Estado de alarma por coronavirus SARS-CoV-2 y protección de grupos vulnerables (3): las personas en situación de pobreza.

Otro grupo de personas que, sin duda, se puede considerar vulnerable es el de las personas en situación de pobreza. Pues bien, el Informe El Estado de la Pobreza, también conocido como Informe Arope (EAPN España, 2019), es el estudio de seguimiento independiente de los indicadores de riesgo de pobreza y
exclusión social que anualmente publica la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-AS). Recientemente se ha hecho público el noveno informe anual, recogiendo datos del año 2018, donde se concluye que en España se encuentran 12.188.288 personas en situación de riesgo de pobreza y/o
exclusión social (datos anuales de 2018). Ello representa a un 26,1% de población.  

En el citado informe, hecho público a finales de 2019, se recordaba que «en el marco de la Estrategia Europa 2020, España se comprometió a “reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 (en el periodo 2009-2019) el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de acuerdo con el indicador AROPE” y la parte proporcional en pobreza infantil. A pesar de que este objetivo no era particularmente ambicioso en su momento, a falta de un año de que se cumpla el plazo, será muy difícil cumplir el objetivo especificado en la estrategia. Sin negar la evidente mejora del AROPE en los últimos cuatro años, aún falta reducir la tasa en otros dos puntos para llegar a la situación de partida y en más de cinco puntos para alcanzar el objetivo. En términos absolutos, cumplir con el compromiso significaría reducir el AROPE en algo más de 2, 6 millones de personas en un año, algo que no ha sucedido nunca».

Viendo como está ahora la situación en nuestro país no haría falta ni decir que ese pronóstico poco halagüeño hace unos meses se presenta ahora imposible, con lo que estamos abocados a un incremento devastador de las tres dimensiones recogidas por el indicado: la económica, medida con el umbral de riesgo de pobreza; el empleo, a través del indicador de baja intensidad de trabajo por hogar (BITH), y la condición material de vida a través de la medida de Privación material severa (PMS). La situación será, además, peor para personas en las que concurren circunstancias adicionales de vulnerabilidad, como, por citar dos ejemplos, los menores y las personas con alguna discapacidad. 

Según el Informe AROPE, ser un menor pobre es muy distinto de no serlo: el 24,8 % vive en hogares en los cuales se han producido uno o más retrasos en el pago de la hipoteca o alquiler del hogar; el 21 % en hogares que no pueden mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno; el 27,1 % vive en hogares que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes y el 21,6 % de la población infantil vive en hogares que no pueden permitirse tener un ordenador. Las cifras de estos cinco indicadores quintuplican por lo menos las que se registran entre la población menor que no es pobre. Además, un 10 % de los menores pobres no puede consumir cada dos días una comida de carne, pollo o pescado, el 6,5 % no tiene Internet en casa y el 13,3% vive en un hogar que no puede permitirse un coche. Para la mayoría de estas cuestiones los porcentajes entre la población infantil no pobre son puramente testimoniales. Y, para todas las variables de pobreza y/o exclusión, las personas con discapacidad registran valores mucho más elevados que aquellas que no tienen ninguna, y esto no es una cuestión coyuntural, sino que se cumple para todos los años. En el año 2018, el 31,1 %, es decir, prácticamente una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión (AROPE), cifra que es un 28 % (7 puntos porcentuales) más elevada que la que soportan las personas sin discapacidad.

Por todos estos motivos, y como se dijo antes a propósito de las personas con alguna discapacidad y de las personas mayores (no pobres), las obligaciones de los poderes públicos respecto a las personas en situación de pobreza no solo no desaparecen en un contexto como el que ha generado la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 sino que deben multiplicarse, porque los efectos tanto en la salud como en la economía de estas personas pueden ser devastadores.

A este respecto, y como se insistió en entradas anteriores, el decreto en el que se acuerda la declaración de estado de alarma ha previsto que los actos, disposiciones y medidas que deban adoptarse deberán prestar atención a las personas vulnerables. El Gobierno ha anunciado una dotación de 600 millones de euros para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes. Además, se ampliaría la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales, incluidos los servicios de telecomunicaciones.  Habrá que ver si eso es suficiente aunque ahora parece, desde luego, que no.

También aquí, como ya se reclamó para las personas mayores y en situación de dependencia, habrían de tenerse en cuenta las dificultades adicionales para la convivencia que supone compartir un espacio físico, en muchos casos mínimo (infraviviendas) y con enormes carencias, durante un período prologando de tiempo, habitualmente con varios niños pequeños, a efectos de eventuales, y razonables, flexibilizaciones a las estrictas limitaciones a la libertad de movimientos.

Y esa flexibilidad también es necesaria para sortear la vulnerabilidad administrativa de la que habla, por ejemplo, la profesora Alba Nogueira López a propósito de los obstáculos administrativos para el acceso efectivo a los programas de vivienda, y que ahora puede multiplicarse para el acceso a las diferentes ayudas que puedan aprobarse. Es crucial, parafraseando a Sara Mesa,  superar el silencio administrativo a la pobreza en el laberinto burocrático.

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