Tres ¿tristes? perplejidades sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y “otros”.

Primera.- ¿Por qué el Tribunal Supremo (TS), tras plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si Oriol Junqueras gozaba de inmunidad parlamentaria, no esperó la respuesta a sus preguntas antes de dictar sentencia? 

Cabe recordar que el TJUE se pronunció en sentencia de 19 de diciembre de 2019 y el TS había dictado sentencia condenatoria el 13 de octubre de ese mismo año. Parece lógico, y así lo prevén el Artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales, que el órgano nacional no deba resolver el litigio en el que se enmarca la cuestión hasta que el TJUE haya comunicado sus conclusiones pues, al margen de que la decisión del Tribunal Europeo tenga consecuencias para casos futuros, debe ser efectiva en el proceso en el que se suscitó. 

Segunda.- No obstante lo anterior, el TS nos recuerda en el Auto de 9 de enero de 2020 que comunicó al TJUE el día 14 de octubre (el inmediato posterior a su sentencia) que “la petición de decisión prejudicial, pese a la firmeza de la sentencia, seguía manteniendo interés y vigencia, toda vez que la respuesta a las cuestiones formuladas en el auto de remisión tendría eficacia, con independencia de la situación de prisión preventiva o penado que afecte al Sr. Junqueras”. 

Pues bien, el propio TS responde en ese mismo Auto de 9 de enero que “en el momento en que el Sr. Junqueras fue condenado a la pena de 13 años de prisión se convirtió, por ministerio de la ley, en inelegible. Y ese obstáculo legal para el ejercicio del derecho de representación proyecta sobre él una causa de incompatibilidad que le excluye del Parlamento Europeo”.

Es decir, el TS ya sabía, cuando comunicó al TJUE que seguía teniendo “interés y vigencia” la cuestión prejudicial, que la condena a 13 de años de prisión implicaba, de acuerdo con la legislación española, en palabras del TS en este mismo Auto, la “anulación del mandato que el Sr. Junqueras había recibido del electorado”. Esta conclusión se refuerza más adelante cuando el TS dice que, “en definitiva, quien participa en un proceso electoral cuando ya está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo primero a) del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades, no era ni es necesaria autorización del Parlamento”. Aceptando esta conclusión, ¿por qué se insistió entonces en mantener abierta una cuestión prejudicial que, parece, no tenía ya ningún “interés ni vigencia” una vez constatada la pérdida del cargo de europarlamentario? 

Dice el TS que cuando dictó sentencia “desconocíamos la contestación que recaería sobre el contenido o alcance de la inmunidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades. Desconocíamos también si, en respuesta a la tercera de las cuestiones que habíamos suscitado con carácter prejudicial, tendríamos que levantar la situación de prisión provisional del Sr. Junqueras en términos absolutos o si, por el contrario, el contenido material de esa inmunidad era compatible con un juicio ponderativo de esta Sala que justificara el mantenimiento de la privación de libertad. No sabíamos, en fin, cómo habrían de concretarse las consecuencias que se fijasen de uno u otro pronunciamiento”. Algo parece no encajar, al menos en mi cabeza: si al ser condenado por sentencia firme el señor Junqueras perdía la condición de eurodiputado (cosa que conocía el TS), ¿qué relevancia podría tener lo que dijera el TJUE sobre su eventual inmunidad? 

Tercera.- ¿Por qué el Parlamento Europeo (PE) ignora la legislación española (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) a la hora de extender las consecuencias del pronunciamiento del TJUE a Carles Puigdemont y Toni Comín y considera que son diputados con plenos efectos desde el 2 de julio

De acuerdo con la sentencia del TJUE que comentamos está claro que Puigdemont y Comín gozaban de inmunidad desde el momento de la proclamación oficial de los resultados de las elecciones del 26 de mayo pero la consecuencia es que tendrían que cumplir, antes de incorporarse al PE, con las exigencias del artículo 224.2 LOREG: “En el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento.”

   

2 pensamientos en “Tres ¿tristes? perplejidades sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y “otros”.

  1. Evidentemente, el Sr. Marchena, conoce a la perfeccion una previa Sentencia de la Gran Sala del TJUE, (Asunto Cartesio) respecto a la OBLIGATORIEDAD de “suspender el proceso” en el que se plantea la “cuestion prejudicial”, puede verse en el propio CGPJ (enlace) como en las llamadas “instrucciones de coordinacion” se hace referente a esta y se pone en conocimiento de todos los jueces españoles (comunitarios) sobre el modo y procedimiento a seguir. Tambien conoce el Asunto Clif, y la doctrina del TC sobre los llamados “actos claros” (ver SSTC 37/2019, 232/15 y 58/2004 y las que estas citan).

    El “dato” que posiblemente no has tenido en cuenta, es que la cuestion prejudicial, se formula en una “pieza separada” (no en la causa que esta enjuiciando, sino en un incidente para suspender la prision provisional) y ademas, es importante conocer, que al ser “firme” la STS de 14-10-19 (por cierto el mismo dia en que se reunia el TJUE) sin embargo en la pieza de ejecutoria posterior, “se dejo sin efecto la aplicacion de la pena de inhabilitacion (art. 42 CP) absoluta” y se confirmo la pena de prision.

    Desconcertante fue el planteamiento en estos terminos -si conocia que no tendria aplicacion directa- dado que como todos los juicios penales, en este “la pena a imponer” se decidio el mismo dia 14-06-2019, es decir al terminar la Vista Oral, la “decision colegiada” ya se habia tomado y el Ponente “sabia” que habria condena, por eso no comprendo como el dia 01-07-2019 (plantea el Auto de Cuestion Prejudicial al TJUE) cuando la propia Sala “ya habia decidido la condena”.

    Otra cosa, es que entre el 15-06-2019 (se publico en el BOE del 14 la lista de los eurodiputados) y el 13-10-2019 se estuviera “redactando” una sentencia que “ya estaba dictada y acordado su fallo” desde el dia siguiente al termino de la Vista Oral (14-06-2019).

    Evidentemente, el caso del concejal de Lanzarote al que se aplico por primera vez (por la misma Sala 4ª TS 438/2019 del 01-04-2019 Pte Celso Pcico) la inhabilitacion por condena NO FIRME ya era mas que conocido por la Sala 2ª TS (en estas fechas se celebraba la vista) y por ello, es por lo que “llegado el momento oportuno” entro en marcha el cartucho que estaba guardado en la recamara y la JEC previa denuncia y recursos de la parte contraria, ya tenia preparada la senda del camino a seguir.

    Trabajo “en equipo” por ambas Salas del TS que coordinadas refuerzan y creo que en este caso, retuercen el derecho. Aplicar “normas que son excepcionales” (art. 55.2 CE) para atraer primero la competencia del maximo organo (donde queda el art. 14.5 del PIDCP) y el art. 384 bis de la Lecrim y ahora el art. 6 LOREG, solo tiene una “final cantado”.

  2. Estas contradicciones y perplejidades, son objeto de una mejor y completa explicación (me refiero a mi comentario anterior) por el Profesor PEREZ ROYO, en su articulo de hoy, que puede verse aqui: https://www.eldiario.es/contracorriente/suerte-echada_6_983811616.html

    Y el modelo tipo del CGPJ que propone como plantear las Cuestiones Prejudiciales al TJUE, del que no puedo copiar un enlace, dice:

    “Remítase testimonio de la presente resolución al Tribunal de Justicia
    mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido a la «Secretaría del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, L-2925 Luxemburgo» y copia simple de la misma al Servicio de Relaciones Internacionales delConsejo General del Poder Judicial –Fax: 91 7006 350- (REDUE Red delCGPJ de Expertos en Derecho de la Unión Europea). La presente resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno. La cuestión relativa a la irrecurribilidad de las tres resoluciones-modelos que proponemos la podemos encontrar resuelta en el
    asunto Cartesio C-210/06 en el que el Tribunal de Justicia (Gran Sala) dictó Sentencia el 16 de diciembre de 2008 que resolvió…….”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .