El algoritmo electoral ha funcionado de nuevo: premio a las dos opciones más votadas -casi nada a las formaciones nacionalistas- y castigo a terceros, cuartos… de ámbito nacional.

Premisa: aquí partiré de una definición, generalmente aceptada, de algoritmo: es una sucesión finita de operaciones que se realizan en un orden preciso para dar respuesta a un “problema”. Si aceptamos eso, podemos convenir que el proceso electoral es un algoritmo, entendido como una sucesión de operaciones (convocatoria de los comicios, presentación y proclamación de candidaturas, campaña electoral, jornada de votación, proclamación de resultados…) que se realizan en un orden preclusivo para resolver qué personas, de entre todas las que se presentan, representarán a la ciudadanía en una concreta cámara representativa. 

En España, la articulación jurídica de este algoritmo está diseñada, en parte, en la Constitución y, sobre todo, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 1985, que, en buena medida “copia” lo previsto en el Decreto-ley sobre normas electorales, de 1977, en cuya Exposición de Motivos se proclama: “se ha considerado conveniente asegurar un mínimo inicial de 2 Diputados por provincia y dividir el resto en función de la población… De esta forma se suavizan los efectos de nuestra irregular demografía y se atiende a un mayor equilibrio territorial en la representación…” 

No deja de ser llamativo que se hable de suavizar la irregular demografía y de atender a un mayor equilibrio territorial si se opta por un sistema de representación proporcional con circunscripciones provinciales: precisamente, el algoritmo tendría que reflejar, y no suavizar, esa irregular demografía, máxime si se ha previsto, como ocurrió luego en la Constitución, una cámara que, en teoría, es de “representación territorial”. 

Pues bien, en una cámara parlamentaria, como el Congreso de los Diputados, de 350 miembros (pequeña en términos comparados en atención a la población), con un tamaño reducido de la gran mayoría de las circunscripciones (44, incluyendo Ceuta y Melilla, con 8 o menos escaños en las elecciones del 10 de noviembre) y el empleo de la fórmula electoral D’Hondt, el resultado final del “algoritmo electoral” es una distribución desproporcionada de escaños, que beneficiará siempre a las primeras opciones, sean las que sean (hasta ahora PSOE y PP pero, eventualmente, otras). 

Y, en contra de lo que muchas veces se dice, este algoritmo no “premia” a  las candidaturas nacionalistas, que, en las circunscripciones donde se presentan, consiguen un número de escaños prácticamente equivalente al porcentaje de votos obtenidos. Lo que sí hace es castigar, unas veces más y otras un poco menos, a las candidaturas que, presentándose en la mayoría o en una buena parte de las circunscripciones, ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto en número de votos. 

El siguiente gráfico, que tomo de la cuenta de Twitter del profesor Carlos Fernández Esquer, es elocuente y muestra lo que ha venido ocurriendo desde 1977: