Coranavirus SARS-CoV-2 y derechos fundamentales (8): igualdad y no discriminación; en particular, por la edad.

De acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución (CE), “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. El artículo 9.2, por su parte, proclama que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Finalmente, el artículo 14 prescribe que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

Vemos, pues, que la igualdad es un valor superior y, por tanto, nuclear en todo el ordenamiento jurídico; que nadie -el artículo habla de españoles pero cabe extender sus efectos a los extranjeros- puede ser discriminado, es decir, tratado peor por una serie de circunstancias de carácter personal o social (las que se mencionan son ejemplificativas, no exhaustivas) y que la igualdad va más allá de no tratar peor por unas causas sino que puede exigir, precisamente, un trato favorable para igualar situaciones que de partida son, injustamente, desiguales. 

En el contexto de la pandemia de coronavirus conviene recordar, cuando menos, dos cuestiones directamente vinculadas a la doble dimensión de la igualdad: material y formal. 

En cuanto a la primera, y como ya se ha dicho de manera más pormenorizada en entradas anteriores, la propia proclamación del Estado social, unida al mandato de actuación previsto en el artículo 9.2, obligan a los poderes públicos a adoptar medidas dirigidas de forma especial a las personas y grupos más vulnerables: quienes estén en situación de pobreza, con alguna discapacidad física o síquica, menores de edad… No en vano, el decreto en el que se acuerda la declaración de estado de alarma ha previsto que los actos, disposiciones y medidas que deban adoptarse deberán prestar atención a las personas vulnerables y a estas personas se han destinado diversas previsiones normativas de índole social, económico y laboral. Y ello encuentra fundamento claro en la jurisprudencia constitucional; a título de ejemplo, la STC 19/1988, de 16 de febrero, proclama que “puede imponer este precepto [9.2] como consideración de principio, la adopción de normas especiales que tiendan a corregir los efectos dispares que, en orden al disfrute de bienes garantizados por la Constitución, se sigan de la aplicación de disposiciones generales en una sociedad cuyas desigualdades radicales han sido negativamente valoradas por la propia Norma fundamental y así este Tribunal ha tenido ya ocasión de señalar que lo proclamado en el repetido art. 9.2 puede exigir un mínimo de desigualdad formal para progresar hacia la consecución de la igualdad sustancial” (FJ 10). De manera más rotunda todavía, la STC  216/1991, de 14 de noviembre, concluye que “La incidencia del mandato contenido en el art. 9.2 sobre el que, en cuanto se dirige a los poderes públicos, encierra el art. 14 supone una modulación de este último, en el sentido, por ejemplo, de que no podrá reputarse de discriminatoria y constitucionalmente prohibida -antes al contrario- la acción de favorecimiento, siquiera temporal, que aquellos poderes emprendan en beneficio de determinados colectivos, históricamente preteridos y marginados, a fin de que, mediante un trato especial más favorable, vean suavizada o compensada su situación de desigualdad sustancial” (FJ 5). 

La otra dimensión de la igualdad es la formal que, como ya se ha dicho, veta que una persona sea tratada peor por el mero hecho de que concurran en ella determinadas circunstancias. Es innegable que la pandemia del coronavirus está afectando de manera especialmente intensa la salud y, en muchos casos, la vida de las personas de edad avanzada y eso supone que deben recibir una atención especial y, además, en ningún caso su edad tendría que ser, por sí sola, motivo de discriminación. 

Empezando por lo más general, en rigor, el artículo 14 no prohíbe cualquier trato diferenciado, sí  el que introduzca “una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados” (STC 63/2011, de 16 de mayo, FJ 3). Ese mismo fundamento jurídico añade que “por lo que se refiere en concreto a la edad como factor de discriminación, este Tribunal la ha considerado una de las condiciones o circunstancias incluidas en la fórmula abierta con la que se cierra la regla de prohibición de discriminación establecida en el art. 14 CE, con la consecuencia de someter su utilización por el legislador como factor de diferenciación al canon de constitucionalidad más estricto”. 

Por tanto, y en primer lugar, la edad no puede implicar de por sí una peor condición a la hora de dispensar un tratamiento sanitario; la propia Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública prevé que “todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social… La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública”. Y, en particular, como explicaban Borja Barragué y Javier Padilla en un texto ya citado en este blog, “el uso de criterios de justicia para la distribución de recursos sanitarios en una situación de aumento brusco de las necesidades, como ocurre en una pandemia como la actual, debe trascender el criterio de la edad como aspecto único de decisión e introducir otros parámetros que resultan mucho más igualitarios”. 

En segundo lugar, y como también sostenía Francisco Bastida en este artículo, “sería inconstitucional graduar el fin del aislamiento en función de la edad, reteniendo en sus casas a los mayores de 70 años, algo que ya han propuesto algunos virólogos. Lo relevante ha de ser si las personas, cualquiera que sea su edad, han dado positivo por COVID-19, asintomáticas o no, o sea, si son fuente de contagio, no si corren el riesgo de ser contagiadas”.

Foto de Yolanda Redondo.

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