El efecto desaliento de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana sobre el ejercicio de derechos en las calles

Henri Lefevbre reivindicó en La revolución urbana el desorden propio de las ciudades porque cumple funciones informativas, simbólicas y de esparcimiento y, en suma, porque revela la existencia de vida social. Ese desorden resulta estigmatizado por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, para la protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), que aspira a lograr una “tranquilidad” de la que considera son enemigos quienes llevan sus reivindicaciones a las vías públicas, quienes emiten imágenes “sin autorización policial” en los espacios virtuales; incluso, los que simplemente tratan de encontrar en las calles una forma de sobrevivir (se considera infracción a la seguridad ciudadana la venta ambulante no autorizada). 

Una manera de combatir ese “desorden” es generar entre los que lo practican un “efecto desaliento” mediante la imposición de frecuentes y, relativamente, cuantiosas sanciones económicas, a veces de mayor importe que el que supondría un castigo penal, y a través de un procedimiento en el que las “denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos,…, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario” (art. 52 LOPSC). 

Los datos sobre actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana publicados por el Ministerio del Interior son ilustrativos de esta potencia desalentadora sobre el ejercicio de derechos fundamentales en las calles; veamos algunos ejemplos: el artículo 37.1 LOPCS sanciona incumplimientos formales de la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión aunque los mismos no generen inseguridad ciudadana: si en 2016 se impusieron 131 sanciones que, en conjunto, ascendieron a 19.940 euros, en 2017 (última información disponible) las sanciones subieron a 138 y la cuantía total a 23.140 euros. Cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Yılmaz Yıldız y otros c. Turquía, de 14 de octubre de 2014) resolvió, entre otras cosas, que toda concentración o manifestación en un lugar público provoca ciertas molestias en la vida cotidiana y es importante que las Autoridades muestren cierto nivel de tolerancia ante esas reuniones si son pacíficas; que la imposición de sanciones administrativas por participar en una manifestación pacífica resulta desproporcionada y no necesaria para mantener el orden público y que esa sanción puede tener un efecto desaliento y actuar como desincentivo para participar en reuniones semejantes. 

En segundo lugar, el artículo 36.23 LOSC considera infracción grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…” Según los datos del Ministerio del Interior en 2016 se impusieron 32 sanciones (19.377 euros) y en 2017 41 veces (25.695 euros). Esta previsión legal es de muy dudosa constitucionalidad; en primer lugar, porque las autoridades y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercen funciones públicas de extraordinaria relevancia y están sujetas, en dicho ejercicio, al control ciudadano y de los poderes públicos, lo que debe implicar que, con carácter general, la regla sea la contraria: el derecho a recabar fotos o datos, premisa aceptada en su día en la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En esta línea se han manifestado tanto el TEDH –caso Sürek c.  Turquía (número 2) de 8 julio 1999- como el Tribunal Constitucional (STC 72/2007, de 16 de abril), que avaló la publicación de una foto en la que se identificaba a una agente de la policía local de Madrid que participó en un desahucio. Por si fuera poco, el artículo 36.23 establece una censura previa, prohibida expresamente por el artículo 20 de la Constitución (CE), al aludir al uso no autorizado de imágenes y datos (véase la STC 187/1999, de 25 de octubre). 

En tercer término, constituyen infracción grave “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito” (art. 36.4 LOPSC). Se sancionarán así las actuaciones que han tratado de frenar o demorar los desahucios pero no queda claro, lo que es especialmente importante al ser infracción grave, qué tipo de actos deben ser ni si tienen que ser claros y adecuados para impedir el mencionado cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Las estadísticas del Ministerio del Interior informan que en 2016 se impusieron 355 sanciones por valor de 220.636 euros; en 2017 408 sanciones por un monto de 248.639 euros. 

En cuarto lugar, el artículo 37.4 LOPSC tipifica como infracción leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. Es llamativo el elevado número de sanciones que se han justificado en este precepto: 19.497 en 2016 que ascendieron a 3.006.761 euros y 21.122 en 2017 por un importe de 3.099.743 euros. 

Si resulta que convocar una manifestación pacífica incumpliendo algún requisito formal, tomar y divulgar fotos de los agentes de la autoridad sin su consentimiento, oponerse de forma pacífica a un desahucio o faltar al respeto a un miembro de las fuerzas de seguridad -a juicio del propio agente- tiene como consecuencia una multa, en unos casos (primero y cuarto) de entre 100 y 600 euros y, en otros (segundo y tercero), de entre 601 y 30.000, no parece exagerado pensar que se está generando “un efecto … disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada” (STC 136/1999, de 20 de julio; STEDH de 22 de febrero de 1989, Barfod c. Noruega). 

Por todo ello, y aunque ya se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra estos preceptos de la LOSC, no resuelto cuando escribo estas líneas, no estaría de más que desde los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa se elevarán, cuando corresponda, las oportunas cuestiones de inconstitucionalidad.

Texto publicado en el Boletín de Juezas y jueces para la democracia, 34 Congreso, «La defensa de los derechos conquistados: libertades en tela de juicio» (puede descargarse el Boletín en formato pdf), junio de 2019.

1 comentario en “El efecto desaliento de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana sobre el ejercicio de derechos en las calles

  1. Si bien no resulta exagerado pensarlo, lo cierto es que para afirmarlo es preciso confrontar las cifras de movilizaciones convocadas antes y después de la aprobación de la ley y, seguidamente, demostrar que la diferencia se debe a la norma. Ninguna de las dos cuestiones está acreditada en absoluto.

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