa, que dejaban en manos del Monarca la toma de las decisiones militares, y transfirieron, de manera deliberada, ese poder del Ejecutivo al Legislativo; así, en palabras de Thomas Jefferson dirigidas por escrito a James Madison: “We have already given in example one effectual check to the Dog of war by transferring the power of letting him loose from the Executive to the Legislative body, from those who are to spend to those who are to pay” (por cierto, la expresión “Dogs of War” aparece en Julio César, de Shakespeare). 

En estos días Trump ha especulado con el empleo de militares para llevar a cabo funciones de orden público, algo que tiene precedentes en el pasado siglo cuando, por citar ejemplos conocidos, Eisenhower, Kennedy y Johnson pusieron bajos sus órdenes a la Guardia Nacional de Mississippi, Alabama y Arkansas y Einsenhower incluso movilizó a la 101 División Aerotransportada para hacer cumplir las leyes contra la segregación racial en algunos estados del Sur. 

No obstante, la premisa constitucional, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso United States v. Curtiss-Wrigth Export Corportation, de 21 de diciembre de 1936, es que en las cuestiones exteriores la Presidencia dispone de más poderes inherentes o implícitos que en los asuntos internos. 

Y en el plano estrictamente legal, debe tenerse en cuenta la Posse Comitatus Act, 18 U.S.C. § 1385, de 1878, modificada en 1956 y 1981, norma que desarrolla el precepto constitucional que permite el uso de la milicia “para ejecutar las Leyes de la Unión, sofocar las insurrecciones y rechazar las invasiones”. Esa Ley prohíbe el recurso al Ejército y, luego de una modificación legal, a la Fuerza Aérea, para la ejecución de órdenes civiles, salvo autorización expresa de la Constitución o el Congreso. 

La Posse Comitatus Act no menciona expresamente ni la Marina ni al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, si bien las normas que reglamentan las funciones de estos cuerpos permiten llegar a la misma conclusión que lo previsto para el Ejército y la Fuerza Aérea. Sí se permite que la Guardia Nacional actúe en calidad de agente de la ley dentro de su Estado de origen o en un Estado vecino si es requerida por el gobernador de ese Estado. 

El título de la ley tiene un significado histórico y proviene del concepto jurídico posse comitatus relativo a la autoridad que permitía al sheriff del condado reclutar a cualquier persona apta para ayudar a mantener el orden. 

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 hubo apelaciones a una interpretación más generosa de las excepciones anteriores y la USA PATRIOT ACT (acrónimo de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) amplió las circunstancias en las que se puede acudir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo; en concreto, que la Posse Comitatus no impone restricciones al Presidente para el uso de las Fuerzas Armadas contra terroristas extranjeros que operen en Estados Unidos. 

Para justificar ahora el empleo de militares en el ejercicio de funciones de policía Trump podría acudir a la Insurrection Act, de 1807, que es la principal excepción legislativa a la propia Posse Comitatus Act y que, para ser aplicada, exige un requerimiento presidencial previo instando a los “insurgentes” a que declinen su actitud en las calles. Estas disposiciones atribuyen al Presidente, a petición de los Estados o por propia iniciativa, la facultad de movilizar al Ejército y a la Guardia Nacional de los Estados Unidos “para hacer frente a una insurrección, en cualquier Estado, que hace impracticable la aplicación de la ley” y “para hacer frente a una insurrección o violencia, en cualquier Estado, que tenga como resultado la privación de los derechos garantizados por la Constitución, y cuando el Estado no pueda garantizarlos o se niegue a proteger dichos derechos”

Puede leerse más información en este informe de los servicios del Congreso.

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