Estado de alarma por coronavirus SARS-CoV-2 y protección de grupos vulnerables (7): personas extranjeras en situación irregular.

En España una persona extranjera sin autorización para residir no ha cometido, por estar en dicha circunstancia, delito alguno sino una mera infracción administrativa que, en su caso, puede desembocar en su expulsión. La carencia de autorización puede ser originaria porque se entró en España sin autorización alguna y nunca se consiguió pero también porque habiendo tenido tal autorización la misma no fue renovada, algo que en muchos casos sucede a pesar de que la persona haya puesto todo el empeño en, por ejemplo, conseguir o mantener un puesto de trabajo pero, a pesar de sus esfuerzos, no lo obtiene. Es importante insistir en que una persona en situación irregular desde el punto de vista de la extranjería no es alguien que haya delinquido. 

También que este grupo de personas, precisamente por esa circunstancia, pueden estar en una situación de gran vulnerabilidad, agravada a menudo por razones socioeconómicas (escasos o nulos ingresos, familia numerosa, en una vivienda mínima e infradotada), culturales (insuficiente conocimiento de la lengua, escasa formación) y, entre otras más, administrativas (desconocimiento de eventuales derechos, dificultades para comunicarse con los servicios sociales…). 

Si su situación ya era complicada el día 14 de marzo de 2020, desde el día siguiente, con la entrada en vigor del estado de alarma, la vida de estas personas se ha vuelto todavía más dura: algunas tendrán que estar mucho tiempo en una infravivienda; otras, precisamente por su trabajo, pueden estar expuestas a mayores riesgos (piénsese en la cantidad de personas extranjeras, en su gran mayoría mujeres, que trabajan como asistentes domésticas y/o cuidando personas mayores) o habrán perdido su trabajo porque no entra en alguna de las actividades laborales que todavía pueden seguir desarrollándose, o tendrán que hacer frente a más gastos porque ahora sus hijos no acuden a los comedores escolares… También es posible que su zozobra aumente porque estén pendientes de trámites administrativos muy importantes y que han quedado aplazados (demandas de asilo, renovación de permisos, recogida de documentación…). 

Por todas estas razones (y hay más) también a estas personas tienen que llegar las previsiones que contempla el propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuyo artículo 4.3 dispone que “los actos, disposiciones y medidas… deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno”. 

Es especialmente importante, por alguna de las razones apuntadas, que las personas extranjeras en situación irregular tengan, en primer lugar, un conocimiento claro y comprensible del riesgo que supone el coronavirus, de las eventuales medidas para afrontarlo, de los recursos que las administraciones públicas han puesto a su disposición y, por supuesto, de las limitaciones a la libertad de movimientos que ha supuesto la declaración del estado de alarma y de las implicaciones de índole sancionadora que su quebrantamiento puede suponer (en el ámbito legal el Consejo General de la Abogacía Española ha publicado esta guía). 

En segundo lugar, es también importante, y está relacionado con lo anterior, que las ayudas económicas y sociales que ya se han aprobado y las eventuales que se establezcan en el futuro próximo no supongan una barrera burocrática (vulnerabilidad administrativa) que impida o dificulte su solicitud y eventual disfrute por estas personas. En este ámbito es clave el papel de los servicios sociales, a los que espera un (todavía más) ingente trabajo (aquí puede verse una guía de recursos vinculados al Covid-19 editada por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife).

A este respecto debe tenerse en cuenta la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que también afecta a los centros, públicos y privados, que alojen a personas extranjeras. 

En tercer término, y por lo que hace referencia a las cuestiones administrativas vinculadas a su situación en España el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prevé (Disposición Adicional 3ª) que “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo…” En esta línea, la Secretaría de Estado de Migraciones ha comunicado a las oficinas de extranjería cómo proceder ante la suspensión de plazos administrativos

1ª Se finalizarán las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, cuya propuesta de resolución sea favorable. 

2ª Se emitirán los certificados de silencio positivo en las solicitudes presentadas al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto 463/2020. 

3ª Se suspenderán los procedimientos de solicitudes (iniciales o renovaciones) presentadas antes de la entrada en vigor del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, cuya propuesta de resolución sea denegatoria o de archivo. 

4ª La administración aceptará aquellos documentos exigibles en el procedimiento y cuya vigencia haya expirado durante la actual situación de excepcionalidad. 

5ª Se suspenderán los plazos de expiración de las estancias de nacionales de terceros estados cuyo retorno no es posible por la emergencia sanitaria internacional derivada del coronavirus. 

6ª Se admitirán y tramitarán, sin sujeción a plazos administrativos, las autorizaciones (iniciales y renovaciones) presentadas con posterioridad al real decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Por último, se generaliza la posibilidad de presentar solicitudes por medios electrónicos, sin perjuicio del cumplimiento de determinados requisitos exigidos por el ordenamiento de extranjería”.

En cuarto lugar, y por lo que respecta a las personas que permanecen ingresadas en los centros de internamiento de extranjeros como paso previo a su expulsión, la imposibilidad actual de llevar a cabo esa actuación administrativa por la negativa de muchos países a admitir la entrada de personas procedentes de España tendría que conducir a su puesta en libertad y a la necesaria intervención pública y/o social para atenderlos en los casos en que no tengan aquí familia y/o domicilio; así lo han reclamado, por ejemplo, el Defensor del Pueblo y el Servicio Jesuita de Migrantes. Caritas ha pedido que aquellas personas que no tienen un domicilio puedan ser acogidas por el sistema de acogida de emergencia y la campaña CIES NO ha reclamado con insistencia la liberación de manera urgente de todas las personas que permanecen internadas hasta la fecha y que se informe de la situación y de las medidas que se vayan a tomar a estas personas diariamente. Al mismo tiempo que se notifique a las entidades, colectivos y plataformas acreditadas que les acompañan. También la habilitación de recursos habitacionales de acogida humanitaria para las personas que acaban de llegar a España o para las que no tienen domicilio, facilitando alternativas como domicilios de familiares o amistades. En términos más generales, la Plataforma DESC España insta al Gobierno a asegurar medidas de protección integral de los Derechos Humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19

Y aunque siempre hay alguien que aprovecha un desastre para profundizar en la exclusión de los grupos más vulnerables (especialmente si se trata de personas extranjeras y pobres), conviene recordar que, como dijo el Tribunal Constitucional hace más de doce años,  “existen derechos del título I que “corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto de los españoles” (STC 107/1984, FJ 3) puesto que gozan de ellos “en condiciones plenamente equiparables [a los españoles]” (STC 95/2000, de 10 de abril, FJ 3). Estos derechos son los que “pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos, o dicho de otro modo, se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución es el fundamento del orden político español” (SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 3; 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2; y 130/1995, de 11 de septiembre, FJ 2). También nos hemos referido a ellos como derechos “inherentes a la dignidad de la persona humana” (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 7). En esta situación se encontrarían el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica (STC 107/1984, FJ 3), pero también el derecho a la tutela judicial efectiva (STC 99/1985, FJ 2) y el derecho instrumental a la asistencia jurídica gratuita (STC 95/2003, de 22 de mayo, FJ 4), el derecho a la libertad y a la seguridad (STC 144/1990, de 26 de septiembre, FJ 5), y el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (STC 137/2000, de 29 de mayo, FJ 1). Todos ellos han sido reconocidos expresamente por este Tribunal como pertenecientes a las personas en cuanto tal, pero no constituyen una lista cerrada y exhaustiva” (STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3). 

Pd. Agradezco mucho la información que me han facilitado Paloma Favieres, de CEAR; Noelia Ordieres, trabajadora social; Ana Rueda, abogada; Ángel Espiniella, profesor titular de Derecho Internacional Privado, y Alejandro Alonso, abogado. Cualquier error es, claro, responsabilidad mía.

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