Breves apuntes sobre los procesos electorales (10): la disparatada, y posiblemente inconstitucional, prohibición de divulgar encuestas electorales

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece (art. 69.7) que “durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción (lo de la reproducción se añadió en 2011) de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”.

No parece que esta limitación a la libertad de información –muchas de las encuestas son encargadas por medios de comunicación- tenga fundamento democrático ni constitucional alguno: si esos estudios no contienen elementos suficientes para anticipar o condicionar el resultado su conocimiento sería inocuo y si de verdad pueden ser relevantes a la hora de decidir el sentido del voto cómo se puede justificar que no se puedan divulgar en la fase final del proceso de formación de la voluntad del electorado. A lo anterior hay añadir que las formaciones políticas que presentan candidaturas siguen encargando durante los últimos días de campaña estos estudios, usándolos para fines propios aunque se paguen, habitualmente, con dinero procedente del erario público.

Por si fuera poco, la propia LOREG (art. 69.8) prevé que si algún organismo dependiente de las Administraciones Públicas realiza «en periodo electoral encuestas sobre intención de voto, los resultados de las mismas, cuando así lo soliciten, deben ser puestos en conocimiento de las entidades políticas concurrentes a las elecciones en el ámbito territorial de la encuesta en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud». Es llamativo que las entidades concurrentes tengan que pedir los resultados y no sea el propio organismo público el que los facilite, no ya a dichas entidades, sino al conjunto de la ciudadanía. 

Y si lo que se teme es que se publiquen encuestas falsas que puedan condicionar al electorado, para eso ya se prevé que deban hacerse públicas las siguientes especificaciones: a) Denominación y domicilio del organismo o entidad, pública o privada o de la persona física que haya realizado el sondeo, así como de la que haya encargado su realización. b) Características técnicas del sondeo, que incluyan necesariamente los siguiente extremos: sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo. c) Texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas (art. 69.1). Además, se habilita a la Junta Electoral Central (JEC) a recabar de quien haya realizado un sondeo o encuesta publicado la información técnica complementaria que juzgue oportuno al objeto de efectuar las comprobaciones que estime necesarias (art. 69.3) y se contempla  que las infracciones sobre régimen de encuestas electorales serán sancionadas con multa de 3.000 a 30.000 de euros (art. 153.2).

A este disparatado, y posiblemente inconstitucional, régimen se ha añadido una reciente, y no menos disparatada, en términos jurídicos, Instrucción de la JEC, la 3/2019, de 4 de marzo, sobre consecuencias de la simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019 en lo que se refiere a la regulación de la campaña electoral. cuyo apartado 4 dispone que «la prohibición de publicar, difundir o reproducir sondeos electorales por cualquier medio de comunicación durante los cinco días anteriores al de la votación, establecida en el artículo 69.7 de la LOREG, debe entenderse aplicable a todos los procesos electorales convocados. En consecuencia, la prohibición establecida respecto de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado afectará a las encuestas electorales relativas a las elecciones locales, autonómicas y europeas».

Resulta así que una limitación a una conducta que forma parte de un derecho fundamental -publicar encuestas- se aplica, sin mayor fundamento que el temor de la JEC a «la incidencia que las encuestas relativas a unos procesos electorales puede tener en los otros», a un proceso electoral posterior que ya en su momento se verá afectado por la prohibición que nos ocupa. ¿En qué precepto de la LOREG encuentra fundamento jurídico esta aplicación extensiva de una prohibición que dicha norma ha concretado en los cinco días anteriores «a cada elección»?

Este régimen limitativo, a la par que anacrónico en el entorno digital en el que vivimos, no existe en Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Holanda, Bélgica,…, y fue puesto en cuestión por el Consejo de Estado, que en su Informe sobre la reforma electoral, de 2009, abogó por suprimirlo. 

Pd. En anteriores procesos electorales se ha sorteado la prohibición que aquí comentamos convirtiendo las distintas candidaturas en frutas diferentes o en productos de la cesta de la compra y asignándoles un precio que no era sino el porcentaje de votos y la consiguiente estimación de votos que obtendrían; así lo hizo, por ejemplo, Electograph, de cuya cuenta tomo la siguiente foto:

 

 

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