«Grita «¡Devastación!» y suelta a los perros de la guerra» Acto 3, Escena 1, Julio César, William Shakespeare.
Como es bien conocido, y ejecutando una orden presidencial, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos asesinaron, el pasado 3 de enero, al general iraní Qasem Soleimani en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad. No es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza y para su breve comentario jurídico-constitucional podemos acudir tanto a la “realidad” como a la “ficción”.
El Presidente de los Estados Unidos es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas aunque, al menos en la teoría constitucional (Sección Octava del Artículo I), corresponde al Congreso declarar la guerra y decidir sobre el presupuesto militar. Y es que los “Padres Fundadores” quisieron romper con la tradición: estudiaron los modelos de gobierno vigentes a la sazón en Europa, que dejaban en manos del Monarca la toma de las decisiones militares, y transfirieron, de manera deliberada, ese poder del Ejecutivo al Legislativo; así, en palabras de Thomas Jefferson dirigidas por escrito a James Madison: “We have already given in example one effectual check to the Dog of war by transferring the power of letting him loose from the Executive to the Legislative body, from those who are to spend to those who are to pay”.
Y, de acuerdo con la War Powers Act, de 1973, el Presidente debe informar al Congreso sobre ciertas cuestiones bélicas aunque, en la práctica, es conocido que Estados Unidos ha emprendido numerosas intervenciones militares en el extranjero sin previa declaración de guerra ni autorización del Congreso; por ejemplo, el bombardeo de Kosovo ordenado por el Presidente Clinton o, mucho antes, el envío de tropas a Corea del Sur, decidido por el Presidente Truman sin que acudiera al Congreso, ni siquiera después de que se llevara a cabo dicha actuación y que, en consecuencia, cabría calificar de inconstitucional.
Pasando a la “ficción”, en la serie The West Wing encontramos varios episodios en los que está en juego el uso de la fuerza: en A Proportional Response (episodio 3 de la Primera Temporada) se analiza la respuesta adecuada al derribo del avión en el que viaja el médico personal del Presidente; en What Kind of Day Has It Been? (episodio 22 de la Primera Temporada) un avión de combate norteamericano es derribado en la zona de exclusión aérea en Irak; en Angel Maintenance (episodio 19 de la Cuarta Temporada) se plantea la invasión de Kundhu, país imaginario situado en África; en 7A WF 83429 (episodio 1 de la Quinta Temporada) se planifica el ataque contra supuestas bases terroristas en el también imaginario Qumar, ubicado en la estratégica zona del Estrecho de Ormuz, al sur de Irán, lo que sucede en el episodio siguiente: The Dogs of War, cuyas consecuencias conocemos en Jefferson Lives (episodio 3). Los ataques a países “reales” se debaten en The Warfare of Genghis Khan (episodio 13 de la Quinta Temporada) –ataque aéreo a plantas de enriquecimiento de uranio en Irán-, y Memorial Day y NSF Thurmont (episodio 22 de esa misma temporada y episodio 1 de la Sexta) –bombardeos de Gaza-.
Además de en el ámbito internacional, también se debate, en la realidad y en la ficción, el poder del Presidente en cuestiones de seguridad domésticas, aunque la premisa, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso United States v. Curtiss-Wrigth Export Corportation, de 21 de diciembre de 1936, es que en las cuestiones exteriores dispone de más poderes inherentes o implícitos. Parece claro, al menos en la teoría, que esos poderes no podrían incluir asesinatos políticos como el que se planea llevar a cabo en Bermuda en los episodios 21 (We Killed Yamamoto) y 22 (Posse Comitatus) de la Tercera Temp0rada, que no difiere mucho, en términos generales, de lo que hicieron, también miembros de los Navy SEALs con autorización presidencial, con Bin Laden en Abbottabad (Pakistán) en el año 2011, o del caso de Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad.
Como todo en la serie The West Wing, los títulos de estos dos episodios no son casuales: el primero hace referencia a la operación militar, autorizada expresamente por el presidente Roosevelt, que ordenó, el 18 de abril de 1943, a varios aviones norteamericanos atacar el convoy del que formaba parte el avión en el que viajaba el almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la Flota japonesa. La operación, resultado de la interceptación de un mensaje cifrado, tuvo como objetivo específico la muerte del que se consideraba autor del plan de ataque a Pearl Harbor.
El título del segundo episodio hace referencia a la Posse Comitatus Act, 18 U.S.C. § 1385, de 1878, norma que desarrolla el precepto constitucional que permite el uso de la milicia “para ejecutar las Leyes de la Unión, sofocar las insurrecciones y rechazar las invasiones”. La Posse Comitatus Act prohíbe el recurso al Ejército y, luego de una modificación legal, a la Fuerza Aérea, para la ejecución de órdenes civiles, salvo autorización expresa. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 hubo apelaciones a una interpretación más generosa de las excepciones anteriores y la USA PATRIOT ACT (acrónimo de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) amplió las circunstancias en las que se puede acudir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo; en concreto, que la Posse Comitatus no impone restricciones al Presidente para el uso de las Fuerzas Armadas contra terroristas extranjeros que operen en Estados Unidos. Parece que esa norma no regiría fuera del territorio estadounidense, por lo que sus limitaciones no serían aplicables a una acción, como la que se desarrolla en The West Wing, en Bermuda, territorio británico de Ultramar situado frente a la costa este de Estados Unidos. En todo caso, se le pretende dar cobertura jurídica a través de una “Orden ejecutiva” del Presidente y del informe previo al “Grupo de los 8”, formado por los líderes de los dos partidos en las dos Cámaras y miembros de los Comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado.
En ambos episodios está presente la idea, especialmente por parte del almirante Fitzwallace, de que el combate contra el terrorismo ha de desarrollarse de acuerdo con criterios militares y, de ahí la analogía entre el “caso Yamamoto” y el “caso Shareef”, a partir de las “reglas de la guerra” y no de las normas de policía.
Otra cosa es que se legisle para luchar, de acuerdo con los criterios del Estado de derecho, frente a las amenazas terroristas, como se apunta en The Midterms (episodio 3 de la Temporada 2).
Y por citar también casos reales similares ocurridos en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el derecho a la vida es el presupuesto para el ejercicio de los demás derechos y libertades y uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas del Consejo de Europa (asunto McCann y otros c. Reino Unido, de 27 de septiembre de 1995), caso relativo al asesinato en Gibraltar de tres militantes del IRA a manos de agentes del Special Air Service británico, lo que el TEDH consideró lesivo del derecho a la vida protegido por el artículo 2 del Convenio “teniendo en cuenta la decisión de no impedir a los sospechosos que entraran a Gibraltar, la insuficiente consideración por parte de las autoridades de una posibilidad de error en sus apreciaciones en materia de información… y al recurso automático a la fuerza mortífera cuando los militares abrieron fuego,…”
En suma, lo relativamente novedoso de los tiempos que corren es que los amos de los «perros de la guerra» los sueltan a miles de kilómetros de distancia.
El derecho y el revés 