Breves apuntes sobre los procesos electorales (15): ¿pueden desempeñar funciones parlamentarias los electos Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva?

Como es bien conocido, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull (diputados electos por Junts per Catalunya) y Oriol Junqueras y Raül Romeva (diputado y senador, respectivamente, por ERC) están siendo juzgados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por, entre otros, la presunta comisión del delito de rebelión. ¿Cómo afecta su situación procesal al ejercicio de las funciones públicas representativas para las que han sido elegidos el pasado 28 de abril? 

En primer lugar, tienen derecho, de acuerdo con los Reglamentos del Congreso (RC) y el Senado (RS), a ocupar sus puestos en las sesiones constitutivas de las Cámaras el próximo 21 de mayo. En esa primera sesión deberían prestar juramento o promesa de acatar la Constitución. Previamente, y a efecto de adquirir la condición plena de diputados y senador, deberían presentar la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración íelectoral y cumplimentar su declaración de actividades en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Una vez disfruten de la plena condición de parlamentarios de las Cortes tendrían el derecho de asistir con voto a las sesiones del Pleno y a las de las Comisiones de que formen parte y a percibir la correspondiente asignación económica. 

En tanto parlamentarios gozarían de las prerrogativas propias del cargo, como la inviolabilidad, la inmunidad -prohibición de detención salvo flagrante delito y exigencia de la concesión de suplicatorio para su procesamiento- y el fuero jurisdiccional. 

No plantean problema alguno ahora ni la primera ni la tercera ni, a mi juicio, tampoco la segunda en el siguiente sentido: la continuación del juicio en el Tribunal Supremo no requiere previa petición a las Cámaras respectivas para que concedan el suplicatorio; esta exigencia opera antes de la apertura del juicio oral pero no una vez que, como en el  presente caso, el mismo ya se está desarrollando: el Reglamento del Congreso prevé que “no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso” (art. 11 del Reglamento); en términos todavía más claro el RS (art. 22): “Los Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Senado, solicitada a través del correspondiente suplicatorio. Esta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de Senador”. Romeva no está procesado o inculpado al acceder al cargo sino que está siendo juzgado. 

La otra cuestión clave ahora es si dichos diputados y senador pueden ver suspendidas sus funciones mientras continúa el juicio, máxime teniendo en cuenta que existe el deber reglamentario de asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones de las que se forme parte. 

En principio, y de acuerdo con lo previsto en las citadas normas reglamentarias, no habría motivos para la suspensión: el RC contempla la suspensión (art. 21) cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta. También quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria. En este caso ni se ha concedido suplicatorio ni tampoco hay sentencia firme ni imposibilidad de ejercer la función. Por lo que respecta a Romeva tampoco, como prevé el RS, cabe la suspensión porque tampoco se ha concedido el suplicatorio ni hay sentencia firme. 

El otro posible motivo de suspensión derivaría de la aplicación del art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Ser diputado o senador es ostentar un cargo público y están procesados por rebelión: la duda que surge es si la suspensión se aplica solo cuando la prisión provisional se decreta una vez que ya se está desempeñando el cargo -interpretación restrictiva de una limitación al ejercicio de un derecho fundamental- o si también procede por el acceso posterior al mismo -lo que parece guardar más coherencia con el sentido de la suspensión prevista en este precepto-; la suspensión no procedería o, en su caso, decaería si por el Tribunal Supremo se acordara que quedaran en libertad provisional. 

Finalmente, y en la medida en que no está expresamente prevista ni en el RC ni el RS, no cabría la sustitución temporal de estos parlamentarios por otros de su misma candidatura (en este libro me extiendo sobre dicha cuestión).

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.