Coranavirus SARS-CoV-2 y derechos fundamentales (9): control forzoso de personas por razones de salud pública.

Como hemos comentado en una entrada previa, la Constitución española de 1978 (CE) incluye, en su artículo 43, “el derecho a la protección de la salud”. En dicho precepto se añade, apartado 2, que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto…” Así pues, en la propia CE se encomienda a los poderes públicos “tutelar la salud pública” y remite a la legislación para concretar los “derechos y deberes de todos al respecto”. En la mencionada entrada anterior hablamos de la salud desde el punto de vista del ejercicio de nuestro derecho; en ésta de las limitaciones personales que puede implicar, precisamente, la protección de la salud, tanto propia como ajena. 

Es conocido que las actuaciones sanitarias que nos afecten precisan, como regla general, nuestro consentimiento; así, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica proclama, en primer lugar, que “toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley… El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles… Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente” (art. 2.2, 2.3 y 2.6). 

No obstante, y en segundo lugar, se pueden llevar a cabo intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él (art. 9.2.b), pero también, y en relación con el tema que nos ocupa, “cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas” (art. 9.2.a). 

Vemos que esta norma nos remite a una previa y brevísima Ley: la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, que consta de 4 artículos y que, a los efectos que ahora importan, primero dispone que “las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad” (art. 2) y, sobre todo, que “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible” (art. 3). 

Y las autoridades judiciales a las que se refiere la Ley 41/2002 para acordar el internamiento obligatorio de personas son los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, pues, según la Ley reguladora de esa jurisdicción (art. 8.6), a ellos les corresponde “la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental”. 

Estos juzgados están tomando decisiones al respecto estos días en el contexto de la epidemia de coronavirus y con fundamento en artículo 3 de la L.O. 3/1986 se avalaron judicialmente las restricciones de movimientos en un hotel de Tenerife cuando el coronavirus apenas había hecho acto ostensible de presencia en España; según la resolución, “la ratificación judicial de tales medidas no puede otorgarse de una forma genérica y sin limitación del ámbito personal de afectación… en las medidas sanitarias urgentes no se trata de velar por la aplicación de cualquier medida sanitaria vinculada a la protección de la salud colectiva impuesta sin el consentimiento del afectado, sino, únicamente, de aquéllas que puedan lesionar alguno de sus derechos fundamentales y únicamente cuando las mismas deban imponerse coactivamente a sus destinatarios que se opongan a su cumplimiento voluntario (explícitamente o por hechos concluyentes)”.

Hospital Universitario Central de Asturias

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