Sobre la posible inconstitucionalidad del llamado «Decretazo digital».

El 15 de enero se presentó (vídeo) al Defensor del Pueblo un documento (puede descargarse aquí) avalado por diversas organizaciones de defensa de los derechos digitales, de internautas y consumidores, así como por varios juristas, con el objetivo de que aquella institución estudie y, en su caso,  presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones

Los motivos que avalarían la presentación del recurso de inconstitucionalidad lo son tanto de forma como de fondo; los primeros tienen que ver con la, a nuestro juicio, inexistencia del presupuesto habilitante para aprobar esa norma a través de un Decreto-ley: entendemos que no concurría una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique evitar el procedimiento legislativo, que garantizaría un debate público y plural en las Cortes Generales, la eventual presentación de enmiendas, la comparecencia de personas expertas… Es en esta parte del documento en la se han centrado las aportaciones de Patricia García Majado y la mía (páginas 5 a 10). 

En cuento al fondo del asunto (páginas 11 y siguientes), y por decirlo con pocas palabras, entendemos que el Decreto-ley abre la puerta a la censura gubernamental de la Red, al prescindir en su redactado de la necesidad de resolución judicial para acordar la retirada de contenidos o la neutralización de su acceso. En la redacción finalmente aprobada, se faculta al Gobierno para una gestión directa o intervención que podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Con los estándares fijados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el bloqueo del acceso a Internet puede estar «en conflicto directo con la redacción del párrafo 1 del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual los derechos enunciados en dicho artículo están garantizados «sin consideración de fronteras» (asunto Ahmet Yıldırım c. Turquía, de 18 de diciembre de 2012). 

Pd. Puede verse al respecto este artículo del profesor Germán Teruel en Agenda Pública y sobre esta iniciativa y su contexto la información aportada por varios medios de comunicación (Confilegal, Efe, La Vanguardia, Público, el diario, 20 minutos).

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