Estado de alarma por coronavirus SARS-CoV-2 y protección de grupos vulnerables (2): respeto y no lástima por las personas mayores.

En la anterior entrada recordaba que el concepto jurídico europeo de vulnerabilidad es relacional, pues depende de factores históricos, sociales e institucionales; es particular, en el sentido de que las personas que pertenecen a estos grupos son más vulnerables que otras, e implica algún tipo de situación de inferioridad, exclusión o estigmatización. También que las causas de la vulnerabilidad son fluctuantes, puesto que dependen de las transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas y, conviene recordarlo, no son deterministas: dentro de un grupo en principio vulnerable puede haber personas que no lo sean. 

Las personas mayores (signifique eso lo que signifique en términos de edad) no están necesariamente en una situación de vulnerabilidad pero sí son más propensas a ello que personas más jóvenes, al menos en términos de grupo, por la mayor prevalencia de determinadas complicaciones de la salud. Si sumamos a la circunstancia de la edad otros factores de vulnerabilidad, entonces su vida se complica de manera extraordinaria: por ejemplo, si tienen, además, algún tipo de discapacidad física y/o mental, si carecen de recursos suficientes, si viven en la calle, si son personas mayores que están presas, si tienen personas que dependen de ellas por razones de cuidados, económicas… 

Precisamente por todo ello una sociedad democrática avanzada debe prestar especial consideración jurídica a las personas mayores; la Constitución de 1978 proclama como principio rector de la política social y económica la garantía de la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad. “Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, [los poderes públicos] promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio (art. 50). También, y con el mismo alcance, se proclama que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres” (art. 42) y que “se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios…” (art. 43). Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dedica el artículo 25 a las personas mayores y proclama que “la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”.

Las obligaciones para los poderes públicos que derivan de este entramado normativo no solo no desaparecen en una situación como la que ha generado la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 sino que deben multiplicarse, máxime si, precisamente, el grupo de personas de más edad es el que está padeciendo de una manera más intensa los efectos de esa pandemia. Por citar datos de estas horas, se han producido al menos 79 fallecimientos de ancianos en centros de mayores de diversas provincias.

Es obvio que el esfuerzo sanitario que está exigiendo, y exigirá, la pandemia es ingente pero las personas más vulnerables -y las mayores, especialmente con alguna patología previa, lo son- no pueden ser abandonadas, no solo en términos de atención médica sino en muchos otros ámbitos. A este respecto el decreto en el que se acuerda la declaración de estado de alarma ha previsto que los actos, disposiciones y medidas que deban adoptarse deberán prestar atención a las personas vulnerables

A las personas mayores la pandemia no solo les está afectando en su salud sino que les ha complicado extraordinariamente la vida: se ha impuesto un aislamiento social que, en muchos casos, les ha dejado apartados de sus familias; dicho aislamiento puede complicar sus problemas de movilidad y, como a cualquiera de nosotros, su equilibrio psicológico. Además, algunas de las “soluciones” que se han propuesto no son siempre accesibles para ellos: por ejemplo, la comunicación electrónica a través de redes sociales para paliar el aislamiento o llevar a cabo gestiones bancarias o de otro tipo por Internet no es algo a lo que estén tan acostumbrados como las personas más jóvenes. No está, pues, solo en juego su salud física, siendo eso fundamental, sino su salud mental, su ocio, su economía,…, su vida en definitiva. 

Por tanto, parecen necesarias medidas por parte de los poderes públicos que contribuyan a aliviar esta situación; alguna de ellas en la misma línea que la reclamada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha pedido al Ministerio del Interior que precise con urgencia las condiciones en las que determinadas personas con discapacidad pueden acceder a la vía pública durante la vigencia del estado de alarma para evitar episodios de colapso personal con grave afectación de su conducta, de sus condiciones de salud y de bienestar psicofísico y emocional. Es también necesario que las personas mayores en circunstancias económicas más precarias no las vean empeoradas. En esa dirección irían las medidas anunciadas por el Gobierno dotando con 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes. Además, se ampliaría la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales, incluidos los servicios de telecomunicaciones. 

Pero, además de las cuestiones sanitarias y socioeconómicas, es importante no descuidar las aspectos afectivos y de respeto, evitando la estigmatización de unas personas que son, precisamente, las víctimas principales de esta catástrofe. Un libro siempre recomendable y, a mi juicio, imprescindible ahora es La sociedad decente, de Avishai Margalit. Entre otras muchas cosas, sostiene Margalit que quienes son objeto de lástima no carecen de motivos al sospechar que no se les respeta. Si las personas siguen manteniendo el control de sus vidas no son objeto de lástima aunque se encuentren seriamente afligidas. Se tiene lástima a las personas que han perdido importantes fuentes de autoestima, que están a punto de perder los medios para defender el respeto hacia sí mismas. El Estado de bienestar debe luchar contra la vulnerabilidad sin recurrir, dice Margalit, al insultante, y quizás también humillante, recurso de la lástima, la emoción que impulsa la sociedad caritativa.

No seamos caritativos ni sintamos lástima de las personas mayores, lo que hay que hacer, ahora más que nunca, es darles el respeto que merecen.  

Justo después de publicar esta entrada he visto el hilo en Twitter que ha publicado mi amigo y colega José Luis Martí. Lo mejor que pueden hacer es leerlo y olvidar todo lo anterior.

 

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