¿Es jurídicamente exigible tener una concreta formación académica y experiencia profesional especializada para ser ministro/a?

Acabamos de conocer los nombres de quienes forman parte del recién nombrado Gobierno presidido por Pedro Sánchez. El nombramiento de los ministros y ministras es una competencia atribuida constitucionalmente al Presidente de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución: “Los demás miembros [además del Presidente] del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente”. 

La Constitución (CE) no prevé requisito alguno para ocupar la presidencia del Gobierno, ni siquiera, y a diferencia de lo que se exige para desempeñar  la presidencia de los gobiernos autonómicos, ser parlamentario (en el caso de las Comunidades Autónomas articuladas a partir del artículo 151 CE la propia CE prevé esa exigencia en el artículo 152). 

Puede, por tanto, desempeñar la Presidencia del Gobierno quien no forme parte del Congreso ni del Senado; lo que sí debe tener, como es de sobra conocido, es “la confianza del Congreso de los Diputados”, que se otorga en la sesión de investidura. ¿Y puede ejercer la Presidencia una persona española de 18 años sin cualificación académica alguna ni experiencia profesional? Sí, es una decisión política y la mayoría de la Cámara Baja puede considerar que esa persona está sobradamente preparada para desempeñar el cargo en cuestión, si bien, para el pleno ejercicio de sus funciones, hay que entender que no debe pesar sobre ella una inhabilitación para ejercer un cargo público. 

Pues bien, leyendo la actual redacción (dada por la disposición final 3.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público)  del artículo 11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, cosa que he hecho tras un comentario al respecto de mi amigo y colega Benito Aláez, resulta que para ser ministro o  ministra, además, “hay que reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado” y ésta dispone (artículo 2) que “1. El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo…”  Previamente se dice (artículo 1.2) que, “a los efectos previstos en esta ley, se consideran altos cargos: a) Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado…” Entiendo que estas exigencias no se aplican a quien ocupa la Presidencia del Gobierno, pues, siendo “miembro del Gobierno”, su estatuto es de supremacía sobre los demás componentes y los requisitos para su nombramiento y cese se ajustan a lo previsto en la Constitución. 

No mencionaré aquí la exigencia de honorabilidad (vinculada a la ausencia de condenas, inhabilitaciones y sanciones) pero sí la de la “formación y experiencia en la materia”; según el apartado 4 del artículo 2 “en la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra”. 

La Ley limita, al menos en teoría, la libertad del Presidente del Gobierno para nombrar a los restantes miembros del mismo, pues, en apariencia, no podría designar para el Ministerio X (pongan el nombre que estimen pertinente) a quien careciera de conocimientos académicos y experiencia, que, además, también en teoría, estén vinculados al contenido y funciones del Ministerio en cuestión. 

Cada cual podrá, obviamente, pensar lo que quiera al respecto y extraer las valoraciones políticas oportunas sobre las elecciones «políticas» del actual Presidente y de quienes le han precedido, pero me parece muy dudoso, en términos constitucionales [no hablo de otras consideraciones], que se pueda limitar legalmente esa capacidad presidencial y, por tanto, que quepa apreciarse «jurídicamente» que, por ejemplo, la persona A no es “idónea” para el Ministerio de Sanidad porque no tiene formación académica en la materia ni experiencia de gestión sanitaria.

2 comentarios en “¿Es jurídicamente exigible tener una concreta formación académica y experiencia profesional especializada para ser ministro/a?

  1. Querido Miguel, muchas gracias por tu interesante entrada.
    La verdad, desconocía estos supuestos requisitos de formación y preparación técnica de los altos cargos, que a mi juicio parece referido a los miembros del Consejo de Ministros y a los secretarios de Estado (salvo en el caso del presidente), con las cautelas que tú dices, y en el entendido de que para los restantes altos cargos de los departamentos ministeriales señalados en el art. 1.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, como ya establecía la derogada LOFAGE 6/1997 (ahora, arts. 63, 65, 66 y 67 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de acuerdo con la redefinición de los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera tras el Estatuto básico del empleado público de 2007) y reproduce el art. 2.6 de la Ley 3/2015, ya debían ser nombrados «entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.» (vid. art. 63, para el caso de los subsecretarios, y de una forma mimética, para los secretarios generales técnicos, directores y subdirectores generales, respectivamente en los arts. 65, 66 y 67). Aunque con anterioridad se entendía implícitamente, ahora la DA 15ª de la Ley 40/2015 establece de una forma expresa que «[l]as referencias que en los artículos 63, 65, 66 y 67 de esta ley se realizan a los funcionarios de carrera pertenecientes al Subgrupo A1 comprenderán al personal militar de las Fuerzas Armadas perteneciente a cuerpos y escalas con una categoría equivalente a aquélla.
    Dichas previsiones normativas serán igualmente aplicables al personal del Centro Nacional de Inteligencia perteneciente al Subgrupo A1, según su normativa estatutaria.»

    Muchas gracias y te deseo lo mejor para el año que comienza.
    Un abrazo desde Burgos
    Isidro Fernández

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