Estado de alarma por coronavirus SARS-CoV-2 y protección de grupos vulnerables (5): las personas internadas en prisiones y en centros para extranjeros.

En esta entrada haremos mención a la situación de dos grupos de personas en situación de sujeción especial, especialmente vulnerables ante una epidemia como la actual y que ya tienen limitada su libertad de manera singularmente intensa: las personas reclusas en centros penitenciarios y las que permanecen ingresadas en centros de internamiento para extranjeros. 

Al respecto hay que recordar, en primer lugar, que la especial intensidad de la sujeción de estas personas y, por tanto, la limitación del ejercicio de sus derechos fundamentales solo se encuentra justificada si es adecuada, necesaria y proporcionada para los fines constitucionales a cuyo servicio se establecen. También que estas relaciones generan un entramado de derechos y deberes recíprocos entre la Administración y la persona que se encuentra en ellas que puede conducir tanto a limitar el disfrute de un derecho -la libertad personal es el más evidente- como a ampliar el contenido del derecho, como sucede con los especiales deberes de protección de la vida o la integridad física que asume la administración respecto de las personas en régimen de reclusión y que no existen para quienes no estamos en esa situación. Y es preciso tener en cuenta que las personas privadas de libertad y las que viven o trabajan en un entorno cerrado cerca de estas personas son más vulnerables que el resto de la población al COVID-19. 

Con la declaración del estado de alarma se ha limitado con carácter general, y como es bien conocido, el ejercicio de la libertad de circulación pero dicha declaración ha supuesto una mayor afectación para los internos en centros penitenciarios: por una parte, al restringir todavía más su ya menguada libertad deambulatoria; por otra, al afectar a la de las familias y amistades que los visitaban. 

Así, conforme a la Orden del Ministerio del Interior 227/2020, de 15 de marzo, “en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” a) Se suspenden todas las comunicaciones ordinarias de los internos en los centros penitenciarios, dada la limitación de la libertad de circulación que tienen tanto los internos como las familias y amigos que les visitan.  b) Se suspenden las salidas de permiso, salidas programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos que están prohibidos por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. c) Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad que se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del mencionado real decreto, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. d) En todos los centros penitenciarios se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa. 

Pues bien, al día siguiente de publicarse esta Orden decenas de organizaciones no gubernamentales registraron un escrito, promovido por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ante el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias solicitando “una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”; en particular, que “refuerce de inmediato las plantillas de personal sanitario dentro de prisión, así como que el aislamiento de las personas afectadas por el coronavirus se produzca en una instalación médica en lugar de una celda”. En segundo lugar, entre las medidas de excarcelación por razones humanitarias, solicitaron “la excarcelación inmediata de internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo del mismo modo que el de la población preventiva estableciendo otro tipo de controles en caso de ser necesarios”. En tercer lugar, respecto a la comunicación entre familiares y personas presas, solicitaron la “gratuidad de las llamadas telefónicas extras y el incremento de las comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios”. Finalmente, solicitaron que se instale con carácter urgente un sistema de videollamadas en todas las cárceles entre las personas presas y las personas con las que realizan comunicaciones ordinarias. 

En esta línea, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Consejo de Europa recomiendan la adopción de alternativas a la privación de libertad en prisión ante la epidemia que padecemos

También sería importante tener en cuenta la situación del trabajo dentro de las prisiones; la información que se facilita a los internos, que debe ser transparente y comprensible; el acceso a los medios de higiene necesarios e, incluso, la implicación de algunos internos como mediadores en temas de salud con otros compañeros que estén en una situación de mayor vulnerabilidad (por ejemplo, los que padecen una enfermedad mental). 

Estas peticiones tuvieron algún eco dado que el 18 de marzo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias envió un escrito a los Centros de Inserción Social (CIS) y a las secciones abiertas de los centros penitenciarios para desarrollar la citada orden ministerial, donde se aclara lo siguiente: – La modalidad de cumplimento de un tercer grado es competencia de las juntas de tratamiento de los establecimientos penitenciarios… – El artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario es una modalidad de cumplimiento del tercer grado desde casa con un control telemático. Es por tanto aplicable exclusivamente a los internos en tercer grado, previa deliberación individualizada -caso por caso- de la Junta de Tratamiento. – Los internos clasificados en 100.2 no tienen posibilidad de pernoctar en sus domicilios ni de acceder al control telemático, salvo que lo haya autorizado previamente el juez en su plan de tratamiento individualizado. – Con la crisis del coronavirus, muchos CIS y muchas secciones abiertas de la Administración General del Estado han optado por incrementar la concesión del artículo 86.4 con el fin de que -solo en aquellos casos en los que es posible, no en todos los casos- los internos en tercer grado puedan cumplir su condena con pulsera telemática desde casa. – Ante ese incremento, la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria envió un escrito a esos establecimientos explicando que, mientras se adquieren nuevos dispositivos telemáticos, el control del cumplimiento en casa se puede realizar vía telefónica. El escrito… contempla otras medidas para CIS y secciones abiertas entre ellas la posibilidad de que se enlacen permisos de salida a los internos en tercer grado, ya que estos forman parte de su régimen de vida, o que el control de los liberados condicionales se pueda hacer también vía telefónica, previa comunicación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. 

Por lo que respecta a las personas que permanecen ingresadas en los centros de internamiento de extranjeros como paso previo a su expulsión, la imposibilidad actual de llevar a cabo esa actuación administrativa por la negativa de muchos países a admitir la entrada de personas procedentes de España tendría que conducir a su puesta en libertad y a la necesaria intervención pública y/o social para atenderlos en los casos en que no tengan aquí familia y/o domicilio; así lo han reclamado, por ejemplo, el Defensor del Pueblo y el Servicio Jesuita de Migrantes. Caritas ha pedido que aquellas personas que no tienen un domicilio puedan ser acogidas por el sistema de acogida de emergencia y la campaña CIES NO ha reclamado con insistencia la liberación de manera urgente de todas las personas que permanecen internadas hasta la fecha y que se informe de la situación y de las medidas que se vayan a tomar a estas personas diariamente. Al mismo tiempo que se notifique a las entidades, colectivos y plataformas acreditadas que les acompañan. También la habilitación de recursos habitacionales de acogida humanitaria para las personas que acaban de llegar a España o para las que no tienen domicilio, facilitando alternativas como domicilios de familiares o amistades. 

En tiempos de aislamiento y limitaciones a la libertad de circulación para todos es necesario no olvidarse de los derechos de quienes ya están sometidos a privación de libertad en circunstancias «normales». 

Pd. Agradezco a la profesora Ana Cristina Rodríguez Yagüe, de la Universidad de Castilla-La Mancha, la ayuda prestada para elaborar esta entrada. Las omisiones y errores son responsabilidad exclusiva mía.

Foto de Ángel Medina (EFE).

 

 

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