El Derecho en la Literatura (III): “El último barco”, de Domingo Villar.

Ojos de agua (2006), La playa de los ahogados (2009) y El último barco (2019) son tres novelas, con títulos acuosos y marítimos, de Domingo Villar, publicadas en su versión castellana por Siruela, y que tienen como protagonista a Leo Caldas, inspector de policía destinado en la comisaría de Vigo, y, por extensión, a la propia ciudad y a la ría del mismo nombre, incluidas varias localidades situadas en una y otra orilla. 

En este texto me propongo solo comentar la dimensión jurídico-fundamental presente en la trama de El último barco, tratando de evitar cualquier pista sobre el trasfondo de la intensa investigación policial que llevan a cabo el inspector Caldas y sus ayudantes. Únicamente mencionaré algo ya presente en la publicidad editorial del propio libro y es que el caso se centra en la desaparición de una profesora de cerámica de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, en cuya búsqueda entran en juego varios derechos fundamentales: la libertad de residencia y circulación y, por tanto, el derecho a marcharnos sin que nadie lo sepa; la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, particularmente en nuestros días las llevadas a cabo a través del correo electrónico y de los teléfonos móviles, y, finalmente, la intromisión que pueden suponer las cámaras de vídeo-vigilancia y su potencialidad para identificar a una persona. 

Pues bien, lo primero que hay que señalar es que la Constitución española (CE) reconoce (art. 19) a “los españoles cuatro derechos fundamentales distintos: el derecho a elegir libremente su residencia, el derecho a circular por el territorio nacional, el derecho a entrar en España y el derecho a salir libremente del territorio nacional” (STC 72/2005, FJ 5). En consecuencia, una persona puede “desaparecer” por voluntad propia del lugar en el que residía y, sin comentarlo con nadie, trasladarse a otra parte del territorio español o al extranjero sin que tal hecho merezca, por sí solo, una indagación policial o judicial. 

En segundo lugar, si hubiera motivos para sospechar alguna motivación criminal en la desaparición de una persona las investigaciones policiales tendentes a esclarecerla están sometidas a una serie de limitaciones en aras a la protección de varios derechos fundamentales de dicha persona (intimidad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia y circulación) y de quienes resultaran involucrados en la desaparición (secreto de las comunicaciones, derecho a la propia imagen,…). 

En lo que respecta a la inviolabilidad del domicilio, es conocido que la CE (art. 18.2) permite la entrada sin autorización del titular en los casos de delito flagrante  o previa resolución judicial y ésta, “cuyo objeto específico debe ser precisamente la autorización o el mandamiento de entrada y registro, que debe ser dictada únicamente a tal fin es un mecanismo preventivo, que no reparador, o, por así decir, un acto de comprobación de las circunstancias del caso, dirigido a la preservación del derecho a la inviolabilidad del domicilio ante restricciones del mismo ilícitas. Una medida singular de limitación de un derecho fundamental tan severa, como es la expedición de un mandamiento judicial de entrada y registro en un domicilio, para no incurrir en arbitrariedad, y, por consiguiente, en infracción del art. 18.2 C.E., debe exponer las razones que justifican dicha medida y en qué términos debe llevarse a cabo; esto es, debe poner de manifiesto el juicio de proporcionalidad exigible para todo acto específico de limitación de un derecho fundamental, so pena de lesionarlo…El órgano judicial deberá precisar con detalle las circunstancias espaciales (ubicación del domicilio) y temporales (momento y plazo) de la entrada y registro, y de ser posible también las personales (titular u ocupantes del domicilio en cuestión)…” (STC 239/1999, de 20 de diciembre, FJ 5). 

En cuanto a la intimidad personal (art. 18.1) garantiza “un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuales sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio” (SSTC 127/2003, de 30 de junio, FJ 7, y 89/2006, de 27 de marzo, FJ 5). 

Otro de los derechos fundamentales en juego es el del secreto de las comunicaciones (art. 18.3), que “garantiza a los interlocutores o comunicantes la confidencialidad de la comunicación telefónica que comprende el secreto de la existencia de la comunicación misma y el contenido de lo comunicado, así como la confidencialidad de las circunstancias o datos externos de la conexión telefónica: su momento, duración y destino; y ello con independencia del carácter público o privado de la red de transmisión de la comunicación y del medio de transmisión -eléctrico, electromagnético u óptico etc…- de la misma. Por ello, la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas requiere la interferencia directa en el proceso de comunicación (mutatis mutandi respecto de las comunicaciones postales STC 70/2002) mediante el empleo de cualquier artificio técnico de captación, sintonización o desvío y recepción de la señal telefónica como forma de acceso a los datos confidenciales de la comunicación: su existencia, contenido y las circunstancias externas del proceso de comunicación antes mencionadas. De modo que la difusión sin consentimiento de los titulares del teléfono o sin autorización judicial de los datos de esta forma captados supone la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones… la entrega de los listados por las compañías telefónicas a la policía sin consentimiento del titular del teléfono requiere resolución judicial, pues la forma de obtención de los datos que figuran en los citados listados supone una interferencia en el proceso de comunicación que está comprendida en el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas del art. 18.3 CE. En efecto, los listados telefónicos incorporan datos relativos al teléfono de destino, el momento en que se efectúa la comunicación y a su duración, para cuyo conocimiento y registro resulta necesario acceder de forma directa al proceso de comunicación mientras está teniendo lugar, con independencia de que estos datos se tomen en consideración una vez finalizado aquel proceso a efectos, bien de la lícita facturación del servicio prestado, bien de su ilícita difusión. Dichos datos configuran el proceso de comunicación en su vertiente externa y son confidenciales, es decir, reservados del conocimiento público y general, además de pertenecientes a la propia esfera privada de los comunicantes. El destino, el momento y la duración de una comunicación telefónica, o de una comunicación a la que se accede mediante las señales telefónicas, constituyen datos que configuran externamente un hecho que, además de carácter privado, puede asimismo poseer un carácter íntimo…” (STC 123/2002, de 20 de mayo, FJ 5 y 6). 

Por lo que respecta en particular a los teléfonos móviles, su versatilidad tecnológica “convierte a estos terminales en herramientas indispensables en la vida cotidiana con múltiples funciones, tanto de recopilación y almacenamiento de datos como de comunicación con terceros (llamadas de voz, grabación de voz, mensajes de texto, acceso a internet y comunicación con terceros a través de internet, archivos con fotos, videos, etc.), susceptibles, según los diferentes supuestos a considerar en cada caso, de afectar no sólo al derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), sino también a los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (art. 18.1 CE), e incluso al derecho a la protección de datos personales (art. 18.4 CE)” (STC 115/2013, de 9 de mayo, FJ 4). 

Finalmente, las grabaciones de las cámaras de videovigilancia “constituyen un dato de carácter personal que queda integrado en la cobertura del art. 18.4 CE, ya que el derecho fundamental amplía la garantía constitucional a todos aquellos datos que identifiquen o permitan la identificación de la persona y que puedan servir para la confección de su perfil (ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole) o para cualquier otra utilidad que, en determinadas circunstancias, constituya una amenaza para el individuo, lo cual, como es evidente, incluye también aquellos que facilitan la identidad de una persona física por medios que, a través de imágenes, permitan su representación física e identificación visual u ofrezcan una información gráfica o fotográfica sobre su identidad” (STC 29/2013, de 11 de febrero, FJ 5). 

Espero que lo aquí dicho no genere efecto desaliento alguno para quienes todavía no hayan disfrutado de los excelentes libros de Domingo Villar; también que ojalá, pronto o tarde, contemos con un nuevo caso para Leo Caldas.

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