Coranavirus SARS-CoV-2 y derechos fundamentales (14): comentario al Auto del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de una manifestación el 1 de mayo.

El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció, el 30 de abril de 2020, por vez primera desde la declaración del estado de alarma, sobre un conflicto -conflicto en sentido amplio-jurídico relacionado con dicha declaración: la eventual lesión del derecho fundamental de reunión (artículo 21 de la Constitución española, CE) a resultas de la prohibición de “una manifestación rodada en coches particulares, en la ciudad de Vigo, el viernes día 1 de mayo de 2020, a las 11:00 horas, que tendría comienzo en la Plaza de España, en sustitución de la anteriormente convocada y comunicada a la Subdelegación del Gobierno el pasado 1 de abril….El motivo de la convocatoria es celebrar el día 1 de mayo, de la clase trabajadora… La manifestación comenzará a las 11:00 en la Plaza de España, indicándose el recorrido, con finalización en Concepción Arenal, delante del edificio de la Xunta a las 12:30 horas”. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra respondió, entre otras cosas, “que, en la actualidad, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no contempla, entre las actividades excepcionadas de la limitación general para circular, los desplazamientos con el fin expuesto en su comunicación”. 

El posterior recurso de los promotores fue desestimado por Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de abril de 2020, con, entre otros, los siguientes razonamientos: sólo cabría la impugnación del Real Decreto 463/2020 [el que acordó el estado de alarma] ante el Tribunal Constitucional y, sin su previa declaración de inconstitucionalidad, se puede fundar en la aplicación de dicha norma la prohibición de celebrar la concentración de vehículos con la finalidad de llevar a cabo la manifestación del 1 de mayo, sin que la Sala vea méritos para plantear cuestión de inconstitucionalidad ni observe irregularidad alguna en su aplicación… En la ponderación de bienes jurídicos en presencia, la Sala no puede permanecer ajena a la enorme magnitud de los efectos que ha provocado dicha pandemia, al ser de notoriedad pública y general la gran cantidad de fallecidos, hospitalizados y afectados a que ha dado lugar, por lo que no puede sustraerse a las tragedias que muestran cada día los medios de comunicación, percibiendo de ese modo el monumental golpe que el COVID-19 ha asestado a la salud pública española, al margen de los efectos de todo tipo que se derivarán en el futuro. Ese riesgo para la salud pública, concretado en la constante pérdida de la vida de miles de ciudadanos y la necesaria hospitalización de muchos más a lo largo de más de un mes, y que en el presente todavía no ha sido contenida, ha dado lugar a la declaración del estado de alarma y justifica la restricción en la circulación de personas, incluso a bordo de vehículos, que se contiene en el artículo 7.2. del RD 463/2020, para así evitar la propagación del virus”- 

Más adelante añade que “la protección de la salud pública (art. 43.2 CE) que ha motivado el estado de alarma entrañan una cobertura jurídica suficiente para la restricción que se contiene en la resolución que se impugna…. La Sala considera que esa ponderación de bienes jurídicos en presencia es lo que se le escapa al Ministerio Fiscal en su dictamen, pues, si bien alega que ha de enjuiciarse el caso concreto, a continuación sólo atiende a las circunstancias específicas de la manifestación convocada, orillando la gravedad de la pandemia y consiguiente emergencia sanitaria, lo que exige extremar la protección de la salud pública y alejar cualquier posibilidad de que los contagios puedan tener lugar, siendo así que, si se celebrase la manifestación en las condiciones que se ofrecen, antes de entrar o después de salir de los vehículos no resulta inimaginable que puedan producirse contactos entre los propios manifestantes, o con los miembros de protección civil o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o incluso con otros ciudadanos hasta llegar a sus domicilios…con el riesgo para las personas que todavía se presenta, es indispensable que, al menos mientras el estado de alarma esté vigente, no se produzca una salida masiva de ciudadanos a lugares de tránsito público, y es proporcionada, porque en la ponderación del derecho de manifestación con el de la vida y salud pública, indudablemente ha de otorgarse prevalencia a estos últimos». 

Esta sentencia es la que fue objeto de recurso de amparo ante el TC que se resuelve en el Auto que comentamos y lo primero que llama la atención -lo que implica desvelar el final de la historia, algo que presumo ya conocerá quien lea estas líneas- es que se trata de un Auto de inadmisión que se parece mucho en su extensión (los fundamentos jurídicos ocupan 15 páginas) y, sobre todo, en sus argumentos a lo que podría ser una sentencia desestimatoria de un recurso de amparo previamente admitido a trámite. 

Es llamativo también que se dediquen 4 de las 15 páginas de los fundamentos a analizar si concurre la exigencia prevista en el artículo 50.1.b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): que “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional”. Y es llamativo porque, efectivamente, el TC concluye que sí concurre, en concreto, “el supuesto g) de especial trascendencia constitucional del FJ 2 de la STC 155/2009, porque el supuesto planteado en el recurso de amparo trasciende del caso concreto ya que plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica. No podemos olvidar que, como reconoce la recurrente, la manifestación se pretende desarrollar en el marco de una situación de pandemia global muy grave, que ha producido un gran número de afectados y de fallecidos en nuestro país, y que ha puesto a prueba a las instituciones democráticas y a la propia sociedad y los ciudadanos, en cuanto se han convertido, en conjunto, en elementos esenciales para luchar contra esta situación de crisis sanitaria y económica que afecta a todo el país, situado por  mor de la misma ante una situación que, pese a no ser la primera vez que se produce (ya sufrimos, entre otras, la pandemia de 1918), sí es la primera vez que nuestra actual democracia se ha visto en la necesidad de enfrentarse ante un desafío de esta magnitud y de poner en marcha los mecanismos precisos para hacerle frente. Ante esta situación es importante el pronunciamiento de este Tribunal por la repercusión que la celebración de esta o de otras manifestaciones con ocasión de la señalada fecha del 1 de mayo que se puedan pretender celebrar, puedan tener sobre el conjunto de la sociedad, especialmente sobre la salud de los ciudadanos, llevando a cabo un análisis de los contenidos del real decreto de declaración del estado de alarma y de su alcance desde la perspectiva constitucional, especialmente en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales, ya que puede establecer pautas importantes en la interpretación y aplicación de las distintas previsiones de aquella norma, en tanto que intérprete supremo de la normal fundamental, que resulten provechosas para el conjunto de la sociedad. Lo que también se puede traducir en la enunciación de criterios de actuación que sean importantes en el desarrollo del proceso de desescalada que está iniciando el Gobierno. Es innegable, en suma, la notoria repercusión que este asunto tiene en el conjunto de la sociedad española” (FJ 2). 

Bastaría, en principio, este párrafo para seguir adelante con el recurso y entender que concurre esa especial relevancia constitucional pero la Sala Primera hace previamente una extensa serie de consideraciones que parecen ajenas a lo que está tratando en esa parte del Auto, pues entra a recordar su jurisprudencia no sobre la especial trascendencia constitucional sino “en relación con el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, a través de la cual este Tribunal ha establecido criterios muy claros en cuanto a los presupuestos para el ejercicio de tales derechos, los límites y restricciones que pueden imponerse a los mismos, especialmente cuando colisionan con otros derechos o con la protección de otros valores constitucionales, así como las garantías que deben presidir tanto su ejercicio como la posibilidad de introducir modificaciones o limitaciones al mismo y, especialmente, cuando se trata de impedirlo”. El TC resume a continuación lo dicho en la STC 66/1995, de 8 de mayo, y en las SSTC 301/2006, de 23 de octubre, 170/2008, de 15 de diciembre, y 96/2010, de 15 de noviembre y todo este arsenal jurisprudencial viene a cuento “pues de lo que se trata es de identificar ad casum la noción de “orden público” con peligro para las personas, como elemento que ha servido para prohibir la celebración de la manifestación comunicada”. 

Insisto en que, a mi juicio, toda esta exposición es más bien propia de una sentencia en la que se está analizando si se vulneró un derecho fundamental reclamado en un recurso de amparo admitido a trámite, cosa que, como hemos anticipado, aquí no ocurre. En todo caso, encajaría mejor en el siguiente apartado del Auto donde se analiza la eventual adopción de medidas cautelares y la necesidad de una “respuesta inmediata del Tribunal”, que acude al derecho comparado pero, en parte, para apartarse de él: cita la resolución del Tribunal Constitucional Federal Alemán dictada el 15 de abril de 2020 (1 BvR 828/20) antes de concluir que no cabe adoptar una similar (que la autoridad administrativa adopte una nueva resolución que compatibilice el derecho de reunión y la protección de la salud) “porque la manifestación del 1 de mayo, conmemorativa de una determinada efeméride, no puede ser celebrada en otra fecha, de modo que no existe margen temporal que permita devolver el asunto a la autoridad competente para que adopte una decisión diversa”. 

Sí acoge nuestro TC la doctrina del alemán en otra resolución de 7 de abril para justificar la inviabilidad de adoptar medidas cautelares en este caso, aprovechando para apuntarla con ella su decisión de inadmisibilidad. 

En la última parte del Auto, el TC analiza, en la línea ya dicha de una sentencia desestimatoria, “la eventual lesión del derecho fundamental invocado (derecho de manifestación del art. 21 CE)”. Y comienza recordando que “para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso,…, que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente”. El TC admite que la resolución de la Subdelegación del Gobierno “es abiertamente ambigua y ni siquiera deja totalmente clara la prohibición, [pero] no puede negarse que existe motivación suficiente en la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de abril de 2020. Cualquier defecto de motivación de la resolución administrativa, por tanto, habría quedado subsanado por la extensa motivación del órgano judicial”. 

A continuación el TC declara que “la discusión sobre si el decreto de declaración del estado de alarma supone o no, de facto, y por derivación de la limitación de la libertad deambulatoria del art. 19 CE, una limitación excesiva o incluso una suspensión del derecho de manifestación no puede ser abordada, ni siquiera a efectos dialécticos en este momento procesal, ni siquiera en este recurso de amparo”. Aquí el TC da otra puntada a su hilo argumental y parece esbozar algo parecido a un aviso para navegantes-recurrentes del Decreto de estado de alarma, pues, como prevé el artículo 55.2 de la LOTC, si el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala, la ley [en nuestro caso el Decreto 463/2020 que acordó el estado de alarma] aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes”. 

En suma, el TC deja de lado el Decreto 463/2020, en particular su artículo 7, y pasa a estudiar si la prohibición de la manifestación encaja en el artículo 21 CE.  Y lo hace remitiéndose, textualmente, a “una constante jurisprudencia constitucional, a la que ya hemos hecho referencia extensa en el FJ 2” -¿Se acuerdan?- sobre el carácter limitado de los derechos fundamentales en general y de la libertad de reunión en particular. 

Pero en lugar de seguir con la interpretación del artículo 21, especialmente con la parte que alude a la prohibición de reuniones “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”, el TC acude a los artículos 15 (derecho a la vida y a la integridad física) y 43 CE (derecho a la salud) y nos dice que “en el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981. En todo caso, parece obvio que la prohibición de celebrar la manifestación, que se deriva claramente de la resolución judicial impugnada, guarda una relación lógica y de necesidad evidente con la finalidad perseguida por esa misma interdicción: evitar la propagación de una enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de los servicios públicos de asistencia sanitaria. La adecuación entre la finalidad pretendida por la limitación y la herramienta jurídica empleada en este caso, no parece por tanto inexistente”. 

El TC, en su juicio de proporcionalidad de la medida prohibitiva sobre el que enseguida volveremos, añade que “no se prevén por los organizadores medidas de control de la transmisión del virus específicas, ni destinadas a compensar la previsible concentración de automóviles que podría producirse si existiera una masiva respuesta a la convocatoria, que “que el itinerario elegido por los convocantes supone ocupar durante varias horas [en teoría hora y media] la vía principal de circulación automovilística en Vigo, dividiendo la ciudad en dos y, eventualmente, limitando el acceso a los hospitales que se encuentran en la zona alta de la ciudad de las personas que viven en la zona más cercana a la costa” y, más abajo, que “el impacto de la infección del COVID-19 en la ciudad de Vigo tampoco es un dato despreciable a la hora de formular el juicio de proporcionalidad que nos planteamos…” 

En relación con estas argumentaciones cabe, sino objetar, sí, cuando menos, precisar lo siguiente: los promotores ofrecen una modalidad de manifestación que puede ser discutible pero, según la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, “si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación” (art. 10), es decir, si la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra considera que las propuestas de los organizadores son insuficientes puede proponer medidas que las complementen: por ejemplo, que la manifestación dure media hora y no hora y media o que el recorrido sea distinto y no limite el acceso a los hospitales; sin embargo, la autoridad administrativa no hace ningún esfuerzo por tratar de hacer efectivo un derecho tan relevante como el de reunión en una fecha tan importante como la del 1 de mayo. Y eso que la entidad convocante se había mostrado abierta a adoptar más medidas; así, en el punto sexto de la convocatoria se decía que, “entendendo a gravidade da situación que vivimos a CUT opta po la manifestación rodada cun manifestante en cada auto e debidamente protexidos e identificados polo sindicato, e atendendo a calquera outra indicación que se nos faga dende esta subdelegacion ou as autoridades sanitarias”. Al respecto, hay que recordar que la prohibición constituye, como es lógico si partimos del principio de efectividad de los derechos fundamentales, el “último recurso”, debiendo antes contemplarse, como prevé la Ley Orgánica 9/1983, la opción de proponer a los promotores modificaciones que puedan hacer compatible el derecho de reunión con otros derechos, en la línea, por ejemplo, de lo resuelto por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que anuló la decisión de la Delegación del Gobierno en Zaragoza que prohibía una manifestación similar a la de Pontevedra, resolviendo que “deberá estar limitada a la participación de 60 ciudadanos, en vehículo particular, cubierto, turismo, con un único ocupante en cada uno, sin que sea admisible la participación en otro stipo de vehículo no cubierto, esto es, motocicleta o bicicleta, por la posibilidad de contagio al exterior”. 

Pero es que el propio TC en su Auto de inadmisión no hace un auténtico juicio de proporcionalidad sobre la medida adoptada por la Subdelegación del Gobierno y avalada por el TSJ de Galicia tal y como el propio TC lo ha configurado:  “…en primer lugar, que sea idónea para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella…; en segundo lugar, que sea necesaria o imprescindible para ello, esto es, que no existan otras medidas menos gravosas que, sin imponer sacrificio alguno de derechos fundamentales o con un sacrificio menor, sean igualmente aptas para dicho fin (juicio de necesidad); y, por último, que se deriven de su aplicación más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto o, dicho de otro modo, que el sacrificio impuesto al derecho fundamental no resulte desmedido en relación con la gravedad de los hechos y las sospechas existentes (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)” (por ejemplo, STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 10). 

En el caso que nos ocupa el TC parece obviar las dos primeras exigencias de este principio y va directamente a la tercera: sin duda la protección de la vida, de la salud y del funcionamiento del sistema sanitario son más relevantes para el interés general que la prohibición de una concreta manifestación pero ¿es la prohibición de una manifestación que se celebrará a bordo de vehículos, en el contexto de concentraciones de personas en centros de trabajo y en supermercados, la media adecuada para esa finalidad? Y, sobre todo, ¿es la prohibición la medida mínima imprescindible en el sentido de que no haya otra que con un sacrificio menor sea apta para el mismo fin? 

Pd. Sobre esta resolución me constan también los comentarios de Lorenzo Cotino y José Ramón Chaves. De estas cuestiones me ocupé, con carácter más general, en esta entrada anterior

Foto de la manifestación celebrada en Zaragoza tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (vía El Periódico).

 

7 pensamientos en “Coranavirus SARS-CoV-2 y derechos fundamentales (14): comentario al Auto del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de una manifestación el 1 de mayo.

  1. Hola Miguel,

    He leído tu comentario al ATC sobre la manifestación, que me ha gustado mucho, y te traslado algunos comentarios.

    1. Al valorar si el recurso presenta o no ETC, el TC recuerda la doctrina constitucional sobre las restricciones que pueden imponerse a los derechos de reunión y manifestación cuando colisionan con otros derechos o con la protección de otros valores constitucionales.

    Entiendes que eso debería tratarse al analizar la pretensión cautelar. Sin embargo, a mí me parece que el momento adecuado es éste porque la causa de ETC alegada era la de que el recurso planteaba una faceta nueva de un derecho sobre la que no habría doctrina constitucional (la letra a de la STC 155/2009). El TC niega que así sea y, para justificarlo, tiene que explicar que el recurso se debe resolver aplicando la doctrina preexistente.

    A mí lo que me parece inexplicable es que el TC diga que no ha habido invocación previa y no inadmita sin más por esa razón.

    2. No te parece bien que el TC resuelva el caso analizando si la medida supone una ponderación correcta entre los derechos restringidos, de un lado, y los derechos a la vida y a la salud, de otro. En su lugar, el TC debería haber subsumido sin más el caso en el art. 21 CE para comprobar si había o no peligro para personas o bienes.

    Me parece que aquí hay una discrepancia metodológica acerca de cómo racionalizar los límites que resultan de la necesidad de proteger otros principios constitucionales (teoría interna vs. teoría externa) y del papel que debe darse al principio de proporcionalidad en general. ¿No te parece?

    3. En relación con el juicio de proporcionalidad, entiendes que el TC parece obviar las exigencias de adecuación y necesidad, y pasa directamente a comprobar la proporcionalidad en sentido estricto. Desde luego, eso se corresponde con lo que el Auto dice que hace, porque, con alguna imprecisión, distingue los tres elementos y plantea formalmente el problema en relación con el tercero.

    Sin embargo, en este último paso lo que hace verdaderamente el TC es preguntarse si tiene o no razón el recurrente al afirmar que habría una medida menos restrictiva e igualmente eficaz. Es decir, en realidad lo que hace es un juicio de necesidad. A mí esto me parece un error metodológico.

    4. Por otro lado, el TC enmarca el examen de la necesidad de la prohibición en las alegaciones de las partes. Es decir, realiza un juicio de necesidad muy poco intenso (muy deferente) porque sólo valora la alternativa suscitada por el recurrente, en lugar de plantear de oficio posibles alternativas menos restrictivas, lo cual supondría realizar un control de mayor intensidad.

    La deferencia es también alta por otro motivo: el TC se limita a señalar las razones que le llevan a excluir que sea manifiesto o evidente que permitir la concentración en los términos de la notificación (la supuesta alternativa) proteja con la misma eficacia la salud y la vida. Su examen presupone que el control que tiene que realizar no es pleno, sino limitado por criterios de evidencia.

    En una situación ordinaria el examen de la constitucionalidad de una medida como ésta debería ser menos deferente. En particular, el control de la corrección de la prohibición debería ser un control pleno. El TC debería colocarse en la posición de la Subdelegación del Gobierno y preguntarse qué medidas correctoras adoptaría él para no restringir la libertad más allá de lo estrictamente necesario.

    La cuestión es si, en una situación como ésta, marcada por la excepcionalidad y por la incertidumbre en cuanto a los efectos de las diversas medidas alternativas, hay o no razones para que el control de constitucionalidad sea más deferente. Y en caso de que así fuera, si esas razones justifican o no aplicar el principio de proporcionalidad con ese grado de intensidad tan reducido. En definitiva, si el control de proporcionalidad debe ser de diferente intensidad en situaciones ordinarias o de anormalidad.

    Un abrazo.

  2. Muchas gracias Miguel por tus comentarios, con los que coincido absolutamente. Solo con ánimo de participar en el debate jurídico, varias consideraciones sobre el particular:

    A mi juicio, en primer lugar debe partirse de que, según los términos del art. 55 CE y que recuerda la STC 83/2016, la declaración de estado de alarma no puede suponer la suspensión de DDFF; del derecho de reunión y manifestación, tampoco.

    No me parece ajustado a derecho por ello invocar (como se hace en la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra) como título para la prohibición de la manifestación el art. 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020 que declaró el estado de alarma y las limitaciones a la circulación que impone.

    Sin entrar en valorar si el instrumento jurídico adecuado para dar cobertura a las medidas adoptadas (seguramente necesarias en la lucha contra la pandemia) sería acaso la declaración del estado de excepción, y sin perjuicio de que se valore, en su caso, en el debido proceso constitucional, el ajuste a la Norma Suprema, de dichas restricciones generalizadas, entre otros, también del DF a la libertad deambulatoria (Art. 17 CE) por la declaración del estado de alarma y sus prórrogas, tal y como la Sala aragonesa sí llega a apuntar (pero sin plantear cuestión de inconstitucionalidad, con un voto discrepante) algo que, por el contrario, es evidente que tanto el TSJ de Galicia como el TC evitan hacer (ni siquiera de forma indiciaria), los órganos judiciales sí deben determinar sin embargo si un acto administrativo recurrido vulneró el derecho fundamental del art. 21 CE y no proceder a una “reconstrucción” de la motivación de la resolución recurrida.

    Si no se ofrece realmente una motivación que permita desde un punto vista constitucional la prohibición o la propuesta de modificación de las condiciones de la misma (algo que tampoco se valoró en el caso concreto adecuadamente a mi juicio por la Administración recurrida) el órgano judicial debiera revocar el acto administrativo, tal y como terminantemente ordena el art. 122.3 de la LJCA 1998, en el ámbito del procedimiento especial, preferente y sumario seguido en el caso comentado: “La decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas”.

    Por eso, la determinación de la legitimidad de convocatorias de manifestaciones o reuniones habría que hacerlo, como creo que apunta el profesor Cotino, en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros que con carácter general sobre los límites a los DDFF se derivan de la propia doctrina constitucional, particularmente el juego de otros DDFF y los que menciona el propio art. 21 CE, a saber, “las razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.”

    De esta forma, parece que la solución ofrecida (muy evidente sobre todo en las sentencias del TSJ de Galicia, pero también de Aragón) se plantea como un conflicto entre DDFF (juicio de ponderación) en el que se determina el que ostenta un peso o valor mayor, como una suerte de jerarquía entre los derechos a la vida y a la protección de la salud (arts. 15 y 43 CE) y el derecho del art. 21 CE, cuando a mi juicio debiera realizarse más bien un juicio de delimitación, esto es, si la convocatoria concreta de una manifestación el día 1 de mayo estaba amparada o no por el DF a la libertad de reunión y manifestación, y esas valoraciones debieran hacerse, pienso yo, en una sentencia sobre el fondo del asunto tras la tramitación del proceso constitucional en el que las partes puedan alegar en la forma prevista en la LOTC, no en un auto de inadmisión, algo cada vez más frecuente en la práctica del alto tribunal.

    Cosa distinta es que proceda la adopción de medidas cautelares, pero, una vez que se admite que el recurso de amparo presenta trascendencia constitucional, se me antoja muy difícil negar la tramitación de proceso constitucional correspondiente, invocando la necesidad de “formular un análisis liminar de la verosimilitud de la lesión del derecho invocado”, algo que el TC hace en la mayor parte de los casos, como sabemos, mediante providencia carente de motivación.

    Muchas gracias de nuevo Miguel y mucho ánimo.
    Un abrazo
    Isidro Fernández

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