Como ya se indicó en una entrada anterior, un grupo vulnerable, es según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un conjunto de personas en situación particularmente desfavorecida y que necesita una protección especial. En España no ha sido frecuente, hasta hace bien poco, que las disposiciones normativas, estatales o autonómicas, hicieran mención a los conceptos de persona o grupo vulnerable, aunque han empezado a proliferar desde comienzos del presente siglo, incluyendo previsiones expresas en relación con las víctimas de violencia de género, sobre “la protección de la salud de la población más vulnerable”, el “consumidor vulnerable”, la “población infantil y adolescente vulnerable, “los menores extranjeros no acompañados” como grupo especialmente vulnerable, las “personas mayores”, el “hogar vulnerable”… Y, en esta línea, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece (art. 4.3) que): “Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno”.
En esta entrada nos limitaremos a exponer, brevemente, tres cuestiones: lo que nos han venido a recordar el coronavirus y la declaración del estado de alarma sobre las personas en situación de vulnerabilidad; lo que han podido suponer uno y otra en términos de mayor vulnerabilidad y, en muy pocas palabras, qué cabe esperar cuando se levante el estado de alarma. Sobre todo ello hay más información en la citada entrada anterior y en este vídeo del ciclo organizado por el Grupo de Investigación Regulation and Digital Innovation Research Group UV.
Pues bien, en primer lugar, el coronavirus y el estado de alarma han venido a recordarnos la existencia de numerosas personas en situación de extrema vulnerabilidad que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo y a la vista de todos, al menos de quien quisiera verlos; basta poner algunos ejemplos.
En primer lugar, el de las personas que “viven en la calle” y a las que, de repente, había que sacar de ahí porque su situación no encajaba en ninguna de las ahora permitidas. Estamos hablando, según estimaciones de Red Faciam, de unas 40.000 personas en 2019, que han sido acogidas, mejor o peor, en albergues de emergencia. Cuando el estado de alarma se levante esas personas y, probablemente, bastantes más volverán a estar en la calle.
En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, el estado de alarma nos ha situado de nuevo ante la pobreza en la que vive mucha gente en España y que se traduce, entre otras cosas, en escasez de recursos económicos, alojamientos y viviendas en condiciones lamentables, dificultades para alimentarse… Si en condiciones “normales” la vida es extraordinariamente dura para estas personas ahora tiene que hacerse poco menos que insoportable: casas hacinadas, en muchos casos sin poder salir a la calle a ganar algo de dinero por carecer de un trabajo formalizado,…
Tampoco nada nuevo para quien leyera de vez en cuando el que podríamos calificar de “BOPE”: el Boletín Oficioso de la Pobreza en España que no es sino el Informe Arope, el estudio de seguimiento independiente de los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social que anualmente publica la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-AS). En el último (de 2019 con datos de 2018) se concluye que en España hay 12.188.288 personas en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social (datos de 2018), un 26,1% de población.
En tercer lugar, estarían los menores en situación de vulnerabilidad: el 21% vive en hogares que no pueden mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno; el 27,1 % en hogares que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes y el 21,6 % de la población infantil vive en hogares que no pueden permitirse tener un ordenador. Para la mayoría de estas cuestiones los porcentajes entre la población infantil no pobre son puramente testimoniales.
Finalmente, por no mencionar más, está el grupo de las personas mayores, que es el grupo más afectado en su vida y salud por el coronavirus, y en el que, según el informe del Observatorio Social de La Caixa Envejecer en España, hay más de 430.000 personas mayores de 65 años que no tienen agua corriente, 350.000 carecen de sistema de alcantarillado y a casi 3.500.000 no les es posible mantener su casa a una temperatura adecuada. En suma, con datos de 2018, el 20,1% de las personas mayores de 65 años de España (1.596.675) sufren vulnerabilidad residencial extrema, definida por la acumulación de problemas graves en la vivienda.
En segundo lugar, es obvio que esta pandemia afecta a todas las personas pero no de un modo igual, incluso en un mismo contexto geográfico. Y desde luego afecta mucho más a las que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad. Veamos algunos casos.
Para muchas personas con empleos precarios y de menos ingresos el confinamiento ha supuesto la imposibilidad de ir a trabajar y aunque el Gobierno ha acordado diversas medidas para tratar de paliar los efectos laborales y económicos del confinamiento no parece aventurado contar con un incremento del desempleo y menos valor del trabajo, especialmente en los puestos menos remunerados. Según estimaciones provisionales del economista Gonzalo López, el cierre de actividades no esenciales decretado en el estado de alarma ha afectado en mucha mayor medida a las personas con menos ingresos: casi un 30% de su empleo se habría visto afectado. El estado de hibernación, que duró solo 8 días hábiles, tuvo un impacto mayor en todos los niveles de ingresos y fue más «transversal». Y conforme a los datos que ofrece el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, solo entre los días 12 a 31 de marzo “el saldo en la afiliación se desplomó en 898.822 (diferencia entre los 19.344.258 del 11 de marzo y los 18.445.436). En el Régimen General, la caída fue de 855.081 afiliados (-5,63%), mientras que el Régimen de Autónomos de 40.877 (-1,25%). Si atendemos al detalle, por sectores los mayores descensos (desde el 12 de marzo) se han registrado en construcción (-17,08%), hostelería (-14,27%), actividades administrativas y servicios auxiliares (8,91%), educación (-5,24%), transporte y almacenamiento (-4,76%). En actividades sanitarias ha crecido en 7.085 afiliados. Los datos de afiliación incluyen a los afectados por los Expedientes de Regulación de Temporal de Empleo (ERTE) por COVID-19, que se cifran en 258.645 relaciones laborales.
En segundo término, la actual situación está afectando de manera intensa a los menores que ya estaban en situación de vulnerabilidad: la suspensión de la actividad educativa presencial no solo ha provocado que ya no puedan salir de casas que, en muchos casos, son infraviviendas sino que tampoco puedan acceder a los comedores escolares ni, por supuesto, a una educación en la que, en teoría, estaban en cierta igualdad respecto a menores no tan vulnerables. Ahora no pocos están también excluidos del sistema educativo al no disponer de herramientas electrónicas y/o de un entorno habitacional en el que puedan desarrollar actividades de aprendizaje. Al respecto, la Declaración del Comité de Derechos del Niño de 9 de abril de 2020 advierte sobre la necesidad de respetar los derechos de los niños al tomar medidas para hacer frente a la pandemia y pide, en particular, considerar “los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia en los derechos del niño”.
En tercer término, la pandemia y el confinamiento han empeorado la situación de personas con algún tipo de discapacidad cuyo tratamiento o atención precisa de cierta movilidad periódica. Si bien se advirtió pronto el olvido de la primera versión del Decreto de alarma y se incluyó a las personas con ciertos trastornos entre las que pueden salir a la calle sigue habiendo muchas que necesitando cierto esparcimiento llevan casi un mes y medio sin poder llevarlo a cabo.
Y respecto a las personas de más edad, con problemas o no de movilidad, que vivían en residencias esta situación ha supuesto, para una cifra todavía sin determinar, directamente la muerte: primero porque les afectó especialmente y segundo porque no se ha intervenido de inmediato en las residencias para buscarles otro alojamiento
Otros colectivos que también han visto aumentada su vulnerabilidad, de modo directo o potencial, lo forman los internos en centros penitenciarios, en los Centros de Internamiento para Extranjeros y las mujeres víctimas de violencia de género.
Algunas obviedades (más) para terminar: cuando se levante el estado de alarma, habrá, sin duda, muchísimas más personas en situación de vulnerabilidad; las que ya lo eran entonces serán más vulnerables: más pobres, con discapacidades adicionales derivadas de los efectos del confinamiento), estarán más excluidas en términos de igualdad…, y tendrán que hacer frente a no poca vulnerabilidad administrativa en relación a los obstáculos administrativos para el acceso efectivo a las diferentes ayudas que puedan aprobarse.
Frente a eso, el Estado social y democrático de Derecho debe desplegarse como tal: con sujeción a las leyes, con la participación de las personas afectadas y con las prestaciones económicas y de otro tipo que sean necesarias y todo ello sin apelar, como dice Margalit, al insultante, y quizás también humillante, recurso de la lástima, la emoción que impulsa la sociedad caritativa.
Mural de Banksy en Bristol, foto de Ben Birchall/PA Images via Getty Images
El derecho y el revés 