Coranavirus SARS-CoV-2 y derechos fundamentales (17): la Decisión del Consejo Constitucional francés de 11 de mayo sobre el Proyecto de ley de prórroga del estado de emergencia sanitaria.

El Proyecto de ley que extendía el estado de emergencia sanitaria hasta el 10 de julio, aprobado el 9 de mayo de 2020, fue remitido al Consejo Constitucional (CC) por el Presidente de la República, el Presidente del Senado y por varios diputados y senadores en aplicación del artículo 61 de la Constitución, que prevé un control de constitucionalidad preventivo, a diferencia, por ejemplo, del español, que es, salvo en materia de tratados internacionales, siempre posterior a la promulgación de la norma sometida a enjuiciamiento constitucional. La legitimación corresponde al Presidente de la República, al Primer Ministro, al Presidente de la Asamblea Nacional, al Presidente del Senado y a sesenta diputados y sesenta senadores. La remisión al Consejo Constitucional suspende el plazo de la promulgación. 

La remisión en este caso fue realizada por los Presidentes de la República y del Senado y por diputados y senadores y se refería a diversos preceptos del proyecto de ley y también a su propio procedimiento de aprobación. El CC ha resuelto, con extrema celeridad, en el plazo de dos días, y ha dicho algunas cosas realmente interesantes

En primer lugar, en materia de responsabilidad penal, el CC concluye que las previsiones del párrafo II del artículo 1 relativas a la exigencia de responsabilidad penal a los cargos públicos en presuntos casos de negligencia no son muy diferentes a las que contempla la legalidad ordinaria y se aplicarían de forma similar a cualquier persona que cometa un delito de ese tipo durante la situación que ha justificado el estado de emergencia sanitaria, por lo que no vulneran el principio de igualdad de la ley penal. 

En segundo lugar, el CC recuerda que corresponde al legislador garantizar el equilibrio entre la protección de la salud y el respeto a los derechos y libertades reconocidos en República; entre otros, la libertad de circulación, el derecho al respeto de la vida privada, la libertad de expresión… y, en este contexto, el legislador, en el artículo 2, llevó a cabo una regulación equilibrada al adoptar unas medidas que autorizan al Primer Ministro a regular o prohibir el movimiento de personas y vehículos, regular el acceso a los medios de transporte y las condiciones de su uso, ordenar el cierre temporal y regular la apertura de establecimientos abiertos al público, así como respecto a los lugares de reunión… 

En tercer lugar, y aquí viene una de las claves de la resolución, el CC analiza el régimen de las medidas limitativas de la libertad individual (cuarentena, aislamiento…) previsto en el artículo 3, que es de un período inicial de catorce días, renovable por un plazo máximo de un mes, y que puede implicar la prohibición de “cualquier salida”. 

Pues bien, el CC hace un enjuiciamiento de estas medidas que limitan de manera intensa la libertad individual a la luz de los derechos de las personas afectada y del fin legítimo de evitar la propagación de una enfermedad susceptible de causar una catástrofe sanitaria y concluye que el legislador persiguió el fin constitucionalmente lícito de proteger la salud. Así, la medida debe tomarse sobre la base de un certificado médico y solo puede extenderse más allá de un período de catorce días si un nuevo certificado médico avala la necesidad de esa prórroga. En principio, estas condiciones garantizarían que las medidas se aplicarán solo en los casos en que sean apropiadas, necesarias y proporcionadas al estado de las personas afectadas o que puedan verse afectadas por la enfermedad. 

Ahora bien, y respecto al control de la mismas, el CC recuerda que la libertad individual solo puede ser protegida si la autoridad judicial interviene lo antes posible. En este sentido, en el caso de prohibición de toda salida, las medidas de cuarentena, confinamiento y aislamiento constituyen una privación de libertad y por eso se contempla la intervención judicial para su control. Lo mismo tendría que suceder cuando las medidas consistan en que el interesado, que se sospecha podría estar contagiado, permanezca en su casa o lugar de alojamiento durante un período de más de 12 horas al día. Pues bien, el Consejo Constitucional considera que, para que cualquiera de estas previsiones sean compatibles con el artículo 66 de la Constitución, no cabe su prórroga sin la preceptiva autorización judicial. 

En cuarto lugar, el CC se centra en el enjuiciamiento constitucional del sistema de información destinado a permitir el procesamiento de datos destinados al “rastreo” de las personas afectadas por Covid-19 y de aquellas otras que han estado en contacto con ellas. El CC recuerda al respecto que del derecho constitucional al respeto de la vida privada se desprende que la recogida, registro, conservación, consulta y comunicación de datos personales debe justificarse en motivos de interés general y debe articularse de manera proporcionada a este fin, algo especialmente exigible si se trata de datos personales de carácter médico. 

Pues bien, las previsiones legales objeto de examen autorizan el procesamiento y el intercambio, sin el consentimiento de las personas afectadas, de datos personales relacionados con su salud y ello, según el legislador, para reforzar los medios de lucha contra la epidemia mediante la identificación de las cadenas de contagio. 

Para avalar la idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto de las medidas el CC señaló que la recopilación, el procesamiento y el intercambio de los datos personales antes mencionados solo pueden articularse en la medida estrictamente necesaria para cuatro propósitos específicos: la identificación de las personas infectadas; la identificación de las personas que, habiendo estado en contacto con ellas, presentan un riesgo de infección; el sometimiento de las mismas a aislamiento médico profiláctico y su acompañamiento durante y después de la finalización de esas medidas, y la vigilancia epidemiológica nacional y local, así como la investigación del virus y de los medios para combatir su propagación. 

Las medidas de control prevén que se supriman los apellidos y nombres de las personas interesadas, su número de identificación y su dirección. Para el CC, además, la supresión debe extenderse también a los datos de contacto telefónicos o electrónicos de las personas interesadas. En segundo lugar, el desarrollo reglamentario de estas previsiones deberá garantizar la estricta confidencialidad de los datos, especificar quién pueden acceder al sistema de información y asegurar la trazabilidad del acceso a dicho sistema de información. En la misma línea, el eventual acceso a los datos por parte de personal subcontratado estará condicionado a las mismas garantías de necesidad y confidencialidad y si se trata de actuaciones relacionadas con cuestiones de índole social, no relacionadas directamente con la lucha contra la pandemia, no cabe el acceso a los datos de carácter personal mencionados sin el consentimiento de las personas afectadas. 

Finalmente, el CC ha tenido en cuenta que las previsiones legislativas contemplan que este mecanismo de recogida y tratamiento de datos no debe aplicarse más allá del tiempo estrictamente necesario para luchar contra la propagación de la epidemia o, como mucho, más de seis meses después del final del estado de emergencia sanitaria declarado por la ley de 23 de marzo de 2020. Por otra parte, los datos personales almacenados, sean médicos o no, deben ser eliminados tres meses después de su recogida.

En suma, y con las cautelas mencionadas, la reforma legal puede promulgarse. 

Desde el punto de vista del análisis comparado con la situación en España, el caso francés presenta diferencias: por un lado, las medidas que aquí se comentan forman parte de un proyecto de ley; el control de constitucionalidad es, como ya se indicó, previo a la promulgación de la ley; llama la atención que la prórroga del estado de emergencia sanitaria se extiende, en principio, hasta el 10 de julio; en lo que respecta al confinamiento y aislamiento individualizados en España la medida estaría comprendida en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (“(c)on el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”). Por último, sí creo que resultan de especial interés para nuestro caso las cautelas adoptadas para el tratamiento de datos médicos: limitación de los datos a recoger, modo de hacerlo, restricciones de acceso a los mismos, trazabilidad, temporalidad…

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