Breves -y provisionales- consideraciones sobre el alcance del estado de alarma que se va a decretar.

Al escribir estas líneas no está publicado en el BOE el decreto en el que se declara el estado de alarma, que, como se sabe, es un instrumento jurídico previsto en la Constitución (artículo 116.2) y desarrollado en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Las líneas generales de lo anunciado encajan entre las medidas que dicha Ley autoriza acordar al Consejo de Ministros: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados. d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados.

Ahora bien, hay que descender a los detalles, lo que solo cabe hacer cuando se publique el decreto, para ver hasta dónde llegan alguna de dichas medidas, especialmente las relativas a la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, pues tal y como está en Ley parece que se debería de tratar de restricciones a una libertad general de circulación y no excepciones a una limitación general de dicha circulación. Lo que se apunta que contendrá el decreto se asemeja más a lo segundo aunque, parece, a su vez con bastantes excepciones y alguna amplia: cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.

Quizás ahora se aprecia que una Ley del 1981 no pudo contemplar circunstancias como las que ahora padecemos pero lo cierto es que no se ha modificado a lo largo de estos casi 40 años.

Por cierto, ¿qué pasará con las personas que «viven» en la calle o no tienen una vivienda con una mínima calidad para estar en ella tanto tiempo?

La dirección y coordinación de las medidas se ha atribuido al Gobierno, lo que parece lógico teniendo en cuenta que la declaración afecta a todo el territorio nacional. Habrá que ver cómo se articula la actuación de las demás administraciones implicadas. Al respecto, y recordando lo ya dicho, estamos ante una Ley de 1981, cuando el «Estado autonómico» estaba naciendo, y que no se ha reformado para atender a la nueva realidad institucional. En esta línea, si alguna Comunidad entendiera que se vulneran sus competencias podría presentar un conflicto ante el Tribunal Constitucional. 

En todo caso, y de acuerdo con la Ley, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 

Algo que parece no «resolver» el decreto es lo que pasará con las elecciones gallegas y vascas, quedando a expensas de lo que decidan, en su caso, los respectivos gobiernos autonómicos y, eventualmente, las diputaciones permanentes de sus parlamentos.

El Gobierno tendrá que dar ahora cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información que le sea requerida. El Gobierno también dará cuenta al Congreso de los Diputados de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación con éste. Y veremos qué pasa dentro de quince días, cuando el Congreso deba decidir si se mantiene, o no, este estado de alarma y, en caso favorable, durante cuánto tiempo y con qué alcance.  

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